Galicia
La privatización de los faros gallegos: concesiones y fondos públicos para empresarios vinculados al PP

Los faros que durante siglos guiaron a los marineros en noches de temporal se transforman ahora en hoteles boutique donde pasar una noche puede costar hasta 300 euros. Lo que el Ministerio de Transportes presenta como una iniciativa para “preservar el patrimonio marítimo” derivó en una cesión del litoral público a manos privadas, concretamente, cercanas al PP o incluso candidatos.

El proyecto Faros de España, impulsado en 2013 por el Ministerio de Fomento bajo la dirección de Ana Pastor (PP), nació oficialmente para potenciar el desarrollo sostenible de los faros mediante servicios de calidad desarrollados por iniciativa privada. El programa, impulsado por Puertos del Estado y por las diferentes Autoridades Portuarias, abrió la puerta a que empresas privadas presentasen propuestas para convertir en hoteles las torres de señalización marítima y estructuras anexas de propiedad pública que ya no tienen uso.

Actualmente Galicia concentra cuatro faros reconvertidos en alojamientos turísticos de lujo: el Faro de Cabo Silleiro, el Faro de Isla Pancha, el Semáforo de Finisterre y el Faro de Punta Insua en Lariño. Todos comparten un patrón común: concesiones a largo plazo para promotores privados vinculados con el Partido Popular y sustanciales inyecciones de fondos públicos.

El primer faro hotelero y sus irregularidades

El Faro de Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), se convirtió en 2015 en el primer faro español autorizado para uso hotelero. El Consejo de Ministros, presidido por Mariano Rajoy, aprobó la conversión del antiguo faro, construido en 1857, en alojamiento turístico con dos habitaciones a 300 euros la noche. La concesión fue otorgada a Eirobra A Mariña SL, empresa del exdirigente del PP local José Luis López-Braña.

Esta compañía obtuvo el derecho de explotación durante veinte años y, recientemente, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobó una prórroga hasta el año 2030. Desde la plataforma vecinal Polo Noso Faro denuncian que la concesión inicial se tramitó “de forma directa y sin concurso público”, lo que, a su juicio, vulnera los principios de transparencia e igualdad de acceso a los bienes públicos.

Además, recuerdan que Isla Pancha forma parte de una Zona de Especial Conservación (ZEC) integrada en la Red Natura 2000, por lo que cualquier actividad debería estar sujeta a una evaluación de impacto ambiental. Ese informe, sin embargo, nunca llegó a realizarse. El propio Defensor del Pueblo lo confirmó tras varias quejas presentadas por vecinos e instó a la Administración a revisar el procedimiento. La Autoridad Portuaria se comprometió entonces a completar la evaluación ambiental pendiente, pero según denuncian desde la plataforma vecinal, no lo hizo hasta el momento.

Ahora, Ecologistas en Acción ha dado un paso más y ha solicitado formalmente a Puertos del Estado y a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia que recurran la prórroga de la concesión, al entender que se trata de un acto administrativo irregular que perpetúa una explotación turística en un espacio protegido sin cumplir con la legislación ambiental. La organización reclama que se suspenda la actividad mientras no se realicen los estudios y trámites exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea.

Negocios privados con dinero público

La antigua estación de vigilancia del faro de Finisterre, construida en 1853, fue reconvertida en el hotel boutique O Semáforo de Fisterra, un establecimiento de cinco habitaciones con precios por noche que van desde los 180 euros hasta los 290 euros. La reforma, realizada en 2016 con un coste total de 605.029,38 euros, contó con una ayuda pública de 200.000 euros procedente de los fondos GALP de la Xunta. El proyecto, promovido por NCC Galicia SL, tuvo como objetivo la puesta en valor de las instalaciones prestando servicios de alojamiento, restaurante, taberna marinera, espacio de tienda y mini centro de interpretación.

El Faro de Punta Insua recibió autorización del Consejo de Ministros en junio de 2020 para su uso hotelero. El actual Hotel Faro de Lariño cuenta con diez habitaciones dobles con un precio por noche que parte de los 275 euros. El proyecto —promovido por Turismo de Faros SL— tuvo un coste total de 501.000 euros, de los cuales 200.000 euros corresponden a una ayuda pública procedente de los mencionados fondos GALP.

Ambas empresas —Turismo de Faros SL y NCC Galicia SL— son propiedad de Jesús Picallo, candidato del PP a la alcaldía de Cee en las elecciones municipales de 2023 y actual vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia.

El Hotel de Faro Silleiro, en Baiona (Pontevedra), fue inaugurado oficialmente en abril de este año tras recibir 578.000 euros por parte de la Xunta, procedentes de fondos Next Generation. La Autoridad Portuaria de Vigo adjudicó a la firma Lighthouse Baiona la concesión administrativa para su explotación hotelera por 35 años. El establecimiento tiene 17 habitaciones, con precios que oscilan entre 200 y 300 euros por noche.

El socio fundador de Lighthouse Baiona, Pati Blanco, tiene una vinculación histórica con el PP. Según describe en su web, en 1989 se integró en el equipo de comunicación de las elecciones autonómicas de la candidatura de Manuel Fraga; y posteriormente fue jefe de gabinete de la Secretaría General para el Deporte del gobierno gallego.

La privatización de los faros gallegos evidencia la tensión entre el derecho al patrimonio público y la apuesta institucional por un modelo de turismo de lujo. Mientras el Gobierno y las Autoridades Portuarias defienden estas concesiones como una fórmula para “preservar y dinamizar” unos espacios históricos en desuso, cada vez más voces alertan de la elitización del litoral gallego; y de su conversión en un escaparate exclusivo, con acceso restringido y gestión opaca.

En el fondo late una cuestión esencial: bienes públicos construidos y mantenidos durante décadas con fondos de toda la ciudadanía están siendo cedidos a largo plazo a empresas privadas, que además reciben cuantiosas subvenciones públicas para acondicionarlos como negocios de lujo.