Libertad de expresión
Un activista de Valladolid se enfrenta a más de cinco años de cárcel por lanzar pintura a la estatua de Colón

Aquel 12 de octubre de 2019 la estatua de Cristóbal Colón de Valladolid terminó manchada con pintura. La acción fue reivindicada por el colectivo Yesca, quien quería criticar el espíritu colonialista y expoliación de los pueblos originarios de América Latina aún imperante en la sociedad española. Casi dos años después, y pese a que el monumento quedó en perfectas condiciones tras su limpieza, Pablo Fernández se enfrenta a más de cinco años de prisión: la Fiscalía le acusa de ser el autor de los hechos, imputándole un delito contra el patrimonio histórico y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Este lunes se ha celebrado la vista oral del juicio a la que Fernández ha llegado con una ola de solidaridad. En ella se han dirimido posibles irregularidades en el proceso, como la validez de diversos informes sin firmar y la existencia de un fichero de activistas con fotografías e información de los mismos que gestionaría la Policía Nacional, un extremo que ha quedado comprobado durante la celebración. Sobre el joven también recae la posibilidad de pagar una multa diaria de 10 euros durante 14 meses y las costas de la restauración de la estatua, que ascienden a 13.000 euros.

Aquello, que fue una acción aislada dentro de una campaña para una fecha concreta, tuvo consecuencias cinco meses después. “El 13 de febrero de 2020 la Brigada de Información de la Policía Nacional de Valladolid me detiene en las puertas de mi domicilio, y no me sueltan hasta llegar casi a las 48 horas que me pueden tener detenido”, explica el joven, que en octubre de 2019 tenía 20 años.

Delito de odio: odiar a los que odian

Al delito de daños contra el patrimonio histórico anexionaron otro que según el propio Fernández denomina a la “forma oficial y academicista de plantear un delito de odio”. Según afirmó la propia Brigada de Información vallisoletana en uno de sus escritos, “es indudable que el hecho en sí de dañar el patrimonio, en este caso la estatua de Colón, personaje más que relevante en la historia del Estado español, como la publicación de comentarios “españolismo es fascismo” (…) revelan que de forma pública fomenta o promueve directamente el odio, hostilidad o violencia contra un grupo, y en este caso por su pertenencia a la nación u origen nacional”.

“Es increíble que una persona de apenas 20 años en aquel momento, sin antecedente policial o penal alguno, tenga un fichero policial tan extenso simplemente por su filiación política”, denuncia Pablo Fernández

La Fiscalía también se sumó a esas palabras: “Su acción venía determinada (…) contra los ciudadanos que pudieran sentirse identificados con los mismos [los valores históricos que representa el conjunto escultural], o albergar sentimientos de patriotismo por el país al que pertenecen, estigmatizando a quienes pudieran exteriorizar esos sentimientos”. Según el propio Fernández, estas palabras demuestran “la nula imparcialidad y objetividad de la institución jurídica del Estado español”.

El activista, por su parte, denuncia que la Brigada de Información justificó su detención en base a unos archivos que obraban en su poder: “En ellos se veía un seguimiento constante hacia mi persona, con más de una docena de identificaciones en actos y movilizaciones desde que tengo 15 años”, completa. Y agrega: “Es increíble que una persona de apenas 20 años en aquel momento, sin antecedente policial o penal alguno, tenga un fichero policial tan extenso simplemente por su filiación política”.

Un juicio vengativo

Sobre él recaen acusaciones que le podrían llevar a prisión cinco años y tres meses, aunque se autoproclama inocente. “Esto no se trataba de una simple detención o un proceso de búsqueda de justicia, sino aplicar una venganza con un castigo ejemplarizante justo en un momento en el que el movimiento juvenil en Valladolid tenía mucha fuerza”, incide el joven. Después de aquello, un silencio administrativo de más de un año le llevó al 2 de abril, cuando le llegó la petición formal por parte de la Fiscalía.

