Irene Montero
Irene Montero: “España necesita que la violencia política forme parte del debate público”

Varias denuncias por “apología de la pederastia” interpuestas tras una campaña en redes por unas declaraciones en las que defendía la educación sexual son el ya penúltimo ejemplo de cómo Irene Montero y el Ministerio de Igualdad están siendo desde su creación un objetivo de los ataques de la derecha y la extrema derecha. “Melilla”, “Vuitton” o “niñeras” son las palabras clave de solo alguno de los múltiples episodios de lo que ella calificaba el 18 de septiembre en una intervención en el Congreso como “violencia política”.

Con Irene Montero (Madrid, 1988) arrancaba en enero de 2020 el segundo Ministerio de Igualdad de la historia. El primero, dirigido por Bibiana Aído durante el gobierno del socialista José Luis Rodrígeuz Zapatero, desapareció dos años después de su creación en una reestructuración. La crisis enseguida sirvió de excusa para dar un paso atrás en esta apuesta.

Esta semana, Igualdad anunciaba un aumento de su asignación en los Presupuestos Generales del Estado de 564 millones de euros de los que más de 300 irán destinados a combatir las violencias machistas. La cantidad es un 9% mayor que el año anterior y supone una notable diferencia con la media de 180 millones de euros en promedio por año que el Gobierno anterior, del PSOE, destinó a políticas de igualdad. En la legislatura previa, con un gobierno del PP entre 2012 y 2018, el promedio fue de 65 millones. La legislatura precedente, con un gobierno socialista, entre 2004 y 2011, el promedio fue de 54 millones. Esta evolución da fe de cómo se han ido normalizando sin resistencias reseñables las políticas de igualdad... hasta ahora. En un contexto de cuestionamiento de las políticas feministas, el ministerio lleva a cabo una intensa actividad legislativa. Tras la aprobación de la Ley de Libertad Sexual, la ley trans y las diferencias sobre cómo abordar la prostitución serán dos focos de fricción entre los socios de coalición, que tienen otros dos grandes retos: una ley de trata y la reforma de la ley del aborto. 

El 28 de septiembre te preguntabas, dirigiéndote a la Cámara, “¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras”. ¿Había en esas palabras un reproche a la inacción de la Cámara, a hacer poco o nada contra los discursos de odio?
La verdad es que no tengo reproche porque siempre he sentido el apoyo de la mayoría feminista de la Cámara, de un montón de gente que no va a consentir bulos, ni mentiras, ni campañas de violencia política. Y por supuesto, el apoyo de mi partido y de mi equipo. Yo creo que la clave, eso nos lo ha enseñado el feminismo, para conquistar derechos y afrontar la reacción a ese avance de derechos es que nunca lo haces sola. Las feministas somos una piña y un día nos toca a una estar en primera línea y otro día a otra, y unas lo hacemos desde las instituciones y otras desde las asambleas, pero estamos todas a una porque somos conscientes de que estamos cumpliendo diferentes papeles militantes al servicio de la conquista y el avance de derechos.

Lo que tengo es gratitud, y no solamente una gratitud personal —porque cuando flaqueas siempre hay alguien para decirte “adelante”— sino también gratitud política. Porque si no existiera esa organización y esa capacidad no solo de conquistar derechos sino de hacer frente a la reacción, seguramente conseguirían su objetivo, que es disciplinarnos a las que estamos ahora en primera línea, pero a todas las demás también, al decir “no hagas política porque van a intentar destruir tu vida y la de la gente que quieres”, que es donde peor se pasa. Entonces no hay tanto un reproche como una llamada a la acción política, a reconocer e identificar como han hecho las compañeras latinoamericanas desde hace muchos años, por ejemplo, en la Convención de Belém do Pará, que la violencia política existe contra las mujeres feministas que hacen políticas transformadoras desde muchos lugares y que en los peores casos llega al asesinato político como Berta Cáceres o Marielle Franco, pero que también tiene otras muchas manifestaciones: el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o la destrucción de la vida personal, el escrutinio, el cuestionamiento para buscar la destrucción y que nadie quiera estar cerca de ti porque tiene un alto coste. Creo que España necesita que la violencia política forme parte del debate público y que las feministas estemos unidas y tomando medidas para hacer frente a esa violencia política que se despliega contra cualquiera de nosotras. 

Has dicho que era una llamada de atención, ¿alguien se ha dado por aludido?
Por supuesto que sí. Y no solo a raíz de esa intervención en el Congreso. Yo lo comento mucho con las diputadas con las que tengo más trato, la mayoría feminista del Congreso con quienes sacamos todas las leyes feministas adelante. Y, más allá, con portavoces. Siento que en eso la mayoría feminista de la Cámara tiene muy claro, primero, que este es un tiempo de conquista de derechos feministas y, segundo, que para conquistarlos hace falta que muchas mujeres estén poniendo el cuerpo, y también muchas personas de la comunidad LGTBI, y que nos tenemos que proteger las unas a las otras frente a una extrema derecha y una derecha a las que el único recurso que les queda es la ridiculización, la violencia política y una resistencia muy anacrónica para intentar que esos derechos no avancen. Pero, por suerte, somos más.

