Junta de Andalucía
Consejería de Educación S.A.

En la anterior legislatura, la política educativa de la coalición PP-Ciudadanos se caracterizó por la privatización y la externalización de servicios esenciales. En particular, hay que destacar el haber alcanzado el mayor presupuesto de la historia para la enseñanza concertada, con 879 millones de euros, el adelgazamiento de la oferta pública de plazas escolares y el fuerte impulso a la FP privada, entre otras muchas medidas en el mismo sentido. El actual gobierno del PP, ya en solitario, anuncia una intensificación de estas políticas, empezando por el cambio de nombre de la propia Consejería que pasa a llamarse de Desarrollo Educativo y FP y de su Dirección General de Planificación, Centros y ahora también Enseñanza Concertada.

En la anterior legislatura, se suprimieron 1.181 clases públicas, fundamentalmente en Educación Infantil y Primaria, con el pretexto de la bajada de natalidad. Curiosamente, este fenómeno demográfico no parece afectar a la enseñanza concertada que lejos de perder clases, las ha mantenido e incluso aumentado levemente. Frente a ello, la comunidad educativa plantea como alternativa la bajada de ratios. Se trata de una reivindicación histórica, apoyada en argumentos didácticos, de mejora de la convivencia en las aulas y sanitarios, entre otros. Con el descenso de la natalidad esta medida tiene ahora más sentido y viabilidad que nunca. La reivindicación de bajar las ratios escolares se ha plasmado en una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por USTEA y a la que se han sumado más de 30 colectivos y organizaciones en defensa de la Educación Pública. La ILP para la bajada de ratios en todos los niveles educativos y en atención a la diversidad ya ha recogido las firmas necesarias para su trámite parlamentario que deberá realizarse a lo largo del curso que esta a punto de arrancar.

Hasta ahora, el empeño de la Junta ha sido restar peso a la Educación Pública, a través de la supresión de clases en la enseñanza obligatoria. Todo apunta a que, en los próximos años, el campo en el que el avance de la enseñanza privada va a tener un mayor empuje serán los niveles postobligatorios: Bachillerato y FP. A pesar de haberse comprometido con sus socios parlamentarios de ultraderecha, el anterior gobierno dejó pendiente el concierto del Bachillerato. Esta nueva andanada, recogida en el programa electoral del PP, se acometerá previsiblemente en esta legislatura. Pero si hay un sector en el que las derechas apuestan por el desarrollo de la iniciativa privada en detrimento de la Educación Pública, ese es el de la Formación Profesional. El desarrollo de la FP es el paradigma y el máximo exponente del modelo de privatización de la educación, tanto en Andalucía, como en el resto del Estado.

El espectacular despegue de la FP es un fenómeno conocido y ampliamente estudiado y comentado. Entre los motivos que explican esta expansión se han señalado, entre otras, la búsqueda de salidas laborales en un periodo de sucesivas crisis económicas, la alta empleabilidad de estas enseñanzas, el intento de reciclaje profesional de un sector de población con titulación universitaria que no consigue empleo de acuerdo con su capacitación académica o el aumento del prestigio de unos estudios que, hasta hace no demasiado tiempo, se consideraban de segunda, en relación con la Universidad. Por todo ello, la demanda de plazas de FP se ha disparado en los últimos años.

La fuerte demanda de la FP debería cubrirse con una oferta pública y gratuita suficiente que además afronte estas enseñanzas, no solo como mera capacitación laboral más o menos especializada, sino como una formación técnica integral. No es así y lo cierto es que existe un fuerte desajuste entre una demanda creciente y una oferta estancada de plazas públicas. El déficit estructural de plazas de FP en la Educación Pública no es fruto de la ineficacia o de la falta de planificación, sino todo lo contrario. Las administraciones públicas en general y el gobierno andaluz en particular llevan a cabo una política consciente que mantiene anquilosada la oferta pública, abonando así el nicho de mercado del floreciente sector de la enseñanza privada.

Hasta ahora, el empeño de la Junta ha sido restar peso a la Educación Pública

Entre el curso 2018-19 y el pasado curso 2021-22, es decir, tan solo en la última legislatura, el número de estudiantes en ciclos de grado medio o superior de FP en Andalucía ha pasado de 123.558 a 173.701, un crecimiento del +40´3%. Pero el crecimiento no ha sido igual en la Educación Pública (+36%) que en la enseñanza privada (+50%). Así, el porcentaje relativo pública-privada en la FP andaluza se está decantando paulatinamente, en beneficio de la enseñanza privada, concertada o no. Pero si hay un dato que llama la atención es el del rápido y acusado crecimiento de los ciclos superiores estrictamente privados que han pasado en esta legislatura de 12.077 matrículas a 23.835, lo que supone un crecimiento del 98%, o lo que es lo mismo, se ha duplicado en tres cursos.

