Galicia
El Supremo confirma el fraude masivo de contratación en el sector cárnico gallego

La figura de falsos autónomos masivos no es exclusiva ni de las plataformas de reparto ni de otros sectores digitalizados. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que Servicarne es una falsa cooperativa y que su objetivo era proporcionar empleados a otras empresas. La sentencia para la unificación de doctrina del alto tribunal especifica que los socios de esta falsa cooperativa eran trabajadores con relación laboral de Novafrigsa, del Grupo Coren. Se trata, según el texto de una falsa cooperativa “destinada exclusivamente a intermediación de mano de obra“, a Novafrigsa y a empresas como Sada o Cogal. 

Este dictamen confirma la denuncia del sindicato CIG y de la Seguridad Social que apuntaban al fraude masivo de contratación. En concreto, en 2020 un juez de Lugo -provincia donde se sitúa el centro de procesado vacuno de Novafrigsa- ya declaró la existencia de relación laboral entre Novafrigsa y los más de 300 socios de Servicarne que trabajaban para la empresa entre 2013 y 2017. Un año antes de esta resolución, en 2019, la propia Inspección de Trabajo descalificó a Servicarne como una cooperativa de trabajo asociado.

Novafrigsa se vio obligada a contratar a 300 trabajadores y a pagar las cuotas de la Seguridad Social de cuatro años que ascendían a 4'7 millones de euros

Novafrigsa forma parte del grupo Coren, una de las más importantes cooperativas agroalimentarias de España, que agrupando a cooperativas de primer nivel en 22 industrias, todas ellas en Galicia, para la producción de porcino, vacuno y, principalmente, pollo. A raíz de la Inspección de Trabajo que detectó a los falsos autónomos, Coren y otras empresa que operaban de este modo, como Frigolouro o el Grupo Sada, se vieron obligados a dar de alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social en noviembre de 2017 a los trabajadores. En el caso de Novafrigsa, más de 300 personas. 

Con la actual sentencia del Supremo se reafirma el dictamen, al estimar los recursos de casación, y reconociendo la relación laboral al no tener la falsa cooperativa ni infraestructura ni materiales para prestar los servicios más allá de ceder trabajadores. “Servicarne es una cooperativa de trabajo asociado ficticia y puramente aparente”, dice la sentencia. Novafrigsa, dice la sentencia, proveía a los trabajadores de Servicarne de todo lo necesario para realizar su labor, de la misma manera que hacía con sus propios trabajadores en plantilla. 

La CIG califica de “explotación” la situación de falsos cooperativistas

Desde el sindicato CIG se ha felicitado de que “este fraude ya había sido reconocido en diversas sentencias” y espera que los recursos restantes interpuestos “se resuelvan en cadena y que estos trabajadores puedan ver finalmente reconocidos todos sus derechos”. Además, califica de “explotación” esta situación de falsos cooperativistas y recuerda que esta sentencia también obliga a la empresa a pagar las cuotas de la Seguridad Social entre 2013 y 2017, lo que podría elevarse a 4,7 millones de euros. Aún así, muchos de los trabajadores no pudieron conservar su antigüedad y muchos fueron rechazados en supuesto procesos de selección, según la central sindical. 

Desde 2016, este sindicato ha realizado una campaña para visibilizar los atropellos laborales en la industria cárnica. No solo se trata de falsos autónomos, si no que denuncian también “cotizaciones a la base mínima en el RETA, a turnos sin hora de salida definida, cobrando por kg/hora producido, sin derecho a descanso ni vacaciones pagadas, sin cobrar horas extras y el pago de la cuota mensual en la falsa cooperativa”. 

La decisión del Ministerio de Trabajo de inhabilitar a Servicarne en 2019 demuestra “el uso de la cooperativa como fórmula para contratar falsos autónomos constituía un fraude”

Respecto a la decisión del Ministerio de Trabajo de inhabilitar a Servicarne en 2019 “demostrando que el uso de la cooperativa como fórmula para contratar falsos autónomos constituía un fraude y una estafa, y que las personas integradas en Servicarne vieron limitados sus derechos laborales individuales, con condiciones laborales y protección social inferiores a las de otras empresas del sector”.