Libertad de información
El olvido hecho negocio

Es imposible que no te hayas fijado. Esa frase, en el último scroll de la primera página de Google, que reza “es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección de datos europea”. Sale cuando buscas a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Rocío Monasterio, a Florentino Pérez, a Leticia Sabater… Es la Ley de Derecho al Olvido y está en vigor desde que en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Google debía desindexar dos anuncios publicados en el periódico La Vanguardia en 1998 en los que se citaba la subasta de inmuebles del abogado español Mario Costeja González por deudas a la Seguridad Social.

Desde entonces, Google ha recibido más de 1,3 millones de solicitudes para la retirada de 5,2 millones de URL de su buscador. Y han retirado poco menos de la mitad. En España, a fecha de 4 de noviembre se cuentan 116.959 solicitudes para la retirada de 392.364 URL. Y el porcentaje de las que Google acepta mengua un poco, el 40,2%. El proceso, según asegura el gigante californiano, no es automático. Al menos una persona revisa cada una de las solicitudes para decidir si hacen caso o no. Si Google dice no, el interesado puede acudir a la Agencia de Protección de Datos, que, si le da la razón, puede reclamar de forma vinculante a Google que retire el contenido de su buscador. Y si Google sigue sin estar de acuerdo, puede acudir a la Audiencia Nacional, que ya ha emitido alrededor de 150 sentencias sobre este tema, la gran mayoría de ellas dando la razón a Google en su negativa a retirar la información.

En su mayoría, las peticiones para salir de Google se refieren a datos de personas particulares como números de teléfono o direcciones. En otros casos, la petición va dirigida a eliminar del buscador los resultados en los que aparecen fotos comprometedoras —léase porno o violencia— pero en no pocos casos lo que se intenta eliminar es información sobre el pasado del interesado, en muchos casos en temas empresariales, delictivos o políticos, y aquí es donde empieza el conflicto.

Según desgrana el informe de Google, nueve de cada diez solicitudes parten de una persona particular mayor de edad sin ningún tipo de notoriedad pública. Son cifras parecidas en todos los países, pero cómo se divide ese 10% restante difiere mucho de un país a otro. De media, cerca de la mitad de ese 10% son casos relativos a informaciones en las que aparecen datos de personas menores de edad. En España, cerca del 38% de ese resto lo protagonizan cargos políticos que pretenden borrar contenidos que hablan sobre su gestión pública en el pasado. Son solicitudes que, en muchas ocasiones, se realizan a través de despachos jurídicos especializados en reputación digital. 

Son despachos bien conocidos por los medios de comunicación, cuyos contenidos suponen el 18,4% de las solicitudes recibidas por Google, casi el 22% en el caso de España. En paralelo al proceso con Google, en muchos casos estos despachos se ponen en contacto con los medios de comunicación para solicitar la retirada de contenidos. Como muestra, algunas de las solicitudes recibidas por El Salto:

• Mayo de 2021. Eliminalia solicita la eliminación del nombre, sustituyéndolo por iniciales, de Víctor Bayona, uno de los policías municipales, previamente condenados por falso testimonio, que sirvieron de testigos en el caso 4F, de las noticias publicadas sobre el caso en el periódico Diagonal. Nos negamos, y, dado que siguen apareciendo en las búsquedas de Google, el motor de búsqueda también se negó.

• Abril de 2018. Eliminalia solicita que eliminemos el nombre de Manuel García Bofill, de Ciudadanos, de una noticia publicada en el periódico Diagonal en la que se expone que fue denunciado ante Inspección de Trabajo. Nos negamos, y Google también.
• Septiembre de 2022. Te Borramos solicita quitar el nombre y la edad del constructor Nicolás Osuna García, el hombre más rico de Andalucía de un artículo publicado en la sección Sistémico Madrid. Aceptamos quitar su edad, no su nombre.
• Enero de 2021. Eliminalia solicita la eliminación del nombre de Juan Carlos Pinilla Ibáñez, uno de los atacantes a la revista El Papus en 1977, en un reportaje publicado por El Salto sobre la huida a Paraguay de criminales de extrema derecha de la Transición. Nos negamos.