La Formación Profesional privada es un lucrativo negocio en el que están invirtiendo empresas sin relación previa con la enseñanza, particularmente fondos de capital de riesgo o fondos buitre. Que sean fondos de inversión quienes controlen centros de estudio no parece la mejor garantía de calidad de la enseñanza. Por poner solo algunos ejemplos, los centros de FP de CEAC fueron vendidos al fondo Investindustrial, la empresa CEAC al suizo Crescendo y el fondo norteamericano KKR compró MasterD y MEDAC para construir un gigante de la enseñanza privada. Es bien sabido que el anterior Consejero de Educación, Javier Imbroda, estuvo ligado a MEDAC desde su fundación. Durante el tiempo en el que fue responsable de Educación de Andalucía, la empresa de enseñanza que había fundado y que dirigió hasta muy poco tiempo antes de ser designado consejero por Moreno Bonilla vivió una asombrosa expansión y su valor aumentó en consecuencia. MEDAC fue adquirida por un fondo español que posteriormente la vendió al estadounidense KKR por 200 millones de euros.

Entre los ciclos más demandados y, por tanto, más ofertados en los centros privados están aquellos vinculados a la tecnología, como robótica, informática o desarrollo de videojuegos, también los relacionados con actividades físicas y deportivas, los audiovisuales y, sobre todo, los de la rama sanitaria. Los ciclos formativos pueden impartirse en modalidad presencial, pero también online, una modalidad aún más rentable, al no tener que invertir en instalaciones, instrumental o maquinaria. Puesto que comunidades como Madrid o Cataluña no establecen límites a los ciclos que pueden ser impartidos a distancia, se ofertan en modalidad online los de la rama sanitaria, por ejemplo, que pueden cursarse “cómodamente desde casa”, como se proclama en su publicidad. Así, puede haberse cursado todo un ciclo de la rama sanitaria sin haber siquiera tocado instrumental médico o de laboratorio, por no hablar de pacientes de carne y hueso. Aún no hemos llegado a esto en Andalucía, pero claro que ya hay jóvenes andaluces que han realizado estos ciclos online, caros pero de baja calidad, ante la falta de plazas públicas en nuestra comunidad.

Cada año, cientos de jóvenes se quedan sin plaza y fuera de la red pública de FP. Los centros privados no tienen más límite de acceso que su precio que está entre los 2.000 y los 6.000 euros o incluso más. Estudiantes y familias que pueden permitírselo, muchas veces a costa de un gran esfuerzo, se ven en la tesitura de elegir entre renunciar a estudiar o matricularse en un centro privado de FP, ya sea en alguno de los centros implantados en Andalucía o en la modalidad online a distancia. Quienes no tienen la posibilidad de acceder a ésta, ni siquiera con préstamos o créditos, deben desistir de su proyecto vital, abandonando sus estudios una vez finalizada la ESO u optando por cursar Bachillerato, una opción no elegida y que muchas veces termina en fracaso y frustración. Así, una parte importante de la juventud andaluza queda fuera del sistema educativo y abocada a trabajos no cualificados, mal pagados y precarios.

La extensión del negocio de la FP es una gallina de los huevos de oro para algunos y un mecanismo de segregación para la mayoría. Y a pesar de esto, es la apuesta del actual gobierno andaluz, con la colaboración necesaria de instituciones como universidades públicas y ayuntamientos. Así, la empresa MEDAC desarrolla su actividad en Jerez de la Frontera en las instalaciones del Palacio Municipal de Deportes, tras un acuerdo con el ayuntamiento y en la misma ciudad, la Fundación Albor imparte sus cursos en la antigua Facultad de Derecho. La Universidad de Córdoba ha alquilado las enormes instalaciones que fueron la Escuela de Agrónomos a la empresa CDP Albor para la docencia de sus ciclos. La Universidad de Málaga ha ido aún más lejos, siendo la primera universidad pública que ofrece cursos de Formación Profesional, a través de una fundación privada.

Con todo lo anterior se entiende mejor el nuevo nombre de la Consejería que debía ser “de Educación”. Incluso se echa en falta que hubieran ido un poco más allá en su arrebato de honestidad para haberla llamada directamente Consejería de Desarrollo del Negocio de la Enseñanza y de la FP Privada. La hoja de ruta del gobierno de la Junta para la educación andaluza está clara. La comunidad educativa y quienes defendemos los servicios públicos en Andalucía tenemos otros planes y no hay tiempo que perder para ponernos en marcha y desandar la senda de la privatización que nunca debió emprenderse.