El feminismo es el proyecto de país que con más claridad está diciendo que necesitamos más democracia y no el autoritarismo, que es el proyecto alternativo que están defendiendo ahora mismo la derecha y la extrema derecha

Hablas de violencia política en forma de asesinatos y parece difícil pensar que eso pudiera llegar a ocurrir aquí. ¿Quieres decir que has temido por tu vida?
Son diferentes formas de manifestarse esa violencia política. Todas responden a un mismo objetivo, que es el disciplinamiento de las mujeres que decidimos hacer política dentro y fuera de las instituciones. El asesinato es la peor de las consecuencias de la violencia política y en eso las compañeras latinoamericanas, por desgracia, tienen más experiencia y por tanto también mucho que enseñarnos y nosotras mucho que aprender de ellas. Aquí, estas campañas de violencia política se están desplegando no solamente en España, también en Europa, por la vía de la ridiculización, de las mentiras, de los bulos, del acoso personal, del escrutinio de la vida privada y del intento de destrucción personal. Entonces, no porque sean manifestaciones menos graves, en la medida en que no terminan atentando contra la vida, es menos preocupante que exista esa violencia política. Y, sobre todo, yo creo que hay que entenderlo en un contexto en el que el mundo entero está viendo que nuestra forma de organización de la vida y de la sociedad es incompatible con la felicidad de las personas y que es urgente hacer transformaciones estructurales y que el feminismo seguramente es quien mejores respuestas está aportando. El feminismo es el proyecto de país que con más claridad está diciendo que necesitamos más democracia y no el autoritarismo, que es el proyecto alternativo que están defendiendo ahora mismo la derecha y la extrema derecha. 

Esta violencia política tiene varias formas y una de ellas es el tratar de entorpecer el trabajo del ministerio. ¿De qué manera limita lo que está pasando las políticas públicas que están haciendo?
La acción de los reaccionarios y de los machistas está consistiendo en intentar generar un clima social de cuestionamiento de los derechos de las mujeres y de cuestionamiento de los derechos de la comunidad LGTBI. Ese es su objetivo y, obviamente, si desde las instituciones los representantes públicos están diciendo que la violencia machista no existe o que no merece la pena invertir recursos públicos, eso cala. 

Aun así, creo que que el feminismo es imparable y que precisamente despliegan con tanta agresividad sus estrategias porque vamos ganando, porque en nuestro país hay una amplia mayoría que quiere que España sea un país cada vez más feminista y que sabe que hay que combatir las violencias machistas y que sabe que hay que invertir en políticas de conciliación y que sabe que también necesitamos una reforma fiscal justa porque el dinero no cae del cielo como cree el Partido Popular. El dinero para la sanidad, para la educación o para la conciliación sale de los impuestos y tienen que pagar más quienes más tienen. Eso también es hacer política feminista y eso es lo que más les molesta a los reaccionarios y a los machistas, que suelen coincidir. Lo que están viendo es que el movimiento feminista y las feministas, dentro y fuera de las instituciones, estamos disputando el poder y queremos participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos donde se toman decisiones en igualdad de condiciones, y eso implica transformaciones estructurales que ponen en cuestión los privilegios que ellos quieren naturalizar, los privilegios de este sistema neoliberal que precisamente lo que naturaliza es la desigualdad y los privilegios desorbitados de unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría social. Eso que ellos naturalizan el feminismo lo pone en cuestión de raíz y por eso yo creo que atacan con tanta crueldad. 

Nosotras no hemos sido ingenuas en ningún momento, sabíamos a lo que veníamos y sabemos que cuando hay momentos de avance de derechos siempre hay una reacción que se despliega con toda su crudeza

