Juventud
El Ministerio de Trabajo ultima su Estatuto del Becario para laboralizar las prácticas

El Estatuto del Becario pretende garantizar unos determinados derechos a las personas que realizan prácticas en empresas o instituciones para completar su plan formativo. No exento de polémica, el texto ya tiene el beneplácito de los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones juveniles, no así de la patronal ni los rectores.
Yolanda Díaz reunión distribuidores - 6
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión mantenida con los distribuidores
3 nov 2022 06:00

La premisa es fácil: que, al menos, hacer prácticas no le cueste dinero al estudiante. Una realidad que se ha venido dando a lo largo de los años, junto a una frecuente descompensación entre los derechos laborales de la plantilla remunerada y quienes ocupaban el cargo de becario: ausencia de vacaciones, descansos, cotizaciones en la Seguridad Social. Todo eso pretende evitar el Estatuto del Becario que ultima el Ministerio de Trabajo. El texto, que lleva seis meses siendo trabajado y en vías de negociación con sindicatos y patronal, parece estar a punto de recibir luz verde. Los sindicatos ya le han dado su beneplácito, falta la CEOE. Yolanda Díaz ha decidido esperar a la celebración de comicios internos en la patronal —el 23 de noviembre— con la idea de contar con el respaldo de los empresarios en la norma y garantizar un consenso para que, legislativamente, las prácticas sean prácticas de verdad. Hace medio año, la Inspección de Trabajo detectó más de 5.000 empleos fraudulentos cubiertos por becarios en seis años.

Del mismo modo que pasa con la figura de profesorado asociado en la universidad, en España la del becario ha sido empleada en exceso por parte de algunas empresas e instituciones por lo barata que sale. Más allá de que no todas las prácticas son remuneradas —de hecho la mayoría no lo son— y de que, además, no es infrecuente que le cuesten dinero al becario —en desplazamiento o comidas—, el problema es que en ocasiones las prácticas vienen cubriendo puestos de trabajo estructurales, y no siempre el estudiantado en formación recibe un acompañamiento y tutorización acorde a esta categoría. Las prácticas extracurriculares —aquellas que se realizan de manera voluntaria—, además, se han configurado como una forma de estirar y agravar esta realidad.

El estatuto busca que las prácticas formativas sean prácticas de verdad. Hace medio año, Inspección de Trabajo detectó más de 5.000 empleos fraudulentos cubiertos por becarios en seis años

Así, el texto establece unos máximos en diferentes áreas vinculadas con la figura del becario o becaria. Según el borrador más reciente, para empezar, las personas becarias no podrán superar el 20% de la plantilla y, en caso de no ser remuneradas, como mínimo la empresa debe asumir los costes de desplazamiento, manutención y alojamiento en caso de ser necesario. Otro de los cambios más notables es que no podrán hacerse prácticas por la noche ni a turnos, salvo casos excepcionales en los que la formación “no pueda desarrollarse en otros horarios por la naturaleza de la actividad”. También se recogen derechos relativos al descanso, incluyendo los días festivos y las vacaciones que les correspondan, y a figurar en la Seguridad Social y tener derecho al desempleo. Igualmente, se establecen algunos límites para garantizar la correcta tutorización de las prácticas, como que un tutor pueda tener, como mucho, a cinco personas en formación práctica a su cargo.

Uno de los puntos polémicos de la norma es el tema de las prácticas extracurriculares. La nueva normativa establece que dichos contratos no podrán estar fuera del currículum académico, o sea, que deberán hacerse por convenio con la universidad o el centro de FP, y fija hasta 2025 para que las empresas se adapten a este cambio. Las prácticas extracurriculares son aquellas que, de manera voluntaria, el estudiantado realiza para lograr experiencia, generando casos de falsos becarios o de explotación laboral, ya que el nivel de responsabilidad o el tipo de tareas desarrolladas responden a menudo a puestos de trabajo al uso. Según los sindicatos con los que se ha debatido la norma, las extracurriculares pasarán a ser un contrato formativo que, además, se ha visto reforzado en la Reforma Laboral. 