En todos los casos citados, salvo uno, Google ha mantenido también en sus búsquedas los contenidos de El Salto y Diagonal. Buscando en Google a Juan Carlos Pinilla Ibáñez, ya no aparece el artículo de El Salto que le cita. En su lugar aparece, de nuevo, la cita “es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección de datos europea”.

“Lo más importante es lo que no se ve, todas las veces que algún periodista o profesional del periodismo ha retirado información precisamente por miedo a una demanda”, alerta el abogado experto en derecho a la información Carlos Sánchez-Almeida

“Lo más importante es lo que no se ve, todas las veces que algún periodista o profesional del periodismo ha retirado información precisamente por miedo a una demanda”, alerta el abogado experto en derecho a la información Carlos Sánchez-Almeida. Aunque ha habido solicitudes de derecho al olvido muy sonadas, como la del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó el procedimiento contra Miguel Hernández, para que se eliminara de las búsquedas de Google los contenidos en los que apareciera el nombre de su padre en relación con la muerte del poeta —rechazada en agosto por la Audiencia Nacional—, no se conoce la mayor parte de las informaciones que han desaparecido de las búsquedas en Google.

Un negocio en alza 

Aunque Google no da datos concretos sobre el número de solicitudes recibidas directamente o a través de este tipo de empresas, ya en 2019 señaló en su informe Five Years of the Right to be Forgotten la gran cantidad de solicitudes de retiradas de URL masivas realizadas por estos despachos. Bajo el ala de la nueva legislación de derecho al olvido ha florecido todo un nuevo sector especializado en reputación digital que, en España, tiene como algunos referentes entidades como Te Borramos, ePrivacidad, Salir de Internet, RepSacn y, sobre todo, Eliminalia.

¿Qué es lo que hacen? Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, magistrado y vocal en el Consejo de Transparencia en País Valencià, explica que estas empresas actúan como intermediarias para intentar retirar contenidos perjudiciales para sus clientes y, si no lo consiguen, también crean enjambres de páginas web con el objetivo de retirar los contenidos perjudiciales a la segunda o siguientes páginas de resultados de Google. “Son algunas de las herramientas que utilizan, y son legales”, señala Cotino. Y mueven dinero, y mucho.

Josep Coll, fundador de Repscan, el único de los profesionales de este ramo que ha aceptado hablar con El Salto, explica que cada cliente al que atiende gasta una media de 600 euros

Josep Coll, fundador de Repscan, el único de los profesionales de este ramo que ha aceptado hablar con El Salto, explica que cada cliente al que atiende gasta una media de 600 euros. Son, en su mayoría, “emprendedores a los que les ha salido mal, que se han estrellado, sobre todo con la pandemia”, señala Coll. “Creemos en la segunda oportunidad”, recalca. También personas que intentan borrar de alguna página web en la que sale publicado su móvil o la dirección de su casa, aplicando la Ley de Protección de Datos.

Las cuentas las muestran claras: eliminar una foto o vídeo a un particular le sale a 95 euros, si lo que se quiere es eliminar una página web o un dato que aparezca en la misma ya se sube a 257 euros, y si lo que se pretende es eliminar un contenido de un medio de comunicación, ya la cosa sale por 514 euros, eso sí, siempre que lo consigan. En el caso de empresas, explica que suelen cobrar cuotas mensuales según el volumen de URL que necesiten eliminar. Multiplicado por los entre 80 y 90 clientes al mes que suelen tener, la cuenta sale a unos 50.000 euros mensuales de facturación. Puede ser mucho, o puede ser poco, según el número de empleados que tenga que mantener la empresa, pero seguro que las cuentas salen ya que, como anuncia Coll a El Salto, van a abrir en breve una nueva sede en Los Ángeles (Estados Unidos).

¿Cómo lo consiguen? Coll explica que tienen procesos automatizados para gestionar solicitudes y para la búsqueda de información sobre sus clientes. Eso sí, lo que también tiene esta empresa es un código ético que les impide trabajar para personas condenadas por delitos de violencia de género y delitos de odio, y además tienen un acuerdo con la organización Stop Violencia de Género Digital por el que atienden de forma gratuita a personas sin recursos afectadas por la pornovenganza o por violencia de género en internet. Y sobre todo, recalca Coll, no trabajan “para la clase política”.

