Unión Europea
La cumbre en el castillo de Alden Biesen y quién manda realmente en la UE

Más allá del ruido mediático sobre la exclusión de España de una reunión organizada por Alemania, Italia y Bélgica, existe un amplio consenso entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) para seguir profundizando en una senda capitalista basada en la competitividad y el mercado único, marcada por los intereses de las industrias más contaminantes y abiertamente incompatible con las condiciones materiales que sostienen la vida.

El 12 de febrero, los 27 líderes de la UE se reunieron en un retiro informal en el castillo de Alden Biesen, en la región de Limburg (Bélgica). Aunque oficialmente el encuentro se presentó como una reflexión sobre la “competitividad industrial” frente a China o Estados Unidos, su agenda real estuvo dominada por las exigencias de desregulación promovidas por grandes empresas y sectores industriales. En concreto, se discutió cómo acelerar la retirada o modificación de leyes nacionales y comunitarias para debilitar aún más —si cabe— la protección de la naturaleza, la salud pública y los derechos laborales.

En su carta de invitación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó la necesidad de ofrecer un entorno normativo más favorable para las empresas, sin mencionar en ningún momento cuestiones como los derechos laborales, la emergencia climática o la justicia social.

Las conversaciones en Alden Biesen estuvieron marcadas por una posición conjunta germano-italiana delineada semanas antes, así como por la ofensiva de la Comisión Europea contra la legislación ambiental y sociolaboral tras las elecciones europeas de 2024. El plan pasa, además, por redirigir aún más recursos públicos hacia planes industriales devastadores. Cuestiones como los precios asequibles, la oferta sostenible o los derechos de las personas consumidoras quedaron completamente fuera del debate.

Según la narrativa dominante, la protección de los ecosistemas y de los derechos sociales constituye una carga económica. Sin embargo, el impacto real de la desregulación será severo para la ciudadanía: desde problemas de salud a largo plazo hasta el aumento de las primas de seguros y una mayor exposición a riesgos climáticos. Serán las personas quienes paguen el precio de unas leyes ambientales más laxas, como ya se ha comprobado con la DANA en Valencia (2024), los incendios forestales del verano de 2025 o los impactos de las borrascas en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana a comienzos de este año.

La cena de trabajo con la patronal

Para fijar los objetivos de la cita en Limburg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cenó una semana antes con la patronal BusinessEurope, que agrupa a 40 confederaciones empresariales nacionales de 35 países. El encuentro giró en torno al llamado Omnibook, un informe con 140 medidas de “simplificación real y ambiciosa” que persigue una reducción de al menos el 25 % de los trámites administrativos y costes para las grandes empresas.

Seis días más tarde, en su discurso ante el Parlamento Europeo, von der Leyen afirmó que la “competitividad” es “la base de nuestra prosperidad”, de nuestra “seguridad” y, “en última instancia, también de nuestras democracias”. Celebró los recientes acuerdos comerciales con India y Mercosur e incorporó al menos nueve propuestas coincidentes con el Omnibook. Entre ellas, una reivindicación histórica de BusinessEurope: la creación de un marco único para eliminar divergencias nacionales en servicios y operaciones transfronterizas. “El mes que viene propondremos el vigésimo octavo régimen… EU Inc, un conjunto único y sencillo de normas que se aplicará de manera uniforme en toda la Unión para que las empresas puedan operar mucho más fácilmente en todos los Estados miembros”, afirmó.

Ante los jefes de Estado y de Gobierno, von der Leyen prometió presentar una hoja de ruta con recortes y plazos en la próxima cumbre del Consejo Europeo, los días 19 y 20 de marzo. La primera iniciativa será el llamado “régimen 28”, un marco jurídico europeo para empresas emergentes que permitirá registrar compañías online en 48 horas. También incluirá objetivos en telecomunicaciones, mercados de capitales, servicios y energía, con la intención de cumplirlos antes de 2028.

El Instituto Sindical Europeo (ETUI) advierte de que este 28.º régimen podría debilitar los derechos laborales, la participación sindical y los estándares sociales, abriendo la puerta a la elusión de normas existentes para reducir costes laborales y fiscales de empresas como Uber, Meta o Amazon.

