Fronteras
Los inmigrantes no mataron tu sindicato

La organización de los inmigrantes destacaba como un extraño punto positivo en el, por otro lado, deprimente panorama del trabajo en Estados Unidos a finales del siglo XX y principios del XXI. Para sorpresa de muchos observadores, a finales de los años 80 los trabajadores que tenían bajos ingresos y que habían nacido fuera de Estados Unidos, incluyendo a los trabajadores sin papeles, empiezan a recibir con entusiasmo la posibilidad de poder sindicarse, dándole al movimiento sindical una nueva energía. Los inmigrantes también ayudaron a impulsar el “sindicalismo alternativo”, acudiendo en tropel a los centros de trabajo de todo el país que estaban implementando nuevas estrategias para desafiar el robo de salario y otros abusos por parte de los empresarios en sectores en los que los obstáculos al sindicalismo tradicional eran especialmente grandes. En gran medida, como respuesta a estos acontecimientos, los líderes sindicales abandonaron su antiguo apoyo a las políticas de restricción de la inmigración; para el cambio de siglo, el movimiento sindical se había convertido en un defensor vehemente de los derechos de los inmigrantes.

Sin embargo, algunos sindicalistas no estaban de acuerdo con esta posición, especialmente en la relativamente conservadora industria de la construcción, gran parte de la cual todavía está abrumadoramente formada por varones blancos nacidos en Estados Unidos. En 2010, el sector de la construcción de Pennsylvania hizo presión en favor de una propuesta de ley estatal para penalizar a las empresas de construcción que contrataran trabajadores sin papeles. Más recientemente, en el norte del Estado de Nueva York un representante del sindicato de carpinteros admitía que su sindicato informaba de forma rutinaria a las autoridades de inmigración sobre trabajadores sin papeles que estuvieran trabajando en empresas de construcción. Estos sindicalistas, como muchos otros estadounidenses, estaban convencidos de que los inmigrantes, y especialmente los sin papeles, hacían que los sueldos bajaran y que muchos trabajos no llegaran a ciudadanos estadounidenses.

La contratación de inmigrantes no fue la causa de la degradación del trabajo en la industria; por el contrario, fue el resultado de las campañas antisindicales de los empresarios

En apariencia, su visión podría parecer plausible. La construcción ha sufrido una desindicalización severa durante las últimas décadas, la cual ha llevado al descenso del salario y a la degradación de las condiciones de trabajo, especialmente en el sector de la industria que se dedica a zonas residenciales. Los empresarios llevaron a cabo un fuerte asalto contra los sindicatos mientras la industria residencial se recuperaba de la recesión de principios de los 80, usando diferentes tácticas para ampliar el segmento de la industria no sindicalizado. Cuando esto ocurrió, los miembros de los sindicatos de la construcción nacidos en Estados Unidos abandonaron los trabajos que habían sido afectados, cambiándose de la industria residencial a la de construcción de edificios —esta última estaba en auge a finales de los 80 y continuaba fuertemente sindicada—. Mientras tanto, los empresarios contrataban trabajadores inmigrantes, tanto legales como ilegales, para poder cubrir los nuevos trabajos precarios de la construcción residencial. De este modo, la contratación de inmigrantes no fue la causa de la degradación del trabajo en la industria; por el contrario, fue el resultado de las campañas antisindicales de los empresarios. Procesos similares se desarrollaron también en muchas otras industrias. Pero los trabajadores de las categorías inferiores, así como algunos sindicalistas que no eran conscientes de esta dinámica, en su lugar les echaban a menudo la culpa a los inmigrantes por la degradación de los trabajos.

Esta búsqueda de un chivo expiatorio se ha generalizado desde el ascenso de Donald Trump y los ataques agresivos sobre los inmigrantes que le han impulsado a la presidencia. No solo lo hizo en su campaña de 2016, con sus ataques gratuitos a la ciudadanía adquirida por nacimiento y a la “migración en cadena”, sino también con las afirmaciones infundadas de que los “ilegales” aumentaban las tasas de criminalidad y cometían fraude electoral, despertando, como todo el mundo sabe, la xenofobia y el racismo latente de muchos trabajadores blancos. Además, después de tomar el cargo, la administración Trump ha promulgado de modo sistemático una variedad de iniciativas anti inmigrantes draconianas: la prohibición de viajar a los musulmanes, nuevas limitaciones sobre la admisión de refugiados y gente que pide asilo, separación de las familias en la frontera, búsqueda de inmigrantes ilegales en todo el país y aumento de los arrestos y deportaciones.

