LGTBIAQ+
Mapa de derechos LGTBIQA+, una mirada a la realidad global del colectivo

Los Estados y las fuerzas del orden siguen creando barreras que impiden a las personas LGBTI ejercer sus derechos fundamentales. Es lo que afirma ILGA Mundo, una federación mundial de más de 2.300 organizaciones de más de 170 países, que ha publicado recientemente nuevos datos y mapas sobre la situación global de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

En el extremo más grave, ILGA Mundo señala que 65 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo: 63 lo hacen a través de su normativa jurídica y 2 lo hacen de facto, recoge esta organización. Este número ha ido siempre en descenso desde 1990, cuando 114 países penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, pero de 2024 a 2025, el número aumentó, rompiendo la tendencia a la baja.

La pena de muerte, sigue ILGA Mundo, es la sanción legalmente prevista para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en 7 Estados miembros de la ONU

Por regiones, son 33 países los que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en África (frente a 22 que no lo hacen), 21 en Asia (frente a 21 que no criminalizan), cinco en América (frente a 30 que no lo hacen) y ocho en la región de Oceanía (frente a seis que no). La pena de muerte, sigue ILGA Mundo, es la sanción legalmente prevista para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en siete Estados miembros de la ONU. En otros cinco, no existe plena certeza jurídica.

Los países en los que las relaciones entre personas del mismo sexo no están penalizadas son 128. Sin embargo, advierte ILGA, “la legalidad de los actos sexuales entre personas del mismo sexo no puede interpretarse como una prueba de un entorno de vida más seguro para las personas con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas”. De ese modo, “en muchos de los Estados en los que estos actos son legales, la estigmatización social de las personas que son percibidas como no heterosexuales o no cisgénero sigue siendo alarmantemente alta”. 

Además, según ILGA Mundo, al menos 63 Estados miembros de la ONU cuentan con leyes, normas y reglamentos que limitan la libertad de expresión sobre asuntos de diversidad sexual, de género y corporal y al menos 61 Estados miembros de la ONU presentan obstáculos legales para que las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGBTI puedan registrarse y operar

Terapias de conversión

En 2020, ILGA Mundo publicó el informe pionero, Poniéndole límites al engaño, que explora el campo de las técnicas utilizadas en todo el mundo —históricamente y en la actualidad— con el fin de intentar alterar la orientación sexual de lesbianas, gays y bisexuales, para impedir que les jóvenes trans inicien su transición, o bien detransicionen, o para forzar expresiones y roles de género para que se alineen con los estereotipos sociales de masculinidad y feminidad en términos binarios. 

“Terapia de conversión” es una expresión utilizada para referirse a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. ILGA Mundo prefiere otro concepto: ECOSIEG (Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género), que hace referencia a un paraguas amplio de prácticas.

El informe también analizaba los derechos humanos afectados, las regulaciones legales en vigor y las estrategias para restringir estas prácticas nocivas en todo el mundo, más allá de la regulación estrictamente legal. Entonces, recogía que, en febrero de 2020, solo tres Estados miembros de las Naciones Unidas habían promulgado leyes nacionales que restringen la aplicación de “terapias de conversión”: eran Brasil, Ecuador y Malta.

Un total de 17 Estados miembros de la ONU prohíben las terapias de conversión con regulaciones a nivel estatal, un grupo al que se sumará España después de que el Congreso haya aprobado una ley que aún debe pasar por el Senado

Actualmente, según la misma organización, un total de 17 Estados miembros de la ONU prohíben estas prácticas con regulaciones a nivel estatal; seis lo hacen con regulaciones territoriales. Además, siete cuentan con regulaciones indirectas. Desde el 28 de junio, España está más cerca de sumarse a este grupo: este jueves 2 de julio, el Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta para penalizar las falsas terapias de reconversión para homosexuales. La iniciativa para modificar el Código Penal salió adelante con los 178 votos a favor de todos los partidos menos las abstenciones de la bancada popular y el voto en contra y ataque desde sus intervenciones en el atril de la extrema derecha de Vox.

