Industria armamentística
¿Cuántos miles de proyectiles tiene Bardají en sus manos?

En 2018, Explosivos Alaveses SA (Expal) vendió cerca de 250 millones de euros en municiones y explosivos, y tuvo un beneficio de 33,7 millones de euros. Es a lo que se dedica la empresa en la que, desde el 20 de septiembre, figura como consejero Rafael Bardají —estratega de redes y comunicación de Vox—, a propuesta de Rhône Capital, fondo de inversión que a principios de año, con el visto bueno del Consejo de Ministros, compró un 45% del capital de Maxam, su matriz.

Pese a que no forma parte de su dirección, Bardají es la figura más relevante de Vox en política internacional, y ha pasado por las directivas de Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el Grupo de Estudios Estratégicos y el Real Instituto Elcano. Al menos hasta mayo de este año, ha sido presidente de la Iniciativa Amigos de Israel. Durante la campaña electoral de abril, Bardají fue situado como la pieza clave de la relación del partido de Santiago Abascal con Steve Bannon, ideólogo de la extrema derecha estadounidense y con el “halcón” recientemente destituido John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de la administración Trump. Antes, también tuvo voz en intervenciones militares españolas tan polémicas como la de Iraq, de la que se considera ideológo. También se le considera responsable de la famosa foto de las Azores en la que José María Aznar se luce junto a George Busch hijo. 

Pero, ¿qué es Expal? Expal es una de las empresas de Maxam, gigante de la industria armamentística en España. En su haber está el haber sido una de las grandes fabricantes de las bombas de racimo, un tipo de bombas que contienen en su interior hasta 202 submuniciones con metralla o material explosivo que fue prohibido por una ley internacional aprobada en 2010 y que partió del Acuerdo de Oslo de 2008, que España suscribió en diciembre de ese año.

Ese mismo año, una de las empresas dependientes de Expal, Fabricaciones Extremeñas (FAEX), recibió un contrato del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Carme Chacón, para destruir las 5.589 bombas de racimo que poseían entonces las Fuerzas Armadas, lo que hicieron en su sede de El Gordo, en Cáceres. En los años siguientes, la empresa se siguió lucrando de destruir las bombas que antes vendía, un sistema de economía vertical que en 2013 le reportó otros cerca de cuatro millones de euros por destruir las bombas de racimo que aún quedaban en Bielorrusia, con cargo a la Unión Europea, un programa planteado para dos años y que duró hasta 2017. A pesar de la prohibición internacional, desde la propia empresa matriz confirmaron que el ejército británico había utilizado las bombas de racimo fabricadas por Expal —las BM330— en la guerra de Libia en 2011.

La granada de mortero de 81 mm Smoke WP modelo AE, la bomba de ejercicio BP-25B1, el cartucho de 5,56 mm —el estándar de la OTAN—, el proyectil de 105 mm AP HE o proyectiles para cañones Vulcan son algunos de los juguetes homologados por el Gobierno español que Expal vende a los ejércitos del mundo. Los productos que oferta Expal, ya sin las prohibidas bombas de racimo, siguen siendo enteramente dirigidos a matar. En 2018, Expal consiguió cuatro de los cinco mayores contratos otorgados por la Agencia de Apoyo y Provisiones de la OTAN (NSPA por sus siglas en inglés), todos de entre 1 y 2 millones de euros. En 2017, Expal volvió a ser la segunda empresa con más contratos de la OTAN, alcanzando los 13,2 millones de euros para el mantenimiento de equipo militar, según aparece referenciado en el informe Spain Defense and Security 2019, publicado por Infodefensa.

¿Cómo funcionan Expal y Maxam?

Expal, con domicilio en Campo de las Naciones, en Madrid, cuenta con 1.300 empleados. Depende directamente de la empresa Maxamcorp Holding Assets and Services, que tiene el 99,99% de sus acciones, y que a su vez depende, al 100%, de MaxamCorp Holding SL, la empresa matriz del grupo armamentístico, que en 2018 llegó a los 1.138,8 millones de euros en ventas.

A su vez, de Expal Sistemas S.A. dependen otras once empresas, entre las que se cuentan Denex —con sede en Dinamarca, con un 100% de participación—, UEE Italia SRL —con sede en Italia, con otro 100% de participación—, Expal USA —con sede en Estados Unidos— o Expal Disposal & Recovery SA —de la que tiene un 99,99%—. A ellas se suma un 10,89% de Defex, empresa de capital mayoritario público que será juzgada próximamente por corrupción por la venta de armas a Angola, un caso investigado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que está involucrada la sobrina del espía de los servicios secretos españoles Francisco Paesa. A ese 10,89% se le suma otro 10,89% que el grupo Maxam tiene en Defex a través MaxamCorp Holding Assets & Services, lo que le convierte, con casi el 22% de acciones, en el socio privado mayoritario.

