Justicia
Vidas cruzadas de la presidenta del CGPJ y el fiscal general del Estado en la apertura del curso judicial

Borrón y cuenta nueva, y si no, algo que se le quería parecer. La apertura del curso judicial 2024-2025 ha estado marcada por la noticia conocida el pasado martes: la elección de una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló Doménech, tras más cinco años de bloqueo y mandatos caducados y provisionales. Así las cosas, el acto de esta mañana en el Supremo, en la madrileña plaza Villa de París, debía servir para poner al menos un cierto paréntesis en las tensiones que desde el año 2018 marcan las relaciones entre el poder ejecutivo, buena parte del legislativo y el poder judicial. Era, también, la oportunidad de ver cómo reaccionaba el fiscal general del Estado a su posible imputación por parte del Tribunal Supremo, después de una solicitud emitida en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En un acto solemne, esa expresión que ejerce de vértice entre lo protocolario y lo tedioso, Perelló ha hecho una breve alocución que señala cierta voluntad de llevar a cabo esa etapa de borrón y cuenta nueva. De nuevo, el acto estaba presidido por el jefe de Estado, Felipe de Borbón, con el Gran Collar de la Justicia colgado al cuello, y entre el público estaban representantes del Gobierno y de la oposición. 

La nueva clave de bóveda de la justicia española ha evitado cargar las tintas contra el consejo saliente, reconociendo en cambio su “trabajo sin descanso” en condiciones difíciles y ha sido continuista en la defensa de la independencia judicial y las denuncias de la “descalificación o el insulto” a los magistrados, pagando cierto peaje a la narrativa de los jueces y juezas perseguidos por actores políticos. En su discurso, la nueva presidenta del CGPJ ha defendido que “ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”, en una referencia que no ayuda a mitigar las críticas por el intenso olor a corporativismo en el poder judicial.

Con la elección de Perelló se rompen dos tradiciones. Una, tan vieja como el estado de derecho, puesto que se trata de la primera mujer que presidirá tanto el Gobierno de los jueces como el Tribunal Supremo. Otra que también tiene raigambre, puesto que es la primera en acceder a este cargo procedente de una asociación de jueces progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia, heredera de Justicia Democrática, la organización antifranquista de magistrados y magistradas. 

Perelló no participa activamente en la asociación, pero su nombramiento ha sido sorprendente, en cuanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador —dio cobijo a gran parte del patriciado judicial del franquismo—, ha aplicado un cordón sanitario histórico a la asociación progresista. Como ha explicado Ernesto Ekaizer en El Periódico de España, la juez y actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la principal valedora de la nueva presidenta del Consejo. 

El gran derrotado en la elección estaba presente hoy en la apertura del curso judicial. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, había pactado con Esteban González Pons el apoyo a Pilar Teso, considerada mucho más afín al PSOE que Perelló, pero la APM ha impuesto su capacidad dentro de la alta judicatura para que, finalmente, Teso y otra magistrada, Ana Ferrer, salieran de la ecuación.

El fiscal general del Estado se refiere a los bulos

Las miradas no estaban puestas únicamente en Perelló, que será la cabeza visible de un CGPJ cuya misión es llevar a cabo una sucesión larga de nombramientos, hasta un centenar. para paliar los años de funcionamiento en funciones —especialmente después de que el Gobierno cortase el chorro al Consejo durante la época de Carlos Lesmes como forma de evitar la confrontación política del poder judicial. La sesión también estaba definida por la intervención del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que, como es habitual en el inicio de curso, ha presentado la memoria de la Fiscalía.

En julio, Ortiz se convirtió en el primer fiscal sobre el que pesa una posible imputación en el Tribunal Supremo. El TSJM pidió la imputación de García Ortiz, responsable según este tribunal madrileño de “divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros” en el caso de la denuncia contra Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso por un posible delito de revelación de secretos está ahora en la gaveta de la Sala Segunda —de lo Penal— del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, magistrado conservador situado en el entorno político del Partido Popular.

Ortiz se ha extendido los “oportunismos pasajeros” como eje de la acción judicial y ha cargado asimismo contra el abuso de la acusación popular en cuanto abren la puerta a las investigaciones prospectivas por parte de jueces y juezas de instrucción, así como contra la “desinformación, la mentira y el infundio”.

Sobre la mesa, además del devenir de la Ley de Amnistía, interpretada de una manera sui generis por la Sala Segunda, está el caso que más preocupa al PSOE en la actualidad: la investigación de Juan Carlos Peinado sobre las actividades económicas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más que borrón y cuenta nueva, la apertura hoy del año judicial parece un breve receso ante un otoño en el que la Justicia española, en particular, parece seguir queriendo mantener su propio camino.