Pero preguntaba si limita todo eso que está pasando en la labor del ministerio, porque es difícil pensar que no lo hace...
No, porque estamos aquí para esto. Nosotras no hemos sido ingenuas en ningún momento. Cuando decidimos presentarnos a las elecciones y formar un partido —que era lo que nos decían hace unos años, formad un partido si tan buenas ideas tenéis—, cuando decíamos que queríamos gobernar, todo el mundo nos decía “no, es imposible, mejor aceptad un acuerdo de cooperación y dejad al Partido Socialista gobernar en solitario”. Nosotras sabíamos a lo que veníamos. Sabemos que cuando hay momentos de avance de derechos siempre hay una reacción que se despliega con toda su crudeza por parte de los privilegiados, de los reaccionarios, en este caso también de los machistas. Pues sabíamos a lo que veníamos y no, al contrario, somos un ministerio que tiene una alta tasa de actividad, un alto nivel de trabajo y estamos muy orgullosas de que así sea, porque eso va a permitir que en una legislatura tengamos tres leyes, la ley del aborto, la ley de libertad sexual y la ley trans, aprobadas y también un plan Corresponsables —la primera política pública de conciliación— o una actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Lo que ha desatado las últimas denuncias ha sido defensa de la educación sexual que se supone que garantiza la Ley de Libertad Sexual. Pero la necesidad de impartir educación sexual ya estaba en otras leyes. De alguna manera ya se podía estar impartiendo y no se hace. ¿Por qué esta vez va a ser diferente?
Precisamente por eso queremos reforzar la obligatoriedad y la capacidad del Estado y de las administraciones de garantizar el acceso a un derecho, que es un derecho de los niños, de las niñas, de les niñes de nuestro país, el derecho a la educación sexual. Sobre educación sexual ya han hablado leyes educativas. También la nueva ley educativa de este Gobierno, la anterior ley del aborto y la nueva ley del aborto, la ley trans y de derechos LGTBI, el Pacto de Estado... Precisamente porque la educación sexual es un derecho y porque el aprendizaje sobre la sexualidad se produce a lo largo de toda la vida queramos o no. Este no es un debate sobre si queremos o no que los niños y las niñas, las adolescentes, aprendan sobre su sexualidad. Es un debate sobre si queremos que lo hagan iniciándose en el consumo de pornografía violenta a los ocho años y sin ningún tipo de apoyo y por su cuenta o si pensamos que es algo tan importante para la libertad y para el desarrollo de un proyecto de vida como para que desde las edades más tempranas los niños y las niñas aprendan que tratar bien está bien y tratar mal está mal. Que aprendan a identificar las agresiones sexuales y a tener herramientas para denunciarlas, o que no se pueden burlar de nadie por la forma o por el tamaño de su cuerpo, o que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y que hay diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades de género y que todas ellas son normales y merecen el mismo respeto y, por supuesto, la ausencia total de discriminaciones. 

Acabas de dar por aprobada la ley trans antes de que acabe la legislatura y has manifestado ya varias veces que tu idea es que se puede hacer antes de que acabe el año. Pero Carmen Calvo ha dicho que pone en cuestionamiento todas las políticas de igualdad y la también socialista Gabriela Bravo dice que es una aberración. ¿Crees que puede haber palos en la rueda tras conocer estas declaraciones?
Creo que esa pregunta hay que hacérsela al Partido Socialista. Yo he hablado a principio de este período de sesiones con todos los grupos parlamentarios del Congreso, precisamente porque el calendario legislativo de este periodo de sesiones es muy intenso y la voluntad de todos los grupos es poder dar el debate, que es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo. Hay que dar ese debate para que antes de que acabe el año esas leyes estén aprobadas, porque toda la mayoría feminista compartimos que son leyes urgentes, más en un momento de dificultad. Cuando vienen momentos de crisis los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI son los primeros que se ponen en cuestión y que tienen riesgo de sufrir retrocesos. Y, por tanto, yo creo que lo que nos corresponde al Gobierno de coalición y a la mayoría feminista desde el Congreso y el Senado es demostrar que toca justo lo contrario, avanzar en derechos y avanzar de forma urgente. Entonces, creo que el compromiso de la mayoría feminista, compartido con el ministerio, es que esas leyes estén aprobadas a final de año. Y sobre los debates internos del Partido Socialista yo creo que es mejor que respondan, que respondan ellas. 

La Ley de Libertad Sexual responde de una forma muy directa a movilizaciones feministas. Responde a un “hermana yo sí te creo” y a una primera sentencia de La Manada. Ahora que por fin se ha aprobado esta ley, ¿no crees que el movimiento feminista ha sido poco entusiasta? ¿Crees que el movimiento feminista apoya esta ley o te sientes tú respaldada en ese sentido?
Creo que el movimiento feminista es el que más ha peleado esta ley, es el principal protagonista de esta ley y quien ha conseguido que esta ley salga adelante. Sin el empuje del movimiento feminista hubiese sido imposible ni siquiera la existencia misma del Ministerio de Igualdad y, digo más, la existencia del Gobierno de coalición. Yo creo que nosotras, al menos desde Podemos, somos muy conscientes de que este Gobierno ha sido posible porque las feministas se han movilizado, los pensionistas se han movilizado, la gente que defiende el derecho a la vivienda se ha movilizado... Porque ha habido una sociedad civil que claramente dice que necesitamos más democracia. Y eso significa también garantizar todos los derechos para todas las mujeres. Y eso es lo que justifica la posibilidad de existencia de un gobierno de coalición que nosotras defendíamos desde Podemos desde el año 2015 y que hasta 2020 no se conformó. Han pasado cinco años en los que nos decían que era imposible y ha sido ese empuje democratizador de la sociedad española el que ha permitido que que sea posible. 