Bajo la administración Trump el SICA ha priorizado “traslados internos” de gente indocumentada, a menudo deteniendo a aquellos que no tenían historial delictivo y a personas que llevaban viviendo en EE UU desde hace tiempo

Algunos en la izquierda señalan una cierta continuidad en relación a esta última: no por casualidad Obama se ganó el apodo de “deportador jefe”. El número de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE en sus siglas en inglés) subieron un 42% en los primeros ocho meses de la administración Trump frente al mismo período en 2016, pero los números fueron incluso más altos en 2010 y 2011 con Obama. Sin embargo, la mayoría de las deportaciones en la época de Obama tenían que ver con personas que llegaban por primera vez a la frontera o con inmigrantes con historiales delictivos importantes. Por el contrario, bajo la administración Trump el SICA ha priorizado “traslados internos” de gente indocumentada, a menudo deteniendo a aquellos que no tenían ningún historial delictivo y a personas que llevaban viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

Los agentes del ICE se han vuelto cada vez más agresivos, deteniendo a inmigrantes sin papeles en los juzgados o fuera de los colegios, lugares que habían sido evitados bajo las anteriores administraciones. Las detenciones en los lugares de trabajo, poco frecuentes durante los años de Obama, han sido reactivadas. Trump también ha dado pasos para contener la inmigración legal, por ejemplo, buscando acabar con el “estatus de protección temporal” para los haitianos, los centroamericanos y otros. Todas estas políticas son ensalzadas de forma incansable en los discursos y tuits del presidente, junto con sus amada propuesta sobre el muro de la frontera.

Mientras las detenciones y deportaciones se hacen cada vez más arbitrarias e impredecibles, el miedo y la angustia en las comunidades migrantes alcanzan niveles a los que no se había llegado desde hace medio siglo. En California, el Estado con la mayor población de indocumentados y con la legislación más favorable del país —implantada inmediatamente después de la elección de Trump y convertida en ley en 2017—, “miles de personas viven pendientes de un hilo de terror”, tal y como Michael Greenberg afirmó en la revista New York Review of Books en noviembre. “La paranoia se ha colado en todos los aspectos de la vida. [Los sin papeles] ya no asisten a actividades cívicas como asistir a las reuniones del Ayuntamiento u otros eventos públicos”.

No por sorpresa, a pesar de su retórica populista el presidente no es muy amigo de los sindicatos. Aún así, muchos sindicalistas dieron la bienvenida (aunque con cautela) a su postura sobre el comercio, haciéndose eco de su crítica al NAFTA y de su enfoque “duro” sobre el comercio con China. Los líderes sindicales también han albergado esperanzas de que el compromiso declarado por Trump de reconstruir las infraestructuras del país (el cual pronto se demostraría ser una fake news) generaría un montón de nuevos empleos sindicalizados.

Varios sindicatos han empezado a formar a sus miembros sobre cómo responder de la forma más eficaz a las redadas o a la amenaza de deportación

Sin embargo, las federaciones sindicales de AFL-CIO y Change to Win (CTW) no han abandonado la defensa de los derechos de los inmigrantes, con la notable excepción de los sindicatos que representan a los agentes del ICE y a los oficiales de control de fronteras, los cuales respaldaron a Trump en 2016 y que, desde entonces, han sido defensores de sus políticas de “tolerancia cero” con la inmigración. De hecho, los sindicatos se movilizaron en favor de los inmigrantes amenazados con la deportación, por ejemplo en la Coalición de familias trabajadoras unidas (WFU en sus siglas en inglés), formada en 2017 por el sindicato de pintores, el sindicato de trabajadores de hoteles UNITE HERE, el sindicato de trabajadores de hostelería y de servicios, el sindicato de camioneros, el LIUNA, así como los albañiles y soldadores. El mismo año, la AFL-CIO desarrolló un kit de herramientas para ayudar a los miembros de los sindicatos que estuvieran amenazados con sufrir redadas antiinmigración en sus puestos de trabajo; varios sindicatos han empezado a formar a sus miembros sobre cómo responder de la forma más eficaz a las redadas o a la amenaza de deportación. 

