Galicia
Presiones, chantajes y favores: así recuperó el PP la alcaldía de Ribeira con la complicidad de la Xunta

Durante casi cuatro décadas, Ribeira fue uno de los bastiones más sólidos del Partido Popular en Galicia. Desde 1987, la formación gobernó sin interrupciones esta localidad de casi 27.000 habitantes de la ría de Arousa. Sin embargo, las elecciones municipales de 2023 rompieron esa tradición: el nacionalista Luís Pérez Barral (BNG) logró arrebatarle la alcaldía a la derecha con el apoyo del PSOE y del Partido Barbanza Independiente (PBBI), una escisión del PP encabezada por Vicente Mariño de Bricio.

Pero a finales de septiembre de 2025, el PP presentó una moción de censura junto a cuatro ediles del PBBI para recuperar la alcaldía. La moción fue el resultado de meses de agitación política, negociaciones ocultas y tensiones internas.

Dos concejales del PBBI —Tania Redondo y Juan Luis Furones— denunciaron presiones y coacciones para sumarse a la operación. Tan solo diez días después de la presentación de la moción de censura, Tania Redondo comparecía ante la prensa para renunciar a su acta de concejala y pasar al grupo de no adscritos. Redondo aseguraba que la moción fue “fruto de meses de negociaciones” y temía represalias personales, incluso contra el negocio familiar, si no apoyaba la moción: “si hay que cerrar Baldomero, se cierra”, concluía. Por su parte, Furones, que desde el primer momento se negó a avalar el cambio de gobierno, admitió ante medios locales que “hubo presiones, igual que después de las elecciones de 2023”.

El resultado de las maniobras fue claro: el 13 de octubre, Mariola Sampedro, sucesora de Manuel Ruiz —exalcalde de Ribeira y actual senador del PP—, se convirtió en la nueva regidora gracias a los votos del PP y de tres concejales del PBBI: Vicente Mariño de Bricio, Herminia Pouso y Fernando Abraldes.

En el pleno de la moción de censura, el propio Luís Pérez denunció la existencia de “ofertas económicas encima de la mesa para impedir un acuerdo de investidura con el Bloque Nacionalista Galego” tras las municipales de 2023. En su intervención, Pérez Barral recordó que Fernando Abraldes y Vicente Mariño se jactaban de tener audios de Diego Calvo —actual consejero de Presidencia— ofreciendo dinero y prebendas para romper con el acuerdo de gobierno.

El exalcalde describió además cómo el PP y parte del PBBI comenzaron a maniobrar después de conocer una encuesta que situaba al BNG en clara alza electoral. Según Pérez Barral, Mariola Sampedro, entonces trabajadora de la Consejería del Mar, contó con la colaboración del propio departamento autonómico —del que depende Puertos de Galicia— para provocar un conflicto artificial alrededor de las fiestas patronales. “La señora Sampedro le pidió a Puertos que, después de 40 años con Ribeira haciendo las fiestas en el mismo sitio, le impidiese su realización”. Para Pérez Barral, aquella maniobra no tenía otro objetivo que crear una excusa mediática que justificase la moción de censura y el retorno del PP al poder.

Este medio ha contactado con la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, y con el portavoz del PBBI, Vicente Mariño de Bricio, para solicitar declaraciones sobre las supuestas presiones denunciadas por miembros de su grupo, así como para conocer su versión sobre los motivos que llevaron a la presentación de la moción de censura. Ninguno de ellos ha respondido a las cuestiones formuladas hasta la fecha de publicación de este artículo.

El fundador del PBBI, Vicente Mariño, ya había formado parte de las listas del Partido Popular en anteriores elecciones locales, mientras que Herminia Pouso fue diputada del PP durante el mandato de Feijóo. En la primavera de 2023, el líder del PBBI sostenía que cualquier apoyo a Ruiz y a su equipo “sería una traición a nuestro discurso y votantes". Dos años después, esa afirmación se volvió en su contra: el PBBI acabaría siendo el socio que devolvería al PP la alcaldía mediante una moción de censura.

La residencia de mayores

Cinco días después de que Mariola Sampedro recuperase la alcaldía para el PP, la Xunta de Galicia anunció el desbloqueo del proyecto de la residencia de mayores de Ribeira, paralizado durante meses por la Consejería de Política Social.

“Una vez estuvimos en el gobierno, agilizamos todos los permisos que eran necesarios. Solo quedaba pendiente el informe de Aguas de Galicia, y fue ahí cuando se paralizó todo”, relata Pérez Barral. En mayo de 2025, la consejera de Política Social, Fabiola García —antigua concejala del PP de Ribeira—, anunció ante la prensa que había solicitado al Ayuntamiento una nueva ubicación para la residencia, argumentando que, tras la DANA, el Ministerio para la Transición Ecológica preveía revisar las condiciones de construcción en zonas con riesgo de inundación.

Esa revisión, sin embargo, se limitaba a una consulta pública previa abierta por el Ministerio, pero no establecía ninguna modificación concreta de la normativa vigente. El Ayuntamiento recibió una carta oficial de la consejera instando a buscar otro emplazamiento. “Respondimos solicitando una reunión entre los equipos técnicos de la Consejería y del Ayuntamiento para conocer cuáles eran los impedimentos legales reales, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirma Barral.

El ahora exalcalde sostiene que la decisión de paralizar el proyecto no se basó en razones técnicas, sino políticas. “Cuando comenzaron las negociaciones con Vicente Mariño para la moción de censura, también comenzaron los mensajes y contactos. Me dijeron cosas como: Si quieres que los asuntos de la Xunta avancen, ya sabes lo que tienes que hacer”.

La residencia permaneció bloqueada hasta que el PP recuperó el poder municipal. Según Furones, “la residencia se mencionó como un riesgo político”. Para él, el Partido Popular “crea problemas de modo artificial para después presentarse como salvadores: con la falta de profesorado, con la sanidad, con la residencia e incluso con la ayuda en el hogar".

El regreso del PP también vino acompañado de un reajuste en las retribuciones municipales. En el último pleno, el gobierno aprobó un nuevo cuadro de dedicaciones, entre las que destaca la del concejal Abraldes —uno de los firmantes de la moción—, que percibirá 18.112 euros brutos anuales por una dedicación parcial como responsable de Mar, Promoción del Litoral y Festejos. El nombramiento causó malestar en la oposición: Abraldes no tenía dedicación retribuida en el anterior mandato y, además, las áreas que ahora encabeza —Mar y Promoción del Litoral— son competencias autonómicas, no municipales.