El movimiento feminista no es nada autocomplaciente y yo soy muy consciente del rol que tenemos que ocupar en el ministerio 

También, por supuesto, el movimiento feminista es crítico y tiene diferentes opiniones y sigue debatiendo y sigue también pensando en las cosas que faltan por hacer. El movimiento feminista no es nada autocomplaciente y yo soy muy consciente del rol que tenemos que ocupar en el ministerio y desde la política institucional. Y lo que creo es que siguen quedando muchas cosas por hacer. Se reconocen los avances y también se siguen empujando nuevas conquistas de derechos y nuevos avances. Ahora tenemos todo un reto para implementar esta ley y yo creo que ahí vamos a encontrar al movimiento feminista, a las asociaciones, a las entidades que trabajan directamente con las mujeres víctimas diciendo por aquí sí, por aquí no, como ha pasado con el Pacto de Estado contra la violencia de género, para exigir compromisos presupuestarios y que las cosas que no se están implementando adecuadamente lo hagan. O sea que sí, que creo que hay respaldo y lo que creo es que hay también, como debe ser, ninguna autocomplacencia y mucha firmeza en seguir avanzando. Eso es lo que hace el movimiento feminista punta de lanza de los procesos democratizadores, que no conquista un derecho y se para. Conquistamos un derecho y avanzamos con más fuerza, precisamente porque esa conquista nos permite seguir avanzando. 

Una de las renuncias significativas que se da en la reforma de la ley del aborto ha sido la renuncia al reconocimiento de la violencia obstétrica. El 30 de septiembre, el Consejo Fiscal publicaba su informe sobre este texto donde recomienda incluir la violencia ginecológica y obstétrica. ¿Da esto argumentos para que finalmente se pueda introducir? ¿Hay algún margen para que la violencia obstétrica entre en la ley de la reforma de la ley del aborto?
Tengo la sensación de que el texto en ese ámbito se va a mantener como está, porque para el Partido Socialista era muy importante no incluir este extremo. Nosotras siempre apostamos por el reconocimiento de la violencia obstétrica, porque no es un invento nuestro. España tiene condenas de organismos internacionales por casos concretos en los que ha existido violencia obstétrica. En todo caso, creo que el acuerdo que hemos alcanzado, siendo consciente de que a mí me hubiese gustado ir más allá, es un avance significativo que también responde al empuje de muchas mujeres que llevan mucho tiempo peleando por que el reconocimiento de la violencia obstétrica esté presente en nuestra arquitectura institucional. No hemos conseguido que aparezca la palabra, pero sí tenemos un acuerdo que es el que figura en la ley para dejar claro que las estrategias y los protocolos de parto respetado tienen que estar presentes en todos los paritorios de nuestro país, que tienen que extenderse las buenas prácticas y por tanto, que eso requiere todo un trabajo del sistema sanitario en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias para desplegar todas esas buenas prácticas. A mí me hubiese gustado ir más lejos y lo sabéis porque lo he dicho públicamente. Pero también quiero ser leal y fiel al acuerdo que hemos alcanzado en el seno del Gobierno y eso no quita para que vayamos a seguir peleando para que igual que reconocemos cuál es la solución a la violencia obstétrica que es implementar buenas prácticas, podamos reconocer también que esa violencia obstétrica existe y que eso no es un cuestionamiento a los médicos ni al personal sanitario, sino el reconocimiento de que existe una violencia que tiene víctimas y que tienen que tener una reparación por parte del Estado. 

Antes dabas por aprobada tres leyes pero no has mencionado la ley de trata. ¿La das por perdida?
No la he mencionado porque todavía no ha iniciado su tramitación. Es verdad que hemos debatido mucho con el socio de Gobierno cuál era la mejor forma de hemos cambiado o nos han propuesto cambiar de criterio varias veces respecto a cuál era la mejor forma para su tramitación. La ley de trata tiene que empezar a tramitarse. En mi opinión, tiene que empezar a tramitarse con el objetivo de ser aprobada también en esta legislatura. Lógicamente, es muy difícil antes de que acabe el año, porque aún no ha salido del Consejo de Ministros, pero sí antes de que acabe la legislatura, y para eso estamos trabajando en el seno del Gobierno, para poder presentar, ojalá en este mes. 

