Especulación urbanística
Valdecañas: corrupción estructural

No podemos seguir con paños calientes. Extremadura se desangra, maniatada entre la nueva emigración y el nuevo caciquismo, veteranas calamidades de nuestra tierra a las que ahora, con indulgencia, denominamos despoblación y clientelismo. Atrevámonos a llamarlo por su nombre. Lo ocurrido con el complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas tiene una denominación precisa: corrupción. Corrupción a lo grande, flagrante, metódica, estructural. Sí, es también un atropello medioambiental y un interminable vía crucis jurídico, por supuesto. Pero es, sobre todo, una radiografía de la postración social y política de Extremadura.

¿Cómo es posible que después de 8 años desde la primera sentencia que declaraba ilegal el engendro de Valdecañas y ordenaba “la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación”, el veredicto judicial siga sin cumplirse? ¿Cómo es posible que, después de haberse pronunciado en el mismo sentido las tres más altas instancias jurídicas, Tribunal Superior de Extremadura, Supremo y Constitucional, nadie, absolutamente nadie, haya asumido la más mínima responsabilidad, penal o política? Quizás podamos explicarnos el enigma si reparamos en quiénes son los beneficiarios y los artífices del delito y la sostenida desobediencia.

La impunidad de los ricos

La isla de los millonarios, la Marina de agua dulce, la Marbella extremeña. 180 villas de lujo –el coste de cada una, como media, 550.000 euros-, una playa privada, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf de 18 hoyos y un club náutico. Una urbanización VIP construida en un espacio protegido por la Red Natura 2000, un ejemplo de urbanismo segregacionista, “una muestra de lo que se denomina ciudades de muros que privatizan el suelo para una minoría”, apuntaba Adenex. “Los millonarios, que se han quedado con un espacio protegido”, como señalaba con precisión la activista Paca Blanco, de Ecologistas en Acción.

180 villas de lujo –el coste de cada una, como media, 550.000 euros-, una playa privada, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf de 18 hoyos y un club náutico. Una urbanización VIP construida en un espacio protegido por la Red Natura 2000

Pero, ¿quiénes son esos millonarios? Veamos algunos de sus nombres. Para empezar nos encontramos con José María Aznar Botella, hijo de quienes fueran presidente del gobierno y alcaldesa de Madrid, pero además, el hombre fuerte de Cerberus, uno de los grandes fondos-buitre americanos, que entró en el mercado inmobiliario español para hacerse con miles de viviendas que los bancos habían arrebatado a las familias desahuciadas. Y junto a él, decenas de figuras vinculadas a la nobleza, a la banca o al mundo del espectáculo y del deporte. Apellidos como Milans del Bosch o Vega-Penichet, cantantes como Carlos Baute, los nietos del Marqués de Mondéjar (exjefe de la Casa Real) o directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Rotschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE o Johns Lang Lasalle son algunos de sus moradores. A sólo 164 kilómetros de Madrid, en las cercanías de la Sierra de Gredos y en un espacio natural protegido se ha alzado durante los últimos años uno de los paraísos vip de la especulación inmobiliaria y financiera.

Faltan en la lista los dos nombres principales, los grandes hacedores en la sombra, los dueños de la inmobiliaria que se ha beneficiado de la venta de las viviendas de lujo: Jaime López-Ibor y Beltrán Gómez-Acebo. El primero es nieto del conocido psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino –de casta le viene al galgo- del todopoderoso empresario Alberto Alcocer. Y el segundo es miembro de la Familia Real, hijo de la infanta Pilar, sobrino del rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón. Vertical Real State, así se llama la inmobiliaria a través de la que organizaron el pelotazo urbanístico. La estela de Urdangarín es alargada. El gran paraguas real que todo lo tapa, que todo lo puede. Que ampara con su manto de impunidad a quienes desahucian de sus casas a la gente humilde, echándola a la calle como perros. Y que respalda a quienes atropellan la ley, convirtiendo un espacio natural protegido en urbanización e isla privada.

