Energía
Entre la ley y la realidad: los derechos de las personas afectadas por proyectos energéticos

El 12 de noviembre de 2025 se anunció la creación del Movimiento Internacional de Personas Afectadas por Represas, Crímenes Socioambientales y Crisis Climáticas, un espacio de articulación global en el que comunidades de distintos países compartieron denuncias, experiencias y estrategias frente a los impactos de grandes infraestructuras, extractivismos y la crisis climática. El encuentro puso de relieve un diagnóstico común: los actuales modelos de desarrollo generan costes sociales y ambientales que recaen de forma desproporcionada sobre determinadas poblaciones.

En su manifiesto fundacional, el Movimiento señala que muchas personas resultan afectadas por proyectos y políticas que priorizan la acumulación económica frente a la protección de derechos, la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Desde esta constatación, las organizaciones participantes subrayan la necesidad de avanzar hacia marcos energéticos y productivos que sitúen en el centro a las personas y a los territorios.

Uno de los principales aprendizajes compartidos es que la movilización social ha logrado, en algunos contextos, traducirse en avances legislativos concretos. En Brasil, por ejemplo, se aprobó en 2023 la Ley 14.755, que establece la Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB). La norma reconoce quiénes son las personas afectadas, cuáles son sus derechos y garantiza su participación informada en los procesos de identificación de daños y reparación.

“Necesitamos avanzar hacia marcos energéticos y productivos que sitúen en el centro a las personas y a los territorios”

Sin embargo, su aplicación enfrenta importantes obstáculos. La falta de reglamentación, de recursos financieros y de una estructura institucional claramente definida limita su implementación efectiva. Esto dificulta que las personas afectadas sean reconocidas como destinatarias de políticas públicas específicas y contribuye a reproducir situaciones de vulnerabilidad que la propia ley pretende corregir.

En el Estado español, la lucha contra la pobreza energética ha seguido una trayectoria similar. La presión social y el trabajo de incidencia lograron la aprobación de marcos legales que prohíben los cortes de suministro a hogares en situación de vulnerabilidad. En Cataluña, en 2021, se alcanzó además la condonación de la deuda acumulada de más de 60.000 familias, en el marco de acuerdos con las empresas suministradoras. Aun así, organizaciones sociales advierten de que una parte significativa de la población sigue teniendo dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus hogares o para afrontar el pago de los suministros básicos, quedando expuesta a endeudamiento y cortes.

La experiencia demuestra que la aprobación de leyes no garantiza por sí sola su cumplimiento. Las presiones del sector energético para modificar o debilitar estas normativas obligan a una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y a una exigencia sostenida de responsabilidad institucional y empresarial, para que los derechos reconocidos se traduzcan en una protección efectiva.

Existen también ejemplos de políticas públicas orientadas a la adaptación climática. En Cuba, el plan nacional conocido como Tarea Vida, puesto en marcha en 2017, combina sistemas de alerta temprana, preparación comunitaria, protección de ecosistemas y programas de reasentamiento de comunidades costeras vulnerables. Se trata de una estrategia integral que incorpora la planificación territorial y la participación social como elementos centrales.

“La experiencia demuestra que la aprobación de leyes no garantiza por sí sola su cumplimiento”

Otros procesos han logrado resultados más puntuales pero igualmente significativos. En Rasi Salai, Tailandia, las comunidades afectadas por la presa del río Mun consiguieron, tras años de movilización, la apertura de sus compuertas. Esta medida permitió la recuperación parcial del ecosistema fluvial y de los medios de vida locales. Sin embargo, los daños acumulados no han sido reparados y las amenazas contra líderes y lideresas de las comunidades persisten.

A escala internacional, diversas organizaciones impulsan actualmente un Tratado Internacional Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas. La iniciativa busca establecer obligaciones claras para las empresas y mecanismos efectivos de acceso a la justicia y reparación para las comunidades afectadas. El proceso enfrenta la oposición de determinados Estados alineados con los intereses de grandes actores económicos, así como de organizaciones empresariales con capacidad de influencia en el proceso negociador, lo que refleja las tensiones existentes en la gobernanza global.

Las experiencias compartidas muestran que los avances en la protección de las personas afectadas son el resultado de largos procesos de organización, articulación internacional e incidencia política. El desafío pendiente es consolidar estas conquistas, garantizar su aplicación efectiva y fortalecer marcos normativos que pongan límites a los impactos sociales y ambientales de determinados modelos de desarrollo, desde una perspectiva de derechos y justicia global.