Gentrificación
Un estrella Michelín y una multinacional pesquera tras una discoteca que trabajó sin licencia durante un año

El Gobierno de Vigo ha frenado la sala de fiestas del Palacio de la Oliva, en la zona más gentrificada de la ciudad. El negocio pertenece a la pesquera Interatlantic, líder del sector, y a una sociedad del reputado cocinero gallego Pepe Solla.
Pazo Oliva
El restaurante Palacio de la Oliva, en el casco viejo de Vigo. Foto de Pazo Oliva

A pesar de ser un restaurante con una discoteca, a su inauguración acudieron representantes institucionales de la política gallega y nombres habituales en el entramado hostelero de las Rías Baixas. La prensa regional llevaba meses publicando reportajes en teoría no pagados, infografías con alzamientos 3D renderizados con paletas de colores cálidas y titulares sobre “grandes inversiones” y “generación de empleo”. Habían creado expectación, pero desde luego no por su originalidad. El que otrora fuera un pazo del siglo XVII del Marquesado de Valladares, en pleno casco histórico de la ciudad de Vigo, se había convertido en el enésimo local de hostelería y restauración: el Palacio de la Oliva. Un barrio cada vez más hostil para la población local y lugar simbólico de la gentrificación del sur de Galicia había entrado en el punto de mira de la multinacional pesquera Interatlantic y del cocinero galardonado con una estrella Michelín, Pepe Solla. A punto de cumplir un año de actividad, el Ayuntamiento de Vigo ha ordenado cesar su actividad “por no ajustarse a la autorización que tenía concedida, de uso sociocultural y recreativo”. Es decir, durante 11 meses, una discoteca en una de las zonas más concurridas por el ocio nocturno en Galicia operó sin la licencia necesaria que debía haber expedido el Ayuntamiento.

La información la adelantó el diario Faro de Vigo el pasado domingo y esta redacción ha podido corroborarla a pesar de los intentos del Ayuntamiento de entorpecer el derecho a su acceso, una dinámica habitual y contraria al derecho a la información que ha denunciado en varias ocasiones el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. A pesar de todo y con la tragedia acontecida en una discoteca en la Región de Murcia todavía fresca en el imaginario social, la Administración local ha ordenado su cese inmediato. Fuentes de la unión temporal de empresas formada por la multinacional pesquera y la sociedad de Solla, mostrándose incrédulas ante algo que no esperaban, han preferido no contestar a ninguna de las preguntas de este diario, al igual que el Ayuntamiento.

Esa misma sala que ha sido clausurada, acogió una ornamentada inauguración a la que acudieron representantes del Ayuntamiento, Zona Franca y la patronal de mayoristas de pesca

La situación ha generado una alarma en los despachos de las instituciones locales. Las contradicciones son manifiestas. Esa misma sala que, por ahora, ha sido clausurada, acogió una ornamentada inauguración a la que acudieron el entonces delegado de Zona Franca y hoy diputado del PSOE en el Congreso, David Regades, el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar, la patronal del comercio pesquero), Eloy García y, micrófono en mano, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero: “El primer error que se cometió hace algunos años fue abandonar el Casco Vello, la arquitectura lanzaba llamadas de auxilio. Y hoy, Luis Cabaleiro, estamos delante de una recuperación histórica en Vigo que se hizo en excelencia”, decía entonces. Cabaleiro es el presidente de la multinacional Interatlantic.

Un tesoro patrimonial en un barrio gentrificado

El pazo perteneció históricamente al marquesado de Valladares, probablemente la familia aristócrata más vinculada a la ciudad de Vigo desde finales del siglo XVIII. De hecho, fue el rey Carlos II, el último monarca de la dinastía de los Austrias españoles, quien designó a Luis Sarmiento de Valladares como el primer marqués, dando inicio a un marquesado con sede en la ciudad más grande de Galicia. Pero el pazo acabaría en manos de La Caixa, tras el declive a un estado de máxima ruina al abrigo de los años más duros de la crisis financiera comenzada en 2008.