Las demandas principales de BusinessEurope

El Omnibook de BusinessEurope articula una amplia agenda de desregulación presentada como condición imprescindible para la competitividad europea. Su eje central es la exigencia de reducciones cuantificables de la carga regulatoria —un 25 % en general y un 35 % para las pymes—, acompañadas de una auténtica guillotina normativa, especialmente en los ámbitos ambiental, climático y de rendición de cuentas empresarial.

Las patronales reclaman elevar umbrales, reducir la frecuencia de los informes, ampliar plazos y generalizar excepciones, de modo que numerosas obligaciones ambientales, fiscales o de diligencia debida queden atenuadas o directamente fuera del alcance de una parte significativa de las empresas.

En materia climática y ambiental, las demandas apuntan a rebajar aún más la ambición de instrumentos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el mercado de carbono (EU ETS) o los marcos de debida diligencia. Aunque estos instrumentos ya eran mecanismos insuficientes y funcionales al capital fósil, hoy resultan obsoletos ante la intensificación de la rivalidad por los combustibles fósiles entre Estados Unidos, China o India. La estrategia corporativa consiste en desplazar el foco desde los objetivos sustantivos hacia los costes administrativos, reclamando menos controles, menos datos, menos trazabilidad y mayor protección de la información comercial. Algo similar ocurre en fiscalidad, normativa digital e informes financieros, donde se pide limitar el alcance de los instrumentos existentes y concentrar la supervisión únicamente en supuestos considerados “de alto riesgo”.

En conjunto, el Omnibook reafirma una visión corporativa del proyecto europeo en la que el Mercado Único y la competitividad operan como principios jerárquicos frente a los objetivos sociales, fiscales o ambientales. Aunque se presenta como una agenda técnica y pragmática, implica una orientación política clara: trasladar el peso del ajuste regulatorio desde las empresas hacia las autoridades públicas, frustrando cualquier capacidad transformadora de la regulación.

La segunda cumbre de Amberes

Un día antes del Consejo Europeo informal se celebró la segunda cumbre industrial de Amberes, que volvió a poner de manifiesto el enorme poder de los grupos empresariales en la formulación de las políticas de la UE. En ese encuentro, altos ejecutivos de sectores como el químico, la automoción o el textil presionaron a las autoridades europeas para reducir controles y flexibilizar normas ambientales, consideradas un obstáculo para competir con China y Estados Unidos.

Este tipo de espacios refuerza el papel de las grandes corporaciones en la configuración de las prioridades legislativas de la Unión y en la redacción efectiva del contenido de futuras leyes. Las conclusiones de Amberes preceden y alimentan debates institucionales más amplios —como la cumbre de líderes de la UE— en los que la agenda de la desregulación gana cada vez más centralidad.

¿De dónde viene la obsesión por la competitividad?

Tras el lenguaje aparentemente neutro de “mejorar la competitividad” se esconden decisiones de enorme calado político. A primera vista, impulsar la competitividad puede parecer una estrategia económica cualquiera, pero un análisis más detenido revela que se trata de subordinar todas las prioridades públicas a los intereses del gran capital.

Un ejemplo claro son los PFAS —los llamados “químicos eternos”— presentes en sartenes antiadherentes, envases de comida rápida, ropa impermeable, cosméticos o espumas contra incendios. La industria argumenta que prohibirlos perjudicaría la competitividad, pero el coste real lo asume la sociedad: contaminación tóxica, impactos graves sobre la salud y enormes gastos públicos para tratar cánceres o descontaminar suelos y aguas.

Para entender el debate actual hay que remontarse a los años ochenta y noventa del siglo XX, cuando la entonces Comunidad Económica Europea, bajo la presidencia de Jacques Delors de la Comisión Europea, transformó profundamente su sistema de gobernanza económica. Delors invitó a la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) a intervenir activamente en el diseño del Acta Única, consagrando un orden constitucional centrado en la economía de mercado neoliberal y en la expansión del Mercado Único.

El Tratado de Maastricht (1992) sentó las bases del Estado corporativo europeo, transfiriendo masivamente competencias nacionales al nivel comunitario y eliminando controles sobre los movimientos de capital. De aquellos polvos proceden las cenizas de la crisis financiera de 2007-2008, el castigo impuesto a Grecia, los recortes sociales de la troika y la actual especulación inmobiliaria con precios de alquileres impagables.

