Especulación urbanística
Las enmiendas de JxCat hacen peligrar la ley de regulación del precio de los alquileres en Catalunya

El Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) lleva un año negociando la proposición de ley para frenar los precios de los alquileres con el Gobierno de la Generalitat. Reuniones, validaciones y concesiones, especialmente con el Departamento de Justicia y de Territorio. Con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC, CUP y En Común Podemos —y más de 4.000 organizaciones—, el pasado 15 de julio presentaron la regulación en el Parlament de Catalunya. Pero cuando llegó el pleno del pasado 21 de julio, JxCat protagonizó un giro en un guión en principio cerrado: planteó ocho enmiendas que se votarán el 24 de julio, si la proposición no es llevada antes al Consejo de Garantías por Ciudadanos o el PP.

El Sindicat de Llogaters presenta una proposición de ley al Parlament para frenar la subida de los alquileres

Gemma Garcia

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Catalunya

El Sindicat de Llogaters presenta una proposición de ley al Parlament para frenar la subida de los alquileres

Gemma Garcia

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La propuesta cuenta con el apoyo de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y CUP, y pretende congelar los precios de los alquileres vigentes de cara a nuevos contratos y bajar los alquileres que están por encima del precio medio cuando se renueven en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes.

Las ocho enmiendas presentadas, según el sindicato de inquilinos, “desvirtúan totalmente la proposición de ley”, que el mismo partido había firmado y, por ello, han enviado una carta al presidente Quim Torra, recordándole que la ley es “un gran pacto de país” y que las modificaciones que plantea el partido dejarían la regulación “en papel mojado porque permitiría que “los precios siguieran subiendo hasta un 30% en plena crisis pandémica”. Jaime Palomera considera el movimiento de JxCat como una “deslealtad” hacia el resto de partidos, el movimiento por el derecho a la vivienda y, “sobre todo, para las miles de familias que están en una situación límite”.

Las enmiendas conllevan directamente que Figueres, Tortosa y Salou queden excluidos de la regulación, pero va mucho más allá. Exime a los propietarios que tengan unos ingresos inferiores a 5,5 veces el IRSC (indicador de renta de suficiencia de Catalunya), equivalente a 3.130,16 euros mensuales. Entre las excepciones que introducen, también está el hecho de que las partes contratantes pueden “acordar” un incremento del precio de referencia si el propietario ha hecho mejoras en la vivienda los últimos cinco años, que acumuladas pueden llegar a sumar una subida del 20%. “Es una manera de hacerla inefectiva”, concluye Palomera.

Jaime Palomera considera el movimiento de JxCat como una “deslealtad” hacia el resto de partidos, el movimiento por el derecho a la vivienda y, “sobre todo, para las miles de familias que están en una situación límite”

El Sindicat de Llogaters pactó con el Departamento de Territorio que la ley fuera efectiva de forma inmediata y automática en las 60 ciudades de la lista, pero ahora JxCat propone que lo decidan desde el municipio o municipios afectados o los entes locales que coordinan diversos municipios. Esto, denuncia la activista, “son palos en las ruedas para que la regulación sea imposible de aplicar, generando un proceso burocrático muy largo”.

Además, JxCat establece que los municipios deben cumplir las tres condiciones a la vez para someterse a la ley y no alguna de ellas, como establecía el texto acordado: que el precio de los alquileres experimente un crecimiento sostenido superior a la media de Catalunya, que la carga media del coste del alquiler supere el 30% de los ingresos anuales de quien vive o que el precio haya experimentado en cinco años un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al IPC.

Al Sindicat de Llogaters le consta que tanto la Cámara de la Propiedad, como agencias inmobiliarias y fondos de inversión han hecho llegar cartas al Gobierno para frenar la ley de regulación de los alquileres. “No podemos aceptar de ninguna manera que a última hora el Gobierno pretenda cambiar el acuerdo por la puerta trasera”, insiste Palomera.

La propuesta acordada pretende congelar los precios de los alquileres vigentes de cara a los nuevos contratos y bajar los que están por encima del precio medio cuando se renueven en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes. El Sindicat de Llogaters subraya que el 50% de los alquileres actuales deberán bajar. La regulación prevé un régimen sancionador para asegurar su cumplimiento.

Al Sindicat de Llogaters le consta que tanto la Cámara de la Propiedad, como agencias inmobiliarias y fondos de inversión han hecho llegar cartas al Gobierno para frenar la ley de regulación de los alquileres

El amparo legal es el Código Civil catalán, un conjunto de normas anteriores a la Constitución española. Jaime Palomera, en diciembre de 2019, ya insistía en La Directa que era necesario que la Generalitat asumiera el reto, ante un Gobierno español que “ignora las demandas y propuestas ciudadanas”. Y, precisamente, la grieta es el código civil que regula los arrendamientos rústicos y que ahora habría que aplicar a los urbanos. El artículo 632-12 del libro sexto establece que las partes pueden pactar la actualización de la renta, pero que “si no determinan ningún sistema, la renta se actualiza de acuerdo con el índice de precios”. Hasta ahora, el límite de las competencias de la Generalitat ha estado sobre la mesa y, de hecho, el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo, sentenció que el Decreto ley 9/2019, que debía permitir que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad pudiera limitar el precio del alquiler, contravenía algunos artículos del Estatuto y de la Constitución y, finalmente, el 26 de junio de 2019, el Parlamento de Catalunya decidió no convalidarlo.

Si la ley se aplica, impedirá las subidas de los alquileres vigentes y fomentará reducciones en todos los alquileres que estén por encima del precio medio. Asimismo, también obligará a las propiedades a ajustar al índice de precios aquellas viviendas que se ponen en alquiler por primera vez. Uno de los puntos débiles es que quedan exentos de la regulación las viviendas de obra nueva durante los tres primeros años.