Los grandes hacedores en la sombra, los dueños de Vertical Real State, la inmobiliaria, son Jaime López-Ibor y Beltrán Gómez-Acebo 

La complicidad necesaria de la Junta de Extremadura

El dinero tiene, entre otras infinitas virtudes, una calidad detergente. Y múltiples cualidades nutricias (…). Te concede esas manos impolutas que emergen de los blancos puños almidonados de la camisa (…). Así se ha hecho toda la vida en las casas de familia. El señor no le da el cachete letal al conejo, la señora no clava el cuchillo en la garganta y despluma la gallina.

Un negocio de altos vuelos como éste, una soberana rapiña, requiere inexcusablemente de la anuencia o de la activa complicidad del poder político. Repasemos someramente algunas de las huellas de la connivencia:

24 de enero de 2006. La Junta de Extremadura, en consejo de gobierno, aprueba la realización del proyecto, presentado pomposamente como “Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”. Pero, sin duda, el guiso se viene preparando desde hace tiempo, al más alto nivel, y la mejor prueba es que la empresa promotora, Marina Isla de Valdecañas S.A., se constituyó en Sevilla tres años antes, el 22 de enero de 2003.

Manuel Amigo, el consejero de Economía, asegura en la presentación del proyecto que las instalaciones están “todas ellas destinadas a un turismo de alto nivel adquisitivo y selecto”, y que la empresa promotora merece toda la confianza, por cuanto es el mismo grupo empresarial que ha construido complejos similares en la costa de Huelva.

30 de enero de 2007, Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta: “Seguro que saldrá un bichito que no se podrá tocar y se negará lo que se hace en otras partes de España”. El movimiento ecologista alerta desde el primer momento sobre la manifiesta ilegalidad del proyecto, pero el gobierno extremeño no solo ignora sus denuncias sino que, por el contrario, pisa el acelerador. El 10 de abril de 2007 se aprueba mediante decreto el Proyecto de Interés Regional (PIR), pero el 9 marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a ADENEX y anula el decreto de la Junta.

11 de marzo de 2011, dos días después de la sentencia judicial, José Luis Quintana, consejero de Fomento: “Los compradores pueden estar tranquilos. La Junta de Extremadura recurrirá al Tribunal Supremo, que fallará a favor del gobierno regional”.

El movimiento ecologista alerta desde el primer momento sobre la manifiesta ilegalidad del proyecto, pero el gobierno extremeño no solo ignora sus denuncias sino que, por el contrario, pisa el acelerador

24 de marzo de 2011, Dolores Pallero, portavoz de la Junta: “No hay ningún problema con que se continúe con la actuación, de hecho no se ha parado en ningún momento”. Ese día, dos semanas después del fallo judicial, se producirá uno de los episodios más esperpénticos e ignominiosos de la historia reciente de Extremadura. El parlamento regional, con los votos en coyunda del PSOE y del PP, aprueba una modificación de la Ley del suelo, ex profeso para validar retroactivamente el despropósito de Valdecañas. “La historia parece de esas de “elige tu propia aventura”. ¿No te gusta el resultado judicial? ¡Prueba otro camino!”, escribirá con sorna la periodista Mª Ángeles Fernández. Para Pedro Búfalo, catedrático de la Universidad de Extremadura, la modificación representa “un auténtico atentado al Estado de Derecho y a la división de poderes”. El intento de burlar la sentencia es tan burdo que uno de los diputados del PP, Tomás Martín Tamayo, se ausenta de la sesión. Y unos meses después, Mariano Gallego, alcalde de Don Benito y a la sazón abogado, acusa a Quintana de “no saber nada de urbanismo” y califica el guiso parlamentario como “porquería”.

Para Pedro Búfalo, catedrático de la Universidad de Extremadura, la modificación representa “un auténtico atentado al Estado de Derecho y a la división de poderes”. El intento de burlar la sentencia es tan burdo que uno de los diputados del PP, Tomás Martín Tamayo, se ausenta de la sesión

29 de enero de 2014. El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Extremadura y ratifica la ilegalidad de la urbanización. La resolución del Supremo es concluyente: “la jurisprudencia deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.

