Opinión
¿A quién beneficia la supresión del Impuesto de sucesiones?

El PP andaluz históricamente ha tomado como referencia el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) de la Comunidad de Madrid (a la que decían que se mudaban aquellos que se negaban a pagarlo, dato desmentido por diversos economistas) y parece que la reforma anunciada ahora irá en el sentido de igualar el modelo andaluz al madrileño. Este modelo bonifica al 99% las adquisiciones mortis causa (herencias) a “descendientes y adoptados (…), cónyuges, ascendientes y adoptantes” (grupos I y II de parentesco), haciéndolo en un 10% y 15% a parientes colaterales en segundo y tercer grado respectivamente (grupo III), excluyéndose el grupo IV (grados de parentesco más distantes y extraños), que tiene una reducción de 250.000 euros en la actual legislación andaluza cuando concurre con una discapacidad.

Es paradigmático que, de hecho, la Comunidad de Madrid recaude más a través del impuesto de sucesiones que Andalucía, y lo hacía ya con la legislación previa a la modificación impulsada por Ciudadanos, si bien su explicación radica en que la Comunidad de Madrid acumula una renta sustancialmente mayor a la andaluza, hecho motivado por la condición periférica de Andalucía frente a la centralidad madrileña.

Resulta llamativo que, como señalaba Juan Torres en 2017, el PP nunca ha optado por eliminar este tributo de naturaleza estatal (recordemos que es un impuesto estatal, regulado en la Ley 29/1987, que se encuentra cedido a las comunidades autónomas, y no un impuesto autonómico) pese a que “podría haberlo hecho en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta”. El PP “tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas”, añade. Al revés: legisló de forma que se pudieran dar.

Pero no solo eso. Mientras que el PP ha defendido que el impuesto de sucesiones supone un gravamen a aquello que ya ha sido pagado a lo largo de la vida del “causante”, en los municipios que gobiernan no han dado pasos para eximir del pago del impuesto de plusvalía (IIVTNU) en los casos de transmisión mortis causa, que si bien sería jurídicamente incorrecto calificarlo así, se encuentra más cercano a suponer un doble gravamen sobre el mismo hecho, heredar.

Cabe preguntarse qué motivación tiene el eliminar por completo un impuesto que actualmente afecta a un porcentaje marginal de la población

Cabe preguntarse qué motivación tiene el eliminar por completo un impuesto que actualmente afecta a un porcentaje marginal de la población —y más aún tras la modificación del 2018, la cual “certificó la muerte del impuesto”, según Juan Marín, al quedar exentas el 95% de las herencias—, y más con la significación que tiene el ISD como instrumento redistributivo en la composición del Estado social y del bienestar que dice ser el Estado español.

Es importante señalar que se trata de un impuesto que únicamente afecta a las rentas más altas. Antes de la modificación, en 2016, solo pagaron ocho de cada cien herederos, de los cuales más de la mitad no eran herederos directos —que se beneficiaban de las exenciones—, y hablamos de un tipo impositivo que afectaba a un patrimonio heredado de 250.000 euros por heredero si su patrimonio preexistente no superaba esa cifra, imaginemos la cantidad tan mínima que se ha visto afectada tras la modificación.

Resulta llamativa la atención que se le presta al que se ha llegado a señalar como “el impuesto directo más desconocido del sistema fiscal español” (Artola Blanco, 2018), siendo eje del discurso de investidura de Moreno Bonilla y de las propuestas del PP andaluz, habiendo sido centro de las propuestas de Ciudadanos en la anterior legislatura, y manteniéndose como eje de las propuestas de ambos partidos que apuestan por su eliminación desde el plano estatal, a la vez que resulta alarmante la cantidad de detractores de este en las clases trabajadoras que en nada se veían perjudicadas por él, y sí beneficiadas.

El impuesto no genera una masa presupuestaria relevante, y en las comunidades que más tributa se acerca a los 400 millones, cifra insignificante en los presupuestos que manejan las instituciones, pero que, en definitiva, es uno de los elementos que engrosan las arcas de estas y es utilizado para sufragar los servicios públicos que nos afectan a todos.

Cuánto más lógico sería que se grave de forma progresiva aquello que nos es dado sin haber mediado esfuerzo alguno en ello

De la misma manera que entendemos y hemos interiorizado —hasta que nos hagan defender lo contrario— que el IRPF debe ser progresivo (el tipo de gravamen será mayor cuanto mayor sea la base gravada), siendo un impuesto extraído de las rentas de las personas físicas, cuánto más lógico sería que se grave de forma progresiva aquello que nos es dado sin haber mediado esfuerzo alguno en ello, sino por el simple hecho de nacer.

La modificación legislativa del 2018 venía precedida de años de campañas a favor de la supresión de este impuesto, no solo desde plataformas específicas con relación a él —como la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones—, sino a través de los medios de comunicación, que daban voz a estas plataformas a la vez que volcaban artículos de opinión y noticias, en apariencia neutrales, que alababan las bondades de su supresión.

