Juicio del 1 de Octubre
La secretaria judicial que salió por la azotea rechazó las opciones para salir de Economía que le ofrecieron

“Asumieron las consecuencias de una actuación policial”, ha afirmado esta mañana en el Tribunal Supremo Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial en el 1 de octubre. Pérez de los Cobos, que comenzó ayer su testimonio, ha respondido, en el principio de la doceava sesión del juicio al Procés, a los abogados de las defensas.

Tras él, ha comenzado su declaración Montserrat del Toro López, la secretaria judicial que participó en el registro de la Conselleria de Economia el 20 de septiembre  y que terminó saliendo por la azotea del edificio. Su comparecencia ha sido sin que salga su imagen. El 20 de septiembre, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, una comitiva judicial acompañada por la Guardia Civil registró varias sedes gubernamentales catalanas y detuvo a 14 cargos. La sociedad catalana respondió con enormes concentraciones frente a la sede de Economía, que duraron toda la jornada y fueron amenizadas con conciertos de grupos de música. Estas concentraciones son las máximas acusaciones que se lanzan contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural respectivamente.

“Desde el interior es un murmullo constante”, explica Del Toro. La secretaria judicial recuerda que a las 11h de ese 20 de septiembre empezó a oír mensajes por megafonía: “Hablaban en catalán, por la mañana era ‘votaremos, ‘no saldrán’, ‘no pasarán’. Son frases sueltas que uno podía oír”.

Sobre los famosos bocadillos que los mossos hicieron llegar a la comitiva judicial, Del Toro afirma que “era imposible pedir comida al exterior”. “No se podía salir en esas condiciones”, añade, indicando que solo tuvieron acceso a una máquina de vending con refrescos y chocolatinas. Afirma que fue a las 16h30 cuando un agente de la Guardia Civil llegó con cinco o seis bocadillos “a repartir entre todos los que estábamos allí”. “Me dijo que una agente de los Mossos le había dado la comida porque se había apiadado de nosotros”, continúa.

Del Toro explica que subió dos veces a azoteas del edificio, la primera, a las 9.30, fue cuando vio “lo que había fuera”. Antes había pedido que mandaran un helicóptero para sacarla del edificio y entonces entendió que no era viable porque esa azotea estaba llena de antenas. “Vi muchas plantas más abajo un mar de gente, que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. En ese momento, y porque a veces lo hago en los actos de registros, tomé fotografías. La multitud de gente llegaba hasta la plaza Catalunya, se extendía por las calles perpendiculares”, narra.

Explica que ella siempre hablaba a través de un responsable de la Guardia Civil. “Supongo que, para protegerme de contactos personales con quienes no procedía que me conocieran, el teniente me hizo de intermediario con la otra parte”. La primera oferta que le hicieron a través de este intermediario para salir del edificio fue que “saliera sola por la puerta principal, custodiada por dos agentes de los Mossos d’Esquadra que me acompañarían hasta el final de la multitud, hasta que considerasen que no había más gente”. Del Toro destaca que, a partir de ahí, el plan que le ofrecieron fue que “fuera a la primera boca de Metro y regresara como pudiera”.

Del Toro explica que rechazó esa oferta. La segunda explica que fue “un pasillo de civiles y yo podía salir, no sé hasta dónde, pero se me facilitaba el acceso, no sé si con o sin custodia policial”. “Por las mismas razones que rechacé la primera oferta, rechacé la segunda”, continúa la secretaria judicial. “Seguía sin ningún tipo de seguridad para mi integridad física, ni como persona ni como profesional, y llevaba conmigo el acta y parte de la documentación, no podía arriesgarme a que se perdiera”.

La Guardia Civil entra en la Generalitat

Redacción El Salto

Catalunya

La Guardia Civil entra en la Generalitat

Redacción El Salto

Procesistas y defensores de la libertad de expresión salen a la calle en respuesta a los registros de la Guardia Civil en Barcelona.

La noche continuó con una llamada al magistrado instructor Ramírez Sunyer —ya fallecido—. “Casualmente era el que estaba de guardia de incidencias porque había sustituido al magistrado que le tocaba”. Del Toro explica que consiguió llamarle porque descubrió que en la misma planta en el que estaba el despacho de la señora Mercedes Martínez Martos, los móviles volvían a tener cobertura. “Tuve una avalancha de WhatsApp y comprendçi que, alejándome de Rambla Catalunya, habría algún repetidor y llamé al magistrado. Las únicas palabras que le dije fueron ‘me tienes que sacar de aquí’. Él me dijo ‘no te preocupes, voy a hacer lo que pueda’.

