Laboral
¿Es legal la huelga general por Palestina?

La movilización en contra del genocidio en Gaza no solo recorre las calles, si no también los centros de trabajo. Desde allí se han puesto en marcha iniciativas de denuncia y rechazo como la colocación de banderas o hasta parar la producción. Es el caso de la plantilla de la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), que han llegado a realizar paros denunciando la connivencia de la compañía vasca con Israel por sus acuerdos para el tranvía a Jerusalén. También los profesores y el personal escolar, que han apoyado en varias comunidades acciones para denunciar el genocidio y la ocupación contra Palestina. 

Ahora le ha tocado el turno a los sindicatos que han elegido convocar huelga general en algunos casos y paros en otros. Pero surge la duda: ¿tengo derecho a la huelga cuando las razones van más allá de un convenio laboral, una subida salarial o impedir una deslocalización? La respuesta es sí y la dan los sindicatos que han decidido convocar de nuevo una huelga general al cumplirse el aniversario del inicio del genocidio. Se trata de CGT por un lado, que este miércoles anunciaba los trámites de la convocatoria, y Solidaridad Obrera, que junto a Co.bas y ASC, tienen formalizada la huelga general a nivel estatal. Todos para el 15 de octubre, jornada de lucha a las que se suman convocatorias por territorios o paros concretos y que toma el relevo de la manifestación que se hizo el 27 de septiembre de 2024 con los mismos motivos. 

“Invirtamos en vida y no en armas”, es el lema de la convocatoria de CGT. “En nuestro caso la convocatoria de huelga se estructura en torno a una cuestión: todo el desembarco de dinero público que se ha invertido desde octubre de 2023 en muchos contratos de la administración pública con empresas israelíes”, explica Silvia Arribas, miembro gabinete jurídico confederal del sindicato. “Es dinero público que se recauda del IRPF con los impuesto de las personas trabajadoras fundamentalmente”, comenta Arribas que indica que “partida presupuestaria del rearme ha aumentado mucho en relación de las que podrían afectar la clase trabajadora, como puede ser pensiones, los subsidios sociales o las políticas de vivienda”.  

CGT tiene experiencias donde huelgas similares no han tenido problemas, pero sí otras, como la convocada por la represión del Procés hizo que desde la patronal se intentara ilegalizar al entender que era una huelga política. “El real decreto de 1977 establece las huelgas políticas como ilegales, pero en 1981, con la Constitución aprobada, el Tribunal Constitucional dice que solo puede ser aplicado si se interpreta como no restrictivo, con un criterio amplio, a favor del derecho fundamental que es el derecho a huelga”, explica a El Salto, José Luis Carretero, secretario general de Solidaridad Obrera, que indica que hay jurisprudencia que dice que “cuando se aleguen motivos laborales, aunque también se aleguen motivos políticos también, se entiende que esa huelga no es ilegal”. 

“Teníamos miedo de que al hablar del genocidio hubiera problemas, pero no ha sido así y teníamos ya la experiencia de otros años”, indica Álvaro Ferreira

Por eso, desde Solidaridad Obrera o la argumentación de CGT incluyen temas laborales como los beneficios sociales para los y las trabajadoras. Carretero recuerda que ninguna huelga como la del pasado año por Palestina, las convocadas por el ‘No a la Guerra’ o las huelgas educativas contra el genocidio, más recientemente, ni fueron declaradas ilegales “ni hubo demandas efectivas que reclamaran su ilegalidad”. Su compañero de Solidaridad obrera, Álvaro Ferreira, que ha estado en el proceso de legalizar esta huelga del día 15, comenta que el proceso ha sido muy similar a otras convocatorias. “Ya hemos dado los pasos previos en el SIMA, con la mediación, y no ha habido ningún problema”, reconoce y recuerda que tanto con su convocatoria como con las demás formalizadas, cualquier persona trabajadora por cuenta ajena puede secundar la huelga, esté o no afiliada a los sindicatos convocantes. 