“Hay empresas que se han creado ahora solo para políticos y, bueno, si quieren darle servicio a políticos, pues que se lo den pero nosotros no lo vamos a hacer”, reitera. Tampoco publican contenidos sobre sus clientes como estrategia para invisibilizar otros contenidos negativos. “Ni se nos ha pasado por la cabeza, ni lo vamos a hacer nunca”, asegura.

Otras empresas sí lo hacen. Te Borramos —su figura legal se llama Legal Eraser, con sede en Valencia—, está liderada por el abogado Francisco Javier Franch Fleta, que también ha ejercido el derecho al olvido. En un artículo de menos de 300 palabras publicado hace dos años en el diario Levante EMV, Franch Fleta se enorgullecía de tener una cartera de más de mil clientes que incluye a deportistas de alto nivel y políticos de “todos los partidos”, y que en 2020 facturó 100.000 euros. Entre los servicios que ofrecen en su web destacan eliminar reseñas negativas en Google o desplazar noticias negativas —lo de los enjambres de contenidos prefabricados para desbancar noticias reales—. De precios no concretan, pero advierten: “Nuestros servicios tienen un coste, pero… ¿sabe cuánto le cuesta a una persona o empresa seguir cada mes con mala publicidad? ¿Cuántos negocios está dispuesto a perder?”. Según detalla a El Salto Franch Fleta [en entrevista realizada el 20 de diciembre de 2022],en Te Borramos hacen criba a la hora de decidir si aceptar el encargo de un cliente. “Hay dos tipos de casos que no nos gusta coger, relacionados con terrorismo y con pederastia, esos directamente no los atendemos”. Los clientes más habituales de Te Borramos son también empresarios que han pasado procesos judiciales hace algún tiempo o que han resultado absueltos o la causa ha sido sobreseída. Y sí, confirma a El Salto que atienden mucho a políticos, aunque no de primera línea. “Son pequeños políticos que han sido absueltos de causas judiciales, como alguno de la Gürtel”, señala tras resaltar que, desde el año 2000 han crecido mucho en equipo y en facturación. “El negocio ha ido en alza”.

En cuanto a la creación de contenidos para desplazar noticias negativas sobre clientes, Franch Fleta confirma que es una línea de negocio que ofrecen sobre todo a empresas y que consiste en publicar notas de prensa en medios online, foros o blogs. Es un servicio más caro, según donde publiquen esos contenidos, ya que, según asegura este abogado, en los grandes medios les han llegado a pedir hasta 8.000 euros por publicar este tipo de contenidos con el objetivo de blanquear la imagen de sus clientes.

Franch Fleta detalla el proceso que siguen en su empresa. “Cuando nos llega una solicitud, analizamos la viabilidad jurídica del asunto, si es posible desindexar, suprimir o anonimizar; si el cliente acepta el presupuesto, previo estudio se prepara un burofax y se envía a cada editor de páginas web, dando opciones: primero, la eliminación de la noticia. Si el medio de comunicación entiende que hay que respetar el derecho de informacion, alternativamente pedimos la desindexacion de la noticia, que el mismo editor de la página web la desindexe para que no sea accesible por ningún buscador. Si el medio tampoco quiere, alternativamente solicitamos la anonimización, cambiar nombres y apellidos por iniciales. Y si tampoco eso, vamos contra el buscador, Google, que acapara más de 98% de las búsquedas a nivel mundial. Contra el medio no nos gusta  ir porque hay menos probabilidades de éxito en cuanto a que estimen la demanda”. 