Lo que sabemos hasta ahora es que Igualdad trabajó en un borrador que remitió a Justicia y que Justicia no respondió a ese borrador, sino que envió otro diferente. ¿No es un preocupante que no se trabaje en conjunto?
A mí me hubiese gustado otra forma de negociar, pero las cosas no son como a una le gustarían, sino como son. Y lo que yo tengo es la obligación de hacer avanzar a nuestro país todo lo posible en la capacidad de perseguir a los tratantes. Y también, sobre todo, que es mi principal preocupación, de proteger y garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, que es una violencia además no solamente extrema contra las mujeres, sino que permanece en unos altísimos niveles de impunidad y las mujeres víctimas en una situación muchas veces de de incapacidad absoluta para acceder a sus derechos más básicos.

Pensemos que muchas mujeres que son víctimas de trata o también de explotación sexual, también mujeres que están en contextos de prostitución, están en una situación administrativa irregular. Por eso estamos insistiendo tanto en que tenemos que hablar de las políticas de extranjería cuando abordamos estas formas de violencia contra las mujeres, porque la barrera de la situación administrativa y regular es determinante para el impedimento acceder a derechos habitacionales, económicos, sociales, también para sus hijos e hijas, en el caso de que los tengan. Así que esa es mi principal preocupación y voy a negociar en las condiciones que me imponga el socio mayoritario con el objetivo de de sacar esta ley adelante. Y, además, estoy siendo especialmente respetuosa en todo lo que digo y hago, porque esto es un compromiso del presidente del Gobierno. 

El borrador de Justicia no era específico de trata con fines de explotación sexual, sino que aborda la trata en general, según publicó eldiario.es. ¿Es ese el principal disenso? ¿Se puede llegar a un acuerdo disintiendo en ese aspecto? 
Yo creo que la decisión de técnica legislativa sobre si es más eficiente una ley que recoja todas las formas de trata o una que aborde específicamente la trata con fines de explotación sexual es importante, pero no es lo principal. Lo importante es qué medidas, que políticas públicas, proponemos para hacer frente a esas violencias. Es verdad que, por ejemplo, el hecho de que se aborden diferentes formas de trata permite reconocer la perspectiva de género y por tanto, poner en el centro los derechos de las mujeres víctimas, no solamente a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que es la forma más extendida de trata y que fundamentalmente afecta a mujeres y niñas, sino también otras formas de trata que también se ejercen sobre todo contra mujeres y contra niñas. Y pienso, por ejemplo, en la trata con fines de servidumbre o de trabajo doméstico. De esas dos decisiones, cada una tendría unas ventajas y algunas dificultades. Pero, aunque a mí eso me parece importante, nunca hemos puesto una línea roja en este sentido.

Yo creo que lo importante son las políticas públicas que pactemos y para mí ahí la prioridad es, primero, que hablemos de políticas de extranjería. Segundo, que seamos capaces de proteger de forma eficaz los derechos de las mujeres que son víctimas de esas violencias. Y, tercero, que seamos capaces de perseguir con eficacia a los tratantes y a la industria proxeneta, que son aquellos que se están lucrando con el ejercicio de una violencia contra las mujeres, de una violencia machista. 

En el ministerio convivimos personas que tenemos matices y posiciones diferentes sobre la prostitución; no obstante, este Gobierno tiene un compromiso abolicionista

Se suele decir que el debate de la prostitución tensiona a los socios de gobierno, pero dentro del propio ministerio tampoco hay una posición unánime...
En el ministerio convivimos personas que pensamos y tenemos matices y posiciones diferentes. El debate de la prostitución, por decirlo claramente, es un debate en el que el feminismo ha encontrado disensos y debates muy de tripa desde hace muchísimos años. Esto no viene de hace poco, viene de lejos en la historia del movimiento feminista en nuestro país. No obstante, este Gobierno tiene un compromiso abolicionista y este Ministerio también. Y más allá de eso, también por el debate parlamentario que tuvimos en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, creo que partiendo de posicionamientos políticos de partida respecto a la prostitución muy distanciados, incluso con los grupos de la mayoría feminista del Congreso, hemos sido capaces de estar a punto a una decisión del Partido Socialista de alcanzar un gran consenso en torno a dos cuestiones la persecución de la industria proxeneta. 

Todo el mundo, seamos regulacionistas, abolicionistas o proderechos, somos conscientes de que la industria proxeneta en nuestro país vive en la más absoluta impunidad, y que eso tiene que acabar. Y eso implica políticas públicas e implica también reformas en el Código Penal. Y hay otro gran consenso que es que esas reformas en el Código Penal y las políticas públicas que se despliegan para perseguir a la industria proxeneta no pueden situar en una situación de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad a las mujeres que están en contextos de prostitución y particularmente a las víctimas de trata y explotación sexual. Garantizar los derechos de las mujeres y perseguir a la industria proxeneta son dos consensos, dos obligaciones del Estado, con cierta independencia del posicionamiento político que tengamos respecto a la prostitución.

