Coronavirus
Políticas de exacerbación del miedo y censura en la gestión del Covid

A medida que pasa el tiempo, el necesario análisis retrospectivo de las políticas gubernamentales y de los grandes medios de comunicación va desvelando hechos que difícilmente se corresponden con objetivos de protección de la salud de las poblaciones frente a la nueva pandemia.

Los interrogantes son muchos y como veremos, salvo algunas excepciones, las líneas generales aplicadas por los gobiernos y las corporaciones mediáticas “occidentales” (leáse la UE y Estados Unidos) no difieren en lo sustancial.

1. Miedo, confusión e impotencia

La militarización del miedo, ante la irrupción de la crisis sanitaria, con la esperpéntica presencia de uniformados del Ejército, la Policía y la Guardia Civil en las ruedas de prensa para informar del Covid y la represión, a veces brutal, en las calles, se aderezó con las terribles imágenes de personas ancianas muertas en situación de total abandono, previa denegación de asistencia en la sanidad pública. Mientras tanto, los hospitales privados exhibían una situación de insultante normalidad y en ellos ingresaban personajes públicos y personas adineradas de todas las edades. Las denuncias presentadas por familiares de personas muertas por “homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica”, han sido archivadas por la Fiscalía.

El resultado fue la creación de una sensación de catástrofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de letalidad de 0,8% (1).

2. La autorización condicional de las vacunas para una situación de emergencia y la “inexistencia” de alternativas terapéuticas.

Con el escenario del miedo bien instalado, se impone la vacuna como única solución.

La relación entre los gobiernos de la UE y de Estados Unidos con las multinacionales farmacéuticas en relación con las circunstancias de autorización de las vacunas ha sido recientemente tratado por mí en el artículo: “La Covid, los gobiernos de la UE y las multinacionales farmacéuticas”.

La culminación del proceso para la autorización de emergencia (en Estados Unidos) y condicional (en la UE) requirió de dos condiciones interconectadas: convencer a la opinión pública de que no existía tratamiento alternativo y la neutralización de la creciente información que contradecía el discurso oficial.

Uno de los cuatro criterios establecidos por la Food and Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento es la “inexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible”.

El primer objetivo, pues, era situar la vacuna como única posibilidad terapéutica, desacreditando otras medicamentos, que sin constituir la panacea —eso en medicina no existe— estaban demostrando ser relativamente eficaces en tratamientos extrahospitalarios.

A pesar de que 56 países (2) adoptaron el tratamiento ambulatorio precoz para casos de Covid con medicamentos poco costosos, bien conocidos —la hidroxicloroquina (HQC) y la ivermectina forman parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS—, y con una eficacia relativamente alta, no sólo fueron denigrados o minusvalorados por los grandes medios de comunicación, sino que en EE UU llegó a prohibirse en las farmacias su dispensación para el tratamiento del Covid.

El desprestigio de cualquier otro tratamiento y de los profesionales que los utilizaban abría la puerta —en un escenario de terror e inseguridad generalizados— a las vacunas como solución definitiva

Uno de los escándalos editoriales más ilustrativos es el que tuvo lugar en la prestigiosa revista The Lancet, con la publicación el 22 de mayo de 2020 de un estudio en el que se revelaba el “peligro de muerte cardíaca” ocasionado por la HCQ en el tratamiento de la Covid. Esta publicación, ampliamente difundida en todo el mundo, llevó a la inmediata suspensión de ensayos clínicos con HCQ. El 4 de junio, The Lancet se retractaba. Tres de los cuatro firmantes del artículo se retractaron y dos de ellos reconocieron tener conflicto de intereses con la multinacional Gilead que promovía el Redemsvir, también para el tratamiento del Covid. El artículo se retiró pero el daño ya estaba hecho. Durante una reunión de expertos a puerta cerrada filtrada el 24 de mayo de 2020 en Francia, los editores de The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM) explicaron cómo los actores farmacéuticos económicamente poderosos estaban corrompiendo “criminalmente” la ciencia médica para promover sus intereses (3).