Mientras la mayoría de sectores del movimiento sindical ha continuado apoyando los derechos de los inmigrantes, aunque tal vez de una forma menos vehemente que hace años, el consenso liberal sobre la política de inmigración ha empezado a debilitarse tras el triunfo de Trump —y el de los populistas de derecha en Europa— al ganarse el apoyo de la clase obrera a través de la demonización de los inmigrantes. Por ejemplo, Hillary Clinton advirtió en una entrevista poco después de las elecciones de mitad de legislatura de que “si no nos ocupamos del problema de la inmigración, continuará enturbiando la política”. Y en su libro de 2018 The Nationalist Revival, John Judis confesó su simpatía por la agenda nacionalista de Trump, argumentando que la inmigración que tiene sueldos bajos reduce de forma inevitable el poder de la clase obrera nacida en Estados Unidos. “Un número enorme de inmigrantes sin preparación han competido por puestos de trabajo con estadounidenses que tampoco tienen una educación superior y que han llevado a la degradación de los trabajos que antes eran para la clase media”, ha declarado. Este tipo de nacionalismo de izquierdas está incluso más generalizado en Europa. 

De un modo similar, el provocativo ensayo de Angela Nagle “The Left Case Against Open Borders”, publicado en la revista pro Trump American Affairs, rememoraba con cariño los días en que los sindicatos apoyaban políticas de restricción de la inmigración, afirmando que los principales defensores de las fronteras abiertas han sido los ideólogos del mercado libre como los hermanos Koch, junto con las empresas que dependen del trabajo barato. Históricamente, añadía aprobando esta postura, los sindicatos tomaron la visión opuesta: 

“Ellos [los sindicatos] vieron la importación deliberada de mano de obra, de trabajadores de bajos ingresos, como una forma de debilitar su poder negociador y como una forma de explotación. No se puede ignorar el hecho de que el poder de los sindicatos descansa por definición en su habilidad para limitar y anular la oferta de trabajo, la cual se hace imposible si toda una parte de la mano de obra puede ser reemplazada de forma fácil y barata. La apertura de fronteras y la inmigración masiva son una victoria para los patronos”. 

El ataque a la izquierda por apoyar las “fronteras abiertas” es una maniobra de distracción; esta posición todavía permanece en los márgenes del mainstream progresista, pero la mayoría de los progresistas realmente se opone a las políticas restrictivas favorecidas por Trump y su acólitos. Además, el movimiento sindical abandonó hace ya dos décadas la perspectiva expresada por Nagle. A pesar de ver con dolor que muchos militantes de base de los sindicatos votaron por Trump en 2016, la cúpula del AFL-CIO y de la federación del CTW, así como la gran mayoría de sus afiliados, no han dudado en su posición a favor de los derechos de los inmigrantes que adoptaron al final de siglo XX.

Hay razones económicas de peso para que los progresistas se unan a los sindicatos en este asunto, tal y como Eric Levitz ha mencionado en el New York Magazine. Obviamente, la inmigración aumenta la oferta de mano de obra, pero también crea una demanda económica adicional; y en el contexto de una población envejecida la entrada de inmigrantes, la cual está compuesta de una forma desproporcionada de trabajadores muy jóvenes, contribuye a la sostenibilidad fiscal de programas como el de la Seguridad Social y el Medicare. Este es el consenso entre la mayoría de los expertos, tal y como ha demostrado el informe de la Academia Nacional de Ciencias de 2017. Pero, tal y como observa Levitz, los argumentos a favor de la restricción que han sido esgrimidos por comentaristas como Judis y Nagle es “principalmente un argumento político, no económico”, el cual pivota sobre la susceptibilidad de los trabajadores nacidos en Estados Unidos a los llamamientos de los populistas de derechas.