Si una empresa destaca en saltarse cualquier código ético para hacer desaparecer contenido de internet esa es Eliminalia

Pero si una empresa destaca en saltarse cualquier código ético para hacer desaparecer contenido de internet esa es Eliminalia. Constituida en 2013 con sede en Barcelona, Eliminalia Internet facturó en 2015, último año en el que registró cuentas en España, 225.500 euros. Por entonces la empresa contaba con cinco empleados. En 2018, su administrador, Diego Sanchez —conocido como Dídac Sánchez—, decidió liquidar Eliminalia y el resto de sus empresas terminadas en “alia” —Subrogalia, la ya desaparecida Detectivalia [no es coña]— y trasladarlas a Kiev con Maidan Holding —fondo de inversión estadounidense de su propiedad— como fundadora.

Si alguien conoce bien a Eliminalia, la empresa más polémica del nuevo negocio en torno al derecho al olvido, son los periodistas de El Confidencial Alfredo Pascual y Carlos Otto. En 2015 publicaron una serie de reportajes en los que analizaban el grupo empresarial supuestamente liderado por Didac Sánchez, un emprendedor publicitado como el gran triunfador del sueño americano que se ha paseado por el mundo explicando cómo saltó de la pobreza y del centro de menores en el que creció al mundo de los negocios, y cómo realmente este hace de testaferro de J.M.H.P., quien les ha denunciado [y también ha amenazado a este periódico con una denuncia, a fecha de 20 de enero de 2023]. Una historia digna de película de sobremesa con violaciones de menores de edad, denuncias y mucho dinero de por medio que, por supuesto, Eliminalia consiguió que dejara de aparecer en las búsquedas de Google.

La periodista de Civio Eva Belmonte también conoce bien a Eliminalia. Fue a raíz de la publicación en 2019 de una noticia sobre multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a varias empresas por uso de información privilegiada. Primero le escribió el CEO de una de las empresas citadas para pedirle que borrara el contenido, a lo que se negó. Eliminalia tomó el relevo proponiendo varias opciones: desindexar el contenido o poner iniciales en vez del nombre del empresario. “La ignoramos”, señala Belmonte en un hilo en Twitter en el que relata su experiencia con Eliminalia. Lo vuelven a intentar dos meses después. “La volvemos a ignorar. Conocemos bien a esta gente y estoy ‘hartica’ de darles clases de derecho gratis, esta vez no les respondo y ya”, añade Belmonte. A finales de ese mes, Google les da aviso de que han desindexado el artículo de Civio, pero no por derecho al olvido ni por protección de datos, sino por derechos de autor. Según se puede ver en el Lumen, que almacena casos de retirada de contenidos de Google, la trabajadora de Eliminalia publicó un artículo con contenido parecido al de Civio en un wordpress que ya no existe y denunciaron ante Google a Civio por copiar su contenido. En Lumen hay recogidos hasta 27 casos en los que la misma trabajadora de Eliminalia ha provocado de la misma manera que Google retire contenidos de su buscador.

Las más que cuestionables estrategias de Eliminalia para hacer desaparecer contenidos en internet han ido más allá de nuestras fronteras. En abril de 2021, la organización de prensa sueca Qurium denunciaba que la empresa de Dídac Sánchez se hizo pasar por el departamento legal de la Comisión Europea para que retiraran varios reportajes sobre corrupción en Angola que tenían como protagonistas a Isabel Dos Santos, hija del expresidente angoleño, y Vincent Miclet. Hemos contactado con el Equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (CERT-EU) sobre la investigación que han llevado a caso sobre esta suplantación de identidad sin que a fecha de cierre de este reportaje hayan contestado.

Hasta el Oxford Internet Institute ha incluido a Eliminalia en lo que llama “industria privada de la desinformación” en un informe en el que la acusa haber usado propaganda computacional para influir en elecciones locales en Colombia, Ecuador y República Dominicana.

“Sabemos que ha habido un exceso en esta práctica de borrar links, de cambiar la historia”, alerta Sánchez Almeida. “Pero el problema es todo lo que no sabemos, todos los casos en los que se ha reclamado y el periódico ha accedido, ha eliminado datos o ha cambiado nombres por iniciales, precisamente para evitar problemas, esa es la mayor consecuencia del derecho al olvido”, continúa.

Lo que los propios medios eliminen o cambien de sus propios contenidos para evitar problemas legales quedará en el olvido. Para todo lo demás, aún nos queda Tor.