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Salir de la cárcel: un billete de ida y vuelta a la exclusión

Suena el nombre de una persona presa por la megafonía de la cárcel. Abrazos de los compañeros y aplausos. Por fin sale en tercer grado o libertad condicional tras años entre muros. Los funcionarios le hacen entrega del certificado con el tiempo que ha estado encerrado, otro sanitario y los títulos formativos y profesionales si los hubiera adquirido.

Lo que le queda del peculio (asignación económica) decide regalarlo a un compañero de dentro. La prisión le entrega algo de dinero para pagar el transporte hasta la ciudad y le explican cómo solicitar el subsidio por excarcelación, en el caso de que haya estado encerrado más de seis meses. Y hasta ahí llegan los recursos dispuestos por la Administración para las personas que salen de prisión.

Si el Estado ofreciera recursos, haría evidente que la prisión genera problemas de mayor importancia

“Hay gente que entra a los 50 y sale con 70 años. Puede que esa persona no tenga familia, que sus redes de amistad sean muy limitadas, y se dan situaciones en las que esa persona no sabe ni dónde dormir. Ahí no está previsto nada, más allá de las iniciativas voluntaristas de organizaciones civiles”, explica Paz Francés, miembro de Salhaketa, entidad que lleva trabajando desde 1982 para denunciar las condiciones de vida en las cárceles y que presta apoyo a personas presas y expresas. “Si cuando sales no tienes dónde dormir, comer, alguien que te ayude a hacer las gestiones más bobas, cómo sacar una tarjeta de transporte público o la tarjeta sanitaria... —explica Francés—, no hay más que asociaciones que se ofrecen a suplir esta carencia del Estado, que es el que debería cubrir las necesidades de una persona al salir de prisión si realmente cree en el concepto de reinserción del artículo 25 de la Constitución”, continúa.

“Donde antes teníamos dos pisos de acogida y dos proyectos diferentes, uno ha desaparecido”, explica Francés. Las subvenciones que recibe la organización se han reducido a la mitad en los últimos años, lo que ha obligado a abandonar algunos proyectos con personas presas y expresas. “El proyecto requiere de estabilidad y seguridad. Es muy duro acoger a gente con perspectiva de que esté al menos ocho meses en el piso y, cuando hay que renovar la partida, ver que no hay dinero y tienes que decirle que se marche”. La situación es parecida con otros colectivos que trabajan con presos. Patricia, educadora social de la asociación La Calle, explica que el pasado año estuvo sin cobrar once meses y éste ya va por los cinco. “Hay muchos recortes y más exigencias en el programa”, concluye.

Son pocos los casos en los que los presos vienen de entornos acomodados o cuentan con redes de apoyo y, sin embargo, es una condición que facilita mucho las cosas. Tal y como explica Daniel Amelang, miembro de la Asociación Libre de Abogados, “para disfrutar de la libertad condicional y los beneficios penitenciarios piden un montón de requisitos: un domicilio fijo donde estar localizable, un aval penitenciario, alguien que diga que responde por esa persona, a ser posible un trabajo, etc.”. Este fue el caso de O., expreso que, durante su estancia en prisión, trabajó un año haciendo perchas para El Corte Inglés 8 horas al día por 300 euros al mes. Tuvo suerte, según explica a Diagonal, su sueldo estaba por encima de la media de lo que se puede cobrar en prisión, y más desde el comienzo de la crisis. "Ahora hay curros por 100 euros al mes, trabajan los que necesitan dinero para comprar tabaco". Ha estado un tiempo trabajando dando clases de boxeo "lo conseguí por unos amigos, pero no hay contrato, así que me amenazan con regresarme a prisión".

El pasado agosto, el diario alicantino Información publicaba que varios presos de la prisión de Fontcalent se niegan a abandonar la cárcel durante el día para acogerse al tercer grado ante la falta de trabajo y recursos para vivir dignamente. A su vez, la Agrupación de los Cuerpos de la Ad­mi­nistración de Instituciones Peni­ten­ciarias (ACAIP) denunciaba que las cárceles de la provincia de Alican­te superan en un 150% su capacidad.