El hecho de que las propuestas para apoyar la restricción a la inmigración hayan aparecido entre los liberales y en la izquierda a raíz del éxito de Trump es excepcional por sí mismo. Pero Levitz lo convierte en un argumento convincente que, si se adoptara, sería políticamente desastroso para el Partido Demócrata y para el conjunto de la comunidad progresista. Dada la aparente tendencia demográfica irreversible hacia una sociedad de minorías y mayorías, afirma: “Los Demócratas se van a convertir en un partido visiblemente multirracial en una América mestiza”, añadiendo que tanto en el campo de la moral como en el de la pragmática “no hay forma de que los Demócratas eviten las obligaciones de esa posición, solo pueden luchar por capitalizarlo en su propio beneficio”.

Para enfrentarse a este reto, tanto para los progresistas como para el movimiento sindical la tarea más urgente es hacer retroceder la narrativa derechista que culpa a los inmigrantes del cambio de suerte sufrido por los trabajadores blancos nacidos en Estados Unidos durante las últimas cuatro décadas. Los progresistas necesitan promocionar en su lugar una contranarrativa que destaque los modos en los que las estrategias empresariales desde los años 70 en adelante han reducido los salarios y han debilitado al movimiento sindical, estrategias que se han hecho invisibles o irrelevantes para muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos que han sido persuadidos por Trump y sus seguidores para culpar a los inmigrantes. En pocas palabras, la tarea es redirigir toda la rabia completamente justificada de esos trabajadores hacia los empresarios en vez de hacia la gente que ha nacido fuera del país.

El argumento de que la inmigración fue un factor clave del descontento de la clase obrera parece plausible a primera vista, especialmente en relación a aquel momento. No mucho tiempo después, la aprobación en 1965 de la Hart-Celler Act [Ley de inmigración y nacionalidad], que terminó con cuatro décadas de una inmigración muy restringida, la situación económica de los trabajadores varones blancos que no tenían formación superior, la mayoría de los cuales habían prosperado en los años de posguerra, empezó una espiral descendente. En el mismo período también empezó a surgir la desigualdad. 

Los esfuerzos de los empresarios estadounidenses por externalizar los riesgos del mercado con la subcontratación y por debilitar a los sindicatos generó un aumento en la demanda de trabajos con sueldos bajos

Estas tendencias están ciertamente conectadas, pero la línea de causalidad va en la dirección exactamente opuesta a la que las narrativas anti inmigrantes de Trump y Judis implican. La inmigración no fue la causa de la reestructuración económica neoliberal que empezó en los años ‘70 ni de la explosión de desigualdad y degradación laboral que la acompañó. Por el contrario, la entrada de inmigrantes con bajos salarios fue una consecuencia de estos desarrollos. Los esfuerzos de los empresarios estadounidenses por externalizar los riesgos del mercado a través de varias formas de subcontratación, y a la vez de debilitar de forma activa a los sindicatos, generó un aumento en la demanda de trabajos con sueldos bajos. Esto, a la vez, llevó a millones de inmigrantes, tanto legales como ilegales, a entrar en el nivel más bajo del mercado de trabajo del país para ocupar “los trabajos que los norteamericanos no querrán hacer”. Tal y como he documentado en mi libro de 2006 L.A. Story, en muchos sectores los inmigrantes accedieron a trabajos con salarios bajos en un número sustancial solo después de que el salario y las condiciones laborales se hubieran degradado hasta tal punto que los trabajadores nacidos en el país ya no querían ocupar esos trabajos.

El principal motor de la migración por motivos de trabajo, tanto en el pasado como en el presente, es la demanda económica. Mientras los factores “de expulsión” en los países de origen estimulan la emigración, ésta se materializa en una escala significativa solo como respuesta a la búsqueda de los empresarios de nuevas fuentes de trabajo. La crisis financiera de 2008 es reveladora en este sentido: mientras la economía estadounidense implosionaba y los trabajos en sectores como la construcción y la manufactura se evaporaban, el número de migrantes que cruzaban la frontera descendió dramáticamente. Antes de la Gran Recesión, la inmigración creció en relación directa con el aumento de la demanda de los empresarios de mano de obra barata y manejable. Teniendo como comienzo la década de los 70, las nuevas estrategias empresariales hicieron caer los costes laborales a través de una expansión de la subcontratación, de la desregulación y del esfuerzo en debilitar o eliminar los sindicatos.

