Galicia
El incumplimiento de las franjas de protección agrava el riesgo de grandes incendios forestales en Galicia

El pasado fin de semana, los incendios de Padrón y Boborás calcinaron alrededor de 350 y 250 hectáreas respectivamente. La gravedad de ambos fuegos llevó a la Xunta a declarar la Situación 2 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales, que se activa cuando existe riesgo para personas o bienes no forestales.

Los dos incendios convirtieron en realidad el escenario que llevan años advirtiendo los expertos: masas forestales continuas, abundante combustible acumulado y franjas de protección insuficientes alrededor de viviendas e infraestructuras.

O Morrazo figura en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) como Zona de Alto Riesgo de incendios forestales. Es un reconocimiento oficial que, según la Mancomunidade de Montes do Morrazo, contrasta con una “realidad de inacción generalizada” por parte de las administraciones competentes.

Tonio Nogueira, presidente de la entidad, describe el territorio como un polvorín; una masa continua de eucaliptos, pinos y acacias, todas especies pirófitas. El 60% de la superficie forestal de O Morrazo es de propiedad privada particular, y ese es, según Nogueira, el nudo del problema. Las comunidades de montes gestionan el 40% restante con planes de ordenación forestal, rozando pistas, manteniendo puntos de agua y eliminando especies pirófitas de sus terrenos. Pero ese trabajo queda neutralizado cuando las parcelas privadas colindantes se encuentran en estado de completo abandono.

Un informe cartografía el peligro

Para sostener con datos su denuncia, la mancomunidad encargó un informe a la consultora Landra Forestal. El resultado es contundente: están incumplidas todas las redes de franjas de protección establecidas por la Ley de Prevención de Incendios de Galicia, aprobada tras la catastrófica ola de incendios de 2006.

La ley distingue tres tipos de franjas. Las primarias rodean infraestructuras viarias, ferroviarias y eléctricas. Las secundarias —de 50 metros— protegen núcleos habitados, polígonos industriales, granjas y servicios sociales. Las terciarias afectan a pistas y zonas forestales. El estudio constata incumplimientos en los tres niveles, con especial gravedad en las carreteras autonómicas.

El documento de Landra Forestal cartografía más de medio centenar de puntos con edificaciones y caminos en peligro real, y el propio informe advierte de que se trata solo de una muestra parcial del problema. Tras décadas de abandono del rural, miles de viviendas, naves, granjas y servicios sociales de O Morrazo se encuentran rodeadas de masas de eucaliptos, acacias y pinos sin gestión.

José Luis Castro Baleato, representante de la Federación Ecoloxista Galega en el Consello Forestal, describe un Pladiga que no está a la altura de este escenario. El plan se entrega con apenas 48 horas de antelación a la reunión del órgano consultivo, cuando la normativa obliga a hacerlo con 15 días. “Es un corta y pega de los años anteriores que no aborda las causas estructurales, y cada verano llega con más calor, más sequía y más combustible acumulado en el monte”, alerta.

Elvira Santiago, doctora en Sociología en la UDC y coautora de Lume. Análise social dos incendios forestais (Xerais), añade otra dimensión que los mapas no muestran. Detrás de muchas parcelas abandonadas hay familias sin recursos económicos ni capacidad práctica para hacer las tareas de prevención. “Recaen en las familias algunas responsabilidades para las que no tienen los recursos necesarios”, explica. La solución, dice, no pasa solo por obligar, sino por crear infraestructura que facilite la coordinación.

“El estudio que solicitó la mancomunidad tendría que estar basado en un estudio del propio Distrito”, afirma Eva Pereira, presidenta del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes, quien señala la ausencia de coordinación real de las administraciones sobre el terreno.

En el caso de las franjas secundarias, los ayuntamientos deben obligar a los propietarios a mantener limpias sus franjas y, si no lo hacen, actuar mediante ejecución subsidiaria —limpiar ellos y repercutir el gasto al propietario—. Desde la mancomunidad describen esta cadena como completamente rota, ninguna de las administraciones está cumpliendo la parte que le corresponde. Las consecuencias son doblemente graves; cuando las carreteras no están limpias, se compromete al mismo tiempo la evacuación de la población y el acceso de los servicios de extinción.

La prevención social

Galicia tiene recursos económicos y tecnología puntera para hacer frente a los incendios, reconoce Elvira Santiago. El problema, dice, es otro: “Esos recursos no están organizados en función de las necesidades cotidianas de las comunidades locales”.

Las brigadas contratadas por la Xunta o por el ministerio tienen alta cualificación profesional, pero carecen del conocimiento del territorio; los efectivos municipales, en cambio, saben dónde están los puntos de agua, conocen la historia del territorio y entienden por qué determinadas zonas quedaron abandonadas, aunque su formación en extinción y prevención sea menor. “Quedan formas de articularlo mejor incorporando la experiencia de esas comunidades locales”, sostiene.

La prevención, insiste Santiago, tiene que ser también social. “¿Qué es más necesario ahora mismo en el rural gallego, una motobomba más, un helicóptero más de extinción, o una escuela, o un centro de salud?”. La respuesta que ella misma da es que sin servicios no hay proyectos de vida viables en el rural, y sin población no hay quien cuide el territorio.

Este periódico solicitó información a la Consellería de Medio Rural sobre el estado de las franjas de protección en las carreteras autonómicas de O Morrazo, los planes de actuación para el verano de 2026 y los mecanismos de coordinación con los ayuntamientos. La Consellería indicó que desarrolla un programa específico de limpieza y desbroce en los márgenes de la red viaria autonómica —de cerca de 5.500 km— a través de un contrato con Seaga dotado con 4 millones de euros.

Los trabajos incluyen el desbroce de vegetación y arbustos en la zona de dominio público, la tala y retirada de residuos, y el acondicionamiento de zonas verdes en sendas y glorietas. La Consellería citó también la plantación de 35.000 árboles autóctonos en los márgenes de la autovía en el marco de la Estrategia de Carreteras Verdes.

La respuesta institucional no abordó, sin embargo, el estado concreto de las franjas secundarias ni los mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para la ejecución subsidiaria. La mancomunidad reclama más recursos para una política forestal diferente, la actualización del régimen de propiedades en catastro y políticas serias y sostenidas de prevención. Piden, en definitiva, que cada institución asuma de verdad el trabajo que la ley le encarga. Porque el fuego, como recuerda Nogueira, “no entiende de fronteras administrativas ni de regímenes de propiedad”, y cuando llegue, no preguntará a quién correspondía desbrozar.