Conflictos bélicos
Ataques a la asistencia médica en conflictos armados registra máximos históricos: Médicos Sin Fronteras

La resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acordada en mayo de 2016, reza que se “condena enérgicamente los actos de violencia, ataques y amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios, y deplora las consecuencias que esos ataques tienen a largo plazo para la población civil y los sistemas de salud de los países afectado”. Sin embargo, los datos recabados en conflictos armados por Médicos Sin Fronteras (MSF) y compilados en el informe recién publicado. “La atención médica en el punto de mira”, concluyen que no solo no se ha cumplido el principio de esta resolución internacional, sino que los ataques contra la asistencia sanitaria en estos conflictos han alcanzado niveles récord.

El informe se nutre también de información de otras bases de datos internacionales como la del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mismo que, por cierto, hace un conteo diariamente. Este sistema informó que el año pasado hubo un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 personas. Por corolario, esto implicó el aumento significativo tanto de las muertes entre el personal médico como la de los pacientes en zonas de conflicto, duplicándose así con respecto a las 944 registradas en 2024. Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas, seguido de Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19.

Pero, ¿a qué se debe esta arremetida de los ataques contra las instalaciones sanitarias?. De acuerdo a la investigación de MSF, los Estados que participan en el conflicto armado, han ido disminuyendo su compromiso con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Lo prueban tanto los datos estadísticos como las declaraciones oficiales hechas por figuras militares o miembros de los propios gobiernos u otros actores del enfrentamiento.

Un cambio de narrativa “refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”: Erik Laan, MSF

El informe de MSF habla de que estas fuerzas han hecho un cambio en su narrativa que los justifican desde “ataques por error” hasta la “pérdida de protección” de las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos, que les otorga el DIH. “Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”, afirma Erik Laan, experto en incidencia política de Médicos Sin Fronteras.

Dice el informe que los ataques, en algunos casos, pueden deberse a interpretaciones erróneas del DIH o a que los actores se aprovechan de las ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario. Con este planteamiento la carga de la responsabilidad ha cambiado de lugar: en vez de considerar las infraestructuras sanitarias automáticamente como civiles, es decir, sujetas de protección, ahora son las comunidades y las mismas instalaciones las que deben demostrar que no son objetivos militares. “A menudo se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque. Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes”, explica Laan. 

Los Estados beligerantes, principales perpetradores

Los Estados participantes de un conflicto armado, y quienes debieran ser los garantes de la seguridad de la población en peligro, son los principales perpetradores de los ataques, según el informe. Los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos de 2024 indican que la responsabilidad de cerca del 81 % de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyó a grupos estatales. Ese año documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022.

“Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia, y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables”: Raquel González, MSF España

Raquel González, coordinadora de MSF España, considera que actualmente la participación de los Estados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que son estos los más propensos a realizar ataques aéreos y utilizar explosivos en zonas pobladas. La también responsable de la campaña de MSF, “Nuestra Línea Roja” –con la que esta organización denuncia los ataques a la misión médica y pide el respeto del DIH– señala que los ataques a este tipo de instalaciones tiene efectos inmediatos en el cierre de servicios médicos esenciales y obligan a las organizaciones humanitarias a retirarse de la zona dejando a las comunidades sin alternativas. “Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia, y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables”, indica González.

Otra consecuencia que retrata el informe “La atención médica en el punto de mira” es que el personal local resulta especialmente afectado por los ataques en conflictos armados ya que representan el 98 % del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre los años 2021 y 2025, 1.241 miembros del personal contratado localmente fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo

Urgente volver al Derecho Internacional Humanitario

MSF reitera con su informe que los Estados deberían reforzar el DHI, el respeto a la vida de los civiles, garantizar la rendición de cuentas y revertir la cultura de impunidad. Recuerdan que en octubre de 2015, un avión de combate estadounidense atacó el centro de traumatología de Kunduz, en Afganistán, coordinado por MSF. El bombardeo asesinó a 42 personas, 14 de ellas eran miembros de la organización.

El personal local resulta especialmente afectado por los ataques en conflictos armados ya que representan el 98 % del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados

Gracias a la presión del sector humanitario, siete meses después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2286 sobre la protección de las instalaciones y el personal médicos. A más de una década del ataque de Kunduz, para MSF la atención médica y la acción humanitaria en los conflictos armados siguen siendo blanco de ataques, “posiblemente más que nunca”. “Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante”, alude Laan. Sin embargo, apunta que solo seis de los entonces 15 miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron la Resolución 2286 habían ratificado todos los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, mismos que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Por ellos subrayan desde MSF que las leyes de un país tienen un papel crucial ya que son las que deben incorporar las obligaciones jurídicas internacionales y si no hay cuidado en su elaboración basándose en el DIH, en la práctica puede debilitar, e incluso, destruir, las obligaciones sobre este derecho, particularmente el derecho a la atención médica incluidas las personas calificadas como “enemigas” por una de las partes del conflicto.

En este sentido Laan arguye: “Los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones".

Finalmente, MSF aboga por la rendición de cuentas cuando los Estados incumplan dichas leyes. Para ello, deben aceptar misiones independientes de investigación al tiempo de llevar a cabo sus propias investigaciones, y luego compartir los resultados de forma transparente. “Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante”, concluyen.