Ganadería
Una directiva del sector porcino es nombrada directora general de Producción Agrícola y Ganadera en la GVA

Leticia Sanchiz Becquet ha sido nombrada por Vox —a través de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca— como nueva directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana (GVA). El nombramiento no ha tardado en implicar reacciones: la ONG ecologista Amigos de la Tierra denuncia el “claro conflictos de intereses” de este nombramiento, pues Sanchiz Becquet todavía ostenta cargos en varias empresas del grupo empresarial Sanchiz —perteneciente al sector porcino—; por otra parte, Compromís declaró como “inaceptable” que el cargo fuera asumido por una empresaria cuya macrogranja ha sido sancionada por vertidos de purines.  

La ONG ecologista especifica que la nueva directora general tiene cargos en 39 empresas, seis de ellas del sector porcino en València y diez en Castilla La Mancha. Para el colectivo, “el nombramiento de este nuevo cargo público puede traer nuevas irregularidades y facilidades en la expansión de la ganadería industrial dentro y fuera” del País Valencià. De En este sentido, aseguran, “son ya múltiples las irregularidades cometidas hasta el día de hoy por el grupo empresarial Sanchiz”, citando como ejemplo la instalación de una planta de biogás en la macrogranja ubicada en el municipio de Balsa de Ves (Albacete) y las quejas de olores y malas prácticas de la planta Pechechín en Chinchilla (Albacete), donde los vecinos, expresan en su comunicado, han denunciado vertidos ilegales y falta de datos públicos.

Caso aparte es la cuestión relativa a la macroexplotación porcina de Ayora (València), donde también trabaja el nuevo cargo a través de la promotora División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas SL, sobre la que este medio ya se hizo eco de la denuncia de una ampliación “llena de irregularidades” ya que la empresa promotora “recibió una subvención de 230.000 euros incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada” y la explotación funcionó de forma ilegal hasta ser finalmente legalizada en 2022 según aparece en el Boletín Oficinal de la Generalitat Valencia.

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Desde la asociación insisten en categorizar como “inadmisible” el nombramiento “a una persona con cargos en un grupo de empresas del sector porcino, a través de las cuales, además, ha hecho del lavado verde su bandera, con afirmaciones como la de ser 'el paradigma de la sostenibilidad, de la economía circular, de la lucha contra el cambio climática' mientras oculta los graves impactos de la ganadería industrial, su contribución a la crisis climática y las prácticas irregulares en las empresas del grupo Sanchiz”. La ONG apoya esta afirmación en datos: se estima que el grupo empresarial gestiona unos 322.000 cerdos, lo que supone una cantidad de 692.000 m³ de purines, 2.299 toneladas de nitrógeno que van a parar a los campos y a los acuíferos de las zonas de ubicación, con una producción de 2.930 toneladas de metano, lo que a su vez implica la contaminación de acuíferos y tierras de cultivo de la zona, exponen. 

Al tiempo que no existe constancia de la renuncia de sus cargos privados, la organización ecologista señala no obstante que, en caso de suceder esta renuncia, el nombramiento de Leticia Sanchiz Becquet seguiría sin ser “ético” ya que “es hija y propietaria de un conglomerado empresarial directamente relacionado con el área que se va a gestionar”, motivo por el cual pide la dimisión del cargo y reclama “una moratoria a la ganadería industrial y un firme a poyo a la ganadería extensiva, una ganadería de proximidad, justa social y ambientalmente”.