Galicia
Cuidar sin derechos: la lucha de las trabajadoras en las residencias privadas de Galicia salta a la huelga

“Trabajamos como si fuésemos robots en una cadena de montaje. No puedes atender bien a los usuarios porque no te da tiempo”. La que hablas es Beatriz. Lleva 18 años trabajando como gerocultora en la residencia de mayores DomusVi de Ferrol. “Cuando llegas a casa del trabajo rompes con la frustración”, lamenta.

El colectivo de trabajadoras de las residencias privadas de Galicia denuncia las precarias condiciones laborales y salariales del sector, así como la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para ofrecer unos cuidados adecuados a las personas usuarias.

La sección de Servizos de la Confederación Intersindical Galega (CIG) inició el pasado 10 de abril un calendario de huelgas y movilizaciones —que culminará con una manifestación en Santiago de Compostela este sábado 26 de abril— para demandar un convenio digno, así como para reclamar la mediación de la Consellería de Política Social en la negociación, bloqueada desde el año pasado.

Las trabajadoras señalan que desde la firma del último convenio en 2022, los salarios han perdido más de 7% de poder adquisitivo, ya que se pactaron aumentos inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) real. La mayoría de las categorías están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); unas 8.000 personas, de un total de 12.000 trabajadoras en toda Galicia.

Desde la CIG también demandan la ampliación de la cobertura de las situaciones de incapacidad temporal, ya que a pesar de que las enfermedades músculo-esqueléticas son muy comunes en el sector, no están reconocidas como profesionales. “Coger una baja es un lujo que no nos podemos permitir”, recalca Beatriz. “Vas a trabajar enferma porque no te pueden faltar 200 euros al mes”.

Muchas se ven en la situación de reclamar las enfermedades laborales al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuando la mutua no las reconoce. Además, la exposición a enfermedades contagiosas en los centros geriátricos incrementa el riesgo a padecer virus; que tampoco son considerados como bajas laborales.

Otra de las reivindicaciones del colectivo es la actualización de los ratios de personal, que no se ajustan a las necesidades de los centros y derivan en una sobrecarga de trabajo que repercute en la salud de las trabajadoras y en la calidad de vida de las personas usuarias.

“Le puedo dedicar como mucho 15 minutos a cada residente para ducharlo, hidratarlo y vestirlo”, segundo explica Inés, gerocultora en la DomusVi de Noya, la precariedad de los salarios dificulta la cobertura de personal en el caso de las bajas por incapacidad temporal. “Si hay una única persona en el puesto de trabajo y tienes que llevar a alguien al baño, no puedes abandonar una estancia y dejar a 15 residentes solos”.

Por otro lado, la Xunta ha eliminado la obligatoriedad de contar con personal de enfermería las 24 horas, por lo que en algunos centros se forma a otras trabajadoras con un curso “rápido” de Técnico de Cuidados Avanzados en Enfermería. “Yo no estoy capacitada para evaluar la necesidad de derivar a una persona que está enferma, ni tampoco para administrar medicación” alerta Ana Isabel, gerocultora y presidenta del comité de empresa de Cáser Residencial Pontevedra.

Esta carencia de personal se ve agravada tras la decisión de la Xunta de Galicia de ingresar en las residencias de mayores a personas con dolencias psiquiátricas. Las trabajadoras advierten que la mayoría de los centros “no están adecuados para este tipo de pacientes, ni cuentan con el personal formado para atenderlos correctamente.”

La CIG solicitó una reunión con la Consellería de Política Social el pasado septiembre, pero aún no ha recibido respuesta. El secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servicios, Adolfo Naia, lamenta que la administración se lave las manos e ignore las demandas de las trabajadoras. “Lo único que hace es vulnerar el derecho fundamental a huelga con la imposición de unos servicios mínimos del 100%”, destaca.

La intención de fondo de la Xunta: privatizar un servicio público

Una enfermera en turno para 150 residentes, una sola limpiadora para una planta de 44 camas o una cocinera para 55 personas. “Nos hacen incluso atender las visitas y a los familiares cuando no hay nadie en recepción” afirma Silvia, gerocultora en la residencia Servisenior de Santiago. Las trabajadoras denuncian el modelo de cuidados de la Xunta, que apuesta por la privatización de los servicios y “antepone el lucro empresarial” al bienestar de las personas mayores y dependientes.

En el 2023 la Asociación Gallega de Inspectores e Inspectoras de Servicios Sociales advertía de la filtración de las visitas a los centros por parte de la Consellería de Política Social —dirigida por Fabiola García— con el propósito de tapar irrecularidades en las residencias públicas gestionadas por empresas externas.

Según los últimos datos del Registro Único de Entidades de Servicios Sociales, en Galicia hay un total de 374 centros residenciales para mayores; entre los que se incluyen residencias, miniresidencias, viviendas comunitarias, grandes centros residenciales y pisos tutelados. En lo relativo a la titularidad, la mayoría de los centros están en manos de empresas privadas con ánimo de lucro —341— mientras que las administraciones públicas gestionan 209 y las entidades sociales 140.

Un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, determinó que Galicia tiene un déficit de 13.850 plazas residenciales para llegar a la proporción de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años. De este modo, se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor déficit de plazas residenciales, por debajo de la media estatal.

El XXV Observatorio de Dependencia revela la dramática situación de la atención a la dependencia en Galicia. Desde el año 2017 hasta el 2024 fallecieron 6.571 personas en lista de espera sin ser atendidas, sólo en el último año, 345. En España la media de tramitación de un expediente es de 334 días, en Galicia; 386. La media de gasto público por persona dependiente es de 5.202,9€ al año, por debajo de la media estatal de 6.188,7 euros. Además, el documento sitúa a Galicia como la segunda comunidad con la peor tasa de personas atendidas.

Más precariedad para un sector totalmente feminizado

El 84,7% de las mujeres ocupadas en Galicia trabajan en el sector servicios. Según un informe de la CIG, el aumento de la tasa de actividad femenina en la última década está estrechamente ligado a la externalización de los cuidados; el 65,7% de las personas asalariadas en los servicios sociales son mujeres.

La brecha salarial en este sector, ligada a la fuerte presencia femenina y a la precariedad, es del 16,2%. El documento de la CIG revela que el 40,5% de las mujeres asalariadas en Galicia tienen ingresos por debajo del SMI. Desde el sindicato advierten de la “desvalorización de los trabajos feminizados, nombradamente los de cuidados, a pesar de ser esenciales”.

El Instituto de las Mujeres ha abordado en diversas publicaciones las graves consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos y cómo esta carencia afecta especialmente a las mujeres trabajadoras, al no contar con el apoyo necesario para ser suplidas en las tareas de cuidados. En este sentido, otra de las demandas del colectivo de trabajadoras de las residencias privadas es la adopción de medidas de conciliación para facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y personal. “En las negociaciones las empresas se ven envalentonadas porque tienen el respaldo de la Consellería”, destaca Ana. “Va a ser un conflicto largo”.