La secretaria judicial explica que con posterioridad supo que el magistrado había llamado al mayor Trapero. “Le dieron media hora para sacarme de allí”, recuerda, subrayando el ‘me’. Entonces llegço la siguiente propuesta de salida del edificio: a través del teatro contiguo, por una azotea que conectaba con la azotea de este, acompañada por ocho mossos de paisano, “para no hacer bulto y ocultarle a la vista de quien pudiera estar en los aledaños”. Un poco más allá de las 12h de la noche salió por el teatro, en donde solo quedaban los actores y actrices.

—¿Usted tuvo miedo, señora letrada? —pregunta el fiscal.
—Tuve preocupación todo el día, y miedo, como todo ser humano a partir d e las 21.30h, cuando vi lo que había fuera.
—Tuvo colaboración de los funcionarios en el registro.
—De algunos, sí.

Preguntada por una de las abogada del Estado, Elena Sáenz Guillén, Del Toro ha afirmado que pidió un helicóptero porque “vi que no se podía salir por la puerta”.

A preguntas de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, Del Toro ha confirmado que no conocía al presidente de Òmnium, a pesar que anteriormente había dicho que le vio salir, junto a Sánchez, ese día de una reunión con los Mossos.

Sobre los registros, afirma que su tarea, consignada en la orden judicial, era el registro de cuatro despachos concretos, pero que en el caso del despacho de Jové, como secretario general, se extendía más allá de su despacho.

—En el auto de entrada y registro se identifican 44 puntos y cuatro despachos. No aparece el despacho de Montserrat Videl, ni que se solicitara una ampliación del auto de entrada y registro al magistrado para que se incluyera —señala la abogada.
—Es una interpretación de la letrada. Yo llamé al magistrado y le dije que lo primero que teníamos abierto eran los despachos de procesos electorales —responde, incluyendo a estos en la orden destinada al registro de los despachos de Jové.
—¿Y de Nuria Arbussà, que tampoco aparece como investigada?
—Lo mismo, quiero decir que el magistrado me dijo regista los despachas de procesos electorales.
—Y se podían registrar los ordenadores de las secretaria, que estaba fuera del despacho? ¿llamó al magistrado para consultarle y él le dijo que no, que solo el despacho?
—Sí que consta esa llamada
—Yo no lo recuerdo.

Del Toro afirma que la primera conversación que tuvo en todo el día con un mosso fue ya por la noche, con los dos que le propusieron la salida por la azotea. “¿En algún momento le explicaron que en el exterior se había formado un pasillo de voluntarios para permitir el acceso y la salida de la gente de la Conselleria?”, pregunta Roig. “Sí, por la mañana me explican que querían establecer un pasillo para permitir el paso de los detenidos para que pudieran presenciar el registro. No es mi función decidir si ofrecía la suficiente seguridad para todos”.

Tras Roig, comienza el interrogatorio Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. “En el auto se exponía que los delitos investigados eran los de rebelión y sedición”. “Sí, en la fundamentación de por qué íbamos a hacer la entrada y registro”.

“A las 8 de la mañana ya había 50 personas en la puerta de la sede de Economía. No sé por qué se acumuló tanta gente”, reitera Del Toro después de decir a la abogada de Cuixart que ella no sabía lo que ocurría fuera del edificio.

Tras Roig, comienza el interrogatorio Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. “En el auto se exponía que los delitos investigados eran los de rebelión y sedición”. “Sí, en la fundamentación de por qué íbamos a hacer la entrada y registro”.

Sobre la petición del helicóptero, el abogado pregunta a Del Toro que porqué no hizo referencia antes, en la instrucción, a esta petición. “Por que se rieron, creyeron que estaba de broma”, responde.

A preguntas de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha afirmado que no mencionó en la instrucción que le hubiera parecido oír la voz de Forcadell hablando a las personas concentradas el 20 de setiembre porque “estaba muy cansada”. “Recuerda más datos un año y medio después?. El juez Marchena rechaza la intervención de la abogada. “Es cierto, el tiempo que ha podido pasar me ha hecho revivir, por desgracia, cada día lo que sucedió”. “¿Cómo explica que nadie vio hablar allí a Forcadell?”. “La percepción es distinta, para mí aquello no tuvo ningún ánimo festivo”, dice en referencia a las concentraciones del 20 de septiembre. “Yo no digo que era ella, digo que oí su voz, y un agente de la Guardia Civil me dijo que era ella”, añade.

