Palestina
Noche de paz: un Tribunal de los Pueblos contra la censura y el silencio genocida

La violencia estatal-genocida expone impúdicamente lo que hace, producir lo inhabitable, pero su maquinaria interna se alimenta del secreto para hacer posible esa violencia explícita. El secreto se teje con complicidades que quieren opacidad. Frente a ello, este tribunal compone una narrativa a contracorriente del secreto, desvela la opacidad, nos confronta con nuestro fondo violento, cartografía nuestra crueldad (Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado español, Mesa 2, Conclusiones, punto 26).

Nos hemos reunido en Argel para proclamar que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, a liberarse de toda traba extranjera, y de darse el gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por su liberación, y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de otros pueblos (Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, 1976).

*

Sobre complicidades, indignidades e ilegalidades (primera parte)

Rabab Abdulhadi (directora del programa de Estudios sobre Etnicidades y Diásporas Árabes y Musulmanas en la Universidad Estatal de San Francisco –EEUU) lo explicaba así durante su discurso como co-presidenta del TPCGP-25 en la sesión de clausura:

El trabajo del tribunal es resultado de un esfuerzo acumulativo. Un trabajo que es exactamente lo que necesitamos. Hemos de preguntarnos: ¿cómo vamos a descolonizar el discurso de las complicidades en nuestros países, espacios y contextos?, ¿cómo vamos a luchar contra la censura y la represión en nuestros estados?

El pueblo palestino quiere la liberación. Es desde ahí donde hemos de preguntarnos qué posición vamos a tomar. Nosotras somos productoras de conocimiento y lo producimos para la justicia. Sabemos que quien defiende la producción de un conocimiento ‘neutral’ miente. La neutralidad reproduce el statu quo, la injusticia.

El duro trabajo y toda la labor de investigación del tribunal forma parte de la batalla por la narración y el relato por la liberación, contra la negación y el relato sionista. Hemos de ser capaces de recuperar las historias, las canciones, los archivos, las voces de los huesos y cuerpos que están enterrados bajo los escombros, que son testigos de la verdad. Queremos recuperar nuestros espacios en las escuelas, en las universidades, en la esfera pública, para tener la capacidad de hablar por nosotras, para abrir los debates que permitan identificar la posibilidad del optimismo revolucionario. Esta es la clase de producción de conocimiento que demuestra verdad contra el poder, del conocimiento que nos interpela a todas nosotras, construyendo un tipo diferente de mundos. Una producción de conocimiento que nos devuelve esperanza, vida y posibilidades en la unión de las luchas, construyendo juntas otros mundos sin sionismo, sin supremacismo, ni fascismo.

Los pasados 28 y 29 de noviembre tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid la primera edición del Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado español (TPCGP-25), un evento académico organizado por la Red Universitaria por Palestina (RUxP), abierto a toda la sociedad y poblado por participantes procedentes de diferentes generaciones, ámbitos profesionales e institucionales, campañas de denuncia, colectivos de solidaridad u organizaciones de defensa de derechos, catedráticos-as, sanitarios-as, periodistas, juristas, profesoras-es, estudiantes, activistas y un et cetĕra que incluye a un relator de NNUU.

Precisamente por tratarse de un evento académico, el TPCGP-25 se compromete a trabajar desde los principios que definen la mejor versión posible de una universidad digna de ese nombre. El primer principio nos recuerda que la producción de conocimiento es siempre, por definición, un proceso colectivo y no el resultado de eurekas, epifanías individuales ni alucinaciones meritocráticas. El segundo, que la función (¡social!) de la academia exige un permanente viaje de ida y vuelta a sus contenidos, discusiones, reflexiones y conclusiones —un viaje que derribe sus muros de misterio elitista, gerencial y mercantilizado(r). El tercero, que los dos anteriores deben acompañarse de un extremo respeto a nociones como rigor, dignidad y justicia, respeto que nada tiene que ver con las liturgias que a menudo disfrazan ese misterio académico. Ningún trabajo intelectual puede ser neutral ni imparcial en sus exigencias de rigor, dignidad y justicia. Nadie puede ser neutral en un tren en marcha, decía Howard Zinn. No hay imparcialidad ante una ocupación, un proyecto colonial, un genocidio. No hay mirada que respete esas citadas exigencias sorteando la cuestión: la historia que incrusta el genocidio como práctica social en la identidad occidental europea.

