Estados Unidos
Trump anuncia un campo de concentración para 30.000 migrantes en Guantánamo en el 80 aniversario de Auschwitz

Entre los fastos del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, celebrado este 29 de enero, el presidente de Estados Unidos anunciaba su intención de habilitar la base de Guantánamo en Cuba para albergar a 30.000 migrantes en situación irregular. “Hoy también estoy firmando un decreto para instruir a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a comenzar a preparar la instalación para 30.000 migrantes en Guantánamo”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

Su intención, según declaraba, era reconvertir la base estadounidense que se hizo célebre por las sesiones de torturas, condenas sin juicio y aislamiento prologando de miles de musulmanes en la llamada “guerra contra el terror”, en un centro de detención para personas migrantes sin papeles. “Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales inmigrantes indocumentados que amenazan al pueblo estadounidense. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato”.

La declaración se produjo momentos después de firmar la ley Laken Riley, una norma que el Congreso ya había aprobado con el apoyo demócrata a principio de enero y que permite la detención y deportación de personas residentes en EE UU sin permiso de residencia que sean acusadas de robo o crímenes violentos antes de que hayan sido condenadas. “Las firmas de hoy nos acercan un paso más a erradicar de una vez por todas la plaga del crimen migrante en nuestras comunidades”, dijo Trump.

Según informaba la cadena CNN, la base de Guantánamo ya dispone de instalaciones que se utilizan para detener migrantes, pero las capacidades actuales están muy lejos de poder albergar 30.000 personas. 

La identificación de migración y delincuencia, con redadas, detenciones y deportaciones masivas utilizando imágenes de personas migrantes esposadas de manos y pies han marcado los primeros diez días de mandato de Trump.

La estrategia de situar la detención de migrantes en territorios alejados, donde la prensa y los organismos de derechos humanos no tienen acceso, en países donde las leyes y los mecanismos de garantías distan de proteger a las personas migrantes, ha sido también la postura elegida por la propia Unión Europea. En la cumbre de octubre de 2024, los líderes de la UE respaldaron la vía iniciada por la neofascista Giorgia Meloni de situar la detención de migrantes y solicitantes de asilo en terceros países en campos de detención. Según el acuerdo de la Unión, esta oferta de “protección internacional” se debe realizar en “países seguros”, aunque no ha habido avances en qué significa este concepto. 

Aunque el presidente español, Pedro Sánchez, expresó críticas abiertas a los “centros de retorno”, España no es ajena a la política de externalización de fronteras en países que no respetan los derechos humanos, como es el caso de Marruecos, Mauritania o Senegal. A estos países, el Gobierno transfiere enormes cantidades de fondos económicos a través de acuerdos bilaterales o multilaterales para que contengan, repriman o literalmente devuelvan al desierto a los migrantes que quieren acceder a Europa por la ruta española, según denuncian CEAR, Amnistía Internacional, Caminando Fronteras y tantas otras organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.