No es casualidad. Ya Gramsci se refería a la prensa como “la parte más dinámica de la estructura ideológica de la clase dominante”, cuya función era la de “mantener, defender y desarrollar el frente teórico e ideológico”, influir en la opinión pública para consolidar su hegemonía. En esta ocasión observamos cómo el sector mediático hizo una campaña feroz en favor de la supresión de este impuesto. El motivo es bastante sencillo: sus propietarios, los capitalistas, son afectados por dicho impuesto.

El año pasado Thomas Piketty publicaba, junto con otros investigadores, el “Informe sobre la desigualdad global 2018”, donde analizaba una tendencia al alza creciente en la acumulación de riqueza de las rentas más altas alrededor de todo el globo, siendo así que se calcula que, en el Estado español, el 1% de la población concentra en torno al 25% de la riqueza —es sintomático, pues precisamente se calcula que el porcentaje de herederos directos afectados por el ISD roza el 1% en casos como el andaluz—, así como el 10% acumularía en torno al 57% de la riqueza, mientras que el 50% de los españoles con menos recursos solo posee el 7% de la riqueza personal del país. Esta tendencia se ve acompañada de un incremento de la riqueza privada frente a un decrecimiento de la riqueza pública, tendencia global encabezada por España, donde, para el año 2015, el valor de la riqueza privada se situaba en un 650%. Este proceso de incremento de la riqueza privada en detrimento —quizás sería más apropiado decir ‘a través’— de la riqueza pública fue analizado por Harvey, en 2004, que acuñó a este suceso como la “acumulación por desposesión”.

Nuestro derecho, enmarcado en una sociedad capitalista, busca preservar el derecho de los propietarios, olvidando por completo el derecho de los desposeídos

Este incremento de la riqueza privada por las rentas más altas va aparejado a un desmantelamiento del Estado del bienestar, la propiedad pública, en el que se encaja la eliminación de aquellos impuestos que gravan las grandes acumulaciones de riqueza con fines redistributivos, uno de los cuales, y quizás de los más importantes por su importancia simbólica, es el impuesto de sucesiones, que grava la transmisión mortis causa del patrimonio del causante, la herencia, de la cual Engels ya analizó su origen y la calificó como un elemento que facilita la acumulación de riquezas en la familia.

La herencia como derecho surge conexa al origen de la propiedad privada, de forma que se transmitía la propiedad a sus descendientes. Ya el derecho romano regulaba la herencia como una institución para preservar la propiedad privada. Nuestro derecho, heredero del romano y enmarcado en una sociedad capitalista, busca preservar el derecho de los propietarios, olvidando por completo el derecho de los desposeídos. El Estado del bienestar pretendió paliar las desigualdades del capitalismo a través de pequeños gravámenes a la propiedad, al trabajo, a las transmisiones..., con aparente espíritu de justicia social, que realmente esconde el miedo a una revolución social. Una vez las fuerzas de izquierdas han sido vapuleadas —en el plano teórico/ideológico y físico/político— tras la caída de la Unión Soviética, ya ninguna necesidad hay de mantener esa apariencia social del Estado, y puede lucir sin complejos aquel papel para el que realmente existe, la defensa de la propiedad privada y de las clases dominantes.

La eliminación de este impuesto forma parte de un proceso de desmantelamiento del Estado social y del bienestar

La herencia, efectivamente, es un instrumento de acumulación de riqueza, que funciona, no solo para transmitir la propiedad, sino también para perpetuar desigualdades, ya que, como ha afirmado Thomas Piketty ,“es más fácil ahorrar y así acumular riqueza cuando has heredado un piso y no tienes que pagar un alquiler”. Imaginad cómo de fácil es cuando lo que heredas no es un piso, sino varios, o sociedades con un alto rendimiento.

El impuesto de sucesiones (y donaciones) se erige como instrumento redistributivo del Estado del Bienestar que pretende gravar aquella propiedad que se transmite por herencia —y por donaciones—. Resulta un elemento superficial, pues no va a la raíz del problema, que es la acumulación de riqueza y la herencia como institución que la perpetúa, pero en tanto no es abolida la propiedad privada —y, por consiguiente, la herencia— debemos movernos en el marco existente, y la eliminación del impuesto supondría una regresión de la política redistributiva y del Estado del bienestar y la justicia social.

La eliminación de este impuesto no es un hecho aislado, sino que se complementa con otras medidas tales como el apostar por la educación concertada, de gestión privada y financiada por lo público, o por los sistemas de copago sanitario y la privatización de la gestión sanitaria. Forma todo parte de un proceso de desmantelamiento del Estado social y del bienestar como lo hemos conocido hasta ahora, y en esa tesitura hasta defender un impuesto superficial como es el de sucesiones y donaciones es un hecho revolucionario.