Gas fósil
Absueltos los once activistas de Greenpeace que bloquearon un buque metanero en el puerto de Sagunto
Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @pablorcebo.bsky.social, pablo.rivas@elsaltodiario.com
“Hoy toca celebrar y agradecer, pero seguimos vigilantes: el derecho a la protesta sigue amenazado”. Esa ha sido la primera reacción desde Greenpeace a la sentencia que absuelve a once activistas de esta organización por el bloqueo de un buque metanero en el puerto de Sagunto en 2021.
La jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Primera Instancia de València ha echado por tierra la petición de cinco años de cárcel para cada uno de los activistas que solicitaba la Fiscalía por un delito de desórdenes públicos. Se trata de la mayor pena jamás exigida contra activistas medioambientales en Europa.
La magistrada sostiene que “los hechos declarados probados no permiten apreciar la concurrencia de los elementos que integran el delito de desórdenes públicos objeto de acusación, singularmente la existencia de actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal”.
La titular prosigue señalando que los hechos revelarían “a lo sumo” una conducta “subsumible en un eventual delito de desobediencia grave”, pero esa figura delictiva “no ha sido objeto de imputación ni acusación formal”. La sentencia puede ser recurrida en apelación.
Una protesta ciudadana para frenar el papel del gas fósil
Los hechos jugados el pasado 23 de septiembre se remontan al 26 de octubre de 2021. En el contexto de un Consejo Europeo de Energía extraordinario que se celebraba en Luxemburgo, y en plena escalada de los precios de la energía, un grupo de activistas realizó una acción de protesta en las aguas del Puerto de Sagunto.
El Esperanza, la embarcación más grande de la organización, se ancló frente a la regasificadora valenciana instalada con el fin de impedir la entrada del metanero Merchant, buque proveniente de Estados Unidos y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas fósil licuado obtenido mediante fracking, una técnica prohibida en España.
El objetivo de Greenpeace era reclamar al Consejo Europeo que abordase la dependencia del gas frente a la escalada de precios. También exigían a Enagás, operadora de la red de gas de todo el Estado español, un plan de abandono progresivo de esta energía. Hay que recordar que este combustible está principalmente formado por metano, un gas con una potencia de efecto invernadero entre 28 y 36 veces superior al CO2 a cien años vista.
“Esta sentencia es la victoria de 11 personas valientes que han soportado cinco años de injusta incertidumbre por ponerse en pie pacíficamente ante los combustibles fósiles que nos están literalmente matando”, señalan desde Greenpeace. La organización, apunta además que se trata de “una victoria colectiva que frena la criminalización del activismo y refuerza el derecho a la protesta en un momento crítico para la democracia”.
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