Juan Carlos I
Diez días sin saber dónde está el rey emérito

Sin novedad. Diez días después de la huida del rey emérito y exjefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, el presidente del Gobierno insiste en no dar información sobre su paradero. Así lo ha vuelto a dejar claro en la rueda de prensa celebrada el mediodía del miércoles tras su encuentro con el rey Felipe VI en el palacio de Marivent, en Palma, el primero entre la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado desde que los distintos escándalos relacionados con la fortuna del rey emérito forzaran su huida del país el lunes 3 de agosto. 

“Ha sido un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo”, ha querido dejar claro Sánchez desde el comienzo de su intervención. El presidente del Gobierno se ha remitido, tal y como hizo tras conocerse la fuga de Juan Carlos de Borbón, al carácter confidencial de los despachos entre la presidencia del Gobierno y la jefatura del Estado, para no contestar a las insistentes preguntas de los medios acreditados en la rueda de prensa. “Tiene que ser la Casa Real la que proporcione la información”, ha señalado. 

Del mismo modo, ante preguntas de distintas redactoras sobre la imputación a sus socios de Gobierno de Podemos por presunta financiación irregular, Sánchez ha insistido, de manera escueta, en el “máximo respeto” de la presidencia del Gobierno a la “independencia judicial”. La imputación de diferentes cargos de Podemos, entre ellos del secretario de comunicación y director de estrategia y comunicación de la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo, fue conocida la mañana del martes por decisión del juzgado de instrucción número 42 de Madrid.  

Por otra parte, el presidente también ha insistido en que el Gobierno tiene la “mano tendida” al diálogo con los ayuntamientos en relación al decreto de Hacienda por el que las corporaciones locales podrán depositar sus superávit (cuyo uso está limitado por la denominada Ley Montoro, aún en vigor) en un fondo habilitado por el Gobierno, a cambio de un fondo de compensación de 5.000 millones de euros. La medida, convertida en decreto tras un acuerdo de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sido criticada no solo por alcaldes del PP sino por alcaldías con presencia socialista como Barcelona o Valencia. "El Gobierno de España siempre va a estar dispuesto al diálogo“, ha explicado Sánchez, que ha hablado de ”compromiso firme del Gobierno que durante muchos años ha sido olvidada por las anteriores administraciones".

Todo esto ha sido en el turno de preguntas. ¿De qué han hablado entonces Sánchez y el jefe del Estado, Felipe VI? Temas de confidencialidad aparte, "de la emergencia sanitaria, la emergencia social y económica y su afectación sobre sectores muy importantes en territorios como las Islas Baleares y Canarias“, ha dicho Sánchez, antes de opinar que ”cuanto más adversa es la situación, cuanto más extraordinariamente compleja, mas importante es el normal funcionamiento de las instituciones".

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