Ha habido que esperar hasta hace pocos días para que la OMS anuncie la puesta en marcha del ensayo llamado “Solidarity” para estudiar el tratamiento del Covid con varios de ellos, entre ellos la hidroxicloroquina, tras haber suspendido el ensayo correspondiente en mayo de 2020, “por precaución”.

El desprestigio de cualquier otro tratamiento, incluida la administración de suero hiperinmune procedente de pacientes que superaron el Covid, y de los profesionales que los utilizaban, como veremos, abría la puerta —en un escenario de terror e inseguridad generalizados— a las vacunas como solución definitiva.

3. La eliminación de información que cuestiona el discurso oficial

Poco tiempo después de surgir la pandemia, empezaron a aparecer enlaces en los navegadores de internet a noticias no buscadas, precisamente cuando se trataba de encontrar opiniones de expertos que podían cuestionar el discurso dominante. En estos enlaces se califica como fake la noticia requerida y dirigían hacia informaciones oficiales. Desde hace algunos meses, para los buscadores en lengua castellana, el procedimiento se ha sofisticado. Páginas como newtral.es o maldita.es, actuando a la velocidad del rayo, califican como falsa toda información emitida por científicos de cualquier parte del mundo que cuestionen la versión imperante. Puede decirse que la rapidez a la que actúan es directamente proporcional a la categoría profesional del investigador emisor de la información.

Pero Spain no es diferente. Se trata de una estrategia general centralizada en la Trusted News Initiative-Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI), puesta en marcha y liderada por la BBC. La TNI se crea en 2019, pero adquiere un enorme impulso dos semanas después de que la OMS declare la situación de pandemia por Covid, asumiendo como objetivo “combatir la desinformación dañina sobre vacunas” al tiempo que “anuncia un importante proyecto de investigación”.

Los miembros de la TNI (4) se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual “se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación”. Es decir, se eliminará.

Estas empresas son las que en cada país buscan los socios más adecuados. En el Estado español, Newtral y Maldita actúan en colaboración con Facebook/ Whatsapp y Google/Youtube. La empresa Newtral, de la periodista Ana Pastor, declara un capital social inicial, en octubre de 2017, inferior a 10.000 euros y afirma haber facturado en 2020 más de 2.500.000 de euros.

El canon, el único discurso válido, es el oficial que proviene de la OMS o de los organismos gubernamentales. Todo ello, a pesar de que, como corresponde a un proceso desconocido anteriormente, las informaciones “oficiales” se revelen como falsas o contradictorias poco tiempo después.

No se puede ocultar que las multinacionales farmacéuticas tienen un larguísimo historial de corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos económicos

Lo que no se puede ocultar, si no es con intereses espurios, es que las multinacionales farmacéuticas tienen un larguísimo historial de corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos económicos, como ha denunciado magistralmente Peter C. Gotzsche (5). Baste ahora recordar el soborno realizado por la multinacionales farmacéuticas al Comité de Expertos de la OMS para la gripe A y denunciado por la misma agencia internacional al día siguiente de declarar extinguida la pandemia . El pasado mes de julio se conoció que las tres mayores empresas distribuidoras de medicamentos y la farmacéutica Johnson & Johson habían acordado pagar 26.000 millones de dólares para hacer frente a las demandas por su responsabilidad al promover fraudulentamente el consumo de opioides. Se generó así la adición a los mismos de muchas centenares de miles de personas falleciendo cerca de 70.000 por sobredosis.

3. 1. ¿Quién mueve los hilos del engranaje?

Como corresponde al multimillonario negocio abierto con la compra por parte de los estados de cientos de millones de dosis de vacunas contra el Covid 19, las dos mayores empresas de Fondos de Inversión del mundo, Black Rock y Vanguard son las mayores accionistas de la tres grandes multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas: Pfizer, Moderna y Astra Zeneka.