16 de octubre de 2014, José Antonio Monago, presidente de la Junta: “No es posible cumplir con el fallo. El coste sería de 34 millones de euros”. La cantidad está deliberadamente elevada, puesto que incluye el arranque de la vegetación plantada (14 millones) o la demolición de la estación depuradora. “En lugar de amparar el interés general, la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, la administración pública se aplica a la defensa del beneficio particular”, como afirma con precisión Fernando Abad en La piel de toro como trofeo, libro donde repasa el amplio muestrario de sanguijuelas, vampiros, tiburones y buitres que han poblado y pueblan la España de la corrupción urbanística.

No contento con negarse a ejecutar la sentencia del Supremo, la Junta de Extremadura, rizando el disparate, patrocina un curso, junto al Ayuntamiento de Navalmoral, la empresa Isla de Valdecañas y la Universidad, donde ensalza el resort de lujo como la punta de lanza en la estrategia turística extremeña. Para más inri el encargado de la inauguración es el propio Monago.

“En lugar de amparar el interés general, la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, la administración pública se aplica a la defensa del beneficio particular”, como afirma con precisión Fernando Abad en La piel de toro como trofeo

13 de noviembre de 2019. El Tribunal Constitucional anula la recalificación que respaldó el complejo de lujo. Hasta aquí, el repaso a grandes trazos del disparate y de la implicación del gobierno regional en él. Como puede comprobarse, la madeja extremeña, las redes del poder en nuestra tierra, han funcionado a pleno rendimiento para garantizar el gran pelotazo.

Procesar al cortijo, poner en pie otra Extremadura

“La corrupción es la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo, instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno”. Las palabras del juez Elpidio Silva se ajustan como un guante al caso que nos ocupa. Valdecañas ha sido y es un negocio indigno, que se ha fabricado violando la ley de forma reiterada, una aventura de contumaz prevaricación y servilismo para beneficio y disfrute de un club de millonarios con sólidos anclajes en la banca, el gran empresariado y la monarquía.

Y el bochorno continúa. Hace unos días, el 28 de noviembre, el actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en lugar de rectificar le añadía un nuevo tirabuzón a la estafa: “A veces, el Tribunal Constitucional te da la razón y otras no te las da. Pero lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que es nuestra obligación. El Tribunal Constitucional está para eso, pero esta Cámara –la Asamblea de Extremadura- está para arriesgar”. ¿Arriesgar? ¿Llenar los bolsillos al sobrino del rey y a su cuchipandi es arriesgar? ¿Regalarle un espacio protegido a una gavilla de especuladores es arriesgar? ¿Aplicar la famosa e intocable Ley del Embudo del Poder, la ley de los hechos consumados es arriesgar? ¿Malversar el dinero de todos los extremeños es arriesgar?

Valdecañas ha sido y es un negocio indigno, que se ha fabricado violando la ley de forma reiterada, una aventura de contumaz prevaricación y servilismo para beneficio y disfrute de un club de millonarios con sólidos anclajes en la banca, el gran empresariado y la monarquía

Les ciega la soberbia. Llevan 37 años gobernando Extremadura -33 el PSOE y 4 el PP- y hablan con desparpajo del empleo o de la despoblación de esta región como si no tuvieran nada que ver. Los vaciadores hablando de la Extremadura vacía. Los fabricantes de paro, los cómplices del saqueo energético y agrario, farfullando sobre los puestos de trabajo.

La corrupción ha crecido en toda España asociada al auge del neoliberalismo y de su ingeniería privatizadora: subcontratas, externalizaciones, encomienda de servicios, concesiones desregulaciones, etc. El festín de las constructoras y bancos, la llamada burbuja inmobiliaria, fue el buque insignia del saqueo. Valdecañas es una excrecencia más de todo ese proceso. ¿Dónde, en qué despacho, en que montería, en qué palacio se concibió el latrocinio? ¿Quién puso en contacto al promotor con la inmobiliaria coronada? ¿Cómo se pagan los favores a los mediadores políticos, con la pertenencia a qué órganos consultivos o ejecutivos, con qué puertas giratorias, con qué fundaciones, con el masaje de qué medios de comunicación, con los ascensos profesionales de qué familiares?