Precisamente por eso, a pesar de que el debate sobre la tercería locativa y proxenetismo no coactivo no llegase a tener un acuerdo en el debate de la ley solo si es así, y a pesar de que todavía no hemos conseguido tramitar la ley de trata, este ministerio no ha dejado de trabajar para que el 016 atienda también a las víctimas de trata o explotación sexual o para que tengamos en nuestro país, por primera vez en la historia, un plan de inserción social y laboral para las mujeres en contextos de prostitución y un Plan Camino para para hacer lo que ellas mismas piden, que es que el Estado garantice derechos para poder encontrar una una oportunidad diferente al contexto de prostitución. 

De momento Podemos ha dejado pasar la propuesta de ley del PSOE contra el proxenetismo. ¿Es eso una carta en blanco? ¿Dónde estaría el límite? ¿Qué provocaría un cambio de postura?
Yo tengo diferencias con la redacción que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en el Congreso en relación a la tercería locativa y al proxenetismo no coactivo. Y en lo que voy a trabajar, y así se lo he transmitido al Grupo Socialista, es que intentemos alcanzar el consenso que estuvimos a punto de alcanzar en el debate de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Porque, insisto, con independencia del posicionamiento político respecto al debate de la prostitución, hay consensos a los que podemos llegar si tenemos voluntad de acuerdo y así se demostró en ese debate. Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Ciudadanos, Junts... toda la mayoría que iba a apoyar la ley solo así estaba en disposición de llegar a un acuerdo. Y, si el Partido Socialista quisiera, podemos retomar la posibilidad de ese acuerdo para que exista una redacción de tercería locativa y de proxenetismo no coactivo que permita perseguir eficazmente a la industria proxeneta, sin en ningún caso poner en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor exclusión, o criminalizar a las mujeres que están en contextos de prostitución. Y yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo.

En este ministerio siempre se presume de que se escucha mucha gente. Las trabajadoras sexuales autogestionadas y organizadas se concentraban el día 5 frente al Congreso contra las leyes que, dicen, las criminalizan. ¿Se las ha escuchado a ellas? ¿Se les va a abrir la puerta de este Ministerio?
Algunas han estado de hecho aquí reunidas. Nosotras pensamos que la prostitución es una institución patriarcal que perpetúa la desigualdad y que perpetúa las violencias. Pero yo estoy plenamente de acuerdo con que todas esas mujeres tienen derecho a que su voz se escuche y a reclamar que la sociedad, no solamente el ministerio o el Gobierno, que la sociedad las escuche. Y la propuesta, insisto, que estamos haciendo desde el ministerio, independientemente de la posición concreta que tengamos en torno al debate de la prostitución, se basa en dos elementos que creo que que sí nos permitirían llegar a un consenso si el Partido Socialista quisiera.

Avanzar en presupuesto para las políticas de igualdad en un momento de crisis, eso la primera vez en la historia de nuestro país que qué ocurre

El presupuesto para violencias machistas va a superar los 300 millones en los próximos presupuestos. El año pasado se dedicaron a este punto 285. Se ha transmitido desde el Ministerio que el trabajo es ingente, porque ahora se reconocen muchos más tipos de violencia, porque hay una Ley de Libertad Sexual y puede haber una reforma de ley del aborto que amplíe a más... ¿Se queda corto?
No avanzamos tan rápido como nos gustaría o de forma tan ambiciosa como nos gustaría. Y por eso no soy autocomplaciente, porque sé que queda mucho trabajo por hacer. En esta legislatura hemos avanzado muchísimo, hemos dado pasos de gigante y, sin embargo, no soy nada autocomplaciente. A nivel presupuestario quiero recordar que uno de los principales lemas del movimiento feminista en los últimos años del gobierno de Rajoy era menos lacitos y más dineritos. No necesitamos tantos actos simbólicos, que también son importantes. Necesitamos inversión presupuestaria para poder construir las políticas públicas que garantizan los derechos a las mujeres víctimas de violencias. Nos hubiese gustado avanzar más, pero aun así avanzamos y avanzar en presupuesto para la lucha contra las violencias machistas, avanzar en presupuesto para las políticas de conciliación y para las políticas de igualdad en un momento de crisis, eso la primera vez en la historia de nuestro país que ocurre y eso quiere decir que el movimiento feminista está siendo capaz de participar de las decisiones y de imponer esos criterios de una manera mucho más efectiva a como lo hacía antes y que solo muchas las que decimos una evidencia como es que hay que invertir dinero si queremos parar las violencias machistas o si queremos que las mujeres tengan tiempo para vivir y hacer políticas de cuidados y de conciliación. 

