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Las cloacas de la lucha ‘antiyihadista’

16 de enero de 2006. Osama Taattou es abandonado a las puertas de la Audiencia Nacional pasadas las 23h una noche que hiela hasta los huesos, tras cinco días de arresto incomunicado porque le han aplicado la ley antiterrorista. Osama, vecino de Badalona, monitor de actividades infantiles y ateo, sale en libertad sin cargos tras haber sido arrestado y su casa registrada por la Guardia Civil en el marco de la operación Chacal, ordenada por el titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, el mediático Baltasar Garzón.

La operación dejó un saldo de 20 detenidos. Sobre ésta, El País, en su edición del 11 de enero de 2006, afirmó, reproduciendo casi literalmente el comunicado del Ministerio de Interior, que “existen grupos asentados con capacidad de atentar”. Cinco años más tarde, el mismo rotativo publicó una breve nota en la que anunciaba que las cinco personas condenadas por la Audiencia Nacional como consecuencia de la operación Chacal eran absueltas por el Tribunal Supremo por falta de pruebas consistentes.

De los 652 detenidos en operaciones policiales contra el “terrorismo islámico”, 216 de ellas han sido juzgadas y solo 144 han sido condenadas

Desde los atentados del 11M en Madrid hasta el 8 de diciembre de 2015, la cifra de detenidos en el marco de operaciones policiales contra el “terrorismo islámico” asciende a 652 personas. 216 de ellas han sido juzgadas y sólo 144 han sido condenadas en firme, según datos ofrecidos por el Ministerio de Interior y recopilados por La Directa y Diagonal.

“Hay casos que vienen de hechos que realmente han sucedido, y se busca la participación de los acusados en estos hechos, como pasó con el 11M sobre todo, y con otros atentados [ocurridos en otros países]. Pero este tipo de casos supone una parte mínima de lo que hay realmente en materia antiyihadista”, explica Benet Salellas, abogado en varios casos relacionados con el terrorismo integrista.

“El grueso de operaciones son de anticipación: la policía detiene a supuestas células que creen que pueden actuar, y ésta es la parte más peligrosa. Si se detiene a gente que no tiene armas, no tiene explosivos, ni tiene una planificación clara de ejecutar un atentado, ¿en qué se basa la policía para detener a esas personas? Básicamente en dos cosas: en lo que piensan y dicen o en sus redes o vínculos”, continúa Salellas.

La lista de detenidos relacionados por la policía con el terrorismo integrista empezó a engrosar de manera progresiva con las operaciones que siguen a los atentados del 11M en Madrid. Ya entonces, de las 29 personas acusadas y juzgadas en julio de 2007, doce fueron absueltas por la Audiencia Nacional tres meses después o por el Tribunal Supremo al año siguiente. “En muchos casos se presentaron unas imputaciones gravísimas que no tenían consistencia jurídica alguna”, explica Endika Zulueta, abogado de Rabei Osman ‘El Egipcio’, una de las personas acusadas y finalmente absueltas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Las operaciones Saeta y Sello I en 2005 y la operación Sello II efectuada en 2007, todas vinculadas con supuestas tramas de ayuda a los autores materiales del 11M, quedaron con el paso del tiempo diluidas en los tribunales. En el caso de Saeta, los detenidos quedaron en libertad sin fianza sólo cinco días más tarde y ninguno fue condenado por delitos relacionados con el terrorismo.

En la operación Sello I, el Tribunal Supremo acabó absolviendo a todos los imputados en febrero de 2011. Estas absoluciones se justificaron al declarar nulas las escuchas telefónicas y al aducir malos tratos en comisaría para conseguir las declaraciones de los imputados. La segunda parte de la misma operación, llevada a cabo a principios de 2007, cosechó un resultado similar. De los cinco detenidos, sólo cuatro fueron juzgados, y, de éstos, dos fueron absueltos en la Audiencia Nacional y uno más por el Supremo. Resultados similares tuvieron la Operación Jineta o la Operación Bureba durante el año 2007, en las que todos los acusados fueron finalmente absueltos por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en recurso de casación, por falta de pruebas.