Estos dos gigantescos Fondos son inversores mayoritarios en las principales empresas del Ibex 35, incluidos los grandes bancos CaixaBank, Banco Santander y BBVA, quienes a su vez son accionistas de los principales medios de comunicación del Estado español. Entre los dos Fondos son además accionistas mayoritarios del New York Times y de cuatro de los seis grandes grupos que controlan los medios de comunicación en EE.UU., y en buena parte del mundo: Time Warner, Comcast, Disney y News Corp.

En el Estado español no sólo controlan ambos fondos de inversión la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación sino que desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros.

Además, Blackrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco.

Diferentes autores están señalando el conocimiento limitado e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia del confinamiento o de las vacunas estén en discusión, y sobre todo, se preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una información es falsa o dañina. La investigadora de bioética sueca Emilia Niemiec analizaba en un reciente informe científico titulado “COVID-19 y desinformación: ¿Es la censura de las redes sociales un remedio para la difusión de desinformación médica?”, si la censura podría servir intereses políticos, comerciales u otros. En el citado informe afirmaba: “La censura no se basa únicamente en la ciencia. Un análisis de contenido prohibido en las redes sociales sugiere que la moderación a menudo tiene un sesgo político“.

Diferentes autores están señalando el conocimiento limitado e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia del confinamiento o de las vacunas estén en discusión, y sobre todo, se preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una información es falsa o dañina

En el mismo sentido, el senador australiano Malcolm Roberts preguntó en el Senado el 11 de agosto “si existía un posible ‘conflicto de intereses’ que le diera a Google la última palabra sobre cómo se analiza y aprueba la información sobre la vacuna Covid-19“. Roberts señaló al respecto que “la empresa matriz de Google y YouTube, Alphabet, posee el 12 por ciento de Vaccitech Ltd. a través de un fondo de capital de riesgo GV (anteriormente Google Ventures). Vaccitech es una empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido que co-inventó la vacuna AstraZeneca”. La publicación citada afirma haberse dirigido a Alphabet, Vaccitech y Google para contrastar la información sin haber obtenido respuesta.

Este conglomerado de poder económico y mediático está contando con la colaboración pasiva de la mayor parte de las sociedades médicas —que subsisten en gran medida gracias a las subvenciones de la industria farmacéutica— y la muy activa de los gobiernos de todo color político como brazos ejecutores indispensables de todo este engranaje de intereses.

Hablar de la independencia de los medios de comunicación, en general, y muy especialmente en los que concierne a la epidemia Covid y a las vacunas, parece una broma de mal gusto y/o un insulto a la inteligencia.

4. ¿A quién se ha censurado?

Por si alguna persona ingenua pudiera pensar que se ha censurado a youtubers “antivacunas” o a líderes de extrema derecha negacionista, menciono a algunas de las muchas personalidades científicas de primer nivel y sin conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Este aspecto es crucial, como bien puede comprenderse, y que está por demostrar por parte de los socios centrales y periféricos de la TNI.

Estas personas censuradas, denigradas y estigmatizadas como “negacionistas” o “antivacunas” no tienen nada en común entre sí, salvo haber emitido puntos de vista críticos con las vacunas Covid o la gestión de la pandemia, vinculados estrictamente a su ámbito profesional o científico. Todas ellas han sido denostadas por personal de medios de comunicación con una cualificación muy inferior o inexistente para estos temas y para los que, insisto, está por establecer, para ellos y para sus empresas, la ausencia de vinculación económica con las grandes corporaciones farmacéuticas.

Luc Montagnier. Virólogo francés. Premio Nóbel de Medicina en 2008.

Kary Banks Mullis. Bioquímico estadounidense. Premio Nóbel de Química, inventor de la PCR.