Las seis páginas de la resolución final del TPCGP-25 (ver Declaración de Madrid de 29.11.25) aplican esos principios en cuatro líneas principales: 

1. Enfocando a la complicidad, entendida más allá de la acepción estrictamente jurídica del término, de una sociedad cómplice en la jurisdicción de un estado cómplice, celebrando su primera edición en las instalaciones de una institución cómplice.

2. Considerando todos los ámbitos y niveles de dicha complicidad, empezando por las instituciones académicas y quienes las gobiernan, habitan y sostienen.

3. Apuntando al poder de la maquinaria sionista y su profunda imbricación política (estado) y empresarial (mercado) en los espacios de poder de una de las provincias geoeconómicas de la madre patria europea, tratando de poner nombres, vínculos y números a las relaciones que fluyen por las redes tejidas durante las últimas cuatro décadas en la provincia España, redes de propaganda pro-apartheid y connivencia necropolítica que deben ser conocidas y denunciadas.

4. Basándose en un marco jurídico y analítico incontestable. De ahí los ataques que intentaron evitar su celebración, con el mismo objetivo que persigue el apagón político-mediático que, desde el comienzo del “proceso [genocida] de paz”, trata de apagar luces, pantallas, altavoces y teclados, frenar la denuncia pública y reducir la movilización al mínimo —en la segunda parte del texto volveremos a este punto.

Así, esta primera edición del TPCGP ha expuesto y documentado que el Estado español lleva décadas colaborando con la ocupación, el apartheid y la Nakba permanente, y con el genocidio en último término, violando la legalidad internacional y, con ella, la prohibición a los estados terceros de ayudar o asistir a otro en la comisión de crímenes internacionales. El gobierno español tenía y tiene pleno conocimiento de las ilegalidades y crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí, sin que esta información haya motivado las medidas correspondientes para suspender relaciones económicas ni diplomáticas, ni para imponer las sanciones obligadas por numerosas resoluciones internacionales (punto 5 de la resolución final). 

Ojalá seáis muchas-os quienes leáis esa resolución y los cientos de páginas de documentación del TPCGP-25 para compartirla, difundirla, discutirla, revisarla, ampliarla, contactar a ruxp@tribunaldelospueblos.org, sumaros al trabajo, aportar información y denuncias… La información generada por el TPCGP-25 está siendo publicada en https://tribunaldelospueblos.org/. Aquí tenéis un pequeño resumen de las conclusiones recogidas por cada una de las mesas:

Mesa 1 (I+D+Ciencia, universidades y educación). Incluso habiendo emitido comunicados desde sus consejos de gobierno y claustros en apoyo a Palestina y decir que suspende relaciones con las instituciones israelíes, más de la mitad de las universidades del Estado español sigue participando a día de hoy en consorcios de investigación con universidades, instituciones y empresas israelíes. La inmensa mayoría colabora con entidades y empresas participantes en y/o beneficiarias de la ocupación, el apartheid y el genocidio —a través de convenios, cátedras, contratos y relaciones financieras–, en patente incumplimiento de las obligaciones impuestas a todos los estados derivadas de normas inviolables del derecho internacional. Los equipos de gobierno de las universidades participan así, pese a algunas declaraciones, de la extensa estructura internacional de complicidad con el escolasticidio y epistemicidio palestino.

Mesa 2 (Industria, comercio y banca armada). Una red de corporaciones y empresas estatales e internacionales participa activamente del negocio del genocidio, prestando servicios, fabricando productos, alimentando la maquinaria económica y logística de la ocupación y reforzando sus lógicas de captura del espacio y opresión sistemática. Es evidente la presencia en el Estado español de este entramado de intereses empresariales, así como la cadena de complicidades que sostiene la ocupación y el genocidio. Durante los últimos dos años, los puertos del Estado español se han convertido en enclaves cruciales de las rutas que abastecen de armas y energía al régimen genocida de Israel. La Banca Armada ha desempeñado un papel crucial en la producción y uso de las armas utilizadas en Gaza. Banco de Santander, BBVA, Caixabank, Ibercaja, Banca March y otros son a la vez beneficiarios y facilitadores imprescindibles del exterminio del pueblo palestino.

