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Ley Trans
El Constitucional enfrenta el recurso del PP a la ley trans, los colectivos piden evitar la senda antiderechos

El cero absoluto del 28 de abril no modificó el orden del día: el martes y el miércoles, el Alto Tribunal deliberó por primera vez sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP a la Ley 4/2023, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI sin llegar aún a ninguna decisión, algo que el Constitucional entiende como normal dada la complejidad del asunto.
Derechos Humanos
Diez años de Ley Trans: “En 2031 hemos entendido que la identidad que la persona manifiesta es inviolable”
La aprobación de una ley trans estatal en 2021 tensionó al movimiento feminista y al primer Gobierno de coalición. Diez años después, tres activistas recuerdan lo que consideran un hito histórico y piden voluntad para desarrollar aspectos del texto olvidados como la inserción laboral, en un contexto en el que el desempleo sigue lastrando al colectivo.
Sin embargo, y pese a que el lunes algunos medios daban por sentado el aval en términos generales a la ley trans, la discrepancia en el bloque progresista ha provocado la votación de la ponencia de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, según informa Europa Press.
Plataforma Trans entiende que la sentencia del propio Constitucional en 2019 es motivo para ampliar los derechos sobre la autodeterminación de género consignados en la ley trans y pide evitar la deriva de la ultraderecha
Plataforma Trans, federación de colectivos de personas trans y aliadas, ha pedido al Constitucional que no se sume a la carrera de odio contra las personas trans y que avale la norma. Pero no solo eso. Plataforma Trans entiende que la sentencia de este mismo tribunal en 2019 es motivo para ampliar los derechos sobre la autodeterminación de género consignados en la ley trans. Y es que el propio Tribunal Constitucional (TC) reconoció en la sentencia 99/2019 del 18 de julio de 2019 que era inconstitucional que la Ley 3/2007 —la ley trans previa a la actual— excluyera a los menores, dictaminando que estos tenían el derecho a modificar su nombre y género siempre que demostraran madurez, recuerda este colectivo.
“El Tribunal Constitucional no puede tomar la deriva de la ultraderecha y movimientos antiderechos trans que van en contra de diferentes directivas tanto del Consejo de Europa como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que abogan por el respeto a la dignidad de las personas trans y para alcanzar su igualdad, bajo el mecanismo jurídico de la libre autodeterminación del género”, dice Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.
“Ampliar derechos a quien nos los tiene no supone restárselos a quienes ya los disfrutan. Así sucedió con el matrimonio igualitario, también recurrido por el PP y que el propio Tribunal Constitucional avaló como constitucional. 20 años después, el matrimonio entre personas del mismo sexo no ha restado derechos a los matrimonios heterosexuales, ni supuso la destrucción de la familia, tal y como los sectores ultraconservadores proclamaban", añade Cambrollé.
Avalar o no la autodeterminación de género
El PP recurrió la ley trans por considerar que la autodeterminación de género produce inseguridad jurídica al permitir consignar el cambio de la mención al sexo en el registro sin informes médicos ni psicológicos, simplemente con la declaración de la persona. El PP ha sido especialmente beligerante con los derechos de las personas trans menores de edad.
La autodeterminación de género fue el principal escollo que enfrentó el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero para llevar a cabo la aprobación de esta ley. El boicot de una parte del PSOE, liderada por Carmen Calvo, que llegó a decir que la autodeterminación de género ponía en peligro la identidad de todas las personas nacidas en España, provocó continuos retrasos.
Grupos feministas contrarios a la autodeterminación de género de las personas trans han pedido recusar al magistrado Juan Carlos Campo
Finalmente, la ley fue aprobada en febrero de 2023, después de un fuerte desgaste del equipo del Ministerio de Igualdad.
La deliberación del Constitucional sobre este asunto ha reactivado los discursos antiderechos. Esta semana, grupos feministas contrarios a la audoterminación de género de las personas trans han pedido recusar al magistrado Juan Carlos Campo en la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley trans. El grupo Feministas Contra el Borrado asegura que el exministro de Justicia Juan Carlos Campodebe ser recusado, ya que participó en las negociaciones para tramitar esta ley.