Falsos autónomos
Uber tiene problemas y quiere que lo paguen sus trabajadores

Hace poco más de un año publicaba en este mismo periódico un artículo donde hablaba sobre la negociación de un convenio colectivo que afectaba directamente a algunas de las empresas fundamentales para plataformas como Uber y Cabify en España. Desde entonces, aparentemente han cambiado muchas cosas, pero, por desgracia, para muchos de sus trabajadores la situación actual no ha mejorado sustancialmente. Es más, no solo no ha mejorado, sino que en estos momentos una cantidad importante de ellos y ellas se está enfrentado a sanciones de empleo y sueldo decididas por sus empresas en base a trampas utilizando la tecnología en su contra. Explico cómo, pero antes hay que repasar algunos cambios que han sucedido desde febrero de 2021, cuando se publicó el artículo que enlazo al principio.

En aquel artículo hablaba de la negociación del convenio colectivo, poco después se aprobó, pero nunca fue de pleno cumplimiento, pues la mitad de la parte de los trabajadores sentada en la mesa de negociación, tanto UGT como CCOO, rechazó su aprobación. Solo el tercer sindicato, SLT, mayoritario en el sector, junto a parte de la patronal, UNAUTO, trataron de seguir adelante con el convenio. Finalmente fue rechazado por la administración por no contar con el apoyo necesario. No fue hasta finales del año pasado que se aprobó uno válido con pequeñas. Entonces UGT y CCOO decidieron apoyarle, pero su voto ya no era decisivo, pues en ese periodo habían perdido representatividad en las distintas elecciones sindicales celebradas en el sector y no contaban con la posibilidad de vetar el acuerdo.

También ha habido cambios en la legislación laboral. Se aprobó la denominada Ley Rider, que teóricamente permite el acceso de los representantes de los trabajadores a los algoritmos empleados para la organización del trabajo en empresas digitales. Incluso, a principios de este año también fue aprobada, por la mínima en una sesión parlamentaria digna de una tragedia griega, la ligera reforma laboral encabezada por la ministra de trabajo Yolanda Díaz.

En estos momentos hay una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que están siendo sancionados de manera subrepticia por tomar la decisión de limitar su jornada a 40 horas semanales

Todos estos cambios debían suponer mejoras en las condiciones laborales de este tipo de trabajadores, sin embargo, a fecha de hoy su situación real apenas ha mejorado. Es verdad, en algunas empresas consiguieron, puntualmente, no ser despedidos cuando decidían limitar su jornada de trabajo a las 40 horas semanales, algo más complicado de conseguir antes de todos estos cambios. Sin embargo, en estos momentos hay una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras de Moove Cars, y posiblemente también de Vector Ronda, que están siendo sancionados de manera subrepticia por tomar este tipo de decisión, trabajar 40 horas semanales. Moove y Uber, así como Vector y Cabify, son empresas ligadas entre sí de una forma casi indisoluble. Las apps son la cara amable que ves cuando pides un viaje, las otras son la cara gris que las apps emplean para disciplinar a la mayoría de los y las trabajadoras que te llevan a tu destino.

Las empresas emplean un método tramposo para justificar las sanciones. En lugar de reconocer el tiempo que sus conductores pasan conectados a las aplicaciones como tiempo de trabajo, han creado unas apps propias para llevar el registro de jornada. Estas apps han dado problemas desde el primer día. No registran todo el tiempo que los conductores pasan conectados o dan resultados que no tienen lógica. Como se puede ver en las imágenes, en un mismo día, con hora de entrada y salida similar, la suma total de horas no coincide, modificándose el registro al día siguiente, siempre a la baja, que casualidad. Cabe pensar que más que un error, estas apps están diseñadas para funcionar en perjuicio de los trabajadores de manera intencionada.

Este registro de jornada ha sido denunciado ante Inspección, al menos por el sindicato CCOO, en numerosas ocasiones. Ante las quejas de trabajadores y representantes, las empresas prometen soluciones que nunca llegan. Sin embargo, han comenzado a llegar las primeras sanciones, que además de perjudicar a los sancionados, tienen una consecuencia que va más allá: amenazar a todas las plantillas de manera indirecta para “convencer” a sus trabajadores de las ventajas de hacer más horas para evitar las sanciones.

La única respuesta posible pasa por denunciar estas sanciones, pero muchos de estos trabajadores y trabajadoras viven con lo justo. Las denuncias pueden pasarse meses en los tribunales, mientras tanto el siguiente mes cobran la mitad, y la mitad de poco es muy poco. Además, quien no cuenta con el respaldo de un sindicato puede no tener el dinero necesario para pagar a alguien que le defienda en los tribunales o que lleve adelante su caso.

Es necesario recordar que ni Uber, ni Cabify, ni tampoco Bolt, contratan directamente a ningún trabajador. Para poder operar sobre el terreno utilizan los servicios de empresas como Moove o Vector como auténticas pantallas con las que protegerse de la obligación de cumplir con la legislación laboral. Moove, Vector y otras compañías similares son los pies que pisan el terreno real mientras las plataformas tratan de transmitir una imagen de empresas que hacen sus negocios “en la nube”, sin fricciones y de manera ecofriendly.

El negocio de estas plataformas sigue sin dar beneficios, pero cualquier posible beneficio futuro pasa necesariamente por vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores

Para que la percepción del usuario que pide un viaje en esas apps sea positiva, reduciendo los tiempos de espera al mínimo, es necesario tener una flota de vehículos vacíos circulando por la ciudad que acudan rápidamente a cualquier petición y que no estén demasiado alejados de los lugares donde son más frecuentes. El problema es que las plataformas son reacias a asumir el coste de este exceso de capacidad porque amenaza sus expectativas de rentabilidad. Tratan por todos los medios de hacer recaer sobre sus trabajadores el coste del tiempo circulando en vacío, aunque a la vez se benefician de esta sobrecapacidad al reducir el tiempo de espera de sus clientes. La legislación laboral protege al trabajador de este tipo de excesos empresariales, para eludir su cumplimiento estas empresas se esconden bajo aplicaciones cuyo funcionamiento nadie controla, pero que son empleadas como coartada para sancionar a quienes se considera prescindible en cada momento. El negocio de estas plataformas sigue sin dar beneficios, pero cualquier posible beneficio futuro pasa necesariamente por vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores, pues es necesario conseguir construir una fuerza de trabajo hiperflexible que se active bajo demanda, sin asumir los costes de los tiempos muertos.

Para cerrar, conviene pensar que el empleo de este tipo de técnicas de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo que hoy se usan en la gig economy, mañana pueden implantarse en cualquier sector, por eso, si para vivir dependes de tu salario, es importante ser consciente de ello, organizarte, sindicarte y estar atentas, nos va mucho en juego.