Galicia
Un municipio gallego se planta contra la planta de biogás que sobrevuela sus montes

Hace unos meses un hombre llamó a la puerta de Marisol, vecina de Soandres, en el municipio coruñés de A Laracha. Aquel hombre decía ser el propietario de una parcela cercana y traía noticias: iban a instalar allí una planta de biogás. Habló de sus bondades, mencionó puestos de trabajo. Marisol escuchó; y después se dirigió al ayuntamiento a preguntar.

“Efectivamente allí nos dijeron que había un proyecto, pero que en principio era con carácter prioritario y venía directamente desde la Xunta”, recuerda. La respuesta no fue todo lo concreta que ella esperaba, pero fue suficiente para que, junto con otros vecinos, organizasen una primera reunión con el fin de conformar la Plataforma Stop Biogás Laracha.

La empresa promotora, Bioenergía A Coruña S.L.U., presentó en 2024 ante la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta de Galicia la solicitud de Autorización Ambiental Integrada para un proyecto de planta de biometano en Soandres.

El proyecto contempla el tratamiento de 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos: purines de vacuno, lodos de conserveras, suero lácteo, residuos de matadero y lodos de depuradoras urbanas e industriales. El producto final será biometano, inyectado en la red de gas. La instalación ocupará más de 95.000 metros cuadrados de suelo rústico, funcionaría las 24 horas del día los 365 días del año y generaría, según las propias estimaciones del proyecto, unos 50.947 metros cúbicos anuales de aguas residuales industriales procedentes del digestato —el residuo líquido del proceso de fermentación anaeróbica— que serán vertidas al río Anllóns.

El río en el centro del debate

El Anllóns es el eje vertebrador de un paisaje de valles húmedos, prados y pequeñas aldeas que confluye en la ría de Corme y Laxe. La parcela elegida para la planta linda directamente con el río por su parte sur, algo que vecinos y organizaciones ecologistas señalan como un riesgo inaceptable.

La Asociación para la Defensa Ecológica de Galiza (Adega) presentó alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en las que identifica que el propio documento contiene una calificación urbanística del suelo errónea.

Según Adega, mientras el estudio del promotor recoge que la parcela tiene clasificación de suelo rústico de protección ordinaria, la documentación del propio proyecto permite comprobar que la parcela está afectada por la zona de policía del río Anllóns y por el entorno de protección del yacimiento arqueológico de la Mámoa da Chousa Grande. La clasificación correcta, según la organización ecologista, debería ser suelo rústico de protección de aguas o de protección del patrimonio, categoría que hace inviable la instalación.

Además, la organización denuncia que existe un arroyo permanente que desemboca en el Anllóns y que no aparece citado en ningún punto de la documentación presentada por el promotor. Esta omisión cobra especial relevancia teniendo en cuenta que las captaciones de agua potable para el abastecimiento de las poblaciones de Carballo y Ponteceso se sitúan aguas abajo de la instalación proyectada.

Las alegaciones de la asociación Salvemos Cabana inciden también en este punto. Cualquier fallo estructural, error humano, vertido accidental o episodio de lluvias torrenciales en un complejo industrial que maneja esas cantidades de residuos líquidos podría contaminar de forma irreversible un ecosistema fluvial.

Una cuestión de salud pública

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) admite la presencia de sulfuro de hidrógeno en los residuos que se tratarán en la planta en concentraciones muy por encima de los niveles de seguridad, pero, según Adega, no explica con rigor cómo puede reducir esa concentración hasta límites inocuos, en un entorno con viviendas a escasos metros de la parcela.

Las alegaciones apuntan además al riesgo de las denominadas “fugas de metano”, que investigaciones científicas recientes identifican como un problema estructural en las plantas de biogás europeas.

Dado que el metano tiene un potencial de calentamiento global muy superior al dióxido de carbono, estas fugas pueden anular gran parte de los beneficios climáticos que el sector argumenta como justificación para este tipo de proyectos.

La planta también contempla la emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco, partículas y otros compuestos que se consideran incompatibles con la proximidad a núcleos habitados. El más cercano, Vista Alegre, se encuentra a solo 305 metros de la instalación.

Un patrimonio en peligro

A pocos cientos de metros del emplazamiento previsto para la planta se encuentra la Mámoa da Chousa Grande, un yacimiento funerario megalítico ya catalogado. También están documentados en las proximidades el petroglifo de Couto Martíns, la mámoa de Santa Baia, el castro de Santa Baia y un conjunto de hórreos en Vilar de Fraga.

La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia exige que cualquier intervención en entornos de protección de bienes patrimoniales garantice la no alteración de sus valores. La instalación de una infraestructura industrial de más de 9.300 metros cuadrados, con excavaciones y movimientos de tierra, en un entorno con esta densidad patrimonial generó la alarma de asociaciones de defensa del patrimonio, además de ser uno de los argumentos centrales de las alegaciones presentadas.

Adega denuncia además que entre la documentación sometida a información pública no consta el informe de valoración arqueológica que fue requerido al promotor, lo que según la organización invalidaría técnicamente el proceso de evaluación ambiental.

La oposición al proyecto ha sido mayoritaria en el plano institucional. El ayuntamiento de Laracha, gobernado por el PP, manifestó públicamente que no considera adecuada la ubicación y ha presentado alegaciones. Los municipios limítrofes de Carballo, Ponteceso, Arteixo, Coristanco, Malpica, Cabana de Bergantiños y Laxe celebraron plenos en los que todos, por unanimidad o amplia mayoría, rechazaron la localización de la planta.

La Diputación Provincial de A Coruña ha aprobado una declaración en contra del proyecto, instando a la Xunta a no declararlo de interés estratégico mientras persistan las dudas sobre su impacto territorial.

El pasado 10 de mayo cerca de tres mil personas, convocadas por la Plataforma Stop Biogás Laracha, recorrieron las calles de la localidad. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “El agua del Anllóns no se compra con millones” o “El rural no es un polígono industrial”.

Dos semanas después, con el plazo de información pública ya cerrado, la plataforma registró ante la Xunta de Galicia una alegación colectiva firmada por cerca de 7.000 personas, elaborada con el asesoramiento de abogados, biólogos, arqueólogos e ingenieros que analizaron el proyecto al detalle.

La Xunta, por su parte, defendió la tramitación ordinaria del expediente, argumentando que el proceso de evaluación ambiental debe completarse antes de emitir cualquier juicio sobre la viabilidad del proyecto.