Mesa 3 (Medios de comunicación). Los medios de comunicación no son espectadores del genocidio sino actores estructurales: seleccionan, enmarcan, silencian o amplifican mensajes de blanqueamiento del sionismo. El informicidio se manifiesta con el asesinato a periodistas, la eliminación de los testimonios palestinos y la criminalización de los periodistas gazatíes, y se acompaña por campañas de difamación que ejercen una violencia de doble condición: sobre el pueblo palestino y sobre el periodismo, por narrar la verdad. El informicidio se extiende como forma de “control narrativo y silenciamiento de las voces que denuncian el genocidio”. Ese control legitima la violencia con aparente neutralidad informativa: “presenta a Israel como pueblo civilizado, deshumanizando a los y las palestinas como bárbaros”. La difusión informativa del genocidio ante la opinión pública sigue tres tendencias diferenciadas: el marco securitario-justificativo, el humanitario-compasivo y el solidario-decolonial. Pocos medios de comunicación estatales se ajustan al tercer marco informativo, vinculado con rigor al proceso histórico de colonialismo y ocupación. Las relaciones entre figuras relevantes del mundo empresarial y político con el sionismo internacional y la defensa de Israel influyen notablemente en el ecosistema mediático español. Durante el genocidio, la Hasbara (propaganda israelí) ha multiplicado en todas direcciones sus acusaciones por antisemitismo para silenciar cualquier discurso crítico, pero ha fracasado rotundamente en el plano local e internacional. Los-as palestinas han conseguido informar al resto del mundo pese al genocidio y al informicidio.

Mesa 4 (Sistema/mercado sanitario). La mayoría de las sociedades científicas del ámbito médico que afirman estar comprometidas con la justicia social han mantenido silencio sobre la destrucción del sistema sanitario palestino y las atrocidades cometidas contra sus colegas hasta bien avanzado el genocidio —y muchas aún lo hacen. Muchas médicas y médicos han seguido aceptando pagos (“transferencias de valor”) del gigante farmacéutico israelí TEVA, y la colaboración científica con Israel ha continuado, incluso con el Dictamen Consultivo de la Corte Internacional de Justicia en vigor. Actualmente hay 101 proyectos del campo de la salud con financiación europea y participación española e israelí en fase de ejecución.

Mesa 5 (Empresas, sectores: energía, vivienda, seguridad, etc.). El TPCGP ha analizado y documentado los vínculos, contratos, inversiones, comercio y modos de cooperación entre corporaciones públicas y privadas, entidades y organizaciones que operan en el ámbito económico español y que colaboran y se benefician del colonialismo, el apartheid y el genocidio en Palestina, en construcción y obra civil, agua y energía, servicios inmobiliarios, financieros e inversiones, turismo, tecnología y comunicaciones, servicios y bienes de consumo y agroindustria, evidenciando la implicación de todas esas empresas —CAF, ACS, SEMI, INECO, OSSA, Abengoa, Typsa, Intecsa, TSK, ICL Group, ICL Iberia, Nordex Energy Spain, Banco de Sabadell, ACCIONA, Naturgy, Solaer, Resolar, Ellomay, Enlight Renewable Energy, SolarEdge, Volta Solar, KKR, Blackstone, FITUR, eDreams ODIGEO, IBERIA, Globick, Leonardo Hotels, NSO Group, TKH, IBM, Microsoft, Amazon, Palantir, Oracle Corporation, Apple Inc., Nvidia, Hewlett Packard, Hikvision, Fortinet, Check Point, Palo Alto Networks, Ex Libris…

Mesa 6 (Cultura y deporte). En paralelo a acciones de apropiación, destrucción y negación de la historia, cultura e identidad palestinas en iteración constante, e imprescindible, para apuntalar el imaginario sionista, la presencia israelí en el mundo de la cultura y el deporte en España adopta formas diversas en escenarios clave para las estrategias de blanqueamiento de la ocupación y normalización del genocidio. Así encontramos programas religiosos que incluyen discursos específicos sobre identidad, seguridad y legitimidad, fundaciones que posibilitan identificar al estado sionista con la tradición histórica y cultural sefardí, redes de patrocinios, subvenciones e intercambios institucionales, y una amplia y creciente presencia de fondos de inversión en festivales de música. La narrativa internacionalista de neutralidad en el deporte no puede ocultar una tensión que socava los valores fundacionales de la práctica deportiva y favorece la construcción de una imagen positiva de Israel, apoyada con frecuencia en la colaboración mediática. Aunque diversos eventos deportivos han permitido expresar el rechazo ciudadano al genocidio en los últimos meses, el recurso a la centralización en organismos internacionales del poder de decisión, la cooptación de esas decisiones en su seno y las dinámicas de negocio que acompañan buena parte de la actividad deportiva, hacen posible que el deporte siga siendo parte de la maquinaria de normalización y blanqueamiento sionista en España. 