“Lo que se aplica en estos casos es el derecho penal de autor: se coge a una persona a ver si se le encuentra algo”, dice Endika Zulueta

“Lo que se aplica en estos casos es el derecho penal de autor: se coge a una persona a ver si se le encuentra algo. Mientras en el derecho penal del ciudadano hay indicios de que una persona ha cometido un hecho y, por eso, se le investiga, aquí primero se investiga y después se buscan los indicios”, explica Zulueta, quien señala también los cambios hechos en legislación antiterrorista en los últimos años, realizados en esta dirección de ataque al “enemigo”. “La ley antiterrorista recibe pocas críticas porque parece que criticarla implicar simpatizar con el terrorismo, pero esta legislación no va destinada a las personas que cometen este tipo de actividades, que son capaces de meterse en una discoteca y matar a cien personas. A estas personas no les afecta que el Código Penal sea más o menos duro y, a nivel de prevención, estas medidas suponen un cero. Lo que llaman ‘guerra contra el terrorismo’ se traduce al final en una guerra contra las garantías procesales de todos los ciudadanos”, concluye Zulueta.

Las doce personas absueltas en la causa por los atentados del 11 de marzo de 2004 pasaron entre algunos días y varios años en prisión preventiva. Según confirma Endika Zulueta, algunos de ellos pidieron al Ministerio de Interior una indemnización por los daños sufridos, pero, en todos los casos que se ha podido comprobar, la Administración ha rechazado dar ninguna compensación por el tiempo pasado en prisión. Tampoco han aceptado indemnizar a Vidal y Ángel (nombres ficticios asignados por el poder judicial) por los 426 días que pasaron en prisión preventiva por un supuesto delito de integración en organización terrorista en el marco de un caso que fue archivado en marzo de 2010. Ni a otros cinco detenidos, que fueron absueltos después de pasar más de dos años en preventiva.

“El Estado no está indemnizando, y hay ya bastantes demandas pendientes de resolver en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con este tipo de casos”, explica el también abogado Benet Salellas. “Pensamos que el Estado español incumple los convenios internacionales. No puede ser que tenga a alguien tres años en prisión preventiva, le absuelva y, después, no pase nada. El Estado debería reconocer estos errores, reparar el daño con indemnizaciones y establecer garantías de no repetición. Y no hace ninguna de las tres cosas”, concluye.

El papel de los medios

En el marco de la Operación Fish se detuvo a trece personas en Barcelona y Valencia como presuntos responsables de una red de falsificación documental. La interpretación libre por parte de varios periódicos del comunicado del Ministerio de Interior la acabó convirtiendo en una operación contra el integrismo armado. Al día siguiente aparecieron titulares como “Tres de los pakistaníes arrestados por la Policía vinculados al grupo de los atentados de Bombay” (La Razón, 4 de febrero 2009). Un día después, el juez Fernando Grande-Marlaska redactó un auto en el que declaraba que no tenía indicios acerca de que alguno de los detenidos perteneciera “a ninguna red que se dedique a elaborar documentación con la finalidad de dar cobertura a personas relacionadas con movimientos terroristas de carácter yihadista”.

“Dejar la secta del odio cuesta la muerte”, “Regreso al club del odio”. Son algunos de los titulares publicados por El País en junio de 2009 en relación a una de las operaciones contra el yihadismo en Melilla. En esta ocasión sí había un crimen, un homicidio, pero la etiqueta yihadista se puso sin pruebas y se acusó a dos jóvenes marroquíes de supuestos ‘takfiris’ [corriente islámica radical]. La justicia marroquí abrió un proceso, pero, después de practicar algunas diligencias de investigación, archivó la causa contra ellos. Poco tiempo después se reabrió la causa en el Estado español. El 28 de junio de 2012 fueron detenidos y al día siguiente llevados a Madrid, donde estuvieron bajo custodia de la Audiencia Nacional durante nueve días. Tras esto, fueron puestos en libertad sin cargos.

“La argumentación recibida desde Marruecos era absurda”, resalta Berta Tomás, abogada de los dos jóvenes. Sin embargo, los medios de comunicación tenían “ganas de dar bombo y platillo”, continúa. “Los de La Sexta vinieron, hicieron una entrevista y la manipularon completamente, distorsionaron las voces de niño que tenían, aunque pedimos que no lo hicieran, y lo oscurecieron todo. El País entrevistó a la chica [pareja del joven asesinado] y manipuló lo que quiso. Cuando ella después desmintió su declaración inicial [en la que acusaba a los dos jóvenes] explicando que en ese momento lo estaba pasando muy mal, no lo publicaron. Escriben lo que les da la gana, manipulan e infunden miedo y racismo en lugares como aquí, en Melilla, donde vivimos musulmanes y cristianos”, concluye la abogada.