La proposición debe ahora pasar el visto bueno del Senado y, una vez se modifique el Código Penal, aquellas pseudoterapias que busquen “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación o identidad sexual, así como la expresión de género, podrán ser castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años. Las intervenciones previas a la votación volvieron a traer un bronco discurso en el que el PP afirmó estar en contra de dichas falsas terapias, pero defendió su negación a mostrar un apoyo a la norma porque dicen que “ha nacido corrompida”.

La situación en Europa y la ofensiva antitrans en EEUU

A finales de junio de este año, Budapest celebró su primer Orgullo tras la caída del primer ministro Viktor Orbán. Más de 10.000 personas salieron a la calle y lo hicieron sin miedo, porque ya no tenían que desafiar la prohibición de 2025, que castigaba las reuniones que “promovían o exhibían el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad”. Para poder aplicar esta norma, Orbán tuvo que modificar la Constitución del país. El mapa de ILGA Mundo recoge esta prohibición de Hungría y limitaciones también en Eslovaquia, países que en 2025 aprobaron enmiendas a la Constitución que socavan los derechos de las personas LGTBIQA+.

Más cerca, Portugal presentó varios proyectos de ley que podrían limitar o eliminar las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad o expresión de género, y características sexuales. Y la India aprobó una ley que elimina el derecho a la identidad de género autopercibida y la confunde con las características sexuales.

Mientras, el Reino Unido, tras el fallo de la Corte Suprema sobre las definiciones de sexo y género en virtud de la Ley de Igualdad, viró a un enfoque excluyente que afectará negativamente tanto a las personas trans como a las mujeres cisgénero, dice la organización.

En EEUU, el Comité Olímpico Internacional (COI) introdujo una política que restablecía las pruebas de sexo para todas las mujeres que desean competir en los Juegos Olímpicos por la que llevará a cabo pruebas genéticas a las deportistas. En concreto, el COI exigirá una prueba de detección del gen SRY, ubicado en el cromosoma Y. La norma se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la siguiente convocatoria olímpica dejará fuera a las deportistas transgénero y parte de las intersexuales. 

Los aspectos positivos

ILGA Mundo recoge también avances que se produjeron a lo largo de 2025, como la renovación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del mandato del experto de la ONU que trabaja de manera explícita para proteger a las personas LGBT y de género diverso contra la violencia y la discriminación. Además, en 2025 las personas intersex ganaron en visibilidad: el Consejo de Europa estableció sus primeras normas sobre los derechos humanos de las personas intersex, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe inaugural sobre la discriminación y la violencia contra las personas intersex. La visibilidad de las personas intersex dio un paso también en España, con la presentación de una propuesta al Congreso de colectivos de personas intersex y no binarias.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los Estados miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros Estados miembros, mientras que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó los intentos de revocar su fallo de 2015 sobre el matrimonio igualitario.  

Santa Lucía descriminalizó los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo; la República Dominicana hizo lo mismo para sus fuerzas armadas; y Botsuana eliminó oficialmente las disposiciones remanentes de la era colonial que implicaban la criminalización de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo —más de seis años después de que los tribunales las anularan por primera vez—, mientras que Cuba aprobó una ley que permite el cambio de marcador de género sin condiciones abusivas.

En Hong Kong, un juez reconoció los derechos parentales de una pareja de lesbianas. En Kenia, los tribunales dictaminaron que el Estado debe considerar las solicitudes de cambio de sexo y de marcador de género en los documentos oficiales y ordenaron al gobierno que introdujera legislación de protección para las personas trans —una primicia en el continente—. En Rumanía, un tribunal confirmó la obligación de reconocer la identidad de género registrada en otro Estado miembro de la UE, tras la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Polonia, el Tribunal Supremo Administrativo confirmó que la negativa a inscribir los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero es incompatible con el derecho de la UE.