Se movilizó toda la maquinaria institucional para blindar este orden económico y los intereses del capital transnacional, representado por lobbies como BusinessEurope, la ERT o CEFIC. Así se consolidó el Estado Competitivo Europeo, orientado a ofrecer las mejores condiciones posibles para maximizar los beneficios del capital fósil, subordinando todos los demás ámbitos al paradigma de la competitividad.

Solo así se entiende el fracaso estructural de las políticas climáticas de la UE, bloqueadas por la obsesión con el crecimiento ilimitado, la privatización y el lucro corporativo, que impide adoptar medidas drásticas como la reducción efectiva del uso de combustibles fósiles.

Del gas ruso al mantra de la sobrerregulación

En 2022, aprovechando el miedo y la conmoción provocados por la guerra en Ucrania, estos grupos lanzaron una nueva ofensiva. El aumento del precio de la energía y del coste de la vida, junto con la reducción de importaciones de gas ruso tras la destrucción de los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico y las sanciones a Rusia, creó el contexto perfecto. Desde entonces, las organizaciones empresariales exigen el desmantelamiento de la legislación existente de la UE.

Se inyectaron millones de euros en iniciativas comoEurope Unlocked, destinadas a influir en las instituciones europeas y convertir el mercado único, la energía barata y la “competitividad” en prioridades absolutas. Cuando las industrias más contaminantes publicaron en febrero de 2024 la primera Declaración de Amberes reclamando un “Acuerdo Industrial Europeo” y un recorte normativo tipo ómnibus, la respuesta de von der Leyen fue inequívoca: “Hemos recibido una señal del sector empresarial europeo, tenemos que reducir la burocracia”.

Aunque muchas de estas actividades de lobby se llevaron a cabo en los despachos ministeriales y restaurantes de las capitales nacionales, buena parte del poder político no necesitaba ser convencido. De hecho, los dos grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) pactaron la investidura de von der Leyen para la legislatura 2024-2029 con un documento que apuesta explícitamente por un entorno favorable a las empresas y la reducción de cargas administrativas.

El propio canciller alemán, Friedrich Merz, ha trabajado durante años para grandes corporaciones como BASF, BlackRock o HSBC.

Von der Leyen: la Elon Musk de Bruselas

La publicación del primer paquete ómnibus en febrero de 2025 confirmó que la UE había iniciado una desregulación a gran escala. El objetivo es debilitar —o incluso eliminar— directivas y reglamentos diseñados, en teoría, para prevenir o limitar el daño económico sobre la naturaleza, el clima y las personas.

El Defensor del Pueblo Europeo criticó duramente este primer paquete por aprobarse sin consulta pública ni participación de la sociedad civil, vulnerando principios básicos de buena administración.

Hasta ahora se han tramitado diez paquetes ómnibus sobre alimentación, agricultura, químicos tóxicos, inteligencia artificial, datos personales, finanzas, transporte, emisiones industriales o militarización, con un undécimo mini-ómnibus de defensa que introduce modificaciones en el Reglamento STEP con el fin de canalizar aún más dinero público hacia la industria armamentística y las tecnologías militares.

Cada paquete constituye una amenaza directa a medidas de protección ambiental y sociolaboral que se vuelven tan necesarias en un momento de colapso ecológico, guerras por los recursos, pobreza, miedo, violencias y de cultura del odio. Esta deriva también reduce las normas y los principios democráticos de la UE a papel mojado y una simple cortina de humo eurocentrista para apuntalar las estructuras y los actores del capitalismo en un escenario de tensiones ecoimperiales.

A vueltas con la Europa de múltiples velocidades

Una vez más, la Unión Europea se dispone a romper un viejo tabú —algo que viene haciendo, de hecho, desde el fracaso de la Constitución Europea en 2005—. Mientras que el bloque comunitario ha tratado históricamente de avanzar por unanimidad, el retiro informal celebrado en el campo belga recuperó con fuerza la idea de que determinadas reformas deberán impulsarse desde un grupo reducido de Estados, como defienden, entre otros, los gobiernos de Alemania, Francia y Bélgica.

