Laboral
Represión sindical en los centros de llamadas en Marruecos

Cuando un grupo de 18 empleados de las oficinas en Rabat de la multinacional SITEL, una compañía estadounidense de servicios de atención al cliente, informaron a sus superiores de que querían crear una sección sindical, ya imaginaban que se iban a enfrentar a problemas, pero no que alcanzarían la dimensión actual. “Sabíamos que la decisión nos generaría problemas, pero es nuestro derecho y no queríamos renunciar”, comenta convencido Benabdallah Baddredine, un licenciado en Informática de 40 años. Desde entonces, ha pasado ya más de un año, y la batalla entre SITEL y un grupo de aguerridos trabajadores se ha enconado, atrayendo la atención de la mayor central sindical de Marruecos, los medios de comunicación e incluso el Parlamento.

En las semanas siguientes a la declaración de la intención de sindicarse bajo el paragüas de la mayor central del país, la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT), progresivamente 15 de los 18 trabajadores fueron despedidos de forma improcedente y sin pasar por ningún procedimiento sancionador. No se les informó del porqué, ni se les permitió defenderse. “Fue una venganza por el hecho de habernos constituido en sindicato”, explica Baddredine, que es uno de los tres empleados del grupo de “los 18” todavía en nómina de SITEL, que emplea a 1.300 personas en su sede en la capital marroquí, y a unas 2.000 en todo el país.

“En Marruecos, es habitual que las compañías privadas, tanto nacionales como multinacionales, se nieguen a permitir la creación de sindicatos independientes. Ni tan siquiera el hecho de ser un delegado sindical protege a un trabajador del despido”

“En Marruecos, es habitual que las compañías privadas, tanto nacionales como multinacionales, se nieguen a permitir la creación de sindicatos independientes. Ni tan siquiera el hecho de ser un delegado sindical protege a un trabajador del despido”, asevera Khadija Riady, expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la más combativa ONG de este tipo en el país. En parte, ello explica la bajísima tasa de sindicación en Marruecos, que no supera el 6%. Además, durante los últimos años, se ha producido una creciente fragmentación de los mayores sindicados marroquíes, la UMT y la CDT, fruto de la creación de sindicatos amarillos cuya única razón de ser es debilitar el movimiento obrero.

Aunque no ha perdido su empleo, Baddredine hace ya meses que sufre el acoso de sus jefes, que en un primer momento intentaron comprarlo ofreciéndole un ascenso a cambio de renunciar a su aspiración sindical. Pero él lo rechazó, y prefirió lanzar una campaña para lograr la readmisión de sus compañeros. “Hemos organizado ya dos concentraciones frente a la sede de la compañía, y también buscado la mediación de diversas instituciones públicas. En una de ellas, los representantes de la compañía ni se dignaron a venir”, comenta este hombre de cabello corto y ojos claros. La perspectiva de ser finalmente despedido, no le preocupa. En el sector, los salarios base a penas están por encima del salario mínimo -unos 4.000 dirhams o 380 euros-, y las primas por objetivos representan a menudo un tercio del sueldo final.

Lo que no esperaban los responsables de SITEL al inicio del conflicto es que el “grupo de los 18” iban a saber recurrir a todos los resortes a su alcance, incluido el apoyo público de varios diputados en el Parlamento nacional pertenecientes a partidos de izquierda, recogido en la prensa marroquí. Además, su conflicto fue incluido en el informe sobre violaciones a la libertad sindical de la Confederación Internacional de Sindicatos para el año 2022. Habiendo alcanzado tal repercusión el caso, los dirigentes de SITEL ya han cambiado de actitud, y ya acuden a las reuniones de mediación. No obstante, se niegan a readmitir a los empleados despedidos, temerosos quizás de que ello podría sentar un precedente.

El caso de SITEL, no es aislado en un sector, el de los centros de llamadas, que ha experimentado una remarcable efervescencia en los últimos años. Y es que desde hace más de una década, Marruecos se ha convertido en un polo de atracción para las multinacionales que ofrecen servicios de atención al cliente, sobre todo en lengua francesa, pero también castellana. En total, se calcula que el sector emplea a unas 120.000 personas. Aunque las multinacionales conocen bien los derechos sindicales recogidos en las convenciones internacionales, y los aplican escrupulosamente en sus países matriz, se empeñan en ignorarlos en Marruecos.

“Estas multinacionales no quieren que haya sindicatos independientes. A menudo, cuando un grupo de trabajadores declara su intención de establecer una sección sindical, empiezan las represalias”, critica Ayoub Saoud, secretario general de la FNCAMO, la federación sindical del sector a nivel nacional. Él mismo lo ha vivido en sus propias carnes. Fue despedido de forma improcedente junto con otros siete delegados sindicales después de participar en una huelga el 21 de abril de 2022. Poco después de aquella jornada reivindicativa, un buen día los siete líderes sindicales se encontraron con un dispositivo formado por una veintena de agentes de seguridad privada que les impidieron acceder a su puesto de trabajo. Después de meses de lucha y gracias a la solidaridad de sus compañeros, que incluyó una jornada de huelga, fueron readmitidos.

El artículo 288 del Código Penal, heredado del periodo colonial, establece penas de hasta tres años de cárcel para toda persona que obstaculice el derecho de trabajo, un acto definido vagamente

El derecho a la huelga está amparado en la Constitución, pero ello no impide que a menudo los huelguistas sufran represalias que pueden llegar hasta el encarcelamiento. El artículo 288 del Código Penal, heredado del periodo colonial, establece penas de hasta tres años de cárcel para toda persona que obstaculice el derecho de trabajo, un acto definido vagamente. Aunque los sindicatos han exigido muchas veces su derogación, ha sido en vano.

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“Las acciones de las multinacionales violan muchas veces el Estatuto de los Trabajadores de Marruecos, son manifiestamente ilegales, pero el Estado es incapaz de hacerlas cumplir”, denuncia Saoud, de 36 años, y con más de diez años experiencia en los centros de llamadas. La cantidad y autoridad de los inspectores de trabajo es a todas luces insuficiente, por lo que muchas veces los pleitos no llegan ni a los tribunales. Y cuando lo hacen, la empresa prefiere pagar unas irrisorias multas en lugar de readmitir a los empleados. “Que son 30.000 dirhams [3.200 euros] para estas compañías!”, exclama. Además, asegura que las compañías del sector se coordinan, y que circulan entre ellas “listas negras” de los trabajadores despedidos por su activismo sindical.

Para Saoud, un elemento clave en las diversas victorias logradas por los sindicatos es la coordinación y apoyo de sus homólogos en países occidentales, sobre todo aquellos donde  tienen la sede las empresas que subcontratan el servicio de los centros de llamadas a multinacionales del sector como SITEL.“Nos proporcionan formación y consejos, pero sobre todo, presionan a las matrices de las compañías en un momento en el que se está hablando mucho de la responsabilidad corporativa en toda la cadena de producción”, asevera el líder sindical.