El festín de las constructoras y bancos, la llamada burbuja inmobiliaria, fue el buque insignia del saqueo. Valdecañas es una excrecencia más de todo ese proceso. ¿Dónde, en qué despacho, en que montería, en qué palacio se concibió el latrocinio?

Valdecañas es nuestro Gürtel, nuestra Púnica, nuestro Bárcenas, nuestro ERE. La más reciente radiografía del estado de Extremadura, la demostración de cuánto abuso la somete todavía. El último nombre de una corrupción capilar que, frente al relato oficial, ha tenido otros muchos turbios antecedentes en las últimas décadas. La ley de Campos Golf, la SOFI, la refinería de Gallardo, el pabellón extremeño de la Expo-92, las puertas giratorias –las de los exconsejeros Manuel Amigo o José Luis Navarro, por citar solo dos de las más recientes-, la adjudicación de las ITV privadas, la contratación de familiares, amigos y conmilitones en GEPEX y las empresas públicas, las prejubilaciones en la Universidad de Extremadura en abril de 2017, la corrupción urbanística en las ciudades, Cofely, Viñuela, el expolio de las Cajas de Ahorro, el mangoneo en Acorex y la Caja Rural… son, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las muestras de la corrupción capilar que ha atenazado Extremadura.

Jaime Gil de Biedma, en un hermoso poema, se dolía de España, “este país de todos los demonios”, donde el mal gobierno y la pobreza se habían transformado en “un estado místico del hombre”. Otro tanto podría decirse hoy de Extremadura. Pareciera que el favoritismo, el nepotismo, el clientelismo, la sorda opresión cotidiana, se hubieran convertido en paisaje, en naturaleza inmutable, en idiosincrasia colectiva.

Valdecañas es el último nombre de una corrupción capilar que, frente al relato oficial, ha tenido otros muchos turbios antecedentes en las últimas décadas

Rafael Chirbes, que vivió en Extremadura más de una década, lo contaba con amargura y belleza, al mismo tiempo: “El mal extremeño se levanta sobre esa masa coralina que lo ocupa todo, y que te deja sin esperanza porque está hecha de la corrupción de aquellos a quienes deberías querer; de quienes deberían ser los tuyos. El ibarrismo ha fabricado el cemento de su edificio moliendo el alma de los de abajo. Con todos los técnicos, artistas, filósofos, sindicalistas, empresarios, y demás agentes sociales, puestos de cara a la pared del pesebre, pensar en Extremadura se tiñe con aires sombríos, trae resonancias de una España que creímos ya superada”.

¿Qué hacer ahora tras la sentencia del Tribunal Constitucional? En mi opinión no podemos aceptar la impunidad de los ricos ni la de los gobernantes. Para empezar una medida de elemental higiene ética y ejemplaridad sería que Ibarra, Vara, Monago y todos los miembros que han formado parte de los consejos de gobierno desde el 2006 respondan con su dinero y bienes personales a los gastos que ya ha originado al presupuesto público todo el proceso judicial de este despropósito. Sólo el estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, encargado a petición de la Junta y la promotora, ha costado a la comunidad autónoma 327.072 euros. Que los culpables del disparate no se vayan de rositas.

Además, habría que depurar las responsabilidades penales de los mencionados. Los indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación son evidentes. Y, al tiempo, debería constituirse una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura que analice a fondo las implicaciones y responsabilidades políticas en este caso de corrupción.

Habría que depurar las responsabilidades penales de los mencionados. Los indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación son evidentes

Extremadura necesita una catarsis, un proceso de rebeldía cívica que afirme otro futuro posible. Frente a la resignación y el clientelismo, frente al paro y a la emigración crecientes, frente al colonialismo de facto y a las nuevas amenazas del extractivismo. El extraordinario trabajo de Ecologistas en Acción y Adenex, que han tenido que sufrir innumerables presiones –e incluso agresiones- representa una luz de esperanza y, ojalá, un presagio del aldabonazo que la situación pide a gritos.

Pongamos el cascabel al gato de la corrupción en Extremadura. Sacudámonos el cortijo. Extremadura es un pueblo honrado y digno. Somos los hijos del 25 de marzo, no una generación más en la ya larga saga de los santos inocentes.