En una de las ciudades gallegas más asfixiadas por el turismo junto a Santiago de Compostela y A Coruña, este tipo de “recuperaciones históricas” no hacen otra cosa que encarecer alquileres e ir dispersando servicios básicos como supermercados, farmacias, fruterías o colegios. De hecho, en un repaso histórico al barrio viejo de la ciudad, el encarecimiento de los alquileres, al igual que en el resto del Estado, ha sido una herramienta eficaz de administraciones, promotoras y fondos de inversión para expulsar a las familias locales con pocos recursos que viven, además, una situación inflacionaria sin precedentes.

“Nosotros hemos venido observando con mucha preocupación, ascendiendo la problemática exponencialmente cada verano, la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Creemos que habría que inspeccionar esas licencias [turísticas] y asegurar un número razonable de estas opciones para que no se produzca un turismo que pueda llegar a dañar el barrio”, explicaba a este diario hace unos meses Carla Leiras, asesora jurídica y parte del núcleo duro de Os Ninguéns, uno de los colectivos sociales de referencia en Galicia en materia de vivienda y de exclusión social de personas empobrecidas.

Reacciones desde la política

Una de las pocas figuras políticas que ha reaccionado a la revelación de esta información ha sido Xabier P. Igrexas, concejal del BNG en la ciudad y portavoz de su grupo: “Resulta chocante que cuando está a punto de cumplirse un año de la apertura del llamado Palacio de la Oliva, se conozca ahora que parece que no contaba con todas las licencias, y que esto trascienda después de numerosas quejas vecinales por los ruidos”. Desde el BNG, confirma, acaban de solicitar formalmente que se les dé acceso a los expedientes municipales referidos tanto a las licencias como también a si existen o no actuaciones por las infracciones urbanísticas o si se hicieron mediciones de ruidos.

En ese mismo sentido, en el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo que se va a celebrar este martes, 14 de noviembre, interpelarán al Gobierno municipal sobre esta situación. “Lo que es claro para el BNG es que ningún establecimiento, por más VIP que sea, puede estar por encimma de las normas urbanísticas y de las ordenanzas municipales, ni del derecho del vecindario del Casco Vello a su descanso”, remata Igrexas.

Gentrificación
O estrela Michelín Pepe Solla e unha multinacional pesqueira tras unha discoteca que operou sen licenza un ano

O Goberno de Vigo freou a sala de festas de El Palacio de La Oliva, na zona máis xentrificada da cidade. O negocio pertence á pesqueira Interatlantic, líder do sector, e a unha sociedade do galardoado cociñeiro galego.
Pazo Oliva
O restaurante-discoteca Palacio de la Oliva, no casco vello de Vigo. Foto de Pazo Oliva

Malia ser un restaurante cunha discoteca, á súa inauguración acudiron representantes institucionais da política galega e nomes habituais no entramado hostaleiro das Rías Baixas. A prensa rexional levaba meses publicando reportaxes en teoría non pagos, infografías con alzamentos 3D renderizados con paletas de cores cálidas e titulares sobre “grandes investimentos” e “xeración de emprego”. Crearan expectación, pero desde logo non pola súa orixinalidade. O que outrora fora un pazo do século XVII do Marquesado de Valladares, en pleno casco vello da cidade de Vigo, converteuse no enésimo local de hostalaría e restauración: el Palacio de La Oliva.

Un barrio cada vez máis hostil para a poboación local e lugar simbólico da xentrificación do sur de Galiza entrara no punto de mira da multinacional pesqueira Interatlantic e do cociñeiro galardoado cunha estrela Michelín, Pepe Solla. A piques de cumprir un ano de actividade, o Concello de Vigo ordenou cesar a súa actividade “por non axustarse á autorización que tiña concedida, de uso sociocultural e recreativo”. É dicir, durante 11 meses, unha discoteca nunha das zonas máis concorridas polo lecer nocturno en Galiza operou sen a licenza necesaria que debía ter expedido o Concello.

A información adiantouna o Faro de Vigo o pasado domingo e esta redacción puido corroborala malia os intentos do Concello de entorpecer o dereito ao seu acceso, unha dinámica habitual e contraria ao dereito á información que denunciou en varias ocasións o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. A pesar de todo e coa traxedia acontecida nunha discoteca na Rexión de Murcia aínda fresca no imaxinario social, a Administración local ordenou o seu cesamento inmediato. Fontes da unión temporal de empresas formada pola multinacional pesqueira e a sociedade de Solla, amosándose incrédulas ante algo que non esperaban, preferiron non contestar a ningunha das preguntas deste diario, do mesmo xeito que o Concello.

