Internet
Dark web, el irresistible encanto del anonimato en internet

Aunque el sensacionalismo de los medios va a la baja, el término dark web todavía se asocia a actividades ilegales como comercio de armas, venta de productos falsos, pornografía infantil, etc. Si bien es fácil encontrar contenidos delictivos en esta parte de internet, diversos estudios estiman que suponen un 45-60% del total.

El resto de la llamada “web oscura” consiste en servicios convencionales como foros de discusión, salas de chat o gestores de correo electrónico; con la única peculiaridad de que sólo se puede acceder a ellos con navegadores como ToR (The Onion Router), que ocultan la identidad. Una característica que es muy atractiva para delincuentes, pero también para periodistas, activistas y personas que quieren proteger su privacidad. Una mezcla de usuarios e intereses que puede dar resultados inesperados, como que la compraventa de drogas en línea se convierta en un alegato anarco-liberal.

La mano invisible digital

“Sector por sector, el Estado está siendo eliminado de la ecuación y el poder se está devolviendo al individuo". Estas eran las palabras del administrador de Silk Road, un mercado negro de estupefacientes, en una entrevista de 2013 en la revista Forbes. En apenas dos años de existencia, entre 2011 y 2013, este portal de la dark web puso en contacto a cientos de miles de personas de todo el mundo que usaron el sitio como si se tratase de un eBay de los narcóticos.

El Gobierno de Estados Unidos se movilizó para clausurar Silk Road tras cuantificar en 1.200 millones de dólares las transacciones generadas en el sitio

En sus foros de debate, y en los de otras webs similares como Evolution o Agora, predominaban los discursos anarco-capitalistas o libertarian (traducido en español como 'libertarianos' para evitar su confusión con 'libertarios'), la filosofía política que defiende la libertad individual y de mercado como valores supremos. Para esa comunidad virtual, la mera viabilidad económica de esas plataformas era un ejemplo de capitalismo perfecto, en el que criptomonedas como bitcoin hacían innecesaria la existencia de una autoridad monetaria central.

Si bien esta comunidad no planteó acciones políticas concretas en el ámbito tradicional, su existencia supuso un desafío real a la autoridad. No en vano, el Gobierno de Estados Unidos se movilizó para clausurar Silk Road tras cuantificar en 1.200 millones de dólares las transacciones generadas en el sitio. Su responsable, el estadounidense Ross Ulbricht, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia del reo, muy crítica con el proceso judicial, pone en duda las motivaciones reales del caso: “No creo que se tratara de un tema de drogas, que la llamada guerra contra las drogas sea sobre drogas”, afirmaba en 2015 Lyn Ulbricht, madre del preso, “creo que realmente se trata de un tema de control gubernamental”.

La información como política

Si bien la tendencia anarco-liberal perdió relevancia con la clausura de Silk Road, la defensa de la libertad de expresión y el anti-autoritarismo son valores que impregnan la cultura de la dark web. Aunque existen espacios de discusión de todos los signos, la mayor parte de portales políticos se centran en el hacktivismo, la ciberseguridad y el acceso a la información. ParaZite, uno de los más afamados, difunde información supuestamente confidencial que abarca desde manuales anarquistas a panfletos racistas, pasando por documentación de Al Qaeda y antiguos textos de la CIA.

Esta diversidad ideológica, a menudo contradictoria, es una opción deliberada de la persona responsable de la web, que proclama que “toda la información debe estar disponible de manera libre”, sin importar el tipo de contenido. Para ella, “es sólo una cadena de bits. Si hay demanda, voy a suministrarlos”.

La relevancia de la libertad de información se materializa de un modo particularmente efectivo en otro tipo de servicios: las páginas para informantes o whistleblowers. Gestionadas por periodistas y activistas, estas plataformas garantizan un canal de comunicación confidencial para personas que quieran denunciar irregularidades o poner a salvo información trascendental. La afamada Wikileaks es una de ellas, pero también existen sitios anónimos de medios masivos como The Guardian y The Washington Post; e iniciativas como la española Filtra.la, que distribuye las denuncias recibidas entre distintos medios de comunicación y colectivos de la sociedad civil.

El colectivo británico Anti-Raids Network usa los servicios seguros de Rise Up para organizar acciones contra las redadas policiales

Una de los proyectos más recientes y exitosos es el Buzón de de Xnet, destinado a personas que quieran denunciar casos de corrupción política. En los últimos años, este proyecto ha permitido sacar a la luz tramas tan relevantes como los correos de Blesa y las tarjetas black de Caja Madrid. “Siempre hemos trabajado con filtraciones y documentos sensibles” explica Simona Levi, fundadora de Xnet, “pero cuando llegaron los Correos de Blesa tuvimos la necesidad de crear una herramienta más estructurada para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras fuentes”.