Tras Montserrat del Toro ha declarado el propietario del Hotel Gaudí, en Reus, en el que se alojaron muchos de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil enviados a Catalunya. “Gritaban fuera policía, fuera fuerzas de ocupación e insultos”, ha afirmado al fiscal Cadenas.. Afirma que por las noches había concentraciones de pocas personas, unas 15 o 290, de unos 15 o 10 minutos, se hacían fotos y se iban. Rechaza que hubiera presiones para que desalojara a los policías. Cuando se marcharon los policías fue porque se acabó la reserva y no disponían de más habitaciones. Ni Abogacía del Estado ni la acusación particular han querido hacerle preguntas.

Le ha seguido, ya a las 14h08, la comparecencia del propietario del otro hotel, el Travé, en Figueres, donde también se alojaron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. “¿Hubo concentraciones para protestar por la presencia de policías en su establecimiento?”, pregunta el fiscal Fidel Cadena. “Sí, dos”. El propietario afirma que una era de estudiantes y otra de partidarios de la actuación policial, y que la policía estableció un perímetro de seguridad par evitar posibles concentraciones. También que las dos concentraciones que vió eran pacíficas.

La abogada del Estado le ha preguntado se recibió llamadas por la presencia de policías. “Sí, eran numerosas hasta un punto que tenía que desconectar el teléfono. Eran para hacer presión, desde insultos, alguna amenaza, recomendación de que si no se iban se iba a hacer presión y boicot”.

Tras él ha ido Pedro Buil Armengol, capitán de la Marina Mercante que envió una carta al juez Pablo Llarena por la negativa de la Generalitat a que atracara en el puerto de Barcelona el buque Piolín. Este punto ha sido lo primero preguntado por el fiscal Cadena. Afirma que la envió porque leyó en la prensa que el barco no entró en el puerto de Palamós, en Girona, lo que, según afirma el testigo, era falso ya que se confundían conceptos de fondear y atracar, y en ese caso no era competencia de la Capitanía marítima. “A mi el consignatario del buque, la compañía Matas SL., me comunicó que el barco venía con destino a Palamós, pero que aún no disponía de la autorización de atraque, que tenía que darla la Generalitat”. Afirma que habló con el responsable de la Generalitat en Palamós porque aún no se le había dado la autorización, y le dijeron que había que autorizarlo desde Barcelona. “La única solución es que el barco se quede navegando por los alrededores, o fondearlo”, les dije, y lo fondearon en aguas exteriores. 

Narra que cuando se acercó a la zona de fondeo, oyó que llamaron de Secretaría de Estado y le dijeron que él iba a ser el único interlocutor con el capitán. 

—¿Sabía que era un barco para alojar policías? —pregunta el fiscal. 
—No, me enteré cuando subí a bordo. 

Continúa explicando que la Generalitat denegó de nuevo el atraque del barco, sin dar motivos. A los minutos recibió una llamada de Secretaría de Estado para decirle que fuera al puerto de Barcelona y que allí ya había instrucciones para él.

La sesión de la tarde ha continuado con el interrogatorio a Vicent Nos, desarrollador informático que habría participado en el sistema de votación. “Quim [Franquesa, otro informático socio suyo] me contactó porque quería desarrollar un proyecto de votación electrónica”. Afirma que contacto a primeros de agosto. “Primero me dijo que era solo de la votación electrónica, y a las dos semanas me dijo que era para el tema del referéndum del 1 de octubre”. “En la reunión se habló si era posible que la votación fuera para toda la ciudadanía en general”, añade. Sobre el sistema de pago.

Sobre el pago por sus servicios, que inicialmente se calcularon en unos 400.000 euros, afirma que “no se habló de ningún contrato, yo lo dejé sin saber a quién había que facturarle, de hecho fue el motivo por lo que lo dejé, no había dinero y lo dejé”.

Tras él ha comenzado Quim Franquesa, también informático, actualmente estudiando también un grado universitario y un máster. Conoce a Nos a través de una empresa sobre blockchain, pero niega que sea su socio. “Cuando nos contactaron fue a finales de julio principios de agosto de 2017, fue Xavi Vendrell, que primero se identificó como Jordi”.

Franquesa estaba desarrollando proyectos de participación ciudadana y quedó con Vendrell para hablar de un proyecto de votación electrónica. “Cuando nos reunimos nos dijeron que lo amparaba la ley que se iba a aprobar en la Generalitat de Catalunya, que sería legal”.