“Buscan generar miedo, paralizar a la juventud combativa, y las herramientas del régimen en esos casos es aplicar castigos de forma represiva, y uno de ellos es por la vía judicial”, opina Fernández. Asimismo, su mirada traspasa el charco para focalizar lo que por aquel entonces sucedía en diferentes países de Latinoamérica, donde muchas movilizaciones terminaban con el derribo popular de estatuas que representaban el esclavismo: “En todos esos casos, las acciones fueron mucho más agresivas. Nos hemos informado y que sepamos ninguno de estos países ha solicitado penas de cárcel para los activistas”, ilustra el ahora acusado. Desde su punto de vista, lo ocurrido este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid es un juicio político al que la Plataforma por la absolución del joven siempre ha buscado la capacidad para responderlo políticamente.

Sin una prueba directa

Su abogado, Ertlanz Ibarrondo, señala así lo ocurrido: “Tras la pintada en el monumento que firma una organización, la Policía comienza una investigación prospectiva y decide que el autor es una persona concreta”. ¿En base a qué? A un perito caligráfico realizado con documentos aportados por parte del instituto en el que estudió Fernández. “La Policía concluyó que las letras del pedestal de la escultura y las del activista se corresponden”, aclara el letrado.

En este sentido, el abogado se pregunta en qué se ha podido fundamentar la Policía para elegir a Fernández, que en la vista tan solo ha respondido a las preguntas de su defensa, como autor de los hechos, y señala que la respuesta está estrechamente relacionada con el activismo social y militancia política del joven. “Piensan que este chaval hizo una pintada a una escultura, que ya veremos qué catalogación tiene porque no es ni Bien de Interés Cultural, e inmediatamente después la Policía cree que fue realizada por una persona concreta, aun sin tener antecedentes de ningún tipo”, determina Ibarrondo.

El letrado, además, se pregunta si se pueden hacer identificaciones en actos y manifestaciones a personas para luego incluirlas en un fichero policial. “¿Qué cobertura judicial tiene eso? ¿En base a qué lo hacen? ¿Quién decide a quién identificar? ¿Quién maneja esa base de datos repleta de informaciones sobre militantes políticos?”, se cuestiona.

Contradicciones del Ayuntamiento

Sobre el pago de la restauración del monumento, el propio Ibarrondo destaca la existencia de un informe pericial realizado por el propio juzgado en el que se refleja que la estatua quedó en perfecto estado tras su limpieza. “Aunque esto no se ha tenido en cuenta, la petición de 13.000 euros para esa supuesta reparación está basada en un informe que presenta el Ayuntamiento pero que nadie firma y en el que hace referencia a otro informe de un restaurador que no consta en la causa”, remarca el abogado. En la vista, de hecho, testificó el autor de ese informe: “Él ha dicho que no es ningún peritaje, sino que solo realizó un presupuesto y que desde el Ayuntamiento no volvieron a contactarle”, agrega la defensa del joven.

En cuanto a la posibilidad de que Fernández termine entrando en prisión a causa de, en parte, un delito de odio, Ibarrondo concluye que “la génesis de ese artículo en el Código Penal es proteger a los grupos minoritarios, víctimas de la xenofobia, el racismo y el fascismo, no a aquellas personas que puedan tener un sentimiento españolista. Esto es una vuelta de tuerca más y el sujeto pasivo de ese delito pueden ser aquellos que consideran que la colonización fue buena para los pueblos originarios”.

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Juzgar la persona, no el hecho

Así lo han expresado durante la vista del juicio oral, en la que según el propio Ibarrondo el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por el partido de extrema derecha Democracia Nacional, no han presentado ninguna prueba determinante. “Les hemos dicho que toda la investigación prospectiva se basa en la persona y a qué actos o conciertos totalmente legales había asistido previamente y no en la acción cometida”, relata el abogado.

Democracia Nacional se ha adherido a las penas solicitadas por parte de la Fiscalía, pese a que el único perito que ha testificado por parte del Ayuntamiento ha declarado que no existía daño alguno en la estatua. Uno de los hechos más llamativos para Ibarrondo, letrado que ha defendido a decenas de activistas, ha sido la afirmación por parte de la Brigada de Información de la recolección de imágenes como las que ahora han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados a Fernández: “Han dicho que sí existen esos ficheros, que los realizan con algunos asistentes a actos totalmente legales, como este caso, y los envían a Madrid. Que te identifiquen en este tipo de actos tiene consecuencias, como vemos, no es algo aséptico”, concluye.