Galicia
Las primeras lluvias tras los incendios dejan sin agua potable a miles de personas en Ourense

En Xagoaza, una aldea del Barco de Valdeorras —provincia de Ourense—, Antonio observa impotente cómo el lodo marrón desciende por la ladera del monte hacia el Sil: “Se parece a la catástrofe del volcán de La Palma. Da miedo”. La pendiente del monte, de casi un 28%, acelera el desastre. En Veigamuíños, otra parroquia del mismo municipio, llevan casi 20 días sin agua, con problemas de cortes en el suministro debido al colapso de las captaciones.

Las primeras lluvias de octubre hicieron visible lo que los alcaldes de la comarca de Valdeorras llevaban semanas advirtiendo: las laderas calcinadas por los incendios del verano arrastran toneladas de ceniza y suelo quemado hacia las fuentes, manantiales y ríos. El resultado es un sistema de abastecimiento colapsado y poblaciones enteras sin agua potable.

En O Barco, el Consorcio de Aguas ha instalado dos fuentes portátiles; en Vilamartín, el ayuntamiento reparte palés de agua con voluntarios de protección civil. En A Rúa, la alcaldesa María Albert describe una situación límite: “Tenemos un fontanero en el Ayuntamiento que está trabajando 18 horas al día, intentando evitar que el grueso de las cenizas que bajan no entre en la red de abastecimiento”.

En A Rúa ardió todo el monte en el término municipal; con las captaciones en superficie y completamente expuestas, basta con un poco de lluvia para que colapsen debido a la pronunciada pendiente del terreno. El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón municipal para que los vecinos puedan ducharse, pero temen que esa red también termine colapsando a lo largo del otoño.

Los municipios de la comarca de Valdeorras coinciden en señalar una dejación de funciones por parte de la Xunta de Galicia. “El trabajo de contención de las laderas afectadas tenía que haber comenzado al día siguiente de terminar el control del incendio”, denuncian desde el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras. Enrique Álvarez, alcalde de Vilamartín de Valdeorras, es contundente sobre la respuesta institucional: “La Xunta envía voluntarios los fines de semana, pero los problemas que hay ahora mismo en los municipios de la comarca son muy serios, como para querer solucionarlos con voluntarios”.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil trabaja con brigadas en la construcción de fajinas y albarradas, pero los alcaldes coinciden en que las actuaciones son insuficientes. “Ese tipo de trabajos dan resultado cuando llueve despacio, pero cuando llueve de manera brusca no es suficiente”, explica Álvarez. La alcaldesa de A Rúa insiste en que la responsabilidad de la gestión del territorio y la gestión de los montes es de la Xunta de Galicia. “No tienen que esperar a que los ayuntamientos les pidan, tienen que actuar como el gobierno gallego que son”.

La Consellería de Medio Ambiente, consultada por este medio, alega que en la zona de Valdeorras quien tiene las competencias de gestión del dominio público hidráulico es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; y no Augas de Galicia. La Xunta subraya que la zona de policía de los organismos hidráulicos comprende una franja lateral de 100 metros de anchura a cada lado del cauce.

Sin embargo, Aurentino Alonso, alcalde de O Barco de Valdeorras, rebate este argumento: “La Confederación tiene una zona de actuación que son los cien metros perimetrales, pero monte arriba hay mucho territorio en el que a nosotros no nos consta que se esté llevando algún tipo de acción”. Los alcaldes de la comarca insisten en que se tenía que haber actuado en las captaciones al final de los incendios. “Los Ayuntamientos no tenemos capacidad para hacer grandes obras de protección o de garantizar el suministro de agua a nuestros vecinos”, añade Alonso.

La Confederación Hidrográfica del Duero, que gestiona parte de la zona afectada, asegura estar actuando en la zona de Oímbra realizando albarradas, fajinas y tratamientos selvícolas sobre la vegetación de ribera. En cuanto a la calidad del agua, la Confederación ha reconocido a este medio que en los muestreos realizados “se detectó la presencia de algún contaminante de la categoría de los hidrocarburos aromáticos policíclicos”, pero alega no tener la competencia en el control de la calidad del agua de consumo.

“Estamos trabajando como pollos sin cabeza”, lamenta el alcalde de Vilamartín. “Esto era previsible desde el minuto uno de los incendios del verano”. Los alcaldes denuncian la falta de coordinación entre las administraciones y afirman la necesidad urgente de una reunión conjunta entre Diputación, Aguas de Galicia, Xunta, Medio Rural, Confederaciones y ayuntamientos.

Ante la inacción administrativa, ADEGA y cinco ayuntamientos de Valdeorras han coordinado una acción simultánea para la restauración ambiental de las zonas quemadas. El voluntariado llevó a cabo tareas de mulching, esparciendo más de 25.000 kilos de paja para proteger el terreno; e instaló trampas de sedimentos para retener el suelo e impedir el arrastre de cenizas hacia los cursos fluviales y las captaciones de agua.

El impacto en las aguas subterráneas

Más allá de la contaminación visible de ríos y captaciones superficiales, existe un impacto menos evidente pero potencialmente más grave: la afectación de las aguas subterráneas. Greenpeace ya alertó de que las lluvias de otoño arrastran cenizas, metales y contaminantes hacia los ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo el suministro de agua potable.

Según datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea se han visto afectadas por incendios en las últimas dos décadas, con un coste ambiental y económico superior a los 43 millones de euros. Las demarcaciones del Miño-Sil, Duero y Galicia Costa son las más vulnerables.

Según un estudio del CSIC sobre incendios forestales, los incendios modifican las propiedades físicas y químicas del suelo. La investigación advierte que la destrucción de la vegetación reduce la capacidad del sistema para interceptar y retener la lluvia; lo que conlleva una mayor pérdida de agua por escorrentía superficial y una reducción de la recarga de aguas subterráneas.

La Xunta de Galicia anunció el 1 de septiembre que había completado “las primeras actuaciones para evitar que las cenizas lleguen a los ríos” en la demarcación de Galicia-Costa (la única de competencia autonómica). Sin embargo, estas actuaciones se limitaron a municipios de la costa como Ponteceso, Lousame, Meaño, Agolada y Vilaboa, dejando fuera precisamente las zonas más afectadas de Ourense, que pertenecen a las demarcaciones del Miño-Sil y Duero, de competencia estatal.

Mientras tanto, en Valdeorras, el agua sigue bajando negra; y las administraciones siguen discutiendo sobre de quién son las competencias, en una guerra burocrática que deja a miles de vecinos sin agua potable. “Va a ser un invierno muy complicado”, advierte María Albert. Con las primeras lluvias del 22 de octubre ya colapsaron la mitad de las captaciones en A Rúa, “y fue una hora de lluvia escasa”. Aurentino Alonso coincide: “Tenemos la sensación que teníamos con los incendios del verano, una descoordinación total. Llevamos pidiendo una reunión con las administraciones desde el primer día”.