Explica que cuando le habló a Nos de la propuesta de Vendrell, le dijo que si iba a ser legal, no había ningún problema. En una reunión posterior explicaron el calendario, en qué consistía el proyecto, sobre la descentralización del sistema con tecnología blockchain, seguridad… En la reunión estaban Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira y a 15 personas en total, afirma a preguntas del fiscal. “Nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada, nos dijeron que nos pagarían una tercera parte, quién era esa tercera parte no lo sé”. Afirma que nunca cobraron nada, y tampoco tuvieron ningún coste más allá de la asistencia a esas reuniones.

Sobre una posterior reunión con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies (CTTI) de la Informació, señala que esto no parecían interesados en desarrollar un sistema de votación electrónico.

Teresa Guix Requejo, diseñadora gráfica y presunta perceptora de fondos relacionados con el referéndum, ha sido la siguiente en dar testimonio. A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. Explica que tenía contratos menores con la Generalitat, por un máximo de 17.000 euros. Guix explica que trabajó en la web Pacte pel Referéndum, que lo facturó en mayo y después hizo una factura negativa en julio para no cobrar ese trabajo porque la citaron en la Guardia Civil y por prudencia vio mejor cancelarla. La web daba información sobre las asociaciones e individuos que apostaban por un referéndum pactado. “Lo considero una propuesta de diseño porque después no se parecía nad a lo que había diseñado”, continúa. El trabajo afirma que se lo encargó Roc Fernández, responsable de contenidos digitales de la Generalitat.

A preguntas de uno de los abogados de la defensa, Guix ha especificado que la web era del primer cuatrimestre de 2017. A preguntas de Marina Roig ha señalado que la web, hoy sigue vigente.

También le pregunta sobre el anuncio de catalanes en el exterior en el que se veía a Catalunya separada de España bajo la pregunta ¿sí o no?. En ese caso, el anuncio fue pagado.

Le toca el turno a Olga Solanas García, de Focus Media S.L., empresa que iba a gestionar la publicidad del referéndum del 1 de octubre, aunque rescindió el contrato. La fiscal Madrigal pregunta sobre la campaña de registro de catalanes en el exterior. “Nosotros asumimos la compra de espacios publicitarios para una creatividad que hace otra agencia”, explica. 

Por su parte, Ferrán Burriel, de Nothingad Comunicación S.L, empresa que constituyó una UTE con otra y fueron adjudicatarios de un concurso con el Departament de Presidencia por 1,6 millones de euros para insertar en páginas web anuncios hasta diciembre de 2017. El 1 de marzo confirma que le mandaron la campaña de registro de catalanes en el exterior, por un presupuesto de 60.000 euros más IVA. “Sabía que entonces la Generalitat tenía varias advertencias de paralizar acciones relacionadas con el referéndum?”, pregunta el fiscal. “No tenía constancia”, responde. La campaña era para notificar a los catalanes en el exterior que si se registraban podían disfrutar de ventajas como el centro médico o el carnet jove, explica. 

Núria Llorach, presidenta de la corporación catalana de medios audiovisuales (CCMA), seguí en el programa, pero se ha acogido a su derecho a no declarar al estar incluida en otra causa. 

Xavier Xirgo, profesor de la universidad de Girona y director de El Punt Avui, continúa la sesión de la tarde, ya cerca de las 18h. “En su periódico se publicaron anuncios relacionados con el 1 de octubre?”, pregunta la fiscal. “Algunos sí, hasta que recibimos un requerimiento que nos dio que paráramos”. Afirma que se publicaron sin coste, lo que es normal “algunas veces porque “somos un periódico que, además informar y opinar, cuando son valores fundamentales..”. Marchena le corta para señalarle que, como periodista, se puede amparar en el secreto profesional, si lo ve necesario, en el caso de que le pregunten sobre su ejercicio como periodista. “En casos excepcionales, cuando es para transmitir principios fundamentales, como derechos democráticos”, continúa, respondiendo a si es normal publicar anuncios sin coste. También la publicación fue iniciativa del medio, no por encargo, afirma. 

También le pregunta sobre el anuncio de catalanes en el exterior en el que se veía a Catalunya separada de España bajo la pregunta ¿sí o no?. En ese caso, el anuncio fue pagado.

“¿Alguna vez han publicado anuncios pagados de la Generalitat?”, pregunta el abogado de Vox. “Que si alguna vez nos han pagado por publicar anuncios? Pues espero que sí”, responde.

Con esta testifical, Marchena da por finalizada la sesión de hoy, citando para mañana a las 10h, cuando se prevé que el juicio continúe con el testimonio de Sebastián Trapote, responsable de la Policía Nacional en el 1 de Octubre.