Fronteras
Zoido se reafirma en que el uso de Archidona como CIE fue legal

El uso del futuro centro penitenciario Málaga II de Archidona como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) entre el 20 de noviembre y el 9 de enero no ha constituido ninguna irregularidad, según ha insistido el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ante preguntas de la oposición esta mañana en la comisión de interior del Congreso de los Diputados.

Zoido comparecía a petición de Unidos Podemos y del PSOE, que habían planteado sendas preguntas sobre la gestión de Interior que condujo al internamiento en Archidona de 577 ciudadanos argelinos que habían llegado a costas almerienses, murcianas y alicantinas el día 16 de noviembre. Ambos partidos pedían al ministro que aclarase las dudas sobre la legalidad del internamiento temporal en este edificio, y Podemos también solicitaba más explicaciones sobre la muerte del interno Mohamed Bouderbala la noche del 29 de diciembre, así como la dimisión del ministro.

En respuesta a estas cuestiones, Zoido ha defendido la legalidad de la medida dada la “excepcionalidad” de la situación y ha asegurado que el internamiento ha cumplido tanto las normas de la directiva europea sobre CIE como la ley de Extranjería. Tanto la directiva europea sobre CIE como la normativa española autorizan al Gobierno a utilizar como infraestructura para el encierro cautelar de personas en situación irregular instalaciones que no son Centros de Internamiento de Extranjeros, siempre que las condiciones de este centro sean equiparables a las de un CIE. Las dudas de la oposición se centraban precisamente en esta última cuestión.

La diputada Ione Belarra (Unidos Podemos) y los diputados de PSOE y Compromís, David Serrada y Enric Bataller, han cuestionado que las condiciones del centro de Archidona fueran equiparables a las de un CIE, argumento usado por interior para justificar la legalidad de su actuación. La oposición ha cuestionado que los servicios no de vigilancia –como los servicios médicos o de lavandería–, o la labor de control de los juzgados fuesen equiparables a las de los CIE, que ya de por sí han sido denunciados repetidas veces por organizaciones de derechos humanos por sus bajos estándares de garantía de derechos para los internos.

Tal y como ha reconocido Zoido, la atención médica para los 577 internos estaba cubierta por un solo médico y un ATS. Según ha declarado uno de los diputados de la oposición, este médico no había atendido a la mayoría de los internos a fecha de 1 de diciembre: 11 días después de la apertura del centro. Los diputados de la oposición se han referido en varias ocasiones a la orden ministerial 247/2017, publicada por interior en marzo, en la que el ministerio certifica el carácter penitenciario del centro. Belarra ha insistido por su parte en las trabas establecidas por interior y por el centro para el acceso a organizaciones de derechos humanos, y ha coincidido con el representante de Compromís en que el internamiento y los CIE tampoco son respuestas ante el fenómeno migratorio.

Según ha declarado Zoilo, de los 577 ciudadanos argelinos, 488 han sido expulsados a Argelia (todos ellos desde Almería) y 89 han sido puestos en libertad; “63 por petición de asilo, 11 por menores, 11 por razones humanitarias, 3 por otros motivos”. Interior había negado en su día al diario Público la presencia de menores internos en Archidona.

Aclaración de la muerte de Bouderbala

Zoido no ha añadido nada nuevo a lo ya argumentado por Interior en cuanto a la muerte, tras 18 horas aislado, del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala. El ministro ha vuelto a remitirse a los atestados policiales, al informe forense y a la sentencia del juzgado de Archidona que archivó la demanda de la acusación popular y de la familia para que se investigara más en profundidad el caso. El ministro ha evitado pronunciarse, ante preguntas de Belarra, sobre la existencia o no de un protocolo de prevención de suicidios.

En declaraciones a El Salto, Belarra ha señalado que su grupo “no tenía muchas expectativas” en torno a la comparecencia de Zoido: “No esperábamos respuestas satisfactorias. La actuación de Zoido en la gestión de la crisis de personas refugiadas estos años ya justifican de sobra nuestra petición de que dimita”.

“Las declaraciones oficiales del ministro Zoido nos parecen absolutamente vergonzosas, racistas y criminalizadoras”, ha señalado a El Salto Dana García, de SOS Racismo. Según la activista, Zoido ha puesto el acento en que Bouderbala “fue cabecilla de la protesta el día anterior” y ha eludido las responsabilidades de la Unidad Intervención Policial y del propio Interior en los hechos.

“Pedimos su dimisión y que se diriman las responsabilidades en cuanto a la muerte de Mohamed y el encierro de casi 600 personas en la cárcel de Archidona, siendo esto totalmente ilegal”, concluye.

Sobre el hecho de que Zoido haya evitado referirse a Bouderbala por su nombre, considera que es “una falta de respeto a él y su familia”.