Infancia
Una sentencia española obliga a una madre uruguaya a entregar a su hija al padre, denunciado por abusos

La uruguaya María y su hija se encuentran desde el viernes en la sede del consulado de Uruguay en Barcelona. Por orden judicial, los Mossos de Esquadra permanecen en las puertas del consulado y tienen instrucciones para retenerlas y hacer así que la hija de María vaya con su padre, a quien un juzgado de Lleida ha otorgado la custodia pese a que él fue denunciado por abusos sexuales.

La denuncia por abusos, como es habitual en los casos de abusos sexuales a menores, fue archivada pese a que la menor contaba con varios informes realizados en organismos uruguayos en los que hasta cinco expertos acreditaban una alta probabilidad de que la menor hubiese sufrido abusos por parte de su padre. Según el informe the Save The Children Ojos que no quieren ver, de cada 10 casos abiertos en los tribunales, 7 no llegan nunca a juicio.

“Están siendo muy cuidadas por todo el personal del consulado, que las trata con un cuidado y respeto”, explica Soledad Cazorla, portavoz de la Intersocial Feminista, una organización uruguaya que ha seguido el llamado ‘caso María’ desde 2018, cuando una sentencia de la Corte Suprema de Uruguay le ordenó regresar a España. 

Un error ha dado una prórroga a María y su hija. La jueza ordenó que la entrega de la menor se produjera en el consulado de Uruguay en Barcelona, orden que el consulado considera no ajustada al derecho dado que “el Estado uruguayo, y por ende su Misión Diplomática y Oficinas Consulares, está exento de la autoridad de la sentenciante”. Además, el Ministerio de Exteriores de Uruguay expresó en un comunicado el viernes su preocupación “ante una sentencia improcedente” y pidió a las autoridades españolas “que la resolución de la situación se lleve a cabo atendiendo al interés superior de la niña”.

Después de este episodio, la jueza emitió una nueva orden, por la que la menor debe ser entregada a su padre este miércoles. Sin embargo, el abogado de la mujer, Mario Guerrero, ha aclarado a este medio que esa fecha ha sido cancelada sin que de momento se haya establecido una nueva.

Cronología

En 2016 María, de nacionalidad uruguaya, vivía en Vielha con el padre de su hija de tres años y decide viajar Uruguay con su hija para visitar a su familia. Allí, algunos familiares advierten conductas inusuales de la niña y le sugieren a la madre que consulte con psicólogas especializadas.

Es así como dos psicólogas especializadas en infancia concluyen en un primer informe que los indicadores que presenta la menor son compatibles con una situación de abusos. A partir de ese informe, se hace una denuncia contra el padre y se pide que esta situación sirva de eximente al cumplimiento del Convenio de La Haya por el que la niña debía ser restituida a España, como había pedido el padre. Entonces, la niña vuelve a ser valorada, esta vez por personal del Instituto Técnico Forense de la justicia Uruguaya. Esta vez son una trabajadora social y una psicóloga las que acreditan que es altamente probable una situación de abusos, como explica a El Salto Soledad González.

Hay un informe más, explica la misma fuente: el de una psiquiatra infantil que trata a la niña en el último periodo que pasa en Uruguay. Esta psiquiatra recomienda que la menor permanezca en Uruguay con su madre, donde la niña cuenta con un entorno seguro, argumenta.

“Pero esto fue ignorado por la justicia uruguaya y por la Suprema Corte, que termina definiendo que vuelva a España”, dice González, que añade cómo ese “altamente probable” no sirvió para dar por probado el abuso y, además, a partir de ahí se impuso la lectura de que él era inocente.

De este modo, María y su hija se ven obligadas a volver a España en junio de 2018, y vuelven con algunas medidas cautelares, dada la denuncia de la madre. Entonces, “los técnicos del instituto forense de Lleida determinan que no se pudo ni comprobar ni descartar el abuso y empieza el proceso de familia de visitas y de revincular al niño con el progenitor”, dice la portavoz de la Intersocial Feminista. Sin embargo, este proceso se ve dificultado por la angustia que muestra la niña en esas visitas, hasta el punto de que no pueden desarrollarse como estaban previstas.

Paralelamente, en el proceso judicial “empieza a surgir, dicho explícitamente por Fiscalía, jueza y técnicos, el argumento de que la niña está siendo alienada y que es víctima del pseudosíndrome de alienación parental”, explica González. Este proceso finaliza con la sentencia de septiembre hecha pública a principios de octubre, en la que la jueza Cristina Marrero Pérez ordena que se otorgue la custodia al padre, teniendo la madre derecho a ver a la niña dos horas a la semana en un punto de encuentro. “Las visitas de una hora cada dos semanas fueron canceladas por la angustia de la niña y ahora una jueza decide arrancar a la niña y prohibirle a la madre que la vea más que dos horas a la semana”, dice González: “No hay marco de derechos humanos en donde eso se encuadre en ningún lugar del mundo, y mucho menos en la convención de derechos del niño”, dice.

La sentencia de la jueza es tajante: dice que la resolución ha de ser “necesariamente traumática”, culpa a la madre de haber “utilizado la vía penal para conseguir los objetivos de la vía civil” y desacredita los informes de los especialistas uruguayos por no reunir los requisitos necesarios. Además, da por hecho que “existe un alto riesgo de la menor de continuar el ejercicio exclusivo de la custodia por parte de la madre” y que esta “interfiere en el vínculo con el padre con una práctica alienadora nociva”.

Muestra de apoyo 

Organizaciones uruguayas han apoyado en estos días la campaña #MaríaNoSeVa, que empezó cuando la justicia obligó a la madre y a su hija a volver a España. El pasado viernes, una concentración en apoyo a María expresó su preocupación por el caso en las puertas de la embajada de España en Uruguay y la Intersocial Feminista ha recogido más de 9.000 firmas desde el viernes a través de una petición en la plataforma change.org.

Por otra parte,en España, ha surgido también un movimiento de apoyo a María y su hija y, así, asociación La Volaera y la Plataforma Luna han expresado su apoyo a la madre de la niña uruguaya en un manifiesto que han lanzado en el día en el que la jueza ha determinado de nuevo la entrega de la niña al padre para recoger adhesiones. En el manifiesto, aseguran que “muchos los niños y niñas que son arrancados de sus madres en nombre de un falso e inexistente síndrome denominado síndrome de alienación parental” y denuncian que  las madres que protegen a sus hijos sean cuestionadas, humilladas, silenciadas y condenadas por ello.