Laboral
La temporalidad en la Administración, el problema de España que Europa afea

Europa marca el tope de temporalidad en la Administración pública: un 8%. España, que ha intentado con mayor o menor acierto hacer procesos de estabilización y fijezas, sigue en el 32% de interinos. Esto ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) insista en reprender a España y ha determinado que las acciones llevadas a cabo por España —como las indemnizaciones a los trabajadores o el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, entre otros— no son sanciones suficientes para hacer que la realidad cambie. Se trata de un dictamen que tendrá que escuchar o no el Tribunal Supremo y tomar medidas en los siguientes meses. 

Ante esta nueva advertencia desde Europa, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, señala directamente a las comunidades autónomas: estas tienen una temporalidad superior al 40% arrastrada por Sanidad o Educación, competencias transferidas territorialmente, frente al 4% que tiene la Administración central. Unos datos que se confirman en Euskadi, donde la temporalidad pasaba del 41% en 2021 al 46% en 2025, según los datos de la última EPA, y que señalan en el estudio Reformas en contratación laboral y el empleo público. Junto a Euskadi, Murcia y País Valencià han aumentado estos datos en ese mismo periodo. 

Por contra, comunidades autónomas con un porcentaje muy alto de temporalidad como Navarra, Aragón o Canarias han logrado reducir este dato con procesos de estabilización o cambios masivos de contrataciones discontinuas a fijos. Han sido procesos no exentos de polémicas, como ocurrió el pasado año en la Comunidad de Madrid en los trabajos no docentes de las escuelas madrileñas, con denuncias por irregularidades en el proceso, confirmación de plaza a personas con cero puntos o por dejar fuera a figuras como enfermeras escolares u otros perfiles con más de 25 años de experiencia. Algo que también ha pasado en Canarias y que en Andalucía denuncian por faltar, precisamente, a ese proceso de estabilización para más de 28.000 docentes. 

Ahora la presión para cambiar estos datos se refuerza con el dictamen del TJUE sobre el caso conocido como ‘Obadal’, asunto C-418/24. Se trata de una visión que parte de un caso individual y que sirve al tribunal europeo para señalar de forma colectiva la situación que se vive en España. El dictamen emplaza al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre las disposiciones del Derecho interno español y lo “anima” a ser más duro ante las “medidas insuficientes” que el Estado español ha tomado para resolver el problema de la temporalidad. El TJUE entiende que esta falta de medidas es algo que alarga la situación de “abuso” de contratos temporales.

CCOO denuncia que el ordenamiento jurídico español “sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso” de la temporalidad

Por eso insiste en que los 20 días de salario por año trabajado de manera temporal al convertir los contratos en fijos es una medida que no impide que se siga alargando esta situación. “El principio de reparación íntegra del perjuicio sufrido y el principio de proporcionalidad obligan a los Estados miembros a establecer una reparación adecuada, que no se limite a una indemnización meramente simbólica, sin sobrepasar, no obstante, la compensación íntegra del perjuicio sufrido por tal trabajador”, dice. 

Para CCOO, este dictamen confirma sus denuncias de que el ordenamiento jurídico español “sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso” de la temporalidad en el empleo público. “El TJUE reitera que corresponde a los órganos judiciales nacionales apreciar y declarar, en cada caso concreto, si ha existido abuso o fraude”, explican y aseguran que el tribunal europeo señala la “insuficiente trasposición” al Derecho interno español de la Directiva 1999/70/CE. “No basta con medidas formales o genéricas: deben existir instrumentos efectivos, disuasorios y proporcionados”, explican desde el sindicato, que resalta que la fijeza no es “la única respuesta posible”. 

UGT exige al Gobierno central que convoque “de manera urgente” a la Comisión de Temporalidad tras el dictamen del TJUE

Por su parte, UGT exige al Gobierno central que convoque “de manera urgente” a la Comisión de Temporalidad. Analizada la sentencia, el sindicato liderado por Pepe Álvarez asegura que “el tribunal concluye que la figura del ‘personal laboral indefinido no fijo’ podría ser contraria al Derecho Comunitario, al no constituir una medida adecuada para sancionar los abusos en la contratación temporal”. Sin embargo, matiza, “no plantea en ningún caso la conversión automática en personal fijo de quienes se encuentran en situación de abuso de temporalidad”. En referencia a las comunidades autónomas, UGT cree necesario que “todas las administraciones impulsen soluciones eficaces como las recogidas en el Acuerdo Marco, firmado en noviembre de 2025”. 

Estas son la tasa de reposición y mejorar la planificación de plantillas, la causalización al máximo de la contratación de personal temporal, agilizar los procesos selectivos acotando su duración máxima, la mejora de los sistemas de selección basados en mérito y capacidad, la creación de bolsas de aprobados sin plaza y concretar las responsabilidades de las administraciones públicas. 

El sindicato CSIF exige, entre otras medidas, reducir los tres años de tiempo máximo de los procesos de selección de las plazas públicas, lo que hace que aumenten los contratos temporales

Para el sindicato CSIF, que tiene un peso muy importante entre el personal funcionario, la clave del dictamen está en la Ley de Temporalidad, que se incumple de manera “sistemática”. “Al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23% de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas”, denuncia esta central sindical, que insiste en que los movimientos de estabilización que se forzaron a hacer a finales de 2025 no han generado un verdadero cambio. 

Por eso proponen que se regule en el sistema normativo español “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para las administraciones que no cumplan, además de ofrecer las plazas necesarias para cubrir las necesidades estructurales que existen y que se reduzcan los plazos del proceso de selección. Estos cuentan hoy con hasta un tiempo máximo de tres años, lo que en opinión de sindicatos y trabajadores, es excesivo y fomenta la contratación temporal hasta su resolución.