La organización usa GlobaLeaks, un sistema de código abierto basado en ToR y desarrollado específicamente para enviar y recibir ficheros de manera segura. “Si la persona que nos contacta toma todas las precauciones que indicamos”, detalla Levi, “podemos comunicarnos con ella sin saber quién es. Para nosotros siempre será un código, con una IP oculta y anonimizada”. Algo cada vez más relevante en un contexto en el que proliferan plataformas similares y que según Xnet, no siempre garantizan técnicamente la protección real de las fuentes.

El valor de la privacidad

Así pues, la principal virtud de la dark web y de otras herramientas para activistas es la garantía de privacidad. Constanza Figueroa, de la organización chilena Derechos Digitales, remarca que este debería ser el verdadero foco del debate: “No nos gusta hablar de dark web porque es un término criminalizado cuando en realidad es lo mismo que Internet, sólo que usando servicios que dan importancia al anonimato”. Su organización lleva a cabo la campaña Defendamos el Anonimato para concienciar de su importancia para el respeto de los derechos fundamentales. “Internet es un terreno en disputa en el que predomina un discurso político y empresarial en contra de la privacidad”, advierte Figueroa, “la forma en que nos relacionemos con la tecnología configurará cómo será en el futuro”.

Conscientes de esta realidad, diversas organizaciones e iniciativas sociales se preocupan por proteger su presencia online. Es el caso de Rise Up, un colectivo anticapitalista con sede en Seattle que desde 1999 proporciona medios de comunicación para activistas. Sus servicios seguros de correo, listas, chats, etc. son gratuitas y no requieren ninguna identificación, aunque solo se pueden crear con invitación previa. Los usan iniciativas como la campaña No Callamos Más en Ecuador, para que mujeres víctimas de acoso sexual puedan exponer sus historias.

Aunque este proyecto anima a denunciar los casos públicamente a través de redes sociales, también facilita canales protegidos para aquellas personas que no quieran ser reconocidas. El colectivo británico Anti-Raids Network también usa los servicios de Rise Up para organizar acciones contra las redadas policiales de Inmigración. Además de promover redes privadas para activistas, animan a empleados del Ministerio del Interior del Reino Unido a colaborar enviando información que les ayude, a través de claves públicas que permiten remitir mensajes cifrados.

Por su propia naturaleza privada, muchas de estas iniciativas no están bien documentadas y es difícil cuantificar su volumen real. Sin embargo, los datos muestran que los navegadores anónimos son populares en Estados con libertades limitadas como Irán, Arabia Saudí o Chad; donde se usarían para evitar la vigilancia o la censura de sus gobiernos.

No obstante, tal y como ha estudiado el investigador canadiense Eric Jardine, su adopción también es amplia en las democracias liberales más consolidadas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. Según Jardine, esta tendencia podría deberse a la permisividad legal para utilizar estos servicios, pero también a una creciente preocupación por la privacidad. De hecho, y según datos públicos de ToR, el uso de su herramienta creció de un modo notable en 2013, coincidiendo con las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense.

La constatación de la cibervigilancia se suma a un contexto global en el que cada vez más países –democráticos y autoritarios– persiguen las opiniones de los usuarios e intentan cerrar plataformas de comunicación. Sin ir más lejos, el colectivo Rise Up se vio forzado a entregar al FBI datos de dos de sus cuentas que se usaban para fines delictivos. Por ello, desde el pasado febrero, la organización ha cifrado totalmente sus servicios, de modo que ni siquiera sus miembros puedan desencriptarlos.

“Estamos en la era Trump”, advierte Simona Levi en relación al panorama global, “pero la ONU y otros actores importantes defienden el anonimato, por lo que lucha aún está igualada”. En el caso de España, denuncia la activista de Xnet, “la izquierda es tecnofóbica y la derecha es favorable al control de la ciudadanía, y por ello impulsa propuestas de ley que prohíben el anonimato”. Hace referencia a la Proposición de Ley Integral Contra la Corrupción y para la Protección del Denunciante, impulsada por Ciudadanos y que niega explícitamente la confidencialidad de los denunciantes. Una iniciativa, que de prosperar, se sumaría a una Ley Mordaza todavía vigente, poniendo aún más de relieve la importancia de tomar precauciones en el ejercicio del activismo en línea”.