Otra gran apuesta del Ministerio de Igualdad es el Plan Corresponsables, que parte de la idea de que es el Estado quien tiene que debe hacerse corresponsable del cuidado que asumen las familias. Pero en los últimos años se ha ido construyendo un discurso en torno a la maternidad que lo que está reivindicando es tiempo para maternar. ¿Está la izquierda huérfana de discurso de familia? ¿Por qué se acaba confiando en el Estado y no repensando la familia?
Estoy de acuerdo en que en que es uno de los debates de las feministas en este momento y que tampoco es nuevo. Por una parte está esa vertiente que dice que necesitamos repensar todo el modelo económico de organización de la vida. Y, por otro lado, un discurso que diría que lo que necesitamos es que las mujeres para tener derechos es incorporarnos al mercado de trabajo y entrar en la misma lógica de este sistema. Yo creo que nuestra responsabilidad es atender las urgencias con políticas, porque las mujeres en este país tienen ahora mismo una urgencia, y es que no tienen tiempo para vivir, no tienen tiempo para tomar un café, no tienen tiempo para ir al cine, no tienen tiempo para ir al médico. Es un puzle difícil el de ser capaz de hacer políticas públicas que respondan a las urgencias promoviendo transformaciones estructurales. Y yo creo que no hay una sola política pública que pueda conseguir avanzar hacia un sistema estatal de cuidados y al reconocimiento del cuidado como un derecho y, en definitiva, a lo que eso supone que es todavía mucho más profundo, que es decir, si el cuidado es un derecho y si el cuidado es la base de la vida, porque ninguna economía resiste una semana sin alguien que friegue un baño o que cuide a un niño o una niña, una persona dependiente. Quizás lo que tiene que cambiar es nada menos que toda la estructura de organización de la economía y de la vida. 

El Plan Corresponsables tiene que responder a una urgencia. Las mujeres tienen que tener tiempo para vivir y eso no solamente pasa por que hombres y mujeres se repartan de manera más equitativa las tareas de cuidados sino también por que el Estado se haga corresponsable, igual que el Estado se hace corresponsable de todos los derechos. Las instituciones son lo que nos permite articular la vida en sociedad, repartir la riqueza, resolver conjuntamente los problemas que solos, solas, no somos capaces de resolver. Si el cuidado es un derecho, igual que lo es la educación o la salud, pues el Estado también se tiene que hacer corresponsable de los cuidados.

Y, además de eso, necesitamos repensar cuántas horas se trabaja en nuestro país, cuáles son el tipo de permisos para el cuidado que existen en nuestro país. Eso lo vamos a hacer en la Ley de Familias, donde incorporamos un permiso que yo creo que es muy innovador en este sentido, que es el permiso de siete días para el cuidado de familiares o convivientes. Las modificaciones y la estabilidad en el empleo nos permiten ir componiendo un puzle muy complejo para a la vez resolver a urgencias y hacer algunas de esas transformaciones estructurales que permitan a las mujeres decidir. Yo no creo que mi función sea decir si estoy con las que quieren maternar durante tres años o de las que cree que las mujeres tienen que estar insertas en el mercado de trabajo tras los seis primeros meses. Creo que lo que tenemos que garantizar como Estado es que las mujeres puedan decidir cuál es su proyecto de vida, también en la maternidad. 

Hemos aprendido a base de cometer muchos errores y también a base de trabajar bajo mucha presión y con una obligación muy fuerte de conseguir éxitos donde nadie daba un duro por que consiguiésemos esos éxitos

¿Ha habido errores en estos tres años en el Ministerio de Igualdad?
Por supuesto que sí. Hemos aprendido mucho y no se aprende a base de aciertos, normalmente se aprende a base de errores. Entramos con un equipo con muchísimas ganas, mucha formación, mucha capacidad de debate, de generar compañerismo. Creo honestamente que el equipo del Ministerio de Igualdad es un equipazo, pero también sin ninguna experiencia o muy poca experiencia institucional. Teníamos experiencia institucional como diputadas en los grupos parlamentarios, pero no de Gobierno. Hemos aprendido a base de cometer muchos errores y también a base de trabajar bajo mucha presión y con una obligación muy fuerte de conseguir éxitos donde nadie daba un duro por que consiguiésemos esos éxitos. Pero creo que lo determinante en la acción del ministerio no han sido ni los aciertos ni los errores. Ha sido el compromiso firme de este equipo, que humanamente es de diez y que políticamente tiene muy claro que el feminismo es el principal impulso democratizador de nuestro país por sacar adelante todo el trabajo que hemos desarrollado y por no descansar ni un segundo hasta que todas esas políticas públicas estuviesen en marcha. 

