Galicia
El acuerdo UE-Mercosur avanza en medio del rechazo del agro gallego

El pasado viernes 9 de enero de 2026, los estados miembros de la UE aprobaron con el apoyo de una mayoría cualificada el acuerdo comercial UE-Mercosur, abriendo el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje a Paraguay el 17 de enero para la ceremonia de firma. A pesar de esta luz verde institucional, el acuerdo avanza en un clima de tensión, marcado por las protestas del sector primario gallego.

Desde hace más de dos semanas, agricultores y ganaderos de toda Galicia se movilizan en señal de rechazo al tratado. El pasado sábado, las y los labradores de A Limia (Ourense) cortaron la autovía A-52, carretera clave que conecta Galicia con Castilla y León. Los trabajadores del sector alertan de que la firma del acuerdo comercial amenaza la viabilidad de las explotaciones locales.

“En los últimos diez años, ningún gobierno se ha sentado a hablar con el sector primario sobre lo que iba a ser Mercosur”, denuncia Brais Álvarez, del Sindicato Labrego Galego (SLG). Para él, se trata de un acuerdo firmado de espaldas totalmente a la sociedad, “hablado con los grandes lobbies del sector”.

Esta opacidad ya fue denunciada en 2017, cuando Greenpeace hizo públicos documentos secretos que evidenciaban que no se estaban teniendo en cuenta los compromisos internacionales en materia de medio ambiente, condiciones laborales y derechos humanos. El tratado permite que entren anualmente en Europa 99.000 toneladas de carne de vacuno, 180.000 de aves, 190.000 de azúcar y un millón de toneladas de maíz, a cambio de más exportaciones europeas de automóviles, productos químicos y plásticos.

Vacuno y miel: los sectores más golpeados

En Galicia, los sectores que más sufrirán el impacto del acuerdo serán el vacuno y la miel. En el caso del vacuno, el SLG advierte de que el acuerdo permitiría la entrada anual de unos 450.000 terneros procedentes del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— con aranceles prácticamente nulos, una cifra que multiplica por más de cuatro la producción anual de Ternera Gallega Suprema, que apenas supera los 100.000 animales.

Según explica, esa cantidad de carne entrará con unos costes de producción mucho más bajos, muchas veces debido a las “usurpaciones de tierras que hacen grandes terratenientes”. En su análisis, este aumento masivo de la oferta provocaría una caída de los precios que afectaría directamente a las explotaciones locales.

Respecto a la miel, la situación es igualmente dramática. El acuerdo contempla una entrada de 45.000 toneladas al año, también con aranceles cero. “El Estado español produce alrededor de 27.000 toneladas, es decir, la mitad de lo que va a entrar al año”, afirman desde el SLG. “A los pequeños productores nos van a hundir los precios y, por lo tanto, aunque siendo viables económicamente, no seremos capaces de sacar una renta digna para poder sobrevivir”.

Las cifras sobre la estructura agraria gallega revelan una realidad especialmente preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de explotaciones agrícolas en Galicia cayó un 45,7% entre 2016 y 2023, pasando de 76.406 a 41.507. Esta reducción fue acompañada de una caída del empleo del 38,3%.

Galicia presenta una de las estructuras agrarias más fragmentadas de España, con un tamaño medio de explotación de apenas 14,52 hectáreas, el tercero más bajo del Estado. Casi un 23% de las explotaciones gallegas tiene menos de una hectárea, mientras que solo un 0,86% supera las 100 hectáreas.

La economía de escala que permite a los grandes latifundios del Mercosur producir a precios muy inferiores resulta inalcanzable para la mayoría de las explotaciones gallegas. El Sindicato Labrego Galego critica con contundencia el modelo que sustenta estas exportaciones y advierte de que se apoya en importaciones a bajo coste que acaban por desmantelar los sistemas agroalimentarios de los propios países de origen. “Para alcanzar esos precios tan bajos se eliminan los labradores y las explotaciones más diversificadas y vinculadas al territorio, que son sustituidas por granjas totalmente industrializadas”, señala.

El impacto, añade, no se limita a los países productores, sino que también tiene efectos directos en Galicia. La entrada masiva de alimentos a bajo precio hunde los productos locales y hace imposible competir en el mercado. “Ni sobreviven los labradores de allí ni los de aquí; solo se impone un modelo agroindustrial a gran escala”, afirman desde el sindicato, que alerta de que este proceso supone una pérdida progresiva de la soberanía alimentaria gallega.

