Galicia
El Superior de Galicia aparta al juez Villares de la sala que juzga los eólicos tras ser señalado por la patronal y la Xunta

Tras años de señalamientos de supuesta parcialidad por parte del Gobierno gallego y de altos cargos del PP en Galicia, hoy la Xunta está de celebración: los magistrados Luís Villares y Dolores López han sido trasladados a la fuerza de sus puestos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, María Azucena Recio, apenas una semana después de llegar al cargo. 

La Sección Tercera de la Sala, encargada de juzgar litigios en torno a varios contratos de la Xunta de Galicia como la causa del IBI del Hospital Álvaro Cunqueiro o las tramitaciones ambientales de polígonos eólicos en los montes gallegos, se queda, con esta maniobra, sin sus principales contrapuntos a la legislación de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno gallego.

El PP ha ido atizando a Villares en todas y cada una de sus resoluciones judiciales contrarias a sus intereses. Con cada paralización cautelar de un parque eólico, la justificación, para el Gobierno gallego, siempre fue política y nunca jurídica, señalando su militancia y portavocía durante los años dulces de la izquierda federal con En Marea.

La reorganización de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desatado una fuerte polémica tras una serie de decisiones adoptadas por la nueva presidencia apenas días después de asumir el cargo el pasado 6 de marzo de 2026.

Según un comunicado difundido por la Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, una de las primeras medidas de la nueva presidenta fue el “desmantelamiento de la actual Sección 3ª”, encargada de asuntos clave como las autorizaciones de parques eólicos y grandes contratos públicos.

El colectivo judicial cuestiona la base de estas decisiones, señalando que “no consta que la Sala de gobierno del TSJ de Galicia haya aprobado hasta el día de hoy criterios como los aducidos”. Además, critican que los acuerdos se justifiquen en motivos genéricos como “un crecimiento profesional y una oportunidad en la carrera profesional” o “necesidades organizativas”.

La reorganización implica el traslado forzoso de dos de los cuatro magistrados de la Sección 3ª, una medida calificada de inusual: “Queremos llamar la atención de lo inusual de un traslado forzoso de tanta envergadura como el producido y las formas con las que se realiza”. También denuncian que se adoptó “sin audiencia previa ni consultas informales”.

El comunicado advierte de posibles consecuencias en el funcionamiento del tribunal, ya que los nuevos magistrados “no tienen experiencia previa en esta Sala en las concretas materias que les son encomendadas”, lo que podría generar “una evidente disfuncionalidad”.

En un contexto de presión pública sobre esta sección por sus resoluciones, especialmente en materia eólica, el colectivo considera que la situación puede afectar a la confianza ciudadana: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”.

Asimismo, alertan del impacto en la independencia judicial: “La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas” y el traslado “puede poner en riesgo la garantía de inamovilidad judicial”.

Finalmente, la asociación expresa su inquietud y pide prudencia institucional: “Queremos mostrar nuestra preocupación por el riesgo de afectación a las garantías constitucionales de inamovilidad e independencia”, al tiempo que trasladan “nuestro apoyo a los magistrados/as” de la sección afectada.