Mesa 7 (Represión, apoyo diplomático y lobby sionista). El Gobierno de España y una lista extensa de instituciones estatales mantienen relaciones de asistencia y reconocimiento con un violador sistemático del derecho internacional que lleva dos años inmerso en una campaña genocida retransmitida en directo, 24 horas al día y siete días a la semana. Como cualquier otro gobierno, el español tenía y tiene pleno conocimiento de la ilegalidad del bloqueo y de la larga lista de crímenes cometidos por Israel —en Gaza y en toda Palestina–, sin que nada le haya impedido mantener relaciones económicas y políticas, omitir medidas de sanción y evitar una sola decisión sujeta al marco legal ante la agresión directa a sus nacionales.

El sionismo y sus campañas de lobby buscan elevar la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) a la condición de “jurídicamente vinculante” en el ordenamiento jurídico-penal para, recurriendo al tipo penal de “delito de odio”, perseguir cualquier denuncia de los crímenes de Israel. La crítica al régimen colonial funciona en el prospecto de IHRA como uno de los “principios activos” del antisemitismo. Por cierto: la mayoría de sionistas en el mundo no es judía, y una proporción cada vez mayor de las personas judías —más cuanto más jóvenes- se opone al sionismo. ¿Podría esa ultraderecha sionista que nos señala con falsas acusaciones aclararnos si los judíos antisionistas también son “antisemitas”?

*

Cabalgar o ladrar. Sobre denuncias, mordazas y silencios (segunda parte)

Para sorpresa de nadie después de 27 meses, la primera edición del TPCGP provocó suficientes “malestares” como para tener que sobreponerse a dos principales obstáculos. 

El primero, más concreto y explícito, fue el ataque llevado a cabo desde el núcleo duro del aparato político-mediático sionista hispano con apenas dos días de antelación –aunque la información sobre el programa, las participaciones, las presidencias y la ubicación del TPCGP-25 había sido publicada hacía dos meses. El intento de censura no fructificó porque su señalamiento contra Masar Badil y Samidoun —reproducido por el consejero de universidades de la CAM, trasladado por el rectorado de la UCM y amplificado por sus canales mediáticos- carecía del mínimo fundamento legal. Gracias a la generosidad de las organizaciones señaladas, el TPCGP-25 —ese “akelarre antisemita”, nada menos- pudo celebrarse. Buena parte de lo que se pretendía censurar con ese ataque se encuentra ya accesible en formato video, en los informes de las siete mesas temáticas, en sus respectivas resoluciones, en los documentos jurídicos de referencia o en la resolución final del tribunal, en el canal de Youtube de RUxP y en la web del TPCGP-25. El resto será público muy pronto. Otros textos resultantes del trabajo llevado a cabo en el marco del tribunal también serán publicados en las próximas semanas.

Valga aquí la siguiente nota aclaratoria: en respuesta a la proverbial hiperactividad de las máquinas de propaganda y lawfare sionista, debemos recordar algo importante a nuestras autoridades en el gobierno, la administración central, las autonómicas, municipales,... y académicas: cuando un estado o varios censuran, cancelan, reprimen, sancionan, encarcelan o ilegalizan a quienes defienden los derechos del pueblo palestino frente al régimen ocupante de Israel, a quienes hacen política fuera de las instituciones o a quien protesta contra un genocidio, una ocupación, un régimen de apartheid y la complicidad de sus instituciones en todo ello, cuando todo eso ocurre, el deber del resto de estados no es seguir los pasos de la censura y la represión, sino lo contrario. A no ser, claro está, que la intención sea convertirnos en Reino Unido, Alemania, EEUU… y acabar partiendo el cráneo a nuestras “abuelas terroristas” por sostener un cartel con el lema Todas somos Palestine Action o cantar Desde el río hasta el mar, Palestina será libre.

El segundo obstáculo, aún más preocupante, es el silencio impuesto políticamente y desplegado por la práctica totalidad de medios de comunicación tradicionales, maniobra a la que se suma una inversión millonaria de Israel en hasbara cibernética —o de quien le sufrague el gasto, que bien podríamos estar pagando una parte. Ese silencio genocida ha declarado la “paz”. En el caso particular del Estado español, si en septiembre os gustó Ahí va el gobierno europeo más comprometido con los derechos humanos y en diciembre os fascinó Ahí va el gobierno que anuncia un decreto de embargo de armas con cláusulas de excepción que permiten asegurar el ‘business as usual’ del genocidio, estaréis gozando enero con Venezuela, ese 'peligroso precedente'.