Por otra parte, desde Unións Agrarias defienden que en un contexto en el que otros mercados se están cerrando, la apertura de nuevos destinos comerciales debe entenderse como una oportunidad, siempre que se produzca sin romper las reglas del mercado y garantizando condiciones justas de competencia.

“Hablamos de una oportunidad que hay que saber aprovechar, respetando las reglas de juego, para que sea un plus para el sector y nunca una rémora”, subraya Roberto García, secretario general de Unións Agrarias. A su juicio, sectores como el lácteo, el vitivinícola o el de las frutas y hortalizas pueden beneficiarse de este escenario si la apertura comercial se gestiona de manera equilibrada y respetuosa con el marco normativo.

Uno de los puntos de mayor controversia es el relacionado con la diferencia de normativas entre la UE y los países del Mercosur en ámbitos fundamentales como los productos fitosanitarios y el bienestar animal.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) advierte de que el acuerdo facilita la entrada en el mercado comunitario de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como algunos fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, con un control y trazabilidad que no están plenamente asegurados.

Unións Agrarias, por su parte, confía en que se establecerán auditorías sobre aplicación de pesticidas y controles de bienestar animal de modo que las condiciones de producción en esos países “se asemejen lo máximo posible a las que hay aquí”.

Para el Sindicato Labrego no es aceptable permitir la entrada de alimentos con menos controles o con una calidad inferior, ya que entienden esta no solo como un estándar sanitario, sino también ambiental. “Calidad debe significar menos uso de pesticidas y más prácticas agroecológicas; cuanto más respetuoso con el medio, mejor”, añade.

En este sentido, desde el SLG advierten de que el empleo de mayores cantidades de pesticidas, o de sustancias más agresivas para el medio ambiente, no solo reduce artificialmente los costes de producción, sino que tiene efectos muy perjudiciales. “Hablamos de un impacto directo en el medio y también de consecuencias graves para la salud pública”, alerta.

Un análisis jurídico encargado por Greenpeace Alemania y realizado por la Dra. Roda Verheyen y el Prof. Dr. Gerd Winter concluye que el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur incumple la legislación vigente de la UE y la internacional, ya que provocará un aumento general de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor deforestación.

El documento subraya que el tratado incentivaría el comercio de productos asociados con altos niveles de emisiones y con fuertes impactos sobre bosques y ecosistemas, lo que va en contra de las obligaciones legales de la UE en materia de clima y protección ambiental.

Oposición internacional

Más de 450 organizaciones de América Latina y Europa, incluyendo sindicatos, movimientos campesinos y ecologistas, criticaron el acuerdo. La coordinadora general de La Vía Campesina, Morgan Ody, advierte de que los tratados de libre comercio están haciendo inviable que la pequeña y mediana agricultura pueda vivir de su trabajo, al imponer un modelo orientado a la exportación y a la competencia que “ignora la necesidad de producir alimentos para abastecer a las comunidades locales”.

En esta misma línea, desde el SLG insisten en que la cooperación entre territorios no puede construirse a costa del campo ni de la mayoría social. Defienden una solidaridad real entre pueblos, basada en sistemas agroalimentarios justos y sostenibles, y no en acuerdos pensados para beneficiar a unas pocas multinacionales o a intereses económicos muy concretos en detrimento del bien común.

El rechazo del acuerdo UE-Mercosur ha unido a organizaciones ecologistas, agrícolas y sociales de Galicia, que alertan de sus graves impactos en la agricultura y en las zonas rurales. Denuncian el hecho de que la inclusión de alimentos en los acuerdos de libre comercio fortalece la agroindustria y la orientación a la exportación, exacerbando la precaria situación de los agricultores, el despoblamiento rural y la degradación ambiental, tanto en Europa como en Sudamérica.

En contraste con este modelo, las organizaciones abogan por la necesidad de avanzar hacia sistemas agroalimentarios basados en la agroecología, la soberanía alimentaria y el comercio justo; una producción sostenible y local que respete los derechos humanos y campesinos. “Esta orientación es incompatible con acuerdos como el Mercosur, donde los alimentos se convierten en una moneda de cambio a expensas de la tierra, del clima y del futuro de la agricultura gallega”, termina Brais.