El Estado español, junto a Reino Unido, sigue a la cabeza de Europa en número de presos: 147 por cada cien mil habitantes, según datos del Consejo de Europa. Las cárceles están saturadas y, sin embargo, es uno de los países con los niveles de crímenes de sangre más bajos. La población reclusa está formada en su mayoría por gente empobrecida, con poca o nula formación, cuyos delitos son contra el patrimonio y la salud pública, es decir, robos y drogas. “Estamos hablando de gente que proviene de la pobreza y marginación, que es encerrada y aislada de la sociedad sin que su situación cambie, sino que se agrava, y que luego sale a la calle sin medios y es carne de cañón para volver a delinquir”, explica Amelang, quien señala que la situación de las cárceles puede verse empeorada con la reforma del Código Penal, que contempla “como uno de sus objetivos castigar la reincidencia, eliminando prácticamente la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios y aumentando las penas a los reincidentes”.

Perdido en el mercado laboral

El subsidio por excarcelación, si no se tiene derecho a una prestación contributiva y se ha estado en prisión al menos seis meses, es el único recurso dispuesto por la Admi­nis­tración para los exreclusos. De ahí, el siguiente paso es acudir a una de las organizaciones que tienen programas de acompañamiento para recibir apoyo en la búsqueda de empleo y, en el caso de no tener una vivienda en la que alojarse, acudir a los albergues municipales o a los cada vez más escasos pisos de acogida a presos y personas que salen de la cárcel gestionados por organizaciones sociales.

“Son muy pocos los que salen de prisión con un contrato. Después de hacer cursos, etc., hay quien encuentra trabajo, pero muchos otros no”, señala Francés, quien resalta que, “en una sociedad en la que la socialización va de la mano del trabajo, recuperar las riendas de tu vida cuando no tienes un ingreso es dificilísimo, a nivel económico y social”. Según el estudio La inserción laboral de los ex internos de los centros penitenciarios de Cataluña, realizado por la Universitat Autònoma de Barcelona y el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, entre 2009 y 2010, del total de reclusos bajo estudio, el 43,6% obtuvo algún tipo de inserción laboral tras la libertad definitiva, el 22,9% reincidió en actividades delictivas y el restante 33,4% no tuvo ninguna alta en la Seguridad Social por un empleo posterior a la fecha de libertad definitiva.

El estudio subraya que la mayoría de los exreclusos que consiguen empleo con contrato lo alternan con periodos de desempleo y, en la mayoría de casos, los trabajos a los que acceden son manuales poco cualificados, con contratos de duración breve. En el caso de las mujeres, “hay algo más de facilidad a la hora de encontrar trabajos”, aunque generalmente serán trabajos relacionados con los cuidados y sin contrato.

El informe de la Comisión Laboral del Consejo Social Penitenciario de 2011 explica que los dueños de las empresas prefieren no contratar expresos debido al miedo por el pasado de la persona o por estereotipos existentes de vagos e irresponsables. “El estigma de la cárcel sigue existiendo”, lamenta Patricia, educadora social de la asociación La Calle, que trabaja con presos ayudándoles a buscar empleo, preparar su currículum o tramitar los papeles necesarios. Al ya difícil panorama laboral se suma que, en la mayoría de los casos, las personas que salen de prisión carecen de formación y experiencia laboral, lo que convierte la búsqueda de empleo en algo “más difícil todavía” en un contexto social marcado por el paro a nivel general y en el que la única baza son las pequeñas bonificaciones que reciben las empresas por contratar personas en exclusión social.

Aunque la reinserción social es, en teoría, el objetivo último del sistema penal, Francés señala que las necesidades de las personas que salen de prisión evidencian lo contrario, que “la pena de prisión, además de tal vez no reinsertar, deso­cializa”. “Si el Estado ofreciera recursos, estaría evidenciando que la prisión, lejos de cumplir los fines que constitucionalmente tiene encomendados, genera otros problemas y de mayor importancia, y que el perfil de delincuencia desaparecería con políticas sociales justas”, concluye.