Islas Canarias
La “prioridad nacional” de Clavijo deja sin vivienda pública a una de cada cuatro personas en Canarias

Las políticas públicas y los efectos de la aplicación de la llamada “prioridad nacional” en la adjudicación de vivienda pública causan estragos. Y no solo entre la población extranjera. Según una denuncia de Derecho a Techo y el Observatori Desca ante la justicia canaria, una de cada cuatro personas radicadas en las islas entre 35 y 65 años no pueden acceder a una vivienda pública por la “prioridad nacional” impuesta por el Gobierno insular.

El 26,2% de la población con nacionalidad española y el 52,4% de la población extranjera se quedarían fuera del esquema de reparto y adjudicación de vivienda pública por ser “demasiado pobres”, es decir, por no alcanzar los ingresos mínimos exigidos por el regimen general de vivienda protegida en el archipiélago. 

Estos límites fueron establecidos el pasado mes de marzo por el Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y suponen, según denuncian estas dos organizaciones, la “exclusión automática” de 68.144 hogares inquilinos en Canarias, ya que cuentan con ingresos inferiores a mil euros, según el INE. Esta exclusión, denuncian estas entidades, discrimina especialmente a las mujeres con hijos a cargo, ya que un 41,76% de las familias monomarentales se encuentran en riesgo de pobreza, casi el doble que el resto de los hogares (21,59%).

Los migrantes, las mujeres y trabajadoras esenciales serían los colectivos más perjudicados por la norma, que incluye la exigencia de haber residido de forma continuada durante 12 años en Canarias

Estos son algunos de los datos presentados por Derecho a Techo y el Observatori Desca, entidades que presentaron el pasado mayo una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que declare ilegal el Decreto 23/06. Según el escrito presentado al TSJC, la ley “vulnera los derechos fundamentales de quienes más necesitan una vivienda pública”. 

Según el informe técnico, los migrantes, las mujeres y trabajadoras esenciales serían los colectivos más perjudicados por la norma, que incluye la exigencia de haber residido de forma continuada durante 12 años en Canarias para poder optar a una vivienda protegida en las islas. Una medida encuadrada en la “prioridad nacional” defendida por Vox y aceptada por diversos partidos de centro-derecha. Otras comunidades gobernadas por el PP con distintos acuerdos con Vox, como Andalucía, Extremadura, País Valencià, Murcia o Madrid caminan en la misma dirección. 

Una de cada dos personas que no cuentan con nacionalidad española no cumpliría con los 12 años de permanencia ininterrumpida, una discriminación que golpe doblemente a este colectivo, que ya sufre de “racisimo inmobiliario” a la hora de buscar un piso de alquiler o conseguir un hipoteca. Sin embargo, el planteamiento de la “prioridad nacional” también afecta a quienes cuenta con nacionalidad: el 14% de las personas con nacionalidad española quedarían automáticamente marginados por no cumplir con este requisito, según el informe.  

Otro de los motivos de denuncia de esta ley es la exclusión del Registro de Demandantes de quienes hayan ocupado sin contrato una vivienda protegida de promoción pública

Otro de los motivos de denuncia de esta ley es la exclusión del Registro de Demandantes de quienes hayan ocupado sin contrato una vivienda protegida de promoción pública, “sin atender suficientemente a sus circunstancias de necesidad y vulnerabilidad”. 

Para Derecho al Techo y el Observatori DESCA estas cifras “evidencian el riesgo de discriminación indirecta de una medida aparentemente neutral, pero que perjudica especialmente a la población migrante, a las trabajadoras y trabajadores esenciales y a las personas con mayor precariedad residencial”.