¿El cartel del verano sobre violencia estética fue un un error?
El Instituto de las Mujeres se plantea cuando llega el verano hacer una campaña en contra de la gordofobia y que ponga en evidencia que todavía hay muchísimas mujeres que tienen miedo de quedarse en bañador y de la mirada de los otros, porque todavía vivimos en una sociedad que nos indica un modelo muy estereotipado de cómo tienen que ser los cuerpos de las mujeres. Creo que eso es un acierto. ¿Cómo lo ejecutamos? Pues efectivamente terminó siendo un daño para el propio Instituto de las Mujeres muy grande. Nosotras no sabíamos que las ilustraciones se correspondían con mujeres reales. Lógicamente, si lo hubiésemos sabido, no hubiésemos seguido adelante. Eso es un error que no nos tendríamos que haber podido permitir. Y, sin embargo, sigo defendiendo que es importante hacer campañas en contra de la gordofobia, en contra de la violencia estética, para la gente más joven, pero también para los cuerpos de 65 años y para los cuerpos de 45, que diga que todos los cuerpos son normales. 

El próximo año va a ser un año electoral con elecciones generales previstas para finales de 2023 o principios del 2024, pero también autonómicas y locales. En ese contexto ha entrado en escena un nuevo factor que es Sumar. Yolanda Díaz ha dicho que tenéis que sentaros a hablar de cómo encajar Sumar y Podemos. ¿Os habéis convocado a sentaros?
Nosotras estamos respetando el proceso de configuración del partido de Yolanda. Y cuando ella quiera, pues nos sentaremos. 

¿Quién tiene que llamar a quien?
Yolanda es la que está construyendo su partido. Es la candidata y por tanto, es ella la que la que nos tiene que hacer una propuesta. Y a partir de ahí nos sentaremos y hablaremos. Nosotras, mientras tanto, estamos cumpliendo con nuestra tarea, que es seguir apostando por esta forma de hacer política. Una forma de hacer política que se caracteriza por ser valiente y hacer posible lo que todo el mundo nos dice que es imposible. El gobierno de coalición es un mérito de la militancia de Podemos y de la gente de Podemos que nos quedamos solos defendiendo que había que entrar a gobernar y que no bastaba con un acuerdo de cooperación con el Partido Socialista. Quiero recordar que hace tan solo unos meses hacíamos un acto con Jeremy Corbyn hablando de que había que hacer un impuesto a las grandes fortunas. Hace tres meses que presentamos una iniciativa para hacer un impuesto a las grandes fortunas en el Congreso y el PSOE votó que no. Y, gracias a la forma de hacer política de Podemos, se ha convertido en un acuerdo presupuestario para que paguen más los que más tienen. Esa es nuestra esencia, conseguir que sea posible lo que hasta ahora nos decían y siempre nos han dicho que es imposible. Estamos también trabajando en presentar candidaturas fuertes en las municipales y autonómicas, y en eso vamos a estar aportando toda la fuerza de Podemos para gobernar con más fuerza en las comunidades, en los ayuntamientos y también, por supuesto, en las generales. 

Esta semana se sabía también que Unidas Podemos e Izquierda Unida barajaban presentarse por separado en las elecciones que vienen. ¿Crees que un electorado de izquierdas comprendería una concurrencia por separado en un contexto de auge de la extrema derecha —el 17% del electorado europeo eligió una opción ultraconservadora en las últimas elecciones de su país, según un reportaje de El País—?
Yo creo que lo determinante para que no ganen las derechas es conquistar derechos. Sabemos que la derecha va a desplegar un proyecto autoritario y no le van a temblar las piernas. Y que además no se trata solo de un proyecto que tenga en mente la derecha política en la que se presentan las elecciones. Por desgracia, los sectores reaccionarios están muy bien organizados en el Poder Judicial, en el poder mediático también, por supuesto, en el poder político. Y tienen un proyecto muy orgánico que es de involución democrática, de pérdida de derechos. Yo creo que para hacer frente a ese proyecto reaccionario de involución democrática, que por supuesto hay que hacerle frente también en los procesos electorales y ganarles las elecciones, lo que es determinante no es la fórmula con la que la izquierda se presenta, sino las cosas que la izquierda hace cuando tiene poder para hacer las cosas.

¿Cómo nos presentemos a las elecciones? En cada proceso electoral nos hemos tenido que sentar y lo hemos tenido que negociar. Podemos va a estar ahí, nosotras hemos venido para quedarnos, somos una fuerza de gobierno y estamos comprometidas con la transformación de nuestro país, con todos nuestros errores y también todas nuestras conquistas. Cuando Podemos está en un gobierno se hacen transformaciones y se hacen políticas que hasta hacía muy pocos meses nos decían que eran imposibles. Podemos estar ahí con el objetivo de gobernar con más fuerza y negociaremos para encontrar la mejor forma para presentarnos a las elecciones con todos nuestros aliados. 

Se ha acabado el tiempo pero tenía una última pregunta. El coste personal que ha tenido tu cargo es innegable. ¿Merece la pena?
Sí.