Ley de Vivienda
Los sindicatos advierten de que la actual redacción de la ley hace casi imposible la regulación del alquiler

Lo importante del borrador actual de la futura Ley de Vivienda se encuentra en la letra pequeña: con la actual redacción del texto, la regulación del precio de alquileres sería inviable en casi todos los sitios. Solo se podría aplicar en Teruel, Cuenca, Cáceres, Ourense, Cádiz, Alacant y València, advierten los sindicatos de inquilinas de Catalunya y Madrid. 

El motivo de la exclusión de ciudades como Barcelona y Madrid, donde el alquiler lleva años expulsando a sus vecinas, se debe a que el texto del borrador requiere dos condiciones para declarar como tensionada una zona, requisito imprescindible para que se aplique la regulación: que el coste medio del alquiler de la vivienda supere el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de la vivienda haya subido de media dos puntos sobre el IPC. 

Con una inflación disparada, “el criterio IPC+2 comportaría que la regulación quedara sin validez en 44 de las 51 capitales de provincia españolas”, advierten los sindicatos. 

Proponen como alternativa para declarar tensionado el mercado cambiar el IPC por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) +2, un índice aplicado a los alquileres mucho menos volátil que el IPC, y que solo sea necesario uno de los criterios para declarar una zona tensionada. El mapa cambiaría enormemente: todas las capitales de provincia podrían regular los precios del alquiler.

Los sindicatos recuerdan que el objetivo de la ley debe ser “dar respuesta a todas las ciudades y municipios donde el inquilinato esté vapuleado por el mercado especulativo”, en vez de crear una norma “fantasma” que no cambie la realidad de los siete millones de inquilinos, un colectivo actualmente desprotegido por el Estado frente a los abusos del mercado.

“Más allá de las negociaciones en curso que podrían mejorar o empeorar la norma, como la definición de gran propietario y la aplicación a viviendas de nueva entrada en el mercado, ahora mismo la redacción propuesta tiene una barrera clave que haría inaplicable la regulación en la inmensa mayoría de las ciudades españolas: los criterios para declarar que una zona tienen un mercado de vivienda tenso”, explican los sindicatos en una nota conjunta.

Este mes se han recuperado las negociaciones a cuatro bandas —PSOE, UP, ERC y EH Bildu— para rematar el texto final de la ley, que ya solo le falta llegar al Congreso de los Diputados para su votación. La norma forma parte del pacto de Gobierno alcanzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero la formación de Pedro Sánchez la ha ido postergando año tras año, enrocado en una postura de defensa del rentista, que el propio partido asocia a su nicho de votantes, a pesar de que son los fondos de inversión internacionales quienes acaparan cada vez más las viviendas en alquiler y disparan los precios del mercado.

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