En sectores como el del taxi o el del transporte de camiones, donde la desregulación ha llevado a un descenso de la presencia de los sindicatos y al descenso de los salarios, así como en la construcción, la manufactura y la industria de los servicios, todas ellas desindicalizadas, muchos trabajadores nacidos en el país se movilizaron para rechazar la reciente degradación del trabajo, contratándose seguidamente a inmigrantes para ocupar esos puestos. Si los migrantes no llegaban en un número adecuado para cubrir la demanda, los empresarios enviaban de forma rutinaria a reclutadores a México y otras partes del hemisferio sur para encontrarlos, a menudo violando descaradamente las leyes y regulaciones sobre la inmigración. En resumen, la inmigración fue la consecuencia, no la causa, de las condiciones decrecientes de trabajo.

La demanda de mano de obra inmigrante también se extendió en el sector de los servicios domésticos y de personal en este período. Aquí, el motor principal no fue la reestructuración del empleo ni la degradación del trabajo, sino una combinación de cambios demográficos y un aumento de la desigualdad de ingresos. Mientras crecía la fuerza de trabajo femenina, las clases directivas y profesionales cada vez más prósperas del país dedicaban una cantidad creciente de sus ingresos disponibles a adquirir los servicios de limpiadoras, niñeras y cuidadoras de ancianos, así como de manicuristas y otras “trabajadoras de la apariencia personal”. Muchos hogares con recursos ahora incluían dos adultos que trabajaban durante muchas horas, gracias al éxito del movimiento feminista en abrir las profesiones y los despachos de las empresas a las mujeres de clase media y alta en los años 70, incluso mientras el cambio en las expectativas de ser padres y en el envejecimiento de la población estimulaban una demanda creciente de los trabajos de cuidados dentro de las casas. Sin embargo, en el mismo período la oferta tradicional de mano de obra en el trabajo doméstico se estaba evaporando a medida que el movimiento por los derechos civiles abría la posibilidad de que las mujeres afroamericanas pudieran optar a trabajos de oficina y de servicios de nivel inferior. Así, las mujeres negras empezaron a rehuir del trabajo doméstico mientras ascendía su demanda, lo que llevó a muchos hogares a sustituirlas por mujeres inmigrantes que cada vez estaban más disponibles durante ese período, a la vez que la migración de familias empezó a ser dominante por encima del anterior patrón de migración circular dominada por los varones.

Nadie puede sugerir seriamente que los inmigrantes deban ser culpados por el cierre masivo de fábricas que se extendió por el Medio Oeste a principios de los años 70

Algunas de las concentraciones más grandes de seguidores de Trump blancos, de clase trabajadora y nacidos en Estados Unidos estaban en el Cinturón Industrial (Rust Belt). Nadie puede sugerir seriamente que los inmigrantes deban ser culpados por el cierre masivo de fábricas que se extendió por el Medio Oeste a principios de los años 70. En este contexto, los trabajos no sufrieron una degradación; simplemente desaparecieron. Sin embargo, tal y como Linda Gordon demostró en su reciente estudio sobre el Ku Klux Klan en los años 20, el culpar a la inmigración no tiene por qué tener necesariamente una base real. “En Estados Unidos siempre ha habido gente que ha culpado a los extranjeros por la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, a veces esto descansa en la experiencia efectiva, pero más a menudo se basa en la imaginación y el miedo atizados por la demagogia”, señala Gordon. “Sabemos esto porque el Klan creció en zonas con pocos extranjeros”.

Efectivamente, la narrativa antiinmigrantes derechista ha desviado la atención de las verdaderas causas del declive de las condiciones de vida de la clase trabajadora. La clase trabajadora blanca tiene todas las razones para estar alienada y enfurecida por el aumento de la desigualdad y la desaparición de los trabajos de calidad, pero su ira ha sido profundamente desviada. No debería enfocarse en los inmigrantes sino en las acciones deliberadas de los intereses empresariales para degradar los antiguos trabajos de fábrica que estaban bien pagados y para promover políticas públicas que amplían la desigualdad. En vez de seguir a Judis y Nagle (que, afortunadamente, todavía es una posición marginal en la izquierda) para subirse de forma oportuna del carro de la antiimigración, los trabajadores y los progresistas que esperen volver a tener el apoyo de los trabajadores blancos norteamericanos que apoyaron a Trump en 2016 deberían dedicar sus energías a redirigir el debate público en esta dirección.