Opinión
¿Pacto de Estado? Empecemos por cumplir la ley

Mientras los bomberos y bomberas forestales intentan salvar la vida de las personas, las casas y posesiones, los animales o el patrimonio natural, en ese orden, se habla de la necesidad de tener un Pacto de Estado contra los incendios en nuestros bosques. Se trataría de un acuerdo donde se reconocería el problema, con el que se apuesta por arrimar el hombro para solucionar alguna de las consecuencias de los megaincendios y, sobre todo, remar de forma conjunta todas las Administraciones competentes con el mismo objetivo. 

Pasó en la lucha contra la Violencia de Género, en 2017, y antes, en 2000, con un pacto antiterrorista. Mientras este último se ha mantenido en el tiempo bastante ajeno a polémicas, el primero ha sido actualizado con una lucha intestina absoluta. Mientras ciertas fuerzas políticas ya no firmaron el primero por insuficiente y otras quisieron abarcar el máximo posible, otra(s) dinamita(n) el consenso mínimo: la existencia de la violencia machista. Y esto pasa desde el inicio con el llamado y solicitado Pacto de Estado contra los incendios forestales, que se propone como forma de aunar esfuerzos para que las diferentes Administraciones luchen de la manera más eficaz por una realidad que cada verano va a seguir creciendo. 

Conocemos el negacionismo del cambio climático pero sería muy naif pensar que el borrador no les convence cambiar cuando hay leyes que ya no están aceptando

Y es que resulta imposible llegar a un gran acuerdo sin tener una meta común y un diagnóstico consensuado del problema. Por eso, el pacto de Estado propuesto por el Gobierno de PSOE y Sumar se ha llamado acuerdo “frente a la emergencia climática”. La gestión de los bosques y el agua es uno de los pilares que, según el texto, debe garantizar la resiliencia de la sociedad en este “nuevo contexto climático”. “Una hoja de ruta” que “invita a todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía a participar activamente en su desarrollo”, especifican.

PP y Vox ya han manifestado su rechazo ¿Solo porque el pacto propuesto va más allá de los incendios forestales? La respuesta es no. Conocemos de sobra el negacionismo del cambio climático por parte de Vox. Y también conocemos la situación en la que los acuerdos con el partido de Abascal ponen al Partido Popular. Como pasó con la “prioridad nacional”, Alberto Núñez Feijóo evita pronunciarse mientras que portavoces como Ester Muñoz o la propia Isabel Díaz Ayuso desvinculan las causas de sus consecuencias. Si la presidenta madrileña sigue difundiendo bulos como el del que monte no se puede limpiar, sería muy naif pensar que el borrador del pacto se puede negociar hasta que firmen.

El hecho es que hay leyes de obligado cumplimiento que ya no están aceptando. Hablo del Estatuto del Bombero Forestal, o Ley Básica, que tiene como objeto unificar las condiciones mínimas que tienen que tener estos trabajadores que tantos aplausos reciben en verano y padecen el silencio administrativo en invierno. Esta normativa quiere evitar que haya Autonomías con empresas subcontratando, haciendo contratos de días e incluso de horas, que no respetan los mínimos protocolos de riesgos laborales o que haya otras comunidades que, aunque tengan una empresa pública gestionando los recursos humanos, se nieguen a negociar un salario digno o a cubrir todas las vacantes

¿Cómo podemos hablar de Pacto de Estado contra los incendios forestales si hay autonomías que se niegan a invertir nada en mejorar la prevención y la extinción de estos incendios? Resulta inaudito, sobre todo para los sindicatos que siguen denunciando que hay bomberas y bomberos que no tienen más de un EPI o que se tienen que llevar esos trajes de protección a casa para limpiarlos con el riesgo de toxicidad y partículas cancerígenas que conlleva. No hablamos de faltas que llegan en plena oleada de incendios, con el caos de la emergencia, hablamos del día a día de estos trabajadores.

Cuando oímos hablar de esos “pactos de Estado”, inevitablemente se pasa por nuestra cabeza que algunas comunidades autónomas, con Castilla y León están a la cabeza en el siniestro ranking de precariedad laboral, que intentan replicar el modelo que han seguido en sanidad o en educación con la prevención de incendios: priorizar el lucro privado de empresas frente a los servicios públicos. Esperemos que no sea así y que los trabajadores en manos del ‘Quirón de los incendios’, pasen a ser profesionales públicos, con todas las garantías para ellos y para nosotros como ciudadanía que implica. También esperamos que los que ya están en empresas públicas o son funcionarios públicos tengan enfrente a Administraciones autonómicas competentes que escuchen sus reclamos.

Pero, como en el pacto de Estado, el peso de hacer cumplir la ley no recae en una sola parte. Este noviembre se cumplirán dos años de la aprobación del Estatuto del Bombero Forestal y solo se ha desarrollado un decreto de los cuatro que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió sacar. Normativas tan importantes como las enfermedades laborales, las jornadas máximas a cumplir o riesgos laborales se han quedado durmiendo el sueño de justos. Sin esos decretos fuera, la capacidad de presión es menor para sindicatos y trabajadores. Muchos de ellos son contratos de conductores o de auxiliares, sin ser reconocidos aún como lo que llevan 20 o 25 años siendo, bomberos y bomberas forestales.

Estamos hablando solo de una de las patas que se pueden fomentar para evitar la catástrofe que supone un incendio forestal: los derechos laborales de quienes previenen y extinguen los fuegos. Otras que tendrán que venir es la cuestión del uso del territorio, la urbanización salvaje que continúa, la prioridad a los animales salvajez, las actividades con alto riesgo o el cambio de clima que vivimos pero que muchos niegan, entre otras muchas más cuestiones. Con la lupa en la mesa y la foto completa cabe preguntarse, ¿de verdad estamos preparadas para hablar (en serio) de un pacto de Estado contra los incendios forestales?