Opinión
Prisión perpetua para Videla y Menéndez, la justicia debida

El 22 de diciembre un Tribunal Oral de la ciudad de Córdoba, República Argentina, dictó una sentencia largamente esperada.Fueron condenados a prisión perpetua los generales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

Se los consideró autores mediatos de los asesinatos, torturas y privaciones ilegales de libertad que, durante el año 1976, se perpetraron en una unidad penitenciaria de la ciudad en la que se desarrolló el juicio. Se estimó que, aun sin haber tenido participación directa en los hechos, diseñaron, emitieron las directivas y proporcionaron los medios del plan criminal.

Junto a ellos, se juzgó a otros 28 represores:se condenó a prisión perpetua a 14 por su autoría mediata o directa en la comisión de los crímenes que se produjeron en dicha cárcel y en una dependencia policial y a penas de menor cuantía a siete responsables. Otros siete fueron absueltos al entender el tribunal que no existían pruebas suficientes que justificaran una condena.

Quinta prisión perpetua

La sentencia tuvo una notable repercusión internacional debido a la notoriedad de algunos de los que fueron juzgados: Videla, presidente de facto durante varios años y jefe máximo de la dictadura que se inició el 24 de marzo de 1976 y concluyó el 9 de diciembre de 1983, y Menéndez, que tuvo a su cargo durante un largo período la represión en una vasta zona del territorio argentino.Es la quinta prisión perpetua que recibe este militar, antes condenado en otros procesos similares.

Videla ya había sido sancionado a reclusión perpetua en el juicio a las tres primeras juntas militares celebrado en el año 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín. En 1990, fue indultado por un decreto del presidente Carlos Menem. Su nuevo sometimiento a juicio, así como los diversos procesos judiciales que se están celebrando en distintos lugares del país, son consecuencia de la declaración de nulidad, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de las leyes conocidas como de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas en 1986 y 1987 por el Parlamento argentino durante la presidencia del primero y de los decretos de indulto dictados por el segundo.

Hasta octubre de 2010 estaban procesados 783 represores y 145 habían sido ya juzgados: 131 fueron condenados y 13 absueltos. Existían 12 juicios orales en curso en distintos puntos del territorio nacional. Desde esa fecha, además de la emitida en el juicio de Córdoba, se han dictado sentencias en distintas ciudades del país con decenas de condenas, muchas de ellas a prisión perpetua. En todos los casos, y en consonancia con la doctrina emanada de la Corte Suprema, se consideró que los procesados cometieron crímenes contra la humanidad, por su naturaleza imprescriptibles y no susceptibles de ser amparados por norma alguna que impida su investigación y sanción.

En 2011 se realizarán otros muchos e importantes juicios que, previsiblemente, harán aumentar sustancialmente el número de condenados. Estos procesos judiciales son producto de una titánica y desigual lucha de familiares, sobrevivientes y una parte sustancial del pueblo argentino, librada durante décadas. Sus organizaciones sociales y de derechos humanos conmovieron, con su denuncia reiterada, a la opinión pública nacional e internacional y golpearon cientos de puertas que, poco a poco, comenzaron a abrirse. Entre otras, las de juzgados y tribunales europeos que incoaron causas judiciales cuando en Argentina estaba vedada la actuación de la Administración de justicia. Hacia allí concurrieron cientos de perjudicados a relatar los crímenes.

Sólo en el procedimiento instruido en España por el juez Baltasar Garzón fueron prestados más de 400 testimonios. Sucesos tales como la detención de Pinochet en Londres durante más de 500 días, o el juicio y condena al marino argentino Adolfo Scilingo por parte de la justicia española,constituyeron un inestimable y decisivo aporte para que fueran anuladas leyes y decretos que parecían inamovibles.

Aunque quede todavía mucho camino por recorrer para juzgar a todos los responsables del genocidio, se han dado pasos sustanciales para someter a la acción de la justicia a varios de sus ejecutores directos y a algunos de sus cómplices, como jueces y fiscales que los avalaron y encubrieron. Restan, entre otros y señaladamente, los promotores y beneficiarios del crimen: los responsables económicos. Pero a pesar de sus disfuncionalidades y limitaciones, los juicios que se están celebrando se han convertido en una referencia internacional de primer orden. Son la feliz constatación de que no solo se debe, sino que se puede juzgar a los grandes criminales.

Nuevas páginas de esta historia se irán escribiendo, en Argentina y en otros lugares del mundo. Entre las próximas, con seguridad, las del juicio y castigo a quienes durante la dictadura franquista ensangrentaron España y a los que, desde la judicatura, los protegen. El amplio, creciente e indetenible movimiento de la memoria colectiva se ha hecho acreedor a esta victoria sobre el olvido, la mentira y la impunidad.