Según el último borrador, las personas becarias no podrán superar el 20% de la plantilla y, en caso de no ser remuneradas, como mínimo la empresa debe asumir los costes de desplazamiento y manutención

Posicionamientos en contra

Yolanda Díaz ya ha pedido de manera explícita a la patronal que “deje de bloquear” el Estatuto del Becario. Aunque ya ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, la CEOE está retrasando la aprobación del texto, pues la ministra ha manifestado su intención de llegar a un consenso “cueste lo que cueste” antes de que el texto pase por el Consejo de Ministros. Si bien la normativa supondrá un incremento a los costes laborales de la empresa y limita el empleo de la figura del becario, Díaz se explica las largas de la patronal por la proximidad de comicios internos —previsiblemente será reelegido Antonio Garamendi, a finales de este mes— y confía en que en cuanto acontezcan sea posible ratificar la norma.

Por otra parte, las universidades han asegurado sentirse “excluidas” en la redacción de la norma. A mediados de octubre, la Conferencia de Rectores (CRUE) mostraba su “rechazo” a la propuesta, asegurando que el Ejecutivo había contado poco con ellos para su redacción. “Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, denunciaron en un comunicado. En el mismo texto, los rectores tachaban de “incomprensible” la laboralización de “una actividad pura y esencialmente académica” que no tiene relación “con la mejora de la protección en Seguridad Social” del estudiantado en prácticas, para el que sugirieron “establecer el alta y cotización ficticia”. Añadían, también, que la normativa supondrá un trabajo extra al personal de universidades “sin que exista un presupuesto para ello ni para pagar la cotización de los estudiantes”.

Si bien la normativa supondrá un incremento a los costes laborales de la empresa y limita el empleo de la figura del becario, Díaz se explica las largas de la patronal por la proximidad de sus comicios internos y confía en que en cuanto se celebren sea posible ratificar la norma

El Grupo 9 (G9) de Universidades —compuesto por la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra, la de Cantabria y las de Oviedo, La Rioja, Zaragoza, Extremadura, Islas Baleares y Castilla-La Mancha— incidió recientemente en esta idea y repitió que “las prácticas forman parte del ámbito académico, y no del laboral” y que “facilitan la inserción laboral del estudiantado”. “De desarrollarse el Estatuto en los términos conocidos hasta la fecha, se corre el riesgo de que las entidades con las que hagan prácticas los futuros becarios puedan ver inviable su continuidad”, expresaron.

A estas observaciones ha respondido recientemente el Consejo de Estudiantes del G9 rechazando “la postura adoptada por nuestras universidades sobre el Estatuto del Becario dado que estas se oponen a laboralizar las prácticas” y reivindicando, de hecho “una nueva redacción con más garantías”. “Nuestras universidades han considerado que la naturaleza de las prácticas debe ser puramente académica. En contraposición, desde nuestros Consejos consideramos imperativo poner encima de la mesa la situación real que los estudiantes padecemos en el mercado laboral, en el que, además, funcionamos como mano de obra barata o gratuita. Abogamos por la laboralización de las prácticas, cuestión que de por sí está insuficientemente desarrollada en el estatuto y que deja cuestiones sin resolver”, concretan.

Desde la perspectiva del Consejo de Estudiantes del G9, la solución pasa por asegurar la “remuneración de las prácticas académicas, así como dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica”

Desde la perspectiva del Consejo de Estudiantes del G9, la solución pasa por asegurar la “remuneración de las prácticas académicas, así como dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica”. Apuestan, también, por mantener la existencia de las prácticas extracurriculares, “dotándolas de las mismas garantías mencionadas”. La desaparición de las extracurriculares es, de hecho, el aspecto más conflictivo para los diferentes agentes: mientras la CRUE asegura que ocasionará “una discriminación entre aquellos estudiantes que podrán empezar a sumar cotizaciones —como los de grados de ciencias de la salud—, y los que no podrán hacerlo”, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) advierte de que hay muchas titulaciones que no incluyen prácticas académicas en sus planes de estudio, sobre todo en el ámbito de las Humanidades y Artes. En este sentido, piden garantizar, además de derechos para las personas becarias, acceso a estas becas e incentivos para que las empresas hagan esa inversión. 

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