La semana política
Valores y precios

A veces, parecen juntarse todos los problemas. Gritos de cabreo. Centenares de miles de personas pendientes del precio del gasoil, de la luz, de la cesta de la compra, otras, pendientes de que eso haga caer a Pedro Sánchez. La mezcla de descontentos y oportunistas genera efluvios difíciles de tragar. El mix de chalecos amarillos y fachalecos crea confusión. Vox pone el ventilador sobre los núcleos de protesta. El centro político se defiende con peroratas sobre los valores, la potencia de la protesta radica en los precios, esa disonancia es grave. La izquierda no discute qué hacer sino si es posible hacer algo. 

Los ecos del desabastecimiento llegan a España. Giran en torno a la subida de los combustibles, pero son protestas híbridas. Todas las costuras están saltando en varios frentes a la vez. El domingo 20, miles de personas recorren Madrid en una marcha convocada por la extrema derecha, pero también por las grandes organizaciones del agro. Se mezcla el golpismo de montería y purito faria, vertebrado en la reivindicación de la caza y la tauromaquia —los “valores” de la derecha— con la preocupación material por la escalada de precios del combustible, los insumos y los fertilizantes. 

A la manifestación del domingo en Madrid le sigue la protesta de los transportistas. La patronal del sector, de nuevo jaleada por la ultraderecha, presiona para obtener bonificaciones para la compra del combustible. Lo consigue en la madrugada del viernes. El Gobierno pone encima de la mesa 1.125 millones de euros. Paz relativa y un plazo de cuatro meses para resolver el problema estructural del sistema de transporte: el trabajo a pérdidas y el timo piramidal de los falsos autónomos. Ventaja: cuatro meses hoy parecen un mundo. Problema: la inflación y los falsos autónomos cabreados seguirán ahí en julio.

Gendarmes en la puerta de Europa

Hay una guerra en Europa y los incendios estallan en cualquier punto. El Gobierno de coalición se deshilacha. Hoy lo sostiene la debilidad. El PSOE solo tiene 120 diputados. Con un puñado más, Sánchez ya habría apretado el botón para gobernar en solitario la recta final de la legislatura. Con un proyecto definido, Unidas Podemos habría salido del Ejecutivo para reivindicarse fuera de la dicotomía entre el extremo centro y la extrema derecha. El jueves por la noche, Yolanda Díaz anuncia que posterga el lanzamiento de su “proceso de escucha”. Demasiadas incógnitas respecto a cómo aterrizar el proyecto en el contexto de la crisis global, demasiadas certezas de que Sánchez actúa solo y no es de fiar. 

Viernes 18 de marzo. Rabat hace pública una carta —cuyo contenido completo no se conoce hasta pasados cinco días— en la que el Gobierno de España cambia su postura respecto al Sahara Occidental. Pedro Sánchez firma el que será su principal legado en política exterior. 

La carta, demasiado vaga para significar nada en términos jurídicos, señala un camino nuevo. Marruecos es hoy el aliado militar más estable de Estados Unidos y la Unión Europea en el Mediterráneo sur.

El temor a la escalada de precios del cereal generada por la guerra, especialmente el trigo, hace que el Gobierno de España tenga sus propios intereses en el entendimiento con Rabat. En una carta perfumada con la inanidad del lenguaje protocolario, la única alusión directa a las contrapartidas otorgadas por Marruecos a cambio del giro en la política sobre el Sahara es acerca de “la cooperación gestión (sic.) de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”. 

Argelia, único aliado de peso del Sahara Occidental, protesta pero mantiene la llave del gas abierta. De momento, buscará otro comprador. La lógica de Sánchez es gendarmes antes que energía. Marruecos tiene la llave que encierra la desesperación en África, Argelia sólo tiene gas (y contiene a su vez mucha desesperación). Sánchez coloca arena sobre el posible foco del incendio en las vallas de Ceuta y Melilla.

El Consejo Europeo protege a los partidos del centro español y portugués: podrán actuar a corto plazo, forzar las reglas de la competencia, para aligerar la factura de la luz

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido que el conflicto en Ucrania —que involucra a dos de los grandes exportadores de trigo, del maíz y aceite de girasol— incrementará los precios del cereal entre un ocho y un 22%. El 21 de marzo, el Gobierno de Egipto establece un precio máximo del pan después de que el kilo haya subido un 50% durante los primeros compases de la guerra. El jueves, Oxfam alerta de que ha subido un 34% en Yemen, país que lleva siete años en guerra, en el que 19 millones de personas necesitan ayuda alimentaria y dos millones de niños están en situación de desnutrición. Se temen los efectos en Camerún y Nigeria, países donde los alimentos que llegan de Rusia y Ucrania aportan la mitad de las calorías que consumen sus poblaciones. El precio del trigo en los mercados de futuro ha subido un 40% en el último año. El hambre en África llama a las puertas de Europa.

Pan y petróleo

Viernes 25. Bruselas. El futuro inmediato de Europa se discute en la capital belga. Joe Biden ha viajado con un plan debajo del brazo. La OTAN se refuerza en la frontera con Rusia. Es una apuesta por una guerra larga. Biden se compromete a poner en las regasificadoras europeas 15.000 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado, el gas que se obtiene del destructivo fracking. El objetivo, reducir la dependencia del gas ruso.

La solución de Biden tiene unas ganadoras iniciales. Las grandes compañías energéticas europeas, el oligopolio eléctrico, el que ideó el sistema marginalista que hoy castiga a la ciudadanía europea. Si crece la oferta, dice la teoría, el sistema no corre peligro. El sistema: los gallos europeos —Alemania y Holanda— no quieren topar el precio del megavatio/hora. Pero a Alemania no le vale con el gas del fracking, seguirá necesitando gas ruso. La guerra introduce complejidad al discurso sobre los valores que enarbola la OTAN, una guerra larga puede suponer que Alemania aumente su gasto militar al mismo tiempo que paga el precio que pide —desde esta semana, en rublos— el país al que combate.

Los Gobiernos de España y Portugal acuden al Consejo Europeo con la solicitud de que la gobernanza europea les permita descolgarse temporalmente del sistema de fijación de precios, que penaliza a los dos Estados, desconectados de la red y menos dependiente del gas —que marca el coste del conjunto de la electricidad— que el resto de los países europeos. 

Sánchez juega su partida. Diez millones de hogares tienen un contrato eléctrico de tarifa regulada, es decir, el 37% de su factura fluctúa en función del coste del megavatio/hora, algo insólito en la Unión Europea. Esos son muchos votantes. El invierno del descontento y la emergencia de la extrema derecha multiplica las posibilidades de desestabilización. Avisa a la Unión Europea, la derecha española libra un ataque contra la democracia. Los valores del extremo centro solo tienen unas siglas en Europa.

El presidente del Gobierno se toma un respiro. El Consejo Europeo protege a los partidos del centro español y portugués: podrán actuar a corto plazo, forzar las reglas de la competencia, para aligerar la factura de la luz. 

Hay una guerra en Europa y muchos incendios en España, el respiro no durará mucho.