Fronteras
La espera de la (des)esperanza

La vida en Lesbos es una espera constante para las personas migrantes y refugiadas. Llevan meses, o años, aguardando su traslado a Atenas o a otro país de Europa. Esperan para presentar la solicitud de asilo y para ir al baño. Hacen colas interminables para comer. Aguantan para llenar un cubo de agua o a que haya luz para conectar sus móviles. Pasan días para que un médico las vea. “Perimene, perimene" (espera, espera).

La espera deja secuelas en las más de 13.000 personas que sobrevivían en el campo de Moria, incendiado la noche del 9 de septiembre, que en su mayoría están ahora detenidas en el campamento Kara Tepe 2, construido a pocos kilómetros del anterior. 

El nombre del nuevo campo no es una cuestión menor, parece un intento por confundir con el auténtico Kara Tepe, un centro de carácter abierto para familias vulnerables. Sin vallas, alambradas, ni concertinas; con clases de idioma, zonas de juegos y espacios comunes para las aproximadamente 500 personas que lo habitan, y otras condiciones radicalmente opuestas a las de la nueva macro cárcel.

En 2019 Médicos Sin Fronteras denunció que cada semana constataba “casos de niños que intentan suicidarse” para escapar a las condiciones inhumanas

La realidad es otra. “Hay mucha violencia, me pasaron muchas cosas malas cuando llegué. Tengo 23 años y perdona por lo que voy a decir, pero creo que es peor aquí que en mi país”, confiesa Zahra, joven afgana que comparte un piso autogestionado por un colectivo de mujeres en Mitilene, la capital de la isla.

Historia de un fracaso

En agosto de 2015 la Unión Europea anunció el proyecto estrella para gestionar la llegada de personas migrantes y refugiadas por el mar Egeo: la creación de cinco hot spots o puntos calientes que servirían como centros de registro y toma de huellas dactilares para su posterior redistribución. La medida se complementó con la firma de un acuerdo para reubicar entre 2015 y 2017 a 160.000 personas, que se distribuirían en el resto de países de la UE. Casi ninguno de los 28 cumplió con el compromiso y entre todos acogieron solo a una tercera parte de lo previsto. Lesbos se convirtió en un embudo sin salida.

El hot spot de Moria pronto se quedó pequeño. Las estructuras modulares de chapa y madera destinadas al alojamiento se sobrepoblaron. Hasta cinco o seis familias, más de 40 personas, vivían en cada contenedor. Utilizar un baño o una ducha se convirtió en imposible. En el momento de mayor saturación vivieron allí más de 25.000 personas. El campo se expandió sobre el monte de olivares de la ladera aledaña. El agregado de tiendas de campaña y chabolas de lona, madera y cartón pasó a formar parte del paisaje.

La situación generó las enfermedades típicas del hacinamiento extremo. Tuberculosis, diarreas, problemas en la piel, dificultades respiratorias y un agravamiento en la salud mental colectiva. En 2019 Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que cada semana constataban “casos de niños que intentan suicidarse” para escapar a las condiciones inhumanas. “Niños que antes no eran agresivos ahora lo son, que no quieren comer, ni jugar, que vuelven a mojar la cama a los 12 o a los 14 años. Niños que se hacen daño, que se mutilan”, describió la entonces coordinadora de la organización en Lesbos, Caroline Willemen.

La violencia estructural condenó —y condena— a las peores vivencias a las personas más desfavorecidas: menores de edad, mujeres y a quienes tienen alguna enfermedad. “Me genera mucho dolor, mucha tristeza, y es terrible haber observado a mujeres jóvenes, con hijos o que eran menores, que por la situación en la que estaban se prostituían por diez euros la noche porque no tenían otra opción. Y no solo mujeres, sino también menores, hombres o chicos jóvenes”, confiesa Parisa, joven afgana de 20 años.

El laberinto legal

Las personas migrantes y refugiadas que viven en Lesbos tienen restringida su movilidad: las que están dentro del nuevo campo no pueden salir de él y las que viven en otros espacios de la isla tienen prohibido trasladarse fuera de sus límites.

Hay una excepción, aquellas cuya situación es considerada de vulnerabilidad pueden solicitar un permiso especial para viajar a Atenas a tramitar su cita de asilo. El problema es que, sin derivación oficial, en la práctica es casi imposible cubrir los gastos de viaje y hospedaje en la capital helena.

Desde 2016 aplican un proyecto que se llama proceso de detención de perfil bajo a gente que viene de países que se consideran no emisores de refugiados

La desesperación arrastra a muchas personas a automutilarse y causarse lesiones, para ser contempladas como vulnerables. “Hemos visto de todo, incluso gente que se ha querido colgar o se ha cortado las venas delante nuestra”, explican militantes que acompañan en la isla.

Otra dificultad para muchas familias es que la oficina de asilo no reconoce algunas uniones matrimoniales, especialmente las realizadas en Turquía, por cuanto sus solicitudes de protección son estudiadas en forma individual, lo que deriva en traumáticas separaciones familiares.

Desde el 1 de enero de 2020 funciona una nueva legislación: se priorizan los casos de gente llegada este año en detrimento de la que arribó en fechas anteriores. “La que había venido antes se quedaba aquí, les cancelaban las entrevistas programadas para 2020 y se la daban a alguna de las recién llegadas”, denuncia la abogada de la Asociación HIAS, Eli Kriona Saranti. Un proceso exprés que deja en un limbo a miles de personas que desde hace años sobreviven hacinadas a la espera de una oportunidad cada vez más lejana.

