Islas Canarias
La “prioridad nacional” en vivienda ya tiene la primera demanda

Se ha convertido en tendencia por los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Castilla-La Mancha y todo apunta a que volverá a ocurrir en Andalucía tras los resultados del 17M. Su legalidad ha sido puesta en duda por el PSOE y todos los partidos a su izquierda, incluso por líderes territoriales del partido de Alberto Núñez Feijóo. La “prioridad nacional” está en boca de todos los acuerdos de Gobierno y ya cuenta con la primera demanda por su contenido discriminatorio.

Este 19 de mayo se ha hecho pública la denuncia que diversas organizaciones sociales han interpuesto contra el Gobierno canario por sostener este polémico concepto a través del endurecimiento de los requisitos para acceder a una vivienda pública. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo autonómico lanzaba el decreto 23/2026 por el que establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida para poder optar a los pisos de protección oficial. 

Los colectivos impulsores de la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias —el Observatorio Desca y Derecho al Techo—, vinculan el decreto del Gobierno autonómico con el eslogan de la “prioridad nacional” defendida por los partidos de extrema derecha. Esta deriva no es exclusiva de España y ha merecido varios posicionamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sitúa esta política discriminatoria fuera de la Carta de Derechos de la UE, un texto que garantiza “el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales”.

Las organizaciones demandantes, que han contado con el apoyo de los Sindicatos de Inquilinas de Tenerife y Fuerteventura, apuntan que el decreto cae en una práctica de “discriminación indirecta”: no menciona que un colectivo en particular queda excluido de la vivienda pública pero “el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto”, en este caso personas migrantes. 

Según este decreto, un migrante puede tener la entrada vetada a la vivienda pública aunque cuente con la nacionalidad española, un trámite para el que se necesita entre dos y diez años de empadronamiento. Y los problemas —éticos y legales— no acaban ahí. Personas migrantes provenientes de otras comunidades autónomas o incluso personas canarias que residen en la península o en el extranjero quedarían excluidas de las promociones de vivienda pública.

Esta exclusión, señalan estas entidades, vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias así como la Constitución Española, “especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna”.

Aunque la demanda solo apunta al Gobierno canario, puede servir como precedente para poner en el centro la ilegalidad y la irracionalidad de las políticas de “prioridad nacional”

La disposición que obliga a estar empadronado o trabajar en el mismo municipio durante cinco años seguidos también es discriminatoria, añaden, con las personas que “por precariedad laboral y residencial” tienen más probabilidad de cambiar de municipio o mudarse con mayor frecuencia. La condición de poseer unos ingresos mínimos para acceder al parque público de vivienda —entre 12.600 y 21.000 euros al año— se traduce en la exclusión directa del 16,9% de las familias inquilinas de Canarias, critican. 

Más que una política de “prioridad nacional”, subrayan estos colectivos, se trata de una política de “miseria nacional”, ya que se “trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del Gobierno insular ante la falta de vivienda pública, el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, el secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico, etc.”. 

Aunque la demanda solo apunta al Gobierno autonómico y su decreto, desde el Observatorio Desca apuntan que la demanda puede servir como precedente para poner en el centro la ilegalidad y la irracionalidad de las políticas de “prioridad nacional”.