LGTBIAQ+
Ley de memoria trans: qué propone, a quién se dirige y por qué ahora

Detenciones arbitrarias que podían terminar en penas de prisión sin garantías ni un juicio. Eso es lo que permitía Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que en 1970 relevó a la Ley de vagos y maleantes. Esta ley castigaba cualquier conducta que considerara peligrosa, entre ellas las “prácticas homosexuales” y describía la transexualidad como una situación de “homosexualidad extrema”. La receta del franquismo era cárcel, marginación y reeducación.

La Federación Plataforma Trans propone compensar a las personas que sufrieron esos castigos y a quienes estas condiciones “impidieron tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, abocándolas a los márgenes sociales y a la exclusión social, y teniendo un gran impacto en su salud física y psíquica” mediante una Ley de memoria y justicia para la reparación de las personas trans y LGTBI por motivos de identidad y/o expresión de Género u orientación sexual.

“Hoy en el ocaso de sus vidas, de nuevo le golpea la precariedad extrema derivada de un régimen dictatorial que fue inmisericorde y del olvido de la democracia”, dice el borrador que fue entregado a diferentes grupos del Congreso el 6 de septiembre, y que algunos grupos ya pudieron conocer en una reunión mantenida en febrero.

 Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans: “Más allá del reconocimiento de  identidad, toda memoria y reparación porque cada día quedan menos vivas”

“En 2018, y también después cuando se trabaja la propuesta de una ley trans con el Ministerio de Igualdad, ya planteábamos en el articulado medidas relacionadas con la memoria pero, como muchas otras cosas, estas medidas se quedaron fuera”, dice Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

Según Cambrollé, aunque la Ley de Memoria Histórica permitió indemnizar a algunas personas del colectivo con una medida que ya llegó a su fin y alcanzó a poco más de un centenar de personas, ni las leyes autonómicas sobre derechos LGTB, ni la ley trans, aprobada finalmente en diciembre de 2022, contemplan la reparación de las personas LGTB y trans que fueron duramente perseguidas en la dictadura, que puso en marcha herramientas como los módulos para la “rehabilitación” sexual de los represaliados, con cárceles específicas donde fueron encarceladas centenares de personas en condiciones de hambre, trabajo esclavo y tortura. “La ley trans sentó las bases y es una deuda histórica que el estado no ha afrontado; más allá del reconocimiento de  identidad, toda memoria y reparación porque cada día quedan menos vivas”, justifica.

Los pilares de la propuesta: pensión, perdón y archivo

La creación de una pensión de idéntica cuantía a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares y que hayan sufrido represión a través de la Ley de peligrosidad social es el núcleo del proyecto. Según el texto del borrador, las cifras de personas condenadas está en torno a las 5.000, la mayor parte de ellas personas trans y a hombres homosexuales “ya que la posición ideológica del régimen no concebía el lesbianismo”. 

“Que quede claro, porque ha habido mucha manipulación: se trata de pensión para aquellas mayores personas mayores de 65 años que hayan vivido la dictadura y el posfranquismo, para que tengan una paga cuya base de cotización sea similar a la del Salario Mínimo Interprofesional”, explica la activista. Además de esta pensión, Cambrollé explica que se añadirán medidas habitaciones y de atención a la dependencia, como acceso a una vivienda o a una residencia.

En segundo lugar, la Ley de memoria trans quiere que el Estado pida perdón de forma pública por la violencia ejercida sobre la población LGTBI. Cambrollé recuerda que esa violencia no terminó en 1978, cuando quedó derogado el 26 de diciembre —fecha histórica para el colectivo— el artículo que penalizaba las “prácticas homosexuales”. Cambrollé señala cómo el Estado utilizó otra herramienta,  la Ley de escándalo público, para perseguir al colectivo en una situación de discriminación que continuó mucho después de la Transición.

El núcleo de la propuesta es una pensión a las personas castigadas con la Ley de peligrosidad, y el texto plantea también una petición de perdón por el Estado y la creación de un archivo que documente la historia LGTB

Así, hasta 1983 no se despenalizaron las cirugías de reconstrucción genital, entonces llamadas “cambio de sexo” y habría que esperar a 2001 para ver como se autorizaba el primer matrimonio entre una mujer trans con un hombre, por ejemplo. En 2007 se aprueba la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, una ley entonces pionera que supuso un cambio de paradigma para las personas trans y que, sin embargo, condicionaba el cambio a un tratamiento hormonal de dos años.

En tercer lugar, y aunque no aparece en el borrador inicial, la ley contemplaría la preservación y digitalización de un Archivo Documental de la Memoria Histórica LGTBI, con su correspondiente partida presupuestaria. “Ese archivo tiene que estar ahí para la consulta de estudiantes, de historiadores, de periodistas porque forma parte de nuestro patrimonio cultural”, dice la presidenta de la plataforma que aglutina a colectivos de personas trans.

El momento es ahora

Sobre la ley trans que tanto costó sacar adelante, Cambrollé pide que no se quede “en un brindis al sol”. Porque la ley incluye medidas en diferentes ámbitos, pero ahora es necesario materializarlas con iniciativas concretas, dice. 

Lo que proponen con la nueva iniciativa es “ir “más allá del reconocimiento de la identidad”, como ya han hecho Colombia, Uruguay,  México y Argentina, en cuyas leyes se han inspirado para el borrador. “En América Latina ya hay un camino andado y España podría ser un país pionero de nuevo”, dice Cambrollé, que subraya que en Argentina se ha declarado crimen de lesa humanidad la persecución, encarcelamiento y vulneración de derechos fundamentales a las personas trans.

El colectivo busca ahora apoyos en el Congreso, mientras tienen previsto también presentar el texto a las centrales sindicales, en un proceso abierto a aportaciones al texto

El colectivo busca ahora apoyos en el Congreso, mientras tienen previsto también presentar el texto a las centrales sindicales, en un proceso abierto a aportaciones al texto. “Esta herida no se cierra mirando hacia otro lado, sino que se cierra con generosidad, justicia social y reconocimiento de que esto ha pasado”. 

“Las asociaciones memorialistas han hecho un gran trabajo para poder eliminar de nuestras calles símbolos que tienen que ver con el dictador, ha habido presupuesto para poder abrir esas fosas comunes… Yo creo que también merece la pena reconocer la dignidad de estas personas que también han sido víctimas y que aún están vivas”, explica a El Salto la activista.