Con la llegada del coronavirus, desde el 21 de marzo y hasta el 15 de septiembre se regularon sucesivas restricciones de movimiento en los campamentos. “Lo que estaba pasando en Moria era que podían salir alrededor de cien o 150 personas por día solo con un permiso no basado en una valoración médica, sino policial, sobre la emergencia de lo que querían hacer. Tú tenías una cita médica, la policía consideraba si era urgente o no. Si tenías que ir a tu abogado, si necesitabas imprimir el documento, pues no, eso no era necesario”, explica Saranti y agrega que “es muy obvio que para la mayoría de la gente eso se había convertido en una detención de facto”.

Con la nueva normativa, se prevé también que con la primera denegación de la solicitud de asilo la persona pueda ser detenida hasta un máximo de 36 meses para su expulsión. “Desde 2016 aplican un proyecto que se llama proceso de detención de perfil bajo a gente que viene de países que se consideran no emisores de refugiados (Pakistán, Bangladesh, Argelia o Marruecos)”, concluye Saranti.

El Gobierno destaca que no ha habido nuevas llegadas a la isla, un extremo que desmienten desde Legal Centre Lesvos: “No es que la gente no esté intentando viajar, no es que la gente no esté llegando a Grecia; sí está llegando, pero la están devolviendo”, afirma Lorraine Lette, abogada del colectivo. Las devoluciones en caliente se hacen tanto en medio del mar como con gente que ya ha arribado. Desde la organización han constatado 18 incidentes, en uno de ellos se trataba de un menor que fue devuelto a Turquía y, de allí, a Siria.

nuevo centro, viejas prácticas

El incendio del campo de Moria dejó mucho más que hierros retorcidos. Para muchas personas significó perder su documentación, vital para tramitar una solicitud de protección internacional con mínimas garantías de éxito.

El sistema de salud actual en la isla no puede proveer los cuidados adecuados a pacientes con VIH o a niños con patologías complejas

El final del infierno donde habían vivido alentó la esperanza de que la Unión Europea decidiría su traslado inmediato. Pero en una semana el Gobierno griego levantó una macrocárcel de tiendas de campaña y con mensajes falsos y, sobre todo, amenazas de suspensión de los procesos de asilo de toda persona que no entrara allí, sepultó toda ilusión de salida. Perimene, perimene.

Kara Tepe 2 responde a lo que había anunciado en noviembre de 2019 el portavoz del Ejecutivo heleno, Stelio Petsas: el cierre progresivo de los campos y su sustitución por cárceles. Policía antidisturbios, vallas y concertinas forman parte de su estructura represiva. Una comida al día, a las siete de la tarde; dos botellas de agua, sin duchas y baños químicos insuficientes.

“Están las tiendas de campaña mal instaladas, no hay espacio entre ellas para que puedan pasar camiones de bomberos. Aparentemente hay cerca de 200 baños, uno para 50 personas. Imagínate diez familias viviendo en un edificio, pero tienen solo un baño para todas. Ha sido así durante años en Moira y es lo mismo ahora”, indica un médico de MSF a una delegación de europarlamentarios.

El nuevo campo está ubicado a escasos metros del mar. “Su ubicación es lo peor, eso se llama ‘Montaña negra’ en turco. Es un sitio frío, expuesto al viento. Era un campamento militar de tiro, preguntad por qué no había casas ahí”, desafían los lugareños.

En MSF preocupa el tratamiento que se haga a las personas infectadas por el covid: “Tenemos que asegurarnos de que las personas que dan positivo están siendo tratadas en forma humana y no detrás de cercas de alambre de espino. El covid tampoco debería ser una excusa para cerrar el campamento durante mucho tiempo”. La realidad es diferente, el campo tiene dos zonas aisladas por concertinas. A 21 de septiembre, en una de ellas había 214 personas cuyos test dieron positivo, en la otra, sus familiares, considerados asintomáticos.

“Hemos visto lo que causa el encierro prolongado. Tiene consecuencias sobre la salud mental de la gente, tienen consecuencias en personas con patologías serias. El sistema de salud actual en la isla no puede proveer los cuidados adecuados a pacientes con VIH o a niños con patologías complejas. Ahora tenemos 10.000 personas atrapadas y están replicando las mismas condiciones de Moria”, afirman desde la organización. MSF considera que no tendría que estar allí. “El Estado debería responsabilizarse de la salud, el agua, el sistema sanitario; no las ONG”, concluye el médico.

Tampoco hay posibilidad de asesoramiento legal, una situación que inquieta al colectivo HIAS. Para Eli Kriona Saranti es preocupante que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo esté acelerando el reinicio de las entrevistas. “Se decide en un momento en que la gente vive en condiciones sumamente precarias, sin ningún acceso a asistencia jurídica, sin ninguna posibilidad para siquiera poder salir del campamento para imprimir sus documentos, cuando ya muchos, de hecho, los han perdido en el incendio”, cuestiona.

El nuevo campo no son más que las viejas prácticas implementadas bajo un régimen de encierro más duro que el quemado campamento de Moria. “Perimene, perimene”, repiten las personas migrantes para explicar en lo que han convertido sus vidas, el calvario de la (des)esperanza.