John Ioannidis. Médico griego-estadounidense, director del Centro de Investigación en Prevención de Stanford. Editor jefe del European Journal of Clinical Investigation.

Robert W. Malone. Virólogo, inmunólogo y biólogo molecular estadounidense. Inventor de la plataforma de tecnología ARNm.

Didier Raoult. Infectólogo y microbiólogo francés, especialista en las enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Aix-Marsella AMU. Forma parte del Consejo científico independiente Covid-19 ​que asesora al gobierno de Francia en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus

Karina Acevedo. Doctora en Inmunogenética por la Universidad de Cambridge, Posdoctorado en Epidemiología por el Instituto de Zoología de Londres. Doctora en Zoología (Ecología Molecular).

El TNI también ha censurado a personal médico de primera línea que ha salvado miles de vidas con los primeros tratamientos de Covid-19. A finales del mes de julio se conoció la noticia de que Giuseppe De Donno, exjefe de neumología del hospital Carlo Poma de Mantua, conocido por haber usado con pacientes graves el tratamiento con suero hiperinmune procedente de personas que habían padecido y sobrevivido al Covid 19, había aparecido ahorcado en su casa. A pesar de que todos los pacientes así tratados sobrevivieron a la enfermedad, De Donno fue atacado y denigrado públicamente, hasta el punto de que abandonó su puesto y se dedicó a la “medicina de base”. La Fiscalía ha abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y excluir un homicidio.

Es inaceptable desde el más elemental derecho a la información la censura como instrumento para negar cualquier debate o controversia pública entre cualificados interlocutores con posiciones diferentes

Sin pretender que las valoraciones de los científicos censurados concentren los análisis definitivos sobre el tema, lo que es inaceptable desde el más elemental derecho a la información es la censura como instrumento para negar cualquier debate o controversia pública entre cualificados interlocutores con posiciones diferentes. El hecho de que ésta sea la política general que se está implementando en la mayoría de los países apuntala la sospecha de que se está hurtando el debate a la sociedad, precisamente porque es la única manera de conseguir que el miedo haga su trabajo, anestesiando la reivindicación del derecho a saber, mientras los dueños de las farmacéuticas y de los medios de comunicación culminan su negocio.

Resumiendo, los propietarios de los grandes fondos de inversión del mundo son, a su vez, los dueños mayoritarios de las principales multinacionales farmacéuticas que están vendiendo sus vacunas a los Estados por valor de decenas de miles de millones de euros. Y esos mismos fondos de inversión, no sólo controlan la mayor parte de los grandes emporios mediáticos en EE UU —que a su vez controlan los medios locales “occidentales”—, sino que son propietarios mayoritarios, directa o indirectamente, de los principales grupos mediáticos del Estado español.

Es esta fase del capitalismo, con el mayor grado de concentración de capital que ha conocido la historia, la que permite el mayor grado de control social y la que, precisamente no soporta niveles de libertad de expresión que, en su momento, fueron consustanciales a las revoluciones burguesas. Máxima capacidad de control y mínima elasticidad para soportar la contradicción, indicadores de la falsa libertad que preconizan y de la decadencia del sistema.

En todo caso, el hecho de que, por ahora, la concentración de poder económico y mediático convierta en anécdota irrelevante el color político de los diferentes gobiernos que, sumisos, marcan el paso de quienes realmente tienen en sus manos el poder, hace aún más apremiante la necesidad de que surjan —y se publiquen en medios de comunicación verdaderamente independientes— voces que exijan con firmeza el debate público. Un debate abierto y libre con perfiles no solamente científicos, sino económicos, políticos, filosóficos y éticos.

Voces que, como el “Yo acuso” de Emile Zola, deben levantarse sobre la violencia que impone las acusaciones de “negacionista”, “antivacunas” o sospechoso de connivencia con la extrema derecha, realizadas precisamente por quienes desde posiciones dogmáticas intentan imponer el pensamiento único, o lo que es lo mismo, el no pensamiento.