“Es verdad que teníamos miedo de que al hablar del genocidio hubiera problemas, pero no ha sido así y teníamos ya la experiencia de otros años”. Ferreira, que también es delegado en Metro de Madrid, explica que el siguiente paso es fijar los servicios mínimos al ser un servicio esencial. “Esperamos que los ponga la Comunidad de Madrid y, si no, haremos una propuesta propia nosotros”, comenta a este medio. 

Contra el Estado y el sector privado por ser cómplices

“Señalamos al estado español como cómplice porque no ha aprobado todas las medidas que puede para frenar el genocidio”, asegura la sindicalista de CGT que recuerda que hay tratados y acuerdos internacionales ratificados por España que “no se están cumpliendo” al entender que este Gobierno no está haciendo todo lo que está en su mano al no romper “las relaciones diplomáticas, comerciales, deportivas y, fundamentalmente, que el dinero público no esté orientado a perpetuar el genocidio”. Pero aquí no acababa el argumentario de CGT que lo acerca aún más a la realidad que viven las personas trabajadoras en España: “Este genocidio y la conducta de Israel atacando a los países de la zona, esto ha generado y va a generar una inestabilidad económica y política, por ejemplo en recursos energéticos o transportes, que afectará especialmente a la clase trabajadora por una subida de inflación muy importante”. 

Para esta argumentación presentada se han basado en informes de centros como Delas y señalan que también las empresas privadas “tienen una responsabilidad enorme” en no dar alas a estados genocidas y señalan otra empresa como Airbus, “que tiene proyectos en común con el ministerio de Defensa israelí”. En Euskadi esta doble presión, al sector público y privado también está sobre la mesa de la huelga general parcial que han convocado CCOO, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e Hiru. En su caso, se trata de una convocatoria el día 15 de tres turnos de paros: tres a seis de la mañana, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 por la tarde.  

“Mientras el genocidio se materializa, las empresas y las instituciones han hecho la vista gorda hasta hace cuatro días”, denuncia Juanjo López

“Los motivos es de denuncia y exigencia: denunciar de la vulneración de los DDHH y la exigencia al gobierno español y vasco para que cumplan con las obligaciones internacionales sin menoscabo del empleo y las condiciones de trabajo de las plantillas de nuestro territorio”, explica a El Salto Juanjo López, miembro de Acción Sindical de CCOO Euskadi. “Mientras el genocidio se materializa, las empresas y las instituciones han hecho la vista gorda hasta hace cuatro días”, denuncia y asegura que solo la presión social podrá cambiar eso. En referencia al miedo de que pudiera haber represalias empresariales o legales por hacer los paros o secundar la huelga, López coincide con los otros sindicatos: “la convocatoria está perfectamente argumentada, sigue el hilo de la situación que tenemos y como los conflictos de terceros países afectan a nuestras relaciones laborales”. 

Además de la convocatoria conjunta en Euskadi y las estatales hay más por otros territorios como la convocada entre el sindicato vasco ELA, la organización gallega CIG y la Intersindical de Catalunya, que convocan para el día 15 paros de cuatro horas. También en Galicia hay una convocatoria de huelga general de la CUT; en Andalucía por parte del SAT también jornada de 24 horas de lucha; en Valencia convocan y legalizan la huelga CNT, CGT y COS juntos; etc. 

Solidaridad Obrera legaliza de forma conjunta la huelga general, con paro de 24 horas, con Co.bas y ASC, pero irá en conjunto a la manifestación en Madrid con otros sindicatos convocantes como CGT y otros por sumarse como CNT. “Será a las 19h desde Atocha a Callao la manifestación unitaria de los sindicatos de clase”, explica Ferreira y avanza que Solidaridad Obrera sacará una guía para que ningún trabajador se quede sin poder ejercer su derecho a huelga.