Expal y sus empresas participadas obtuvieron, desde 2016, 256.427 euros en subvenciones procedentes de las juntas de Castilla y León y Extremadura. A ellos se suman más de cinco millones de euros en préstamos ventajosos otorgados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación, ambos dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Si se suman las subvenciones otorgadas a otras empresas del grupo Maxam, la cifra asciende a cerca de 900.000 euros (lista de subvenciones recibidas por empresas del grupo Maxam al final del artículo).

150 años fabricando armas

La historia de Maxam está cerca de cumplir los 150 años y, paradójicamente, nace de la mano del sueco Alfred Nobel, la persona que da nombre a los premios Nobel, inventor de la dinamita y antiguo propietario de otro gigante armamentístico, Bofors. En 1872 Nobel fundó en Galdakano (Bizkaia) la Sociedad Española de la Dinamita Privilegios Nobel, que 24 años después se integraría en la Unión Española de Explosivos (UEE). Pocos años después sería la responsable de dar suministro al Ejército español.

Según recuerda el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la UEE crearía en Vitoria la empresa Explosivos Alaveses (Expal), exclusivamente dedicada a la producción de explosivos militares, que en 1983 se convertiría en el primer fabricante de minas antipersona y bombas de racimo del Estado, con exportaciones que superaban los mil millones de pesetas. Un año después, UEE subiría al podio como cuarto fabricante de explosivos a nivel mundial, con 65 empresas operando en 20 países, entre los que se incluían Camerún, Ghana, Colombia o Kazajistán. Ese mismo año, la ONU investigó a Expal al encontrarse carcasas de bombas con gas mostaza utilizadas en la primera guerra de Iraq suministradas por la empresa alavesa.

Después de pasar por las manos del grupo Kio —con Javier de la Rosa a su cabeza en España—, por ser parte del grupo Ercros en 1988 —durante solo un año, y entonces dirigido por el después ministro Josep Piqué, que a punto estuvo de ser imputado por haber vendido torticeramente la filial Ertoil a la francesa pública Elf, según publicaba Diagonal en 2005—, por ser adquirida por un holding holandés con domicilio en Curaçao (Nuevas Antillas), en 2006 el grupo UEE pasa a denominarse MaxamCorp, dominada por José Fernando Sánchez Junco —50%—, Vista Capital —23%, a su vez controlada por BSCH— e Ibersuizas, del Banco Pastor —17%—. Dos años antes, Expal había cerrado su fábrica en Vitoria para trasladarse su producción a sus empresas Explosivos de Burgos y Fabricaciones Extremeñas.

Desde 2006, al frente de Expal está el almirante Francisco Torrente, que hasta entonces era secretario general de Política de Defensa (Segenpol). “Ahí tenemos un ejemplo de representante del complejo militar industrial donde se entremezclan tanto los intereses industriales como militares”, señalan desde el Centre Delàs, organismo que denuncia que, tras este fichaje, los contratos de Expal con el Ministerio de Defensa aumentaron. Torrente ingresó en la Armada en 1956 y desde entonces ha ocupado varios cargos de responsabilidad. Entre 1994 y 1997 fue director del Gabinete Técnico del ministro de Defensa y, desde 1997 hasta 2000 se hizo cargo de la Dirección General de Política de Defensa, para pasar a ser nombrado jefe del Estado Mayor de la Armada. Como director de Política de Defensa, según publicaba Diagonal en 2009, fue el responsable de la suspensión de los contratos habituales con líneas aéreas comerciales para el traslado de tropas españolas, iniciando la contratación de aviones con Namsa —agencia de la OTAN— que a su vez habría subcontratado a otra, y esta a otra “hasta llegar a los piratas aéreos del Yak 42, donde se perdió, aparte de la vida de 62 militares españoles, el 75% del dinero que salió inicialmente para este concepto”, afirmaba una fuente militar a Diagonal.

Otros de los nombres que aparecen en el consejo de administración son los consejeros Ángel Mullor Parrondo —que llegó a Expal después de abandonar Iberia—, José María Achirica —antes director general de Caja de Burgos y actualmente patrono de la Fundación Iberdrola—, José Manuel Romero Moreno —asesor jurídico de la Casa Real desde 1993 hasta que Felipe VI le quitó el trono a su padre; también en el consejo de administración de Patrimonio Nacional hasta 2017 y, desde 2009, secretario del Patronato del Real Instituto Elcano—. Entre sus antiguos consejeros también figura Jesús del Olmo Pastor —entre los años 2006 y 2013, el último secretario general del CESID durante la etapa de Felipe González—.

Actualmente, MaxamCorp Holding SL, madre del grupo armamentístico, con sede cerca del Ifema de Madrid, sigue presidida por José Fernando Sánchez Junco y tiene 6.256 empleados, según sus cuentas de 2018. Entre sus consejeros están Santiago Eguidazu —también consejero de Ferrovial—, Javier Targuetta Roza —hasta 2017 consejero en Abengoa—, Steve Langman —procedente de Goldman Sachs— y José Manuel Vargas —hasta 2017 presidente de Aena—. Su capital se lo reparten un grupo de accionistas particulares denominado Grupo TDA, Técnicos Directivos y Asociados —55%— y Rhône Capital —45%—, que en España está dirigido por el expresidente de Aena.