Esa mesma sala que foi clausurada acolleu unha ornamentada inauguración á que acudiron representantes do Concello, Zona Franca e a patronal de comerciantes de pesca

A situación xerou unha alarma nos despachos das institucións locais. As contradicións son manifestas. Esa mesma sala que, polo de agora, foi clausurada, acolleu unha ornamentada inauguración á que acudiron o entón delegado de Zona Franca e hoxe deputado do PSOE no Congreso, David Regades, o presidente da Asociación Española de Almacenistas, Importadores, Exportadores e Transformadores de Produtos da Pesca e Acuicultura (Conxemar, a patronal do comercio pesqueiro), Eloy García e, micrófono en man, o alcalde da cidade, Abel Caballero: “O primeiro erro que se cometeu hai algúns anos foi abandonar o Casco Vello, a arquitectura lanzaba chamadas de auxilio. E hoxe, Luís Cabaleiro, estamos diante dunha recuperación histórica en Vigo que se fixo en excelencia”, dicía entón. Cabaleiro é o presidente da multinacional Interatlantic.

Un tesouro patrimonial nun barrio xentrificado

O pazo pertenceu historicamente ao marquesado de Valladares, probablemente a familia aristócrata máis vinculada á cidade de Vigo desde finais do século XVIII. De feito, foi o rei Carlos II, o último monarca da dinastía dos Austrias españois, quen designou a Luís Sarmiento de Valladares como o primeiro marqués, dando inicio a un marquesado con sede na cidade máis grande de Galicia. Pero o pazo acabaría en mans de La Caixa tras o declive a un estado de máxima ruína ao abeiro dos anos máis duros da crise financeira comezada en 2008.

Nunha das cidades galegas máis asfixiadas polo turismo xunto a Santiago de Compostela e A Coruña, este tipo de “recuperacións históricas” non fan outra cousa que encarecer alugueiros e ir dispersando servizos básicos como supermercados, farmacias, fruterías ou colexios. De feito, nun repaso histórico ao barrio vello da cidade, o encarecemento dos alugueiros, do mesmo xeito que no resto do Estado, foi unha ferramenta eficaz de administracións, promotoras e fondos de investimento para expulsar ás familias locais con poucos recursos, que viven, ademais, unha situación inflacionaria sen precedentes.

“Nós vimos observando con moita preocupación, ascendendo a problemática exponencialmente cada verán, a proliferación de pisos turísticos na cidade. Cremos que habería que inspeccionar esas licenzas [turísticas] e asegurar un número razoable destas opcións para que non se produza un turismo que poida chegar a danar o barrio”, explicaba a este diario hai uns meses Carla Leiras, asesora xurídica e parte do núcleo duro de Os Ninguéns, un dos colectivos sociais de referencia en Galiza en materia de vivenda e de exclusión social de persoas empobrecidas.

Reaccións dende a política

Unha das poucas figuras políticas que reaccionou á revelación desta información foi Xabier P. Igrexas, concelleiro do BNG na cidade e voceiro do seu grupo: “Resulta chocante que cando está a piques de se cumprir un ano da apertura do chamado Palacio da Oliva, se coñeza agora que parece que non contaba con todas as licenzas, e que isto trasncenda despois de numerosas queixas veciñais polos ruídos”. Dende o BNG, confirma, veñen de solicitar formalmente que se lles dea acceso aos expedientes municipais referidos tanto ás licenzas como tamén a se existen ou non actuacións polas infraccións urbanísticas ou se se fixeron medicións de ruídos. Nese mesmo sentido, no Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo que se vai celebrar este martes, 14 de novembro, interpelarán ao Goberno municipal sobre esta situación. “O que é claro para o BNG é que ningún estabelecemento, por máis VIP que sexa, pode estar por riba das normas urbanísticas e das ordenanzas municipais, nin do dereito da veciñanza do Casco Vello ao seu descanso”, remata Igrexas.

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