Aunque la cooperación reforzada existe desde hace tiempo en los Tratados de la UE y permite que al menos nueve países avancen sin unanimidad, su uso ha sido hasta ahora muy limitado, y prácticamente inexistente fuera del ámbito del régimen de guerra y seguridad.

En su informe sobre competitividad de 2024, Mario Draghi —ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) y exgobernador del Banco de Italia— estimó que las necesidades de inversión anual rondaban los 800 mil millones de euros. Desde entonces, el BCE ha elevado esa cifra a 1,2 billones de euros al año, un aumento que refleja el renovado belicismo y los planes de rearme de la Unión Europea.

La propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de emitir deuda conjunta europea (eurobonos) para financiar estas inversiones fue rechazada por el canciller alemán Friedrich Merz, quien alegó los límites impuestos por el Tribunal Constitucional alemán. En otros ámbitos, paraísos fiscales como Irlanda y Luxemburgo se han opuesto históricamente a una mayor supervisión comunitaria de los mercados financieros.

¿Y Pedro Sánchez?

Los medios de comunicación se han enfrascado en la anécdota de que el Gobierno español ha trasladado su malestar a Italia por haber convocado —junto a Alemania y Bélgica— una reunión previa a la cumbre informal. Pedro Sánchez ha defendido que sectores como la seguridad, la defensa, la tecnología y la industria requieren financiación europea, incluida la emisión de eurobonos, una Unión a varias velocidades así como una cláusula de “compra europea” en la contratación pública, especialmente en materia militar, una propuesta impulsada por Macron, sin cuestionar las intenciones antisociales y antiambientales de fondo.

Trump como excusa

Suele decirse que nada une más a la Unión Europea que una amenaza común. Las pretensiones del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse militarmente Groenlandia ofrecieron una excusa perfecta no solo para justificar la militarización y el rearme de la UE, sino también para redoblar la agenda de desprotección ambiental y sociolaboral.

La llamada doctrina del shock impulsada por Trump —enterrando el derecho internacional— actuó como un catalizador político e ideológico para agendas de desregulación que ya estaban bien organizadas por los grandes lobbies empresariales y asumidas por las instituciones europeas. Por un lado, las políticas agresivas de Trump —imperialismo, aranceles, desregulación y subsidios masivos a la industria— y, por otro, el ascenso de la industria manufacturera china respaldada por el Estado, fueron utilizados por empresas, gobiernos y la Comisión Europea como argumento de urgencia: “si no reaccionamos rápido, Europa se quedará atrás”. Este clima de emergencia permitió reducir la oposición interna a la ofensiva proempresarial.

El shock también legitimó el marco discursivo: la competitividad pasó a presentarse como una cuestión de seguridad económica y geopolítica, justificando sacrificios fiscales, ambientales y laborales. Trump ofreció así el pretexto perfecto para acelerar una agenda largamente demandada por organizaciones como BusinessEurope, la ERT o CEFIC, lanzando a la UE a una carrera por reducir normas, simplificar controles y flexibilizar obligaciones bajo la bandera de la supervivencia económica.

Oposición frente a los planes de desprotección

En enero, la Comisión Europea reafirmó su intención de flexibilizar el proceso interno de elaboración legislativa para reaccionar con mayor rapidez ante un “entorno geopolítico volátil y cambiante”. Sin embargo, numerosas ONG, sindicatos, organizaciones ecologistas y sociales, así como sectores académicos, han criticado duramente esta deriva.

Estas organizaciones han reaccionado con contundencia frente a la agenda impulsada en torno a la cumbre industrial de Amberes y la reunión de líderes en Alden Biesen. La Confederación Europea de Sindicatos, por ejemplo, denuncia que el discurso dominante sobre competitividad y desregulación fomentan la precariedad laboral y las desigualdades territoriales, mientras que Climate Action Network Europe alerta de que la respuesta política a la crisis industrial está desmontando leyes ambientales clave.

Una petición europea bajo el lema “Quita las manos de la naturaleza” ha superado ya las 200.000 firmas, evidenciando la creciente preocupación social ante el debilitamiento deliberado de las protecciones ambientales.