Según explica Jordi Moreras, investigador de Antropología en la Universitat Rovira i Virgili, existe una complicidad entre medios de comunicación y policía. “Hay medios que han entendido que publicar este tipo de informaciones genera tensión y audiencias, pero hay una perversión de base que nadie se ha atrevido a señalar: cuando detienen a una persona hay un gran revuelo mediático, pero cuando la liberan no hay ninguna referencia”, explica Moreras.

El 4 de diciembre, Interior dio un paso más con la puesta en marcha de la web stop-radicalismos.ses.mir.es, en la que cualquier persona puede denunciar, de forma anónima, a personas sospechosas de yihadismo. En sólo 24 horas ya había recibido “numerosísimas” denuncias, según palabras del ministro Jorge Fernández Díaz, de las que 29 estaban ya siendo investigadas.

“Esta medida responde a lo que se ha hecho ya en otros países, con un éxito poco concreto. Fomentar la sospecha no es lo mejor para generar calidad democrática”, advierte Moreras. En Catalunya, en noviembre, la Conselleria d’Educació anunció la puesta en marcha de un protocolo para identificar casos de radicalización islámica entre estudiantes, una medida que, según advierte Moreras, puede tener peligrosos efectos. “Si se institucionaliza la sospecha en un contexto tan sensible como es la escuela, después no debería sorprender que haya jóvenes que sí se radicalicen cuando se les ha tratado de esa manera”.

“Hay medios que han entendido que publicar este tipo de informaciones genera tensión y audiencias” 

2015 “antiyihadista”

Las 160 investigaciones abiertas hasta el momento en 2015 suponen un fuerte incremento respecto a las 104 iniciadas el año pasado contra supuestas redes integristas armadas, una cifra que a su vez duplica las investigaciones incoadas en 2013, según la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentada en septiembre. Ciertos detalles que han rodeado algunas de las operaciones policiales apuntan a la ausencia de pruebas de peso contra muchos de los detenidos.

El 3 de noviembre, la familia de Said Mouhou, actualmente en prisión preventiva, afirmaban en una entrevista en La Directa que la Guardia Civil sólo le había incautado un ordenador portátil y algunos ejemplares del Corán. También que, a pesar de que fue acusado por la Guardia Civil de difundir propaganda yihadista y de reclutar voluntarios para el Estado Islámico, ni en el domicilio de Mouhou, ni el de sus padres tenían conexión a internet.

24 horas antes de la detención de Said Mouhou, eran detenidos en Madrid tres magrebies acusados de formar parte de un grupo vinculado al Estado Islámico. El ministro de Interior, durante su comparecencia, remarcó el hecho de que “estaban listos para atentar” y tenían “acceso a armas”. Lo cierto es que, durante los registros, la Policía Nacional no encontró ninguna arma, tal y como El País reconocía en su edición online del 3 de noviembre.

Mención especial merece la operación Caronte. A pesar de la atención mediática que ha recibido, representa uno de los casos que más incógnitas ha dejado por el camino. A principios de abril de 2015, los Mossos d’Esquadra efectuaban once detenciones en Terrassa y otras poblaciones colindantes. A diferencia de la mayoría de operaciones llevadas a cabo en el 2015, acusaban a los detenidos de formar parte de un grupo terrorista afín al Estado Islámico y, esta vez sí, se les incautaba todo un arsenal.

Según el auto fechado el 10 de abril del Juzgado nº 1 de lo Penal de la Audiencia Nacional, al frente del cual se sitúa Santiago Pedraz, las armas encontradas en uno de los domicilios iban desde una granada de mano Oramil R41 a varias escopetas, cargadores, una defensa eléctrica Great Power, munición y varios cuchillos. Este arsenal se encontraba en manos de Diego José Frías, quien arrastra una larga trayectoria dentro de la extrema derecha en Catalunya. Según fuentes expertas en organizaciones neofascistas consultadas por Diagonal y La Directa, Frías fue militante del Movimiento Social Republicano y Alternativa Europea, y mantenía una estrecha relación con Juan Antonio Llopart, uno de sus principales líderes. A pesar del armamento encontrado –el único encontrado en operaciones contra el terrorismo integrista en los últimos años en el Estado español– Frías fue puesto en libertad con cargos en agosto de este año. A día de hoy, los otros seis detenidos, a los que se decretó prisión preventiva, continúan entre rejas a la espera del juicio.