La campaña de propaganda, censura y “alto del fuego”, enésima versión —la más gore hasta hoy- de la clásica saga de los “procesos de paz”, ha acelerado el robo de tierras, ha asesinado a cientos de personas en Gaza, multiplica las colonias en Cisjordania, corta agua, luz y comunicación a lo que queda de UNRWA en Palestina, expulsa a 37 entidades de asistencia humanitaria, de Médicos Sin Fronteras a Cáritas, y retransmite en directo las celebradas confesiones de los genocidal masters en rueda de prensa. En realidad se regodean en su sensación de impunidad y presumen, confiados, de capacidad de matar y mentir, invadir y mentir, secuestrar y mentir, robar y mentir…

La actual “noche de paz” declarada por el eje del genocidio es la más horrible de todas las habidas. Tres meses después, dos años después, casi ocho décadas después, nos quiere a oscuras para consumar el exterminio. Hace cuatro meses, la movilización en la calle obligó al gobierno a fingir comprensión y empatía con la práctica de la desobediencia civil. Desde el 10 de octubre, tres meses peor, Europa silencia el genocidio mientras discute el auge electoral de la ultraderecha “como amenaza a la democracia liberal” y no como su resultado lógico. Nadie se pregunta qué sentido tiene hablar en esos términos desde lugares histórico-políticos que llevan el genocidio incrustado en su identidad, por eso hablamos de “amenazas a nuestras democracias liberales” tras años de genocidio patrocinado, legitimado y participado por esas mismas democracias liberales. Esta abominable paradoja también está incrustada en nuestra identidad. Es nuestro problema. El fascismo no lo resuelve, sólo lo sublima. La condición necesaria para cualquier solución se llama descolonización y consiste en desmantelar las estructuras de opresión. Los gobiernos europeos han devuelto esa opresión a su límite genocida, con las universidades como foco de su racionalización supremacista, poniendo otra vez la alfombra roja a los pies del monstruo fascista que toda nación agresora lleva dentro. Ese boomerang… 

Aquí y ahora, censura y silencio son dos herramientas —bien poco “democráticas” para la teoría liberal, por cierto- que condensan varios siglos de capitalismo racial, genocidios coloniales, asedios, bloqueos, invasiones, campos —concentración, trabajo forzoso, exterminio- y acumulación por desposesión. Ésa es la fuente principal de daño a la que se enfrenta el pueblo palestino y la humanidad entera: la inercia imperialista de un régimen económico criminal que produce muerte rentable para multiplicar la concentración de riqueza en manos de los propietarios de dicho régimen.

Para el caso del TPCGP-25, las razones para las censuras y los silencios han quedado claras, con pretextos son igual de burdos en ambos casos. El silencio celebra: ¡paz! La censura acusa: ¡antisemita! Nosotros y nosotras respondemos primero que toda paz exige justicia y, segundo, que somos exactamente igual de antisemitas que (ojo, no significa lo mismo) judeófobas, es decir: nada. Lo que sí somos es tan antifascistas como antisionistas, dada (aquí sí) la íntima equivalencia entre ambos términos. También somos cada vez más y caminamos más cargadas de razón: el paradigma “Israel” se expande. En la actual hegemonía imperialista, Occidente se israeliza mientras el resto del mundo se palestiniza.

Por eso la intifada, la protesta que sacude, agita, revuelve… se globaliza.

De ahí el nuevo strip-tease punitivo al que se ve obligada la razón de (mercado-)estado.

Ya no hay hasbara que oculte semejante infamia.

*

En nombre de la Red Universitaria por Palestina (RUxP): Daniel Jiménez, César Sánchez, Sara Pérez (Unizar), Elena Matamala, Guillermo Muñoz (UV), Irina Fernández, Ángeles Manjarrés (UNED), Ángeles Diez, Johanna Lems, Amal Abu-Warda, Mercedes Martín (UCM), Ignacio Mendiola (UPV-EHU), María José Lera (US), Enrique Javier Díez (Unileón), Auxi Durán (UMA), Mar Rodríguez, Neves Arza (